Un tema que no le había querido entrar los legisladores es averiguar como será el proceso de unificación de mandos de diversas corporaciones policiales federales (AFI-PFP; INM, policía fiscal etc).
Porque de repente se lee como que el problema ya esta resuelto, sin embargo, todavía no hay en las cámaras ninguna propuesta legislativa.
Hace unos días, el martes 23 de enero, Jorge Fernández Menéndez, entrevistó en Proyecto 40 al Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, y le pregunto sobre la unificación de las policías en un mando único:
"con un mando único... " (Genaro)
Genaro García Luna; "- así es. Un mando único que está ya, en la Secretaría de Seguridad Pública.
Y este mando único articula capacidades técnicas, legales, operativas, para poder sumar todo lo que teníamos en un despliegue que estaba desarticulado, en un solo eje. Esto da ventaja, tanto operativa, como técnica, en el control policial, en el seguimiento de indicadores de transparencia y en la operación de la policía. Y por supuesto, implica que en este ejercicio, tengamos una nueva reingeniería, un nuevo concepto de modelo de policía. Ya no hay una policía que tenga un Estado Mayor, ya hay una división de policía, con divisiones específicas, para cada policía. Se plantea un esquema de policía, con alcance muy alto, con la parte social, una policía de proximidad social, una policía de inteligencia, que tenga capacidades técnicas, de filtración, de manejo de fuentes, de seguimiento, vigilancia, con capacidades reales, para combatir el crimen..."
"con un mando único... " (Genaro)
Genaro García Luna; "- así es. Un mando único que está ya, en la Secretaría de Seguridad Pública.
Y este mando único articula capacidades técnicas, legales, operativas, para poder sumar todo lo que teníamos en un despliegue que estaba desarticulado, en un solo eje. Esto da ventaja, tanto operativa, como técnica, en el control policial, en el seguimiento de indicadores de transparencia y en la operación de la policía. Y por supuesto, implica que en este ejercicio, tengamos una nueva reingeniería, un nuevo concepto de modelo de policía. Ya no hay una policía que tenga un Estado Mayor, ya hay una división de policía, con divisiones específicas, para cada policía. Se plantea un esquema de policía, con alcance muy alto, con la parte social, una policía de proximidad social, una policía de inteligencia, que tenga capacidades técnicas, de filtración, de manejo de fuentes, de seguimiento, vigilancia, con capacidades reales, para combatir el crimen..."
Es decir, se lee como si el problema ya estuviera resuelto y eso no es así.
Por lo que, acertadamente, el senador sinaloense Mario López Valdez (PRI), presentó al Pleno este jueves 8 de febrero, un Punto de Acuerdo donde "El Senado de la República solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal un informe sobre las acciones relacionadas con el proceso de unificación de mandos de diversas corporaciones policiales, iniciado en fechas recientes por la entrante Administración Pública Federal. El que debe contemplar los objetivos por alcanzar y las razones jurídicas, administrativas y económicas que sustentan la decisión."
La propuesta originalmente era de urgente resolución, sin embargo, fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su dictamen correspondiente.
La propuesta originalmente era de urgente resolución, sin embargo, fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su dictamen correspondiente.
El tema pues ya esta en la mesa en el Senado y seguramente será discutido, seguramente invitarán a los especialistas.
¡Bienvenido el debate!
La propuesta del Senador López Váldez esta fundamentada en la siguiente exposición de motivos, que dice:
La propuesta del Senador López Váldez esta fundamentada en la siguiente exposición de motivos, que dice:
"Mediante el boletín de prensa número 008/06, fechado el pasado 15 de diciembre de 2006, la Secretaría de Seguridad Pública federal dio a conocer que, como parte de la reingeniería al modelo de combate al crimen puesta en marcha por el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, el Lic. Ardelio Vargas Fosado fue designado Comisionado de la Policía Federal Preventiva y titular de la Agencia Federal de Investigación. Esta decisión, señala el documento, "permitirá sumar las atribuciones, facultades, capacidades técnicas y de operación de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Policía Federal Preventiva (PFP) en un sólo mando para potenciar la estrategia nacional en contra del crimen organizado".
Esta doble designación, según consta en el documento de referencia, contó con el aval de la Secretaría de la Función Pública, la cual, a través de un "riguroso análisis de los distintos marcos jurídicos que rigen a ambas corporaciones policiales, determinó la procedencia de la designación".
Por otra parte, el 21 de diciembre de 2006, la Secretaría de Seguridad Pública presentó un plan de reestructuración de las policías federales, a través del cual, a decir del titular de la dependencia, Genaro García Luna, serán creadas cuatro subsecretarías en la Secretaría de Seguridad Pública federal: de Estrategia e Inteligencia Policial, de Prevención, Participación Ciudadana y Derechos Humanos; del Sistema Penitenciario Federal y de Desarrollo Institucional e Innovación. El nuevo organigrama incluiría al Cuerpo Federal de Policía, que integra a todas las policías federales; el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y el Consejo de Menores.
Finalmente, el Cuerpo Federal de Policía se integraría con seis unidades, cada una al mando de un comisionado. Se trataría de las divisiones de Proximidad Social, de Inteligencia Policial, de Información y Análisis, de Fuerzas Federales, de Servicios Judiciales y Ministeriales y Antidrogas.
Con relación a lo anterior, resulta prematuro juzgar sobre la conveniencia de las reformas que en materia policíaca se han planteado desde la Secretaría de Seguridad Pública, toda vez que, hasta el momento no ha sido presentada ante este Congreso de la Unión iniciativa de reforma alguna que permita conocer a los legisladores las pretensiones del ejecutivo sobre este particular, situación que resulta contraria a lo dispuesto por los artículos 73 y 135 de nuestra Constitución Política, mismos que, por una parte facultan al Poder Legislativo para legislar sobre seguridad pública y, por la otra, establecen el proceso para reformar nuestra carta magna.
En efecto, la fracción XXIII del artículo 73 dispone que el Congreso tiene facultad para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en materia de seguridad pública; así como para la organización y funcionamiento, el ingreso, selección, promoción y reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el ámbito federal; mientras que el diverso 135 señala a la letra que "la Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas".
En tal virtud, y toda vez que el propio titular de Seguridad Pública reconoció que el Cuerpo Federal de Policía estaría operando en los hechos, antes de haberse aprobado las reformas legales correspondientes, entonces nos encontramos frente a una violación grave de nuestro sistema de división de poderes, ya que el Ejecutivo esta actuando de manera inversa a como lo establece nuestra Ley Fundamental, es decir, primero ejecuta la norma y luego la somete a la decisión del legislativo, máxime si tomamos en consideración que las medidas antes descritas tienen sustento en un análisis de la Secretaría de la Función Pública, cuyo contenido nadie conoce por no haberse puesto a disposición de la opinión pública.
Sin embargo, esto no es todo. La unificación de los mandos en las policías investigadora y preventiva federales requiere también de una reforma a nuestra Constitución, específicamente en su artículo 21, proceso que implica la participación de las legislaturas de los Estados, requisito que, en aras de un despliegue propagandístico, se esta vulnerando en menoscabo de nuestro sistema federalista, situación que debe cesar de manera inmediata, por lo que resulta indispensable exigir al titular del Ejecutivo que envíe al Congreso el estudio realizado por la Secretaría de la Función Pública sobre el tema que nos ocupa, así como todas aquellas iniciativas que sobre este particular tenga elaboradas, a fin de estudiarlas y en su caso, aprobarlas, absteniéndose durante el tiempo que dure el proceso legislativo, de contradecir el contenido de nuestras normas vigentes, le parezcan éstas adecuadas o no para los fines que persigue.
El diseño de las políticas de seguridad pública y el combate a la criminalidad no son monopolio de un poder, sino una responsabilidad que debe ser ejercida de manera compartida y responsable por todos aquellos que tienen facultades al respecto. Es deseo de todos los representantes populares trabajar junto con el Ejecutivo para garantizar a las familias mexicanas que sus vidas y bienes se encuentran debidamente resguardados por el Estado. Esperemos que este llamado no sea entendido como un intento de obstaculizar la actividad desplegada desde la administración pública federal, sino como una preocupación legítima emanada desde un poder electo democráticamente el pasado día 2 de julio. Ojalá que así sea."
La foto es del Senador Mario LópezEsta doble designación, según consta en el documento de referencia, contó con el aval de la Secretaría de la Función Pública, la cual, a través de un "riguroso análisis de los distintos marcos jurídicos que rigen a ambas corporaciones policiales, determinó la procedencia de la designación".
Por otra parte, el 21 de diciembre de 2006, la Secretaría de Seguridad Pública presentó un plan de reestructuración de las policías federales, a través del cual, a decir del titular de la dependencia, Genaro García Luna, serán creadas cuatro subsecretarías en la Secretaría de Seguridad Pública federal: de Estrategia e Inteligencia Policial, de Prevención, Participación Ciudadana y Derechos Humanos; del Sistema Penitenciario Federal y de Desarrollo Institucional e Innovación. El nuevo organigrama incluiría al Cuerpo Federal de Policía, que integra a todas las policías federales; el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y el Consejo de Menores.
Finalmente, el Cuerpo Federal de Policía se integraría con seis unidades, cada una al mando de un comisionado. Se trataría de las divisiones de Proximidad Social, de Inteligencia Policial, de Información y Análisis, de Fuerzas Federales, de Servicios Judiciales y Ministeriales y Antidrogas.
Con relación a lo anterior, resulta prematuro juzgar sobre la conveniencia de las reformas que en materia policíaca se han planteado desde la Secretaría de Seguridad Pública, toda vez que, hasta el momento no ha sido presentada ante este Congreso de la Unión iniciativa de reforma alguna que permita conocer a los legisladores las pretensiones del ejecutivo sobre este particular, situación que resulta contraria a lo dispuesto por los artículos 73 y 135 de nuestra Constitución Política, mismos que, por una parte facultan al Poder Legislativo para legislar sobre seguridad pública y, por la otra, establecen el proceso para reformar nuestra carta magna.
En efecto, la fracción XXIII del artículo 73 dispone que el Congreso tiene facultad para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en materia de seguridad pública; así como para la organización y funcionamiento, el ingreso, selección, promoción y reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el ámbito federal; mientras que el diverso 135 señala a la letra que "la Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas".
En tal virtud, y toda vez que el propio titular de Seguridad Pública reconoció que el Cuerpo Federal de Policía estaría operando en los hechos, antes de haberse aprobado las reformas legales correspondientes, entonces nos encontramos frente a una violación grave de nuestro sistema de división de poderes, ya que el Ejecutivo esta actuando de manera inversa a como lo establece nuestra Ley Fundamental, es decir, primero ejecuta la norma y luego la somete a la decisión del legislativo, máxime si tomamos en consideración que las medidas antes descritas tienen sustento en un análisis de la Secretaría de la Función Pública, cuyo contenido nadie conoce por no haberse puesto a disposición de la opinión pública.
Sin embargo, esto no es todo. La unificación de los mandos en las policías investigadora y preventiva federales requiere también de una reforma a nuestra Constitución, específicamente en su artículo 21, proceso que implica la participación de las legislaturas de los Estados, requisito que, en aras de un despliegue propagandístico, se esta vulnerando en menoscabo de nuestro sistema federalista, situación que debe cesar de manera inmediata, por lo que resulta indispensable exigir al titular del Ejecutivo que envíe al Congreso el estudio realizado por la Secretaría de la Función Pública sobre el tema que nos ocupa, así como todas aquellas iniciativas que sobre este particular tenga elaboradas, a fin de estudiarlas y en su caso, aprobarlas, absteniéndose durante el tiempo que dure el proceso legislativo, de contradecir el contenido de nuestras normas vigentes, le parezcan éstas adecuadas o no para los fines que persigue.
El diseño de las políticas de seguridad pública y el combate a la criminalidad no son monopolio de un poder, sino una responsabilidad que debe ser ejercida de manera compartida y responsable por todos aquellos que tienen facultades al respecto. Es deseo de todos los representantes populares trabajar junto con el Ejecutivo para garantizar a las familias mexicanas que sus vidas y bienes se encuentran debidamente resguardados por el Estado. Esperemos que este llamado no sea entendido como un intento de obstaculizar la actividad desplegada desde la administración pública federal, sino como una preocupación legítima emanada desde un poder electo democráticamente el pasado día 2 de julio. Ojalá que así sea."
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