Compró Sedena diésel robado para construir AIFA

 Compró Sedena diésel robado para construir AIFA

Nota de Raúl Olmos y Vanessa Cisneros, Especial / MCCI/ REFORMA..

Durante la construcción del AIFA, la Sedena compró más de 500 millones de pesos en diésel a empresa vinculada con una red de 'huachicol'. Crédito: Especial

Durante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) compró más de 500 millones de pesos en diésel a una empresa vinculada con una red de "huachicol" en la que participa un hermano del ex Alcalde de MC en Teuchitlán, preso por su participación en los crímenes ocurridos en el rancho Izaguirre.

Las compras de combustible de la Sedena fueron realizadas en 2020 a "Ecocarburante", que en esos días tenía como copropietario a Eric Daniel Zamora Delgadillo, un empresario que estuvo involucrado en señalamientos de lavado de dinero.

Antes de integrarse a "Ecocarburante", Zamora Delgadillo había sido socio y presidente de "Agrícola Boreal", empresa que desde hace ocho años fue incluida por el gobierno de EU en la lista negra de empresas involucradas en crímenes financieros y narco.

Zamora también ha participado como apoderado en "Impulsora de Productos Sustentables", empresa investigada por su participación en una red de huachicol, y que tiene como accionista a José Isabel Murguía Santiago, hermano de José Ascención Murguía Santiago, el ex alcalde de Teuchitlán que fue detenido en mayo acusado de colaborar en los crímenes del Rancho Izaguirre.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) obtuvo contratos, facturas, órdenes de pago y actas mercantiles que muestran los vínculos de negocios entre empresas huachicoleras.

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene indicios de que en los dos más grandes decomisos de huachicol realizados en Tamaulipas y en Baja California hubo participación de empresas ligadas a la familia del ex alcalde de Teuchitlán.

"El ex Presidente Municipal de Teuchitlán -que está ya procesado y en la cárcel-, sus dos hermanos y su familia son los propietarios de todos los camiones que se utilizaron, tanto en Tamaulipas como en Ensenada, para mover ese combustible, y todo esto está vinculado finalmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)", dijo en la conferencia mañanera del 20 de mayo, en referencia a "Mefra Fletes", la empresa involucrada en el traslado del huachicol.

Lo que no dijo Gertz ese día es que otra de las empresas de Murguía Santiago ha actuado en colaboración con funcionarios de Pemex y que, además, estableció una sociedad de negocios con un proveedor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El hermano del ex Presidente Municipal de Teuchitlán es además socio, administrador y apoderado general de "Mefra Fletes", una de las empresas involucradas en los mega decomisos de huachicol realizados a finales de marzo en Tamaulipas y Baja California.

José Isabel Murguía Santiago se integró como accionista y administrador general único de "Mefra Fletes" el 20 de marzo de 2019, y como socio de "Impulsora de Productos Sustentables" el 14 de mayo de 2020; siete meses después incrementó su participación accionaria y fue nombrado el presidente del consejo de administración de la empresa.

Comparten socios

Las tres compañías han compartido representantes, apoderados e incluso socios.

Por ejemplo, Miguel Castellanos Cruz ha sido socio de "Ecocarburante" a través de una empresa denominada "Petro Almacenes de Occidente", y a la par se ha desempeñado como representante en "Mafre Fletes" y en "Dalcrise", una empresa que tiene participación accionaria en "Impulsora de Productos Sustentables".

Daniel Alejandro Soto Manrique, quien se desempeña como coordinador de logística en "Ecocarburante", ha fungido además como representante en las tres compañías vinculadas.

Otro caso: Édgar Marín Meza Moreno ha sido presidente del consejo de administración tanto de "Impulsora de Productos Sustentables" como de "Ecocarburante".

Intermediario de Pemex

"Impulsora de Productos Sustentables" -una de las empresas en las que ha participado el hermano del ex Presidente Municpal de Teuchitlán- llegó a un acuerdo con Petreoleos Mexicanos para fungir como intermediario en la distribución de turbosina y gasavión para la aerolínea Interjet, que dejó de operar en 2020.

Aunque el contrato no es público en la plataforma de transparencia de Pemex, los detalles de este acuerdo quedaron plasmados en el acta de una asamblea realizada el 3 de julio de 2019, de la cual dio fe el notario jalisciense Diego Robles Farías.

En el acta se anotó que la empresa había suscrito un contrato con Pemex Transformación Industrial, representada por Marco Antonio Porras Reyes Alamina, adscrito a la Subgerencia de Petrolíferos Secundarios para triangular la entrega del combustible a la aerolínea.

En el mismo documento se mencionan los beneficios que esperaban de otros contratos con la petrolera estatal: "Cualquier contrato futuro de comercialización y/o distribución de gasolina y/o diésel celebrado con cualquier dirección u organismo Pemex, les corresponderá a todos sus tenedores (de las acciones de la empresa) en conjunto una participación del 51 por ciento de las utilidades netas de dicho negocio".

Además de compartir socios y apoderados, "Impulsora de Productos Sustentables" tiene vínculos de negocios con "Ecocarburante", empresa proveedora de combustible de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En el acta notariada de una asamblea realizada el 10 de diciembre de 2020 quedó constancia que la primera empresa le adeudaba 175 millones de pesos a la segunda. Los socios de "Ecocarburante" acordaron destinar ese dinero, que sería aportado por "Impulsora de Productos Sustentables", para aumentar el capital de la empresa.

Con ese acuerdo, las acciones de "Ecocarburante" quedaron concentradas en dos socios: Edgar Marín Meza Moreno (quien era copropietario de "Impulsora de Productos Sustentables"), con una aportación mayoritaria de 142 millones de pesos, equivalente al 81 por ciento de las acciones, mientras que Eric Daniel Zamora Delgadillo se quedó con 33 millones de pesos, que representa el 19 por ciento de las acciones.

Cuando se dio este movimiento, "Ecocarburante" vivía días de prosperidad, pues mantenía abiertos dos contratos con la Sedena para abastecer de combustible en las obras del AIFA, una de las obras emblemáticas del gobierno de López Obrador.

En diciembre de 2019, cuando se preparaba para iniciar la construcción del AIFA, la Secretaría de la Defensa Nacional asignó a "Ecocarburante" un contrato hasta por 496 millones de pesos para abastecer 27 millones de litros de diésel automotriz ultra bajo azufre de importación.

El contrato con la Sedena fue suscrito por Miguel Castellanos Cruz, quien -como se dijo anteriormenteha sido apoderado y representante tanto de "Ecocarburante" como de "Mefra Fletes", la compañía señalada por la FGR de movilizar huachicol y que es propiedad del hermano del ex Presidente Municipal de Teuchitlán.

Casi al inicio del contrato, la empresa incumplió con los plazos de entrega, lo que provocó desabasto del combustible y con ello retrasos en el avance de las obras en el AIFA, según se detalla en un oficio firmado por el coronel Alberto Pérez Valenzuela, del agrupamiento de ingenieros militares de la base de Santa Lucía, y que fue dirigido a Castellanos Cruz.

A pesar del incumplimiento, la Sedena otorgó en 2020 de manera directa un segundo contrato a "Ecocarburante" por 12.9 millones de pesos, para surtir hasta 180 mil litros mensuales de diésel.

Además, en abril de 2020 se pactó una modificación del primer contrato, de acuerdo con un oficio que el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, responsable de la obra del AIFA, dirigió a Castellanos Cruz.

Hasta noviembre de 2020, la empresa ya había facturado casi el 70 por ciento del monto previsto en el primer contrato, según consta en documentos internos obtenidos por MCCI.

El combustible se utilizó para los vehículos pesados y maquinaria utilizados en la construcción del nuevo aeropuerto y en la reubicación de las instalaciones militares de la base de Santa Lucía, según se describe en los dos contratos.

En los documentos obtenidos por MCCI se detalla que "Ecocarburante" tenía oficinas dentro del AIFA, a un costado de las oficinas y de los dormitorios de la Sedena. En el sitio tenían, además, una estación de servicio o gasolinera con dos grandes tanques de almacenamiento, cada uno con capacidad de 80 mil litros. En el frente 12 de construcción tenían otro tanque de 40 mil litros.

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Dan golpe a huachicol; reportan 32 detenidos

Uno de los puntos desmantelados se encontraba dentro de un gran predio del restaurante 'Doña Lety' en Polotitlán, en el Km 136 de la autopista México-Querétaro.

El grupo criminal vendía de manera ilegal gas LP y gasolina, y operaba con la protección de autoridades y policías locales.

Cirio Sergio Rebollo Mendoza, "Don Checo", y Luis Miguel Ortega Maldonado, "Flako de Oro", eran los líderes de la agrupación delictiva.

Además operaba Israel Molina Núñez, "Mil Millones", un mando de la Dirección de Seguridad Pública municipal de Jilotepec, en el Estado de México.

El grupo perforaba ductos de Pemex y posteriormente realizaban el resguardo del combustible en bodegas y después distribuían el producto y lo vendían en gasolineras establecidas, según informó ayer el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Las autoridades decomisaron equipos, automóviles, dinero en efectivo, armas y pipas valuadas en 150 millones de pesos. Además confiscaron 16 millones de pesos.

El grupo también elaborada documentación falsa para justificar el traslado y la venta de combustibles. El grupo era el principal abastecedor en la autopista México-Querétaro.

Las dos tomas clandestinas que controlaban, -ubicadas entre sí a dos horas de distancia en auto-, operaban como gaseras en los municipios de Polotitlán y Nopaltepec, en el Edomex.

En el primer punto decomisaron ocho tractocamiones, nueve contenedores tipo salchicha, un tanque estacionario y tres autos; en el segundo, un remolque tipo tanque, seis camiones con autotanque, tres tractocamiones y dos camionetas con autotanque.

Durante seis meses, las autoridades federales y de Pemex, trabajaron en identificar a los principales líderes del grupo criminal.

También fue detenido, Diego Rebollo González, hijo de "Don Checo", quien fungía como el operador logístico y financiero. En su casa en la comunidad de San Pablo de los Remedios en el Estado de México, se localizaron 36 vehículos de lujo, cuatro de ellos blindados, cuatro armas largas y una caja con joyas.

Nota de Nadia Rosales/ REFORMA..

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Estrictamente Personal

Golpes bajo la línea de flotación/Raymundo Riva Palacio

El Financiero, junio 30, 2025 | 

El régimen que instauró Andrés Manuel López Obrador y está consolidando Claudia Sheinbaum está hecho bolas en sus contradicciones e inconsistencias, atrapado en la trampa que contribuyó a cavar. Ambos festejaron acusaciones en Estados Unidos sin pruebas ni evidencias, porque les beneficiaban. Pero al utilizarse el mismo recurso para imputar a los suyos, como sucedió la semana pasada cuando el Departamento del Tesoro acusó a Vector, la casa de bolsa ligada a Alfonso Romo, de lavar dinero para los cárteles de las drogas, la presidenta no sabe cómo salir. Terminó una pésima semana para Sheinbaum frente a Estados Unidos, pero hoy inicia una más, donde nadie sabe si el gobierno de Donald Trump volverá a la carga, le pondrá un bálsamo, o le regale unos días de respiro para recomponer su figura.

El gobierno de Trump le dio un golpe contundente al régimen al vincular por primera vez al Cártel de Sinaloa con un funcionario del círculo íntimo del expresidente López Obrador. Romo, que durante años fue el enlace y recaudador de fondos para López Obrador con el sector privado, fue recompensado con la jefatura de la Oficina de la Presidencia al arrancar su sexenio. Vector Casa de Bolsa, que compró y sigue siendo parte de un grupo de empresas del que es presidente honorario, fue imputada de haber lavado dinero del crimen organizado y facilitado el tráfico ilegal de fentanilo de China a Estados Unidos.

Sheinbaum intentó una batalla pírrica para neutralizar la acusación, utilizando los mismos recursos de su antecesor: negó todo, lanzó campañas en las redes sociales para desviar la atención, e incluso, pese a que durante meses se deslindó del debate sobre el pago de impuestos del empresario Ricardo Salinas, aduciendo que estaba en la cancha de la Suprema Corte de Justicia, le dedicó el viernes un largo espacio en su mañanera, y 10 láminas sobre su ingeniería financiera. No valió de nada. La relación Romo-López Obrador sigue en el centro de la conversación pública y ese vínculo ha sido destacado en la prensa internacional.

Sheinbaum se ha quedado sin palabras persuasivas. Las que repite casi todos los días, se han vuelto un galimatías que deja cejas levantadas. ¿Alguien puede explicar cómo lanzó un discurso sobre soberanía, independencia, acompañada de la frase trillada de que “a México se le respeta”, como reacción al Departamento del Tesoro, cuya acusación fue a tres instituciones privadas? Sin embargo, no fue su única salida fallida en la semana donde agarraron a su gobierno de punching bag.

A una pregunta sobre el peligro de Irán para Estados Unidos en una audiencia en el Senado, Pam Bondi, la fiscal general que fue parte del equipo legal de Trump cuando el gobierno de Joe Biden lo quiso meter a la cárcel, respondió que ese país, como Rusia, China y México, eran “adversarios” de Estados Unidos. Sheinbaum respondió que estaba mal informada, y para demostrarlo, su gobierno difundió un comunicado sobre el encuentro de los secretarios de la Defensa y la Marina con el jefe del Comando Norte una semana antes. Aunque Bondi resultó no ser la desinformada: tras esa reunión, el Comando Norte agregó dos zonas bajo control militar cerca de la frontera con México, en Texas y Arizona, contra la migración indocumentada y el tráfico de fentanilo.

Cuando Sheinbaum defendió a las instituciones financieras imputadas, aseguró que no había pruebas y que por la misma razón, en el primer mandato de Trump, tuvo que liberar al general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa, acusado de recibir sobornos del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. En realidad, al general no lo liberaron por falta de pruebas, sino, como dijeron los fiscales que llevaban su caso, por razones políticas –un ultimátum de López Obrador de que o lo liberaban, o cortaría toda la cooperación en materia de seguridad, que de cualquier forma hizo–, pero que no cancelarían la investigación.

Lo que ha alegado Sheinbaum a favor del general y las tres instituciones financieras, es lo contrario a lo que dijo sobre el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, condenado y sentenciado a partir de los testimonios de los criminales a los cuales encarceló, que no aportaron ninguna prueba a sus dichos, que se contradijeron y cometieron perjurio. A él, condenado con los mismos alegatos endebles empleados contra Cienfuegos y Romo, la presidenta lo juzgó. Ahora grita injusticia ante lo que está pasando.

Negar siempre lo que afectaba su narrativa y cuestionaba al gobierno resulta en todos los casos, salvo cuando se trata de temas relacionados con el narcotráfico y señalamientos que involucran a las figuras del obradorismo, que es lo que sucedió con los golpes repetidos de la semana pasada. No sólo pegaron debajo de la línea de flotación, sino que colocó en el centro del escenario a López Obrador, por la vía de Romo y Vector. El gobierno quiso blindar a Vector, pero no pudo. No lo incluyó en el primer anuncio de la Secretaría de Hacienda que había intervenido a CIBanco e Intercam, bajo el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito que no se aplica a casas de bolsa, pero se vio forzado a actuar también contra Vector, bajo la Ley del Mercado de Valores.

La vinculación de López Obrador con Romo y el señalamiento que lo liga con el Cártel de Sinaloa, sea cierto o no, pegó en el núcleo duro de la cuatroté. La maquinaria de propaganda del régimen, que maneja Jesús Ramírez Cuevas, exvocero presidencial y actual coordinador de asesores de la presidenta, se enfocó en la relación entre García Luna y Vector –una estupidez estratégica que se mostrará en este espacio–, y en un nacionalismo acartonado que se convirtió en búmeran. Lo más significativo, el mini editorial de La Jornada en su contraportada, Rayuela, que apuntó el jueves: “Todo lo que hay que hacer –posible o imposible– con tal de quedarse Estados Unidos con el negocio del narcotráfico en México”. La traducción empírica sería: el negocio no es de Estados Unidos sino del gobierno de México. Parecería que sí, aunque en realidad no lo sea.