Versión estenográfica de la sesión de Congreso General realizada el domingo 1 de septiembre de 2019
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Honorable Congreso de la Unión, legisladoras y legisladores, hoy se cierne sobre la Cámara de Diputados la obscuridad del autoritarismo con las prácticas de quienes se dicen demócratas, pero atentan contra el pluralismo imponiéndose y lesionando la democracia parlamentaria, que como un trabajo de construcción en unidad hemos edificado.
Quienes lucharon contra el avasallamiento de la mayoría por la defensa de la pluralidad y el reconocimiento de las minorías, ahora protagonizan imposiciones y legislan a modo, se parecen tanto al régimen que ofrecieron transformar.
En tanto, México no encuentra la paz, hace unos días en Coatzacoalcos un grupo delincuencial incendió un centro nocturno y asesinó a 30 personas. El mismo día 12 más fueron ultimadas por la delincuencia organizada en el estado de Tamaulipas, más de 40 personas asesinadas solo en una jornada de violencia y la respuesta de las autoridades es nula.
El gobierno calla cobardemente ante las masacres que diariamente ocurren en el suelo nacional, porque aquí la vida humana está devaluada y resulta más fácil reclamarle a un gobierno extranjero, como la masacre en El Paso, Texas, que reconocer que vivimos una grave crisis humanitaria y que la estrategia del gobierno federal se sume en la inacción, repitiendo las acciones de quienes pretendieron eliminar la violencia únicamente con el uso de la fuerza, pactando con delincuentes y dejando al ciudadano en la mayor de las indefensiones.
La Guardia Nacional es un instrumento que apuesta por la militarización y las víctimas son el elemento olvidado en la ecuación de la brutalidad. Exigimos que garanticen la paz y la seguridad en nuestro país.
El propio presidente lo ha señalado, a nueve meses de gobierno es tiempo de asumir la responsabilidad y dejar de culpar al pasado, porque en los últimos nueve meses solo hemos visto desatinos e incompetencias. Las violaciones a los derechos humanos e ilegalidades han sido la constante de este gobierno, lo que denota que López Obrador no se preparó para ser presidente, no se preparó para gobernar.
Las afectaciones a la salud, a la educación, a los derechos de niñas, niños, jóvenes, así como padres y madres trabajadoras, los miles de despidos de burócratas y la pérdida de empleo. Los asesinatos de periodistas, la violencia atroz, la inseguridad, los atentados y los feminicidios.
Terrible realidad inhumana que da origen a las manifestaciones de inconformidad y descontento de las que hemos sido testigos y que son consecuencia, no son causa. Son corolario y desenlace de decisiones erróneas, falta de planeación y experiencia, indolencia e ignorancia del gobierno federal.
A todo ello hay que sumar una soberbia vanidosa, presuntuosa e impertinente, que desconociendo el diseño constitucional que hemos construido a lo largo de nuestra vida independiente como cimiento de la democracia en nuestro país, pretende eliminar los contrapesos al poder presidencial, los mecanismos de alternancia democrática y las autonomías como elementos indispensables de la libertad y el pluralismo.
Nosotras y nosotros, como legisladores, las y los jueces, al igual que los integrantes de los órganos autónomos estamos llamados a servir como equilibrio al poder unipersonal del presidente.
Es momento de que este Congreso de la Unión salvaguarde las libertades de las y los mexicanos y proteja el ejercicio democrático de la autonomía de los órganos constitucionales, como el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que dan certeza al pluralismo y a la independencia de nuestra institucionalidad democrática. Esto implica cuidar la democracia como una responsabilidad colectiva.
No permitamos que con la falsa justificación de la austeridad y la lucha contra la corrupción sea lesionado el ejercicio de los derechos humanos, que no son patrimonio de partidos políticos, grupos o personas en lo individual.
A todo lo anterior se suma una crisis económica generada por las erráticas políticas de inversión, un férreo control central del presupuesto público y grandes decisiones erróneas en materia de infraestructura. Llamémosle Texcoco, tren maya, o Dos Bocas.
Hoy vamos muy bien, pero no hay crecimiento. Vamos muy bien, pero no hay desarrollo. Vamos muy bien, pero no hay creación de empleos.
Al PRD nos duele, particularmente, la perspectiva laboral de las y los jóvenes porque es claro que el programa Construyendo el Futuro no proporciona las opciones de capacitación y laborales para que puedan acceder a una vida digna, y son reducidos a servir de carne de cañón electoral.
Paralelamente, observamos la edificación de programas sociales clientelares y centralmente administrados a través de los superdelegados, que manejan discrecionalmente más de 220 mil millones de pesos en programas que nos cuestan 3 mil 240 millones de pesos tan solo en nómina de los servidores de la nación.
Programas que no constituyen una política de desarrollo sino la normalización de acciones compensatorias que debieran estar enfocadas a la disminución de los índices de desigualdad, pero cuyo objeto fundamental es garantizar que se repita el escenario electoral que vivimos el año pasado.
Nuestra posición no obedece a que seamos adversarios del gobierno o conservadores o algún otro epíteto que desde el poder se arroja hacia quienes no comulgan con las preferencias del presidente.
El PRD está en este Congreso para alzar la voz junto a aquellos que han sido afectados en sus derechos por este gobierno. Estamos aquí para representar a la mujer víctima de acoso y violencia cotidiana. A las familias y comunidades que sufren desapariciones, masacres, desplazamientos forzosos, que sufren la inacción de este gobierno.
A la mujer que lucha por sus derechos y su integridad y es ultrajada por quienes deberían cuidarla. A la trabajadora que fue despojada del derecho al cuidado profesional y seguro de sus hijas e hijos. A las niñas y niños con cáncer, sin medicinas. Niños y niñas que alzan la voz porque no quieren morir.
A los enfermos de VIH Sida que no cuentan con retrovirales. A los adultos mayores que no han recibido sus recursos por la ineptitud del gobierno. A los servidores públicos despedidos injustamente y cuyos servicios profesionales y comprometidos son hoy tan necesarios.
A las más de 70 mil personas sin empleo como resultado de la mala política económica que espanta inversiones y cierra empresas y a los campesinos a los que se les niega cualquier tipo de apoyo. A los pueblos y comunidades indígenas que resisten a los megaproyectos de un gobierno cuya terquedad cobró la vida de Samir Flores y tantos otros, a los migrantes perseguidos por el gobierno que aceptó hacer el trabajo sucio para la reelección de Trump.
Estamos en este Congreso para que el reconocimiento y mejoras de las y los maestros no quede sujeto a los intereses de las cúpulas sindicales; para que las condiciones laborales de las y los trabajadores de la salud no sigan precarizándose; para que se regateen los recursos destinados a la comunidad científica y cultural y que el gobierno deje de verlos con desprecio y desconfianza; para que los apoyos para los deportistas de alto rendimiento no dependan del remate de una mansión; para que los periodistas no sigan trabajando bajo amenaza mientras el gobierno está más ocupado en desmentirlos que en garantizar su integridad; para que la sociedad civil pueda seguir haciendo su trabajo sin persecuciones ni desconfianza; para enfrentar una reforma al sistema nacional de salud que perjudica a quien menos tiene; para oponernos a un presupuesto regresivo, clientelar y centralista que no genere el crecimiento de nuestra economía.
Como parte de nuestra agenda legislativa pugnaremos por acabar con el gasolinazo, por el diseño de una política tributaria progresiva, así como por la aplicación racional del Presupuesto público y el restablecimiento de programas prioritarios para la sociedad, como las estancias infantiles.
Asimismo, observaremos el impacto presupuestal que implicó la creación de las súper delegaciones y otras dependencias y daremos seguimiento puntual a la aplicación de los programas para el bienestar.
Haremos nuestra la agenda de las y los ciudadanos: La protección del ambiente; el impulso del uso de energías limpias; el manejo racional del agua; la protección de los animales; la movilidad sustentable y un nuevo paradigma de vivienda digna.
Promoveremos reformas: El matrimonio igualitario; interrupción legal del embarazo; el uso lúdico de la mariguana; así como la racionalización de los recursos destinados a los partidos con nuevas reglas de distribución que garanticen la equidad.
No permitiremos el control gubernamental de los procesos electorales, ni acompañaremos ninguna reforma que implique un retroceso en el fortalecimiento de las instituciones electorales, la legalización de mecanismos de cooptación del voto o algún atentado en contra de la libertad del sufragio.
Nos opondremos con firmeza a las decisiones arbitrarias, violatorias de la Constitución del Estado de derecho y de los derechos humanos como la ley del garrote o la ley Bonilla. En esta última utilizaremos todos los instrumentos a nuestro alcance para echarla atrás, incluyendo los juicios políticos para sus promotores que ya hemos presentado.
Buscaremos fortalecer el sistema nacional anticorrupción y la profesionalización de los cuerpos policiacos a los tres niveles de gobierno, el fortalecimiento a la autonomía de las instituciones de procuración de justicia, así como la implementación de políticas integrales que generen la reconstitución del tejido social.
Coadyuvaremos en la construcción de una nación en paz, pugnaremos por la desarticulación de las redes de protección política y financiera de los grupos de delincuencia organizada y daremos seguimiento a la Guardia Nacional que se configura como una extinción del Ejército para actuar en labores de seguridad pública, pero que militariza nuestro territorio.
Defenderemos una política exterior digna que garantice el derecho humano a la migración sin criminalizarla. No aceptaremos convertirnos en un tercer país seguro para los migrantes, pero debemos resolver las condiciones de inseguridad para su traslado, las violaciones a los derechos humanos que sufren, las extorsiones, los abusos de que son objeto y las condiciones de pobreza en que viven en la frontera.
En materia de igualdad, la reforma constitucional en materia de paridad entre géneros nos obliga a reformar nuestro marco jurídico. La prevención, atención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia de género es responsabilidad del Estado, por lo que se deben de implementar todas las acciones para garantizar el derecho de niñas y mujeres a una vida libre de violencia. Ninguna mujer debe de ir a la cárcel por abortar ni sufrir malos tratos o discriminación de cualquier tipo.
Asumimos el ineludible compromiso para garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes que nos permita diseñar, organizar y llevar a cabo los programas que repercutan en su calidad de vida con perspectiva de pluralidad y equidad, reconociéndolos como un actor social estratégico para la transformación y el mejoramiento del país.
Adicionalmente, debemos concurrir con una completa visión a la plataforma en contra del cambio climático y de los intereses económicos que se oponen a la reducción de las emisiones de gases y otras medidas de protección.
Honorable asamblea, los parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática defenderos el pacto federal y sus instituciones, la pluralidad y la democracia. Construiremos un modelo de desarrollo incluyente, justo, productivo, competitivo, sustentado en una educación pública meritocrática y de excelencia, respaldado por la ciencia y la innovación tecnológica para el desarrollo sostenido y sostenible, capaz de reducir la pobreza y la desigualdad.
Fortaleceremos el Estado laico para respetar la diversidad cultural y social y la plena vigencia de los derechos humanos, el acceso a oportunidades productivas para todas y todos, y la igualdad sustantiva en la vida social, económica y política.
Desde el PRD responderemos a los intereses nacionales y coadyuvaremos desde el ámbito parlamentario a la verdadera transformación que requiere nuestro país, convencidas y convencidos de que no se puede gobernar en la confrontación.
Construyamos un país en paz para todas y todos, sin calificativos, sin etiquetas; de la mano con la sociedad para erigir juntos un futuro más prometedor para todas y todos los mexicanos. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, compañera
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