30 jul. 2017

La CDHDF reactiva el caso Narvarte; a dos años

Revista Proceso #2126, a 30 de julio de 2017..
La CDHDF reactiva el caso Narrarte/
SARA PANTOJA
Tuvieron que pasar 23 meses del multihomicidio de la colonia Narvarte para que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitiera la recomendación 4/2017, en la que pide a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México atender el caso. Aunque ese documento de 15 puntos representa una “nueva oportunidad” para recomponer las indagatorias, los familiares de las víctimas y sus abogados se muestran escépticos, mientras el nuevo procurador Edmundo Garrido Osorio dice estar dispuesto a “ceñirse a la ley”.
El titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido Osorio conoce bien el caso del multihomicidio del 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte, pues supervisó la investigación cuando era subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales.

La procuraduría aceptó los 15 puntos de la Recomendación 4/2017, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), emitida el pasado 21 de junio, pues tiene la “disposición para cumplir lo que la ley nos obliga” y sentarse a trabajar de nuevo con los ofendidos y sus coadyuvantes, comenta a Proceso.

Este lunes 31 se cumplen dos años de la ejecución del fotoperiodista colaborador de este semanario Rubén Manuel Espinosa Becerril, la modelo colombiana Mile Virginia Martín, la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete Avilés, la estudiante de belleza Atziry Yesenia Quiroz Alfaro y la defensora de derechos humanos Nadia Dominique Vera Pérez en el departamento 401 del edificio número 1909 de la calle Luz Saviñón en la colonia Narvarte.
Daniel Gutiérrez Pacheco, José Abraham Torres Tranquilino y César Omar Martínez Zendejas están presos por ese crimen en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Hasta ahora sólo Torres Tranquilino, un expolicía de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina ha sido sentenciado, aunque su defensa apeló la resolución de la juez 25 de lo Penal, Hermelinda Silva Meléndez, por falta de pruebas directas que confirmen su responsabilidad.
Apenas se descubrió el multihomicidio, los familiares de las víctimas han sido bloqueados por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalinos. Les impidieron identificar los cadáveres, no recibieron la debida atención psicológica ni económica que les otorga la ley, les limitaron sus declaraciones ministeriales y padecieron maltratos por parte de los servidores públicos.
Las autoridades procuradoras de justicia ignoraron los protocolos para investigar casos de feminicidio y homicidio de extranjeros, así como los de agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas, sin tomar en cuenta que Nadia y Rubén denunciaron públicamente que eran objeto de amenazas y hostigamiento en Veracruz.

Habían pasado 36 horas del crimen y el entonces procurador Rodolfo Ríos Garza descartó esa línea de investigación al asegurar que el crimen “no era contra él (Rubén)… los hechos que sucedieron no tienen nada que ver con su actividad periodística”, dijo.

A su vez, personal ministerial violó la cadena de custodia del lugar y contaminó la escena del crimen, filtró información a medios de comunicación con datos personales de las víctimas –incluso los resultados de las necropsias– y desviaron la atención para preponderar la línea relacionada con presunto narcomenudeo que, hasta la fecha, tampoco ha sido comprobada.

Los funcionarios obstaculizaron a la coadyuvancia el acceso al expediente y les dificultaron la realización de diligencias solicitadas; por ejemplo, tomar la declaración a testigos del hostigamiento y las amenazas contra Nadia y a Rubén en Veracruz.

También tomaron declaraciones “de trámite” al entonces gobernador Javier Duarte y su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez. Asimismo, dos de los tres detenidos se quejaron de tortura previa a su declaración ministerial.

Promesas incumplidas
y escepticismo
El 3 de agosto de 2015, cuando el multihomicidio ganó las primeras planas de la prensa nacional e internacional, Mancera calificó el hecho como “indignante”.

Dijo: “Desde el gobierno de la ciudad reiteramos que no debe haber impunidad y que daremos las garantías de seguir todas las líneas de investigación del caso”. De paso, dijo que su administración tenía la obligación de resolver el crimen “lo antes posible”.

Dos años después, el 21 de junio, la CDHDF resumió así el desastre:

“Las actuaciones ministeriales, a la fecha, carecen de una investigación adecuada, diligente, integral, oportuna, eficaz y exhaus­tiva, toda vez que desde su inicio no se actuó conforme a los protocolos de investigación determinados por cada delito y tampoco se estableció una línea de investigación especial para el esclarecimiento de los hechos que consideraran que los mismos se pudieron haber producido con motivo de alguna característica particular de las víctimas, tales como sus actividades laborales, género, nacionalidad, opiniones políticas o cualquier otro motivo de discriminación.”

Los derechos humanos que violaron la PGJ y el TSJ, según el organismo, fueron: a la memoria de las personas fallecidas, a la honra y a la dignidad, al debido proceso y debida diligencia, a defender derechos humanos, a la libertad de expresión, a la verdad y al acceso a la justicia y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Por ello, la comisión recomendó implementar un plan integral para la investigación del caso con reuniones periódicas con las víctimas y sus abogados, actualizar sus protocolos para la investigación de feminicidios, agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas, así como establecer un mecanismo para evitar la filtración de información, indemnizar a 22 afectados y capacitar a su personal para atender este tipo de delitos y ofrecer una disculpa pública a los familiares de las víctimas por los errores cometidos.

Leopoldo Maldonado, Oficial del Programa de Protección y Defensa de la organización internacional Artículo 19 en México y representante legal de la familia de Rubén Espinosa, comenta a Proceso que todo lo que señaló la CDHDF en su recomendación confirma lo que la defensa de las víctimas ha alegado desde que tuvieron acceso a la averiguación previa.

Y enseguida aclara que la PGJ aún no ha esclarecido puntos básicos del hecho: el móvil, la presunta participación de más autores materiales y del o los intelectuales y la reparación del daño por la revictimización a los fallecidos y sus familias.

Según su recuento, lo más reciente de la indagatoria fue la solicitud que la defensa hizo en marzo pasado a la procuraduría para investigar el posible nexo que el crimen pudiera tener con la existencia de seis empresas de seguridad privada, propiedad del extitular de la SSP de Veracruz, Arturo Bermúdez, con sede en la Ciudad de México. Y es que, una de ellas está ubicada a menos de 10 minutos del departamento donde ocurrió la masacre, como lo reveló el portal Aristegui Noticias el pasado 6 de febrero.

Meses antes de ser ejecutados, Rubén y Nadia acusaron públicamente a Bermúdez Zurita de la autoría intelectual por las amenazas, hostigamiento y agresiones físicas en Xalapa, lo que los obligó a trasladarse a la capital del país.

La defensa también pidió una ampliación de declaración de ese exfuncionario, la cual se realizó en la prisión de Pacho Viejo donde Bermúdez está recluido por el delito de enriquecimiento ilícito.

Según Maldonado Gutiérrez, durante su gestión como procurador de la Ciudad de México Ríos Garza –quien renunció el pasado 24 de junio– no tuvo voluntad para resolver el multihomicidio.

La recomendación de la CDHDF es una “nueva oportunidad” para que la dependencia “cambie su actitud, establezca nuevas pautas de trabajo y de entendimiento y avance hacia las líneas de investigación que quedan abiertas, hacia los cabos sueltos que siguen generando una profunda incertidumbre en las víctimas y en la sociedad”, dice Maldonado.

Y sentencia: “Ahora sí hay una responsabilidad política muy fuerte del gobierno de la Ciudad de México. Se dejó pasar todo este tiempo en la investigación antes de tratar de enmendar. Se tuvo que hacer vía la CDHDF, aunque de manera tardía.

“Si esto no avanza, será un estigma que cargará Miguel Ángel Mancera como (probable) candidato presidencial.”

Dolor e incertidumbre

Indira Alfaro, madre de Yesenia, y Patricia Espinosa, hermana de Rubén, no ocultan su dolor e impotencia por la impunidad en el homicidio de sus familiares.

“Ya van dos años y sigo con coraje. Omitieron muchas cosas, fallaron en todo y nos hicieron mucho daño, por eso no he podido tener un duelo pleno”, comenta Indira desde Mexicali vía telefónica.

Pese a las recomendaciones de la CDHDF se muestra escéptica: “¿Qué puede esperarse de la procuraduría capitalina? Si quieren, las cumplen; si no, las cosas van a seguir igual. Ninguna indemnización ni tratamiento psicológico borrará el daño de la muerte de mi hija: ‘el ángel más bello del cielo’”.

Indira estará en la Ciudad de México este domingo 30 para “exigir justicia y nuestro derecho a saber la verdad”.

Confía en que la autoridad les “dé la cara” y que Miguel Ángel Mancera “se tiente su corazón, que sea humano y que ahora sí haga que se cumpla una buena investigación”, como exige la recomendación 4/2017 de la CDHDF.

Patricia Espinosa asegura que el sentimiento de impotencia persiste en toda su familia ante el nulo avance de la investigación: “Estamos mal, muy dañados emocionalmente, deprimidos, estresados, nos hemos enfermado. Ya entendimos que Rubén no va a volver, pero seguimos con la tristeza por la impunidad y la falta de justicia. No saber por qué lo mataron deja un gran vacío”.

Aunque dice que las autoridades han dado “carpetazo” al asunto, subraya que no hay ninguna novedad y, por el contrario, sí hay riesgos. Por ejemplo, dice, la sentencia de Abraham Torres “fue una burla porque la cantidad de años que le dieron no amerita el pago de lo que está pasando”. Peor aún, reprocha que no se investigue a otros presuntos involucrados, cuya participación fue revelada por restos de ADN en el departamento, así como que los hoy detenidos puedan quedar libres.

“Es tan débil la investigación –dice–, que me da miedo que en unos años o meses nos digan que no hay elementos suficientes y que los van a liberar por falta de pruebas o porque no se llevó a cabo el debido proceso en las detenciones. Hay uno que argumentó tortura y no sabemos quién está detrás de ellos.”

Ella y su hermana Alma han estado presentes en las reuniones con el fiscal de Homicidios, Marco Reyes; con el director de la Policía de Investigación, Raúl Peralta, y con Edmundo Garrido desde que era subprocurador.

En esos encuentros presenciaron falta de voluntad y las negativas de las autoridades para avanzar en el caso. Hasta escucharon decir al hoy titular de la PGJ que la exigencia de esclarecer el móvil del crimen era “una exquisitez”.

Patricia comenta que luego de un año de presionar a la CDHDF, por fin emitió su recomendación. “Ya no será un pleito entre las autoridades, los abogados y nosotros. El que venga una tercera instancia a decirle a la procuraduría: ‘Mira, hiciste algo mal y tienes que hacer esto’ es un gran apoyo. Esperamos que de verdad cumplan. Sabemos que será un camino largo, pero vamos a seguir”.

Demanda investigar a fondo el trabajo periodístico de Rubén en Veracruz y las amenazas que lo obligaron a refugiarse en la capital. Y envía un mensaje a Mancera: “Que reivindique, que trate de irse un poquito con la frente en alto. A nosotras nos prometió desde el principio que todo se iba a solucionar, que daría seguimiento al caso y hasta ahorita no vemos ninguna aportación de su parte”.

PGJ: “obedeceremos la ley”
El martes 11 la PGJ aceptó “en todos sus términos”, los 15 puntos de la Recomendación 4/2017 de la CDHDF. Ese es el primer argumento que Edmundo Garrido Osorio da en entrevista con Proceso como muestra de la disposición de la dependencia para cumplir con “lo que obliga la ley”.

Desde la primera conferencia que su antecesor dio sobre el caso Narvarte, Garrido Osorio apareció detrás de él y así siguió durante las ríspidas reuniones de trabajo con los familiares de las víctimas y sus abogados durante varios meses.

Ahora, como procurador se muestra dispuesto a hablar sobre las medidas que la PGJ ya echó a andar para el cumplimiento de la recomendación.

Dice que personal de la dependencia ya se presentó con la CDHDF y espera que ésta cite a las contrapartes a una primera mesa de trabajo para trazar ruta y calendario a seguir. Adelanta que la Fiscalía de Homicidios ya realiza un recuento de las diligencias solicitadas por la defensa “para ver cuáles tenemos ya acreditadas y cuáles no” y llevar una propuesta de plan de trabajo al primer reencuentro.

El miércoles 26 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el protocolo para la investigación de casos de agresión a periodistas, alineado al nuevo sistema de justicia penal acusatorio. El procurador adelanta que ya trabajan en la actualización de los correspondientes a feminicidios y agravios a defensores de derechos humanos.

Garrido agrega que instruyó al fiscal de Delitos Cometidos por Servidores Públicos a “que amplíe el espectro de investigación para ver qué otras diligencias podemos hacer” sobre la filtración de información del expediente. Hoy sólo un funcionario está bajo proceso por este delito, pero sin sentencia. Según él, están abiertos a que la contraparte les haga propuestas.

Respecto a la indemnización de 22 víctimas, explica que se debe crear un “grupo interdisciplinario” con las secretarías de Gobierno y Finanzas de la administración central para hacer una propuesta del monto económico a los agraviados.

Y sobre la capacitación al personal ministerial, pericial y policial, explica que ya ordenó a la dirección del Instituto de Capacitación Profesional de la PGJ hacer un “recapitulado” de los temas para ponerlo a consideración de la coadyuvancia. Dice que hay pláticas con personal del Instituto de Ciencias Forenses del TSJ local para crear un convenio de colaboración, definir tramos de responsabilidad y asumir sus obligaciones.

De la disculpa pública, aclara que “esa es la parte final de toda la recomendación. Hay modelos que la comisión nos está sugiriendo y que pondremos a consideración de las víctimas”.

Reacio a reconocer los pendientes, el procurador comenta: “La investigación está abierta, no es una investigación cerrada. hay un desglose y tendrá que avanzar. En las reuniones sobre los puntos de las líneas de investigación que la coadyuvancia pida reforzar, confirmaremos o descartaremos cosas”.

–¿Qué les diría a los familiares de las cinco víctimas?

–Que somos respetuosos de la recomendación, que vamos a cumplir los extremos, que estamos en la disposición cuando seamos citados para llevar a cabo este tipo de prácticas previstas en la misma recomendación. Nos estamos ciñendo a los puntos recomendatorios. Vamos a cumplir lo que la ley nos obliga.

El domingo 30 a las 11 horas se realizará un festival cultural y de protesta frente al edificio donde ocurrió el multihomicidio en la colonia Narvarte. El lunes 31 a mediodía los familiares y la defensa de las víctimas harán un pronunciamiento, así como una protesta política frente al búnker de la PGJ.

No hay comentarios.: