La Asamblea Nacional francesa aprobó ayer por 367 votos contra 164 el proyecto de ley que endurece los requisitos para obtener la residencia legal en Francia e impone nuevas obligaciones a los inmigrantes.
El objetivo enunciado es conseguir una "inmigración escogida", en función de las necesidades y disponibilidades del país en materia de empleo y asistencia social.
Como era de esperarses los conservadores votaron en bloque a favor; en contra los socialistas y comunistas, mientras que la centrista dejaron a sus sus diputados la libertad de voto.
La nueva ley - si la aprueba el Senado-, obligará a quienes aspiren a obtener un permiso de residencia temporal a firmar un contrato por el cual se comprometan a seguir una formación cívica y a aprender el francés, además de respetar los principios republicanos.
La renovación del permiso o la concesión de una carta de residencia de diez años estarán condicionados al cumplimiento de tales compromisos y a un conocimiento suficiente del idioma.
El proyecto endurece también los requisitos para el reagrupamiento familiar y los matrimonios mixtos, y suprime la regularización automática tras diez años de permanencia ilegal en el país.
La ley faculta al Gobierno para promover la concesión de permisos de residencia a profesionales cualificados, mientras que los demás trabajadores estarán sometidos a cuotas en función de la demanda laboral.
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