Don Samuel Ruiz y la nueva Conai

Monseñor Samuel Ruiz García, obispo emérito de San Cristobal de las Casas, dijo este domingo en Quéretaro -donde vive-, que confia en que se lograrán acuerdos con el diálogo que pide el EPR al gobierno de la República.
Agregó que las investigaciones sobre los responsables de las explosiones de los ductos de Pemex, del año pasado, no deben ser condicionante para el diálogo entre ese grupo yel gobierno federal.
Aclaró que por ahora no tiene comunicación del EPR, únicamente la que dieron a conocer a través de los medios de comunicación, donde se le propuso como uno de los intermediarios en el diálogo con el gobierno federal.
Por eso, afirmó, no hay conocimiento sobre la fecha ni lugar en los que podría realizarse ese diálogo que propuso dicho grupo, pero afirmó que "estamos dispuestos al diálogo donde sea", porque estas negociaciones siempre funcionan.

Fuente: Notimex-El Universal

Texto de Granados Chapa en Proceso, 1644, 4/05/2008;

Breve noticia de una mediación en cierne/Miguel Ángel Granados Chapa

El jueves 24 de abril, el Ejército Popular Revolucionario (y su brazo político, el Partido Democrático Popular Revolucionario) difundió un comunicado radicalmente diferente a los que había emitido en los 11 meses anteriores. Se refería, como en ellos, a la captura y desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Pero esta vez solicitaba diálogo con el gobierno para lograr la presentación con vida de sus dos compañeros y pedía mediación civil para entablar dicho diálogo.

“Nunca hemos tratado, ni mucho menos dialogado con ese gobierno, aunque dice que lo estamos haciendo, eso es una mentira –dijo el EPR–. Por eso, para evitar mayor violencia, es necesario que entreguen a todas las víctimas de desaparición forzada.

“A quienes nos dirigimos, apelamos a su actitud humanitaria y honesta, si es que quieren y pueden hacerlo, para que intervengan con su autoridad moral y sus buenos oficios para que se resuelva este problema de carácter nacional y se haga justicia.

“Les suplicamos, si es de su interés, nos den una respuesta por medio de la prensa, cuando estén decididos a hacerlo o no hacerlo. Nos atrevemos a planteárselo en virtud del peligro que corre la vida de nuestros compañeros y los demás desaparecidos. “Por eso queremos nombrarlos intermediarios para dialogar con este gobierno y alcanzar la justicia que tanta falta hace a nuestro pueblo, al arzobispo emérito Samuel Ruiz, al escritor Carlos Montemayor, al abogado y periodista Miguel Ángel Granados Chapa, al antropólogo Gilberto López y Rivas y al Frente Nacional contra la Represión.”

El obispo emérito de San Cristóbal de las Casas se hallaba fuera de México. Pero su presencia se hizo notar a través de una de las iniciativas que encabeza, la oficina de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). Algunos de sus entusiastas y eficaces colaboradores –Pablo Romo, Dolores González– ofrecieron de inmediato sus instalaciones al resto de los nombrados por si querían deliberar juntos sobre la invitación que les hacía, de modo insólito, una organización político-militar que las más de las veces amagaba con atacar o se hacía responsable de ataques como los que en julio y septiembre del año pasado causaron gravísimos daños –ninguno a persona alguna– a ductos de Pemex en Guanajuato, Querétaro y Veracruz.

Reunidos en Serapaz el viernes 25, Montemayor, López y Rivas y yo mismo, y contando con aquiescencia de don Samuel, aceptamos el llamado del EPR. Lo hicimos, según el consenso rápidamente alcanzado, por la importancia que atribuimos, “en las difíciles condiciones que vive hoy nuestro país, a toda iniciativa de intermediación que dé cauce a la búsqueda de justicia desde la sociedad civil y que combata las desapariciones forzosas”.

Aceptamos en el entendido de que nuestra eventual participación (que requería conocer el parecer del gobierno federal, la otra parte) tendría un carácter puntual, referido a las personas desaparecidas el 25 de mayo de 2007 y en el entendido de que el EPR se abstendría de toda acción armada mientras se realizara la interlocución entre las partes.

Por su parte, el FNCR respondió “afirmativamente a la propuesta del EPR de ser parte de una comisión de intermediación para lograr la presentación de los desaparecidos”. Así mismo, el Frente dijo recibir “con beneplácito la noticia de que también las cuatro personalidades que han sido convocadas hayan emitido una respuesta positiva”. Más adelante el Frente nombraría para representarlo a su fundadora doña Rosario Ibarra y a los abogados Enrique González Ruiz y Juan de Dios Hernández Monge.

El EPR se dirigió el 28 de abril a don Samuel, la senadora Ibarra, López y Rivas, Montemayor y Granados Chapa para decirles que les habían “conmovido profundamente con su rápida respuesta de apoyo a nuestra solicitud de intermediación ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en las personas de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ante el peligro en que se encuentran a pesar del tiempo transcurrido desde su detención-desaparición”. Dijo también: “Les hacemos saber que aceptamos sus condiciones”, incluido el compromiso de que “mientras dure esta intermediación no habrá acciones armadas de nuestra parte”.

El EPR añadió “varias consideraciones que el gobierno federal tendría que cumplir:

a) que el gobierno federal y estatal con sus policías y ejército dejen de hostigar e intimidar a las familias de nuestros compañeros, a sus amistades y a las ONG que se han solidarizado contra este repugnante delito;

b) que se deje de perseguir e investigar a quienes consideran son parte nuestra;

c) que el gobierno federal suspenda los operativos de búsqueda y captura de miembros de nuestro partido, y

d) ponemos a su consideración que sus buenos oficios abarquen a los demás desaparecidos en el país”.

Al día siguiente, 29 de abril, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, leyó un mensaje cuya médula consiste en decir que “el gobierno federal acepta dicho diálogo, siempre y cuando se consideren las siguientes condiciones y propuestas”:

1) Que el EPR “se comprometa públicamente a suspender en forma definitiva acciones radicales de sabotaje y de violencia”;

2) que el diálogo no se limite al interés del EPR “sobre la presunta retención-desaparición de dos de sus militantes”, sino que comprenda también “aquellos temas que le interesan al Estado mexicano, como es la solución pacífica de conflictos mediante la vida institucional”:

3) El diálogo sería directo, con integrantes del EPR “donde las personalidades mencionadas en el comunicado del día 24 del presente y que han aceptado participar en el proceso, lo hagan como testigos sociales y con el objetivo de facilitar el mismo”; y

4) Dialogar no significa “que el Estado abandone su responsabilidad constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley. Por ello, no cesarán las investigaciones tanto para dar con el paradero de las dos personas a las que se refieren en sus comunicados, como para actuar en contra de los responsables de los atentados contra las instalaciones estratégicas de Pemex y otros actos delictivos que han sido denunciados”.

El primero de mayo en Serapaz se reunieron por primera vez todos quienes eventualmente integrarían la comisión, que sólo nacerá –a mi entender– cuando queden claros los términos de la cuestión. Don Samuel, doña Rosario, González Ruiz, Hernández Monge, López y Rivas, Montemayor y yo “reiteramos nuestra disposición a realizar las labores de intermediación que faciliten el diálogo entre las partes” y solicitamos al gobierno “precisar en qué medida los condicionantes que plantea en su comunicado son impedimentos para el proceso del diálogo propuesto”, porque en los términos en que fueron expresados parece que requiere la capitulación del EPR. Y mantuvimos que la figura de testigo social con que el gobierno pretende caracterizarnos, para no tenernos como mediadores, “resulta confusa, particularmente por su utilización en las licitaciones de entidades públicas”.

En eso estamos a la hora de escribir estas líneas el viernes 2 de mayo.