25 jun. 2017

Inútiles, los mecanismos de protección a periodistas/

Proceso # 2121, 25 de junio de 2017..
Inútiles, los mecanismos de protección a periodistas/
ÁLVARO DELGADO
Roberto Campa Cifrián, el funcionario de Gobernación encargado de la protección a periodistas y defensores de los derechos humanos, reconoce que la impunidad alienta los asesinatos de los comunicadores. Aún más, desgrana la serie de fallas de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión: “No hay ministerios públicos, peritos y policías especializados (…) No se hacen investigaciones de contexto, los ministerios públicos en cuanto pueden escurren el bulto para tratar de que las investigaciones se orienten por otro lado”. Pero también trata de defenderse y asevera que la situación era peor en el sexenio de Calderón.

Enrique Peña Nieto, el jefe de Estado, suplicó: “Les pido una cosa: ayúdenme a honrar mi palabra”.
Lo escuchaban la subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Sandra Irene Herrerías; el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; y el fiscal especializado en delitos cometidos contra la libertad de expresión, Ricardo Sánchez.
Era el miércoles 17 de mayo, dos días después del asesinato de Javier Valdez Cárdenas, y minutos antes Peña Nieto había anunciado, junto con gobernadores en Los Pinos, un conjunto de acciones para combatir la violencia contra los periodistas, varios de los cuales exigieron justicia a gritos y a quienes se aproximó brevemente.

Relata Campa Cifrián: “Cuando terminó de dar su discurso y antes de acercarse a los periodistas, nos dijo enfáticamente: ‘Quiero honrar mi palabra. Ayúdenme. Cuentan con todo el respaldo del gobierno para que yo honre mi palabra’”.
Responsable de la política pública de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, a cargo de la Secretaría de Gobernación, Campa Cifrián niega que Peña sea omiso y permisivo con la violencia contra los informadores, pese a que desdeñó los más de 30 asesinatos que acumula en su mandato, incluido el de Miroslava Breach, y sólo reaccionó ante el de Valdez.
“Para el presidente es una prioridad que se resuelvan los casos pendientes”, afirma, “sobre todo estos últimos que son emblemáticos; y es también una prioridad que se fortalezcan las instancias de investigación y el sistema de seguridad.”
–Lo que deja ver su conducta es, por lo menos, insensibilidad…
–Yo no tengo esa impresión. El presidente sabe que se trata de uno de los retos principales de su administración.
–Eso dijo también sobre regular la publicidad oficial y no ha cumplido su palabra…
–Es un tema que forma parte de la agenda de libertad de expresión en nuestro país.
En entrevista, el martes 20, Campa Cifrián admite que la impunidad es el sello del gobierno en el tema:
“Hoy tenemos un reclamo importante, porque es la falencia principal de la justicia en nuestro país, y en el caso de los periodistas, la impunidad se convierte en el principal detonador de otras agresiones para ellos.”
Describe un escenario propicio para que los crímenes contra periodistas queden sin castigo, una impunidad a la que contribuye la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la PGR:
“No hay ministerios públicos, peritos y policías especializados. Muchas veces la queja de los periodistas que han sufrido alguna agresión y que acuden a la fiscalía es que las investigaciones las terminan haciendo ellos. No se hacen investigaciones de contexto, los ministerios públicos en cuanto pueden escurren el bulto para tratar de que se orienten por otro lado y no por la libertad de expresión, sino por cualquier otra circunstancia que tenga que ver con los periodistas. La PGR tiene muy claramente el diagnóstico y hay muchas cosas que se tienen que cambiar.”
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, reconoce, tienen también insuficiencias, pero atiende a 750 víctimas, entre ellas 200 comunicadores, más de 30 de ellos asesinados durante el gobierno de Peña Nieto.
“En el sistema de protección también tenemos identificadas cuáles son las falencias y las debilidades”, afirma, y si bien se ha avanzado en los protocolos, los manuales y la capacitación a los equipos técnicos que hacen los análisis de riesgo, falta coordinación con los estados.
“Tenemos un tema importante pendiente por lo que hace a la coordinación con las entidades federativas y el fortalecimiento del mecanismo de coordinación, y es en el que estamos trabajando”, dice sobre el mecanismo que está a cargo de Patricia Colchero Aragonés y que se inició en 2012.
Con Calderón mataban más
El primer mes del asesinato de Javier Valdez se cumplió entre protestas de periodistas y ante la indiferencia de Peña Nieto, quien ese día, el jueves 15, hizo una fiesta en Los Pinos para premiar a Rogerio Azcárraga, presidente del Grupo Fórmula, pero cuatro días después, el lunes 19, el diario estadunidense The New York Times detonó un escándalo por los señalamientos de espionaje de su gobierno a comunicadores , activistas anticorrupción y defensores de los derechos humanos.
No sólo eso: las propias cifras del gobierno acreditaron que mayo, cuando asesinaron a Valdez Cárdenas, ha sido el mes más violento en las más recientes dos décadas, con 2 mil 186 homicidios dolosos, una espiral de violencia que ha cobrado la vida de siete periodistas este año, incluyendo la del joven Jonathan Rodríguez Córdova, en Jalisco.
En este contexto, Campa Cifrián declaró a El Universal, también el lunes 19, que antes del gobierno de Peña Nieto los periodistas estaban peor, porque en el sexenio de Felipe Calderón mataron más.
“No es el peor momento para periodistas en México”, cabeceó el diario en apego a lo que el funcionario dijo y que generó repulsa.
Campa se sostiene: “Si la pregunta es cuál es el número de periodistas que han perdido la vida ahora o en el pasado, el problema tiene que ver con la aritmética. O sea, quien se pelea con eso, se pelea con la aritmética”.
Según las cifras de la ONG Artículo 19, con Calderón fueron asesinados 49 periodistas –ninguno de los cuales mereció ni sus condolencias– y van 34 con Peña, aunque la cifra del Mecanismo de Protección que encabeza Campa es superior en el caso del actual sexenio: 37.
“Ahí están las cifras de Artículo 19, están las cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y están las cifras nuestras, que son más altas, porque nosotros no podíamos sacar a una persona suponiendo que el homicidio no tuvo que ver con libertad de expresión”.
Por eso, insiste en que con Peña ha habido menos asesinatos de periodistas: “Son menos de los que perdieron la vida en los primeros cuatro años de la administración de Calderón. Son más que los que perdieron la vida en los primeros cuatro años de Vicente Fox, pero sólo en el último año de éste, 2006, diez fueron privados de la vida. Esas son las cifras. Ahí están los números y dos más dos son cuatro”.
Campa, quien trabajó con Calderón como parte del paquete de posiciones que éste le dio a Elba Esther Gordillo por apoyarlo en la elección de 2006, tiene “pesar” porque su declaración se haya interpretado como desdén e insensibilidad, como la que se le atribuye a Peña Nieto en la violencia contra periodistas.
“Yo he tenido una actitud analítica y autocrítica en todo momento y soy el funcionario menos indicado para dar la impresión de que menosprecio la agresión o la pérdida de la vida de un periodista, porque mi responsabilidad desde la subsecretaría es garantizar que los periodistas que están protegidos y los que no, no sufran agresiones.”
Insiste: “Mi pesar por la nota, por las reacciones, es que queda una impresión absolutamente contraria a lo que significa mi encomienda y mi responsabilidad constante y permanente aquí en el mecanismo”.
Yo no uso espionaje
Subsecretario de la entidad que tiene a su cargo la facultad de ejercer el espionaje desde el gobierno –el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, aunque también la hacen la PGR y las secretarías de Defensa y Marina–, Campa niega que él tenga conocimiento de información obtenida ilegalmente, sobre todo de periodistas y defensores de los derechos humanos a los que protege.
“Tengo comunicación con prácticamente todas las organizaciones de defensores que han manifestado su rechazo al espionaje. Trabajo todos los días con el Pro, con Tlachinollan, con Serapaz, y la única indicación que he recibido y el único esfuerzo de todos los días es para empujar y avanzar con ellos sus asuntos. Nunca he tenido información que se pueda obtener o que haya sido posible que se obtenga mediante espionaje. Confío en que van a avanzar las investigaciones y lo que el gobierno federal ha dicho es que no tiene ninguna responsabilidad en estas cuestiones.”
–¿Usted es la mano suave, el rostro amable del gobierno que espía, que golpea, por ejemplo por la vía de la publicidad oficial?
–Pues sí, mi responsabilidad puede estar vinculada con la cara amable, pero soy responsable de la interlocución con ellos en los casos más emblemáticos que tiene esta administración, como Ayotzinapa, Nochixtlán, Atenco. Pero a mí jamás me han puesto en la mesa información que me permita tener una posición de ventaja en un proceso de negociación con ellos. ¡Nunca, en ningún momento, nunca!
Campa admite que hay una agenda pendiente para garantizar que se cumpla con los estándares en materia de libertad de expresión, que involucra las condiciones laborales en los medios. “Y tenemos que garantizar también que los periodistas puedan hacer su tarea sin obstrucciones, sin espionajes”.
Insiste en que el gobierno federal tiene voluntad para generar condiciones de justicia y seguridad, como lo expresó Peña en la reunión con Carlos Lauría, coordinador para América del Comité para la Protección de Periodistas, el 4 de mayo, quien calificó a México como “uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo”.
Y así lo ratificó también en la reunión con gobernadores y con el procurador Raúl Cervantes, cuando se decidió excluir deliberadamente de la reunión a periodistas y a los poderes Legislativo y Judicial, porque –argumenta– el mensaje que se quiso dar era el del Ejecutivo:
“Cuando se trabajó en el diseño de la reunión donde el presidente y los gobernadores anunciaron el conjunto de acciones, se discutió la conveniencia de que estuvieran periodistas y también que hubiera otros poderes. El riesgo era mandar un mensaje de que había que cambiar la ley para comprometer cosas y no quisimos que fuese así.
“Por ello, lo que quisimos decir es que con el marco legal que tenemos en este momento nos comprometemos a hacer este conjunto de acciones en materia de fortalecimiento de las fiscalías de investigación y este conjunto de acciones para fortalecer el sistema de protección. Consideramos que era muy importante en ese momento que el mensaje fuese claro sobre el compromiso del Ejecutivo y los gobiernos de los estados.”
Y en la misma reunión previa, revela, Peña Nieto instruyó a los gobernadores a reunirse con los periodistas de sus estados, como ya ha empezado a ocurrir. “Y además les pedimos que se reunieran no con los que tenían la mejor relación, sino con los que tenían una relación más compleja, más difícil”.
–¿Y por qué Peña no lo hace?
–Estoy convencido de que el presidente está pendiente del cumplimiento de todos los compromisos y sabe que el encuentro con los medios es una tarea muy importante. Estamos hablando de una situación y una circunstancia puntual. La circunstancia que da origen a esta política es la de las agresiones contra periodistas, situaciones que ponen en riesgo a los periodistas y que pueden, como ha sucedido, significar la vida de los periodistas. Ese es el tema del que estamos hablando, y es en ese contexto en el que se plantea esta política pública.
“Lo que se conviene con los gobernadores es que, siendo responsable cada quien de sus estados, es indispensable, a partir de estos esquemas de protección, la interlocución con los periodistas. Hay otros contextos que deben ser analizados de manera distinta.”
–¿El presidente podría, en una señal de voluntad política, reunirse con periodistas?
–Yo creo que lo hace permanentemente.
Campa reitera que Peña Nieto sí quiere justicia y seguridad para los periodistas y por eso comprometió su palabra ante “una situación terrible, como lo hemos reconocido y aceptado de manera reiterada”, sobre todo para capturar a los asesinos.
Y levanta la voz: “¡Estamos empeñados para que no haya un solo caso más! ¡Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para eficientar las tareas, para mandar una señal de que no habrá impunidad! ¡Confiamos en que se dé con los responsables muy pronto!
–¿Se siente usted orgulloso de pertenecer al gobierno de Peña?
–Es un privilegio trabajar en este gobierno.
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