El narco, imparable: Proceso

El narco mexicano, imparable

J. Jesús Esquivel, reportero

Revista Proceso, 1649, 8 de junio de 2008;

Aparte de la emigración sin freno, hay otra invasión silenciosa que alarma al gobierno de Estados Unidos: la de cuatro cárteles mexicanos de la droga que han sido identificados por el Departamento de Justicia como los principales proveedores del narcomenudeo en casi 200 ciudades de Estados Unidos. De acuerdo con un documento de inteligencia emitido por esa dependencia, la llamada Federación (antiguo cártel de Sinaloa) y los cárteles del Golfo, de Juárez y de Tijuana ya son considerados por el gobierno estadunidense como la peor amenaza. Además, con un enorme potencial de expansión.

WASHINGTON.- Las organizaciones mexicanas del narcotráfico no sólo han logrado apoderarse de casi todo el territorio de su país de origen, sino que ahora también controlan las redes para el trasiego de narcóticos en 195 ciudades de los 50 estados de la Unión Americana, de acuerdo con un reporte de inteligencia del Departamento de Justicia estadunidense.

Elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas de la mencionada dependencia como parte de la serie Situation Report y bajo el título de Ciudades en Estados Unidos en las que operan las organizaciones mexicanas del tráfico de drogas, el reporte –del que Proceso tiene copia– identifica a cuatro cárteles mexicanos como los señores del narcotráfico en la mayoría de las ciudades incluidas.

“En 129 de las 195 ciudades, las agencias de la aplicación de la ley (locales, estatales y federales) reportan la presencia de organizaciones del narcotráfico mexicano con afiliación a por lo menos uno de los cuatro cárteles de ese país que son los principales proveedores de droga en el mercado de Estados Unidos”, destaca el documento.

De acuerdo con varias agencias federales de Estados Unidos, como la DEA y la Oficina Nacional de Políticas para el Control de Drogas de la Casa Blanca, a cargo de John Walters, los narcotraficantes mexicanos son responsables de llevar más de 80% de las drogas que consumen los estadunidenses.

Fechado el 11 de abril de 2008, el informe de 16 páginas (en su mayoría gráficas en color con el mapa de Estados Unidos, sobre el que marcan las 195 ciudades donde operan narcotraficantes mexicanos) destaca que en algunos centros urbanos como Boston, Massachusetts, operan al mismo tiempo hasta cuatro organizaciones criminales. “La Federación, el cártel del Golfo, el de Juárez y el de Tijuana son las cuatro organizaciones del narcotráfico mexicano que tienen mayor presencia en Estados Unidos”, enfatiza el informe, con número de folio 2008-S0787-005.

“Las operaciones de tráfico de drogas de la Federación han sido identificadas en por lo menos 82 ciudades, las del cártel del Golfo en 43, las del cártel de Juárez en por lo menos 44, y las del cártel de Tijuana en 20”, se asegura.

Las agencias gubernamentales de Estados Unidos “también reportan la presencia de organizaciones mexicanas del narcotráfico en otras 66 ciudades, pero no han identificado la afiliación de éstas con ninguno de los principales cárteles”.

Según el Departamento de Justicia, el mencionado reporte de inteligencia se preparó para “ilustrar” el poderío que poco a poco han ido alcanzando en Estados Unidos los narcotraficantes mexicanos, que ya se convirtieron en trasnacionales y en los principales proveedores de todo tipo de narcóticos para el mercado estadunidense.

Dichas organizaciones, se agrega en el reporte, constituyen “la amenaza a Estados Unidos con mayor potencial de expansión, están activas en cada región del país y dominan el comercio de drogas ilícitas en cada una de sus áreas, excepto en el Noroeste.

“Las organizaciones del narcotráfico de México están expandiendo sus operaciones en el Noroeste y han desarrollado relaciones de cooperación con organizaciones del narcotráfico (local) en el área, para poder compartir una parte importante del mercado de esa zona”, concluye el reporte.

Errores mutuos

J. Jesús Esquivel, reportero
WASHINGTON.- Después de que el gobierno de México manifestó que no aceptaba ningún condicionamiento para recibir el apoyo de Estados Unidos en su guerra contra el narcotráfico, la Casa Blanca respondió que el presidente George W. Bush no se opone a que México adquiera equipo militar o tecnológico en países europeos o asiáticos para acabar con los cárteles de la droga.“México no tendría por qué preguntarnos o pedir nuestra opinión; no creo que sea en detrimento de una lucha común como lo es la del narcotráfico el que México consiguiera el apoyo de otro país”, sostiene en entrevista el director de la Oficina Nacional de Políticas para el Control de las Drogas de la Casa Blanca, John Walters.

Conocido también como el zar antidrogas de Estados Unidos, Walters asegura que la oposición de Washington a que cualquier país latinoamericano adquiera equipo militar en Europa o en cualquier otro continente para fines nobles, como el combate al narcotráfico, “es cosa del pasado”.Consultado vía telefónica mientras hacía un recorrido por la frontera que comparte la ciudad de El Paso, Texas, con Ciudad Juárez, Chihuahua, para evaluar el problema del narcotráfico y la narcoviolencia en la región, responde: “Creo que los días en los que las acciones bilaterales eran la única solución ya no son una realidad”.

Según Walters, lo que le molesta es que en el Congreso federal de su país haya legisladores que intentan imponerle condiciones anticonstitucionales a México en el combate al narcotráfico y la violencia, un problema que atañe a los dos países.Afirma: La Casa Blanca considera que para derrotar al narcotráfico en México el Ejército y la policía deben contar con equipo tecnológico y militar moderno, como el que posee el Pentágono. Además, dice, sus elementos deben entrenarse en operaciones antinarcóticos con personal especializado del Departamento de Defensa; así lo han hecho Colombia y Perú.

Las quejas y críticas de Walters están dirigidas al Senado, que el pasado 23 de mayo aprobó un paquete por 350 millones de dólares para financiar la llamada Iniciativa Mérida y que se invertirán durante el primero de los tres años que durará el plan.

La propuesta senatorial no sólo redujo en 150 millones de dólares el monto propuesto originalmente por el presidente Bush para apoyar a México con equipo militar, tecnológico y entrenamiento a policías y soldados mexicanos; también condiciona la entrega de ese apoyo a que México haga cambios constitucionales para que el Departamento de Estado certifique la labor del Ejército de ese país en operaciones contra el crimen organizado y procese ante cortes civiles, y no marciales, a los soldados que cometan violaciones a los derechos humanos.

“Imponer condiciones es sabotear a la Iniciativa Mérida”, anota Walters. “Lo que sí podemos pactar con las autoridades mexicanas –agrega– es un sistema de rendición de cuentas, incluso informar a través de la prensa, pero sin ningún tipo de supervisión condicionada.”La postura de México

El pasado fin de semana, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México notificó oficialmente al Departamento de Estado que el gobierno mexicano rechazaba el injerencismo de la administración Bush. De inmediato, la administradora interina de la agencia federal antidrogas (DEA) y la propia oficina de Walters inició una campaña en los medios de comunicación estadunidenses para suavizar las cosas.

En el Capitolio, Carl E. Meacham, el asesor principal del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores por parte de los legisladores republicanos, dice al reportero que la Casa Blanca busca a toda costa que la Iniciativa Mérida sea aceptada por el gobierno de Felipe Calderón.“Sólo hasta ahora, cuando se aprobó la versión del Senado, la Casa Blanca sale a negociar las condiciones para evitar una nueva derrota política y ahora propiciada por México. Son ya ocho meses desde que el presidente Bush envió el pedido al Congreso, y es justo ahora cuando México dice que no que ellos salen a defender un proyecto indefendible”, dice.Y añade: “Es muy tarde. El error de la Casa Blanca, e incluso del gobierno de México, fue que no consultaron al Congreso (estadunidense) cuando crearon la idea de esta Iniciativa Mérida”.

Por el contrario, el zar antidrogas, quien reconoce el empeño del gobierno mexicano por combatir al narcotráfico, rechaza que sea demasiado tarde para intentar eliminar las condiciones injerencistas de la Iniciativa Mérida.“Pienso que lo lograremos. En las últimas negociaciones con los congresistas, ellos se han dado cuenta de que si no apoyamos a México se pone en riesgo la seguridad de nuestra frontera sur”, acota Walters, quien presume haber sostenido 40 encuentros en el Capitolio para tratar el tema.

Los ajustes

Una semana antes de la aprobación de los fondos para la Iniciativa Mérida en el Senado, la Cámara de Representantes aprobó sin condiciones un fondo por 400 millones de dólares para instrumentar el primer año del programa bilateral de combate al narcotráfico en México.

En los próximos días se formará una comisión bicameral en la que senadores y representantes deben concentrar en una sola versión las dos legislaciones aprobadas para la Iniciativa Mérida. El asesor del Comité de Relaciones Exteriores del Senado explica que por ahora la idea es aprobar un paquete final por 400 millones de dólares para el financiamiento del primer año de la Iniciativa Mérida. Pero aclara: este paquete deberá ceñirse a las condiciones que se aprobaron el 23 de mayo en la Cámara alta. “Hay una necesidad de mirar hacia adelante y de eliminar los viejos resentimientos de sospecha y recriminación mutua”, comenta Walters.

Patrick Leahy, senador demócrata por el estado de Vermont y presidente del Comité Judicial del Senado, es el autor de las condiciones injerencistas impuestas a México para que éste pueda recibir los fondos de la Iniciativa Mérida. “Es posible que algunos miembros del Congreso desconozcan la realidad de la narcoviolencia en la frontera México-Estados Unidos, pero sí saben de la necesidad urgente de contrarrestar el narcotráfico y el crimen organizado; por eso creemos que aún estamos a tiempo de negociar algo aceptable”, insiste Walters.

Un funcionario del gobierno de México que solicitó el anonimato asegura a Proceso que para el gobierno de Calderón la Iniciativa Mérida ya no tiene sentido, por lo menos en los siete meses que le restan de presidencia a Bush. “La opción ahora es esperar a que asuma el poder el próximo presidente de Estados Unidos y de ahí en adelante, con un nuevo Congreso, comenzar a negociar un verdadero programa de corresponsabilidad en la guerra contra el narcotráfico… sin condiciones”, afirma el funcionario mexicano.

En su editorial del miércoles 4, el influyente diario The New York Times se sumó a las críticas contra el Senado de Estados Unidos por acotar en exceso la Iniciativa Mérida, lo que –señaló– no es acorde con la responsabilidad de su país como consumidor de drogas y como fuente del poderoso armamento de los cárteles.El gobierno de Felipe Calderón “parece estar rebasado” y “México no puede librar la batalla solo”; la amenaza del narcotráfico “es demasiado peligrosa” para ambos países, argumentó el periódico.Y si bien reconoció la necesidad de establecer condiciones para vigilar cómo se gasta la ayuda estadunidense, también criticó a Bush y a su equipo: “Ni la administración ni el Congreso han hecho ningún esfuerzo por vender esas condiciones a funcionarios mexicanos”.

Dos semanas de terror
Patricia Dávila, reportera
La violencia desatada en Durango por Los Zetas y sus aliados, los hermanos Beltrán Leyva, mantiene postrados a los duranguenses. Tienen el miedo a flor de piel. En varios municipios, la gente se niega a salir, los empresarios temen ser víctimas de un secuestro y las autoridades no saben cómo detener las ejecuciones que en las últimas dos semanas se han incrementado.
DURANGO, DGO.- En su afán por quedarse con esta plaza controlada hasta hoy por Joaquín El Chapo Guzmán, sicarios de Los Zetas y del grupo que comandan los hermanos Beltrán Leyva desataron una ola de terror en este estado en el cual las ejecuciones y los cercenamientos de cabezas se han vuelto cotidianos.
En las últimas dos semanas, por ejemplo, hubo cuatro levantones; 25 ejecutados, 10 de los cuales fueron decapitados, y varios narcomensajes, lo que llevó a los duranguenses a autoimponerse el toque de queda. En municipios como Villa Unión, Vicente Guerrero y Nombre de Dios, donde los habitantes acostumbraban deambular en las calles hasta la una o dos de la mañana, ahora prefieren llegar a sus casas antes de las nueve de la noche.
Hay mucho miedo, dicen los lugareños. En poblados de Villa Unión, como Veracruz y La Ochoa, colindantes con el estado de Zacatecas, las mujeres y los niños no salen ni de día; sólo lo hacen los hombres, y eso porque tienen que ir al trabajo.
En la capital del estado, la asistencia a los antros bajó en más de 50%, dicen los restauranteros; los taxistas se quejan también porque, aseguran, “no hay chamba”.
Todo empezó hace una semana en la ciudad de Durango, cuando apareció un mensaje en internet: “El ataque es inminente, la ciudad de Durango se teñirá de rojo con la sangre de sus hijos, cientos de cabezas van a rodar. ¡Ahora sí nos van a temer!”.
El texto se atribuyó a Los Zetas y en éste se advertía a los padres de familia que no dejaran salir a sus hijos los días 5, 6 y 7 de junio. En algunos municipios el mensaje incluso se imprimió y se repartieron miles de copias por las calles; las escuelas suspendieron las clases.
El pasado 18 de mayo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó sobre el levantón de dos elementos de esta corporación: el comandante Jorge Serrano Aceves y el jefe de grupo Jesús Cabada López. El vehículo en que viajaban fue encontrado con varios impactos de bala cerca del poblado Ignacio Allende, municipio de Guadalupe Victoria. Hasta el viernes 6 no se sabía nada de ellos.
Aquella tarde, familiares de Ricardo López Pescador, dirigente estatal del PRI y presidente de la Gran Comisión en el Congreso del estado, fueron interceptados por varios vehículos, de los cuales descendió un comando armado que empezó a dispararles. Según la procuraduría, el atentado se debió a una confusión.
Al día siguiente, en Poanas, municipio de Villa Unión, dos vehículos que circulaban por la secundaria Niños Héroes causaron pavor entre los estudiantes. Los tripulantes de los vehículos comenzaron a disparar. En la refriega Murió Raúl Carrera Rivera y su hermano Antonio resultó herido. Ambos viajaban a bordo de una pick up Ram 1500, con placas 74VPS6 del estado de Texas.
Según testigos, al llegar al entronque Villa Unión-Vicente Guerrero-Cieneguilla, se les emparejaron cuatro camionetas de donde dispararon con cuernos de chivo. Los hermanos Carrera Rivera pertenecen a la red de distribución de droga del cártel de Sinaloa, que encabeza El Chapo Guzmán.
Y la violencia continuó. La madrugada del 19 de mayo, sobre la carretera federal número 45, en el punto fronterizo de los municipios de Nombre de Dios y Vicente Guerrero, a la altura del entronque a La Parrilla y El Ancón hubo otro enfrentamiento que se prolongó durante cuatro horas. En esa ocasión fallecieron Luis Enrique Díaz Sandoval, originario de Culiacán, Sinaloa; Alfredo Hernández Vázquez y Manuel Trejo Martínez, oriundos de Torreón, Coahuila; Floriberto López Méndez y José Arturo Mares, avecindados en Durango; Marcelo Flores Renovado y José Noé Ravoden García.
Silvino Zaldívar Olivas resultó herido y fue localizado en una parcela situada a la orilla de la cinta asfáltica de la carretera, dos días después de la balacera. Fue detenido y se abrió la averiguación previa AP/PGR/DGO/DGO/309/08. Al informar sobre esos hechos, el gobernador del estado, Ismael Hernández Deras, aseguró que el enfrentamiento fue producto del crimen organizado.
En esa ocasión, más de 100 agentes estatales y federales, así como un contingente de soldados peinaron la zona. Al final decomisaron 12 vehículos, de los cuales cinco eran blindados, aseguraron 11 armas largas AK-47 y R-15, dos pistolas calibre .9 mm, otra más calibre .45 mm, un lanzagranadas, cinco granadas .40 mm sin detonar y dos más activadas.
Desde ese día, el presidente municipal de Nombre de Dios, Sergio Martínez González, pidió a la población no salir de sus casas por las noches.
Narcomensajes
La violencia continuó escalando. El 23 de mayo a las 7:45 de la mañana, una llamada telefónica anónima alertó a las corporaciones policiacas sobre la presencia de cuatro hieleras en cuyo interior había cabezas humanas con un mensaje “intimidatorio”.
Fotos obtenidas por Proceso muestran el contenido de ese mensaje, atribuido a Los Zetas y a los hermanos Beltrán Leyva:
“Este es un mensaje para el procurador de Justicia, comandantes de la DEI (Dirección Estatal de Investigación), AFI (Agencia Federal de Investigación), PFP (Policía Federal Preventiva) y policía municipal, por estar coludidos con mayos y chapos y nachos”. En otro renglón, escrito en rojo, sentencia la misiva: “el que se lleva se aguanta”. Está firmado por Los Zetas.
Tras el hallazgo, el gobernador Hernández Deras declaró que él no volverá a abordar el tema del narcotráfico: “El único vocero es el secretario general de Gobierno (Oliverio Reza Cuéllar) –dijo– para evitar declaraciones encontradas, como la del presidente municipal de Nombre de Dios, quien informó que había 18 muertos…”
El mismo 23 de mayo por la noche, en el ejido Contreras, municipio de Durango, a 10 kilómetros del lugar en que se encontraron las primeras cuatro hieleras, se localizaron dos cabezas más. En esa ocasión el mensaje decía: Para “los chapos, los mayos, los Coronel: ya llegamos y aquí nos quedamos”.
Al día siguiente, a las 2:55 de la madrugada, las corporaciones policiacas recibieron una llamada en la que se les pedía acudir al puente Dalila, donde se encontraba una hielera con una cabeza y un letrero que decía: “Mensaje para Los Zetas, los Beltrán Leyva, los Carrillo: cochinos traidores, aquí los esperamos”.
Y a las 7:10 de la mañana, Reza Cuéllar declaró que una persona le informó que al lado del panteón El Sabino, frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), se encontraba un cuerpo decapitado; en su lugar tenía colocada una cabeza de cerdo sostenida con una varilla.
Posteriormente, en el municipio de Lerdo, fueron encontradas dos cabezas más, así como dos ejecutados.
En Poanas, municipio de Villa Unión, a la cinco de la mañana del miércoles 4, los agentes Gilberto Luna Olivas, Martín Hernández Hernández y la comandante Gisela Ramírez de la O, de la DEI, fueron ejecutados por un comando armado que se trasportaba en tres camionetas Suburban. En la ejecución se utilizaron armas AF 7.62 y 2.23.
Horas después, renunciaron la directora de Seguridad Pública, Juana Robles, así como los 40 elementos de la corporación. El presidente municipal, Gerardo Gutiérrez, atribuyó la renuncia a la ola de violencia que no sólo se ha dejado sentir en Poanas, sino también en los municipios vecinos.
Proceso solicitó una entrevista al secretario general de Gobierno, Oliverio Reza Cuéllar, quien la agendó para las 19:00 horas del miércoles 4. No acudió a la cita.
Tensión
En un recorrido realizado el jueves 5 por Poanas, la reportera observó un convoy de 16 vehículos de la policía estatal, así como una pick up del Ejército con cinco militares a bordo que se desplazaba por la carretera que conduce a Zacatecas, en busca de los autores de la muerte de los tres agentes de la DEI.
El paso del convoy atemorizó a los lugareños de Villita de San Atenógenes y de Narciso Mendoza, localizado rumbo a Zacatecas, donde las mujeres corrían asustadas: “Pensamos que se trataba de otra balacera. Tenemos miedo. Ya no dejamos salir a nuestros hijos”, dijo una de las entrevistadas.
Más adelante, en el poblado Veracruz, el director de la escuela local dice que recibió un volante con el mensaje de Los Zetas en el que advertían que “el ataque es inminente (…) y que cientos de cabezas van a rodar”.
Pegado a Veracruz, se encuentra la última localidad perteneciente a Durango. Se trata de La Ochoa, donde el clima de tensión es similar. Un anciano que camina jalando un caballo por la calle principal del pueblo dice que es mejor encerrar a los hijos y a los nietos. “Desde la casa nomás oigo cuando pasan a toda velocidad las trocas de los maleantes; se escucha bien en todo el pueblo”. Luego, dice, “se pierden por una abrupta terracería que lleva hacia Luis Moya, Zacatecas, donde es fácil perderse en alguna de las tantas cuevas que tiene esta sierra”.
Un funcionario estatal consultado por Proceso, asegura que el objetivo de Los Zetas es amedrentar a la sociedad, intimidar a los cuerpos policiacos y mandar los narcomensajes.
Según él, en Durango Los Zetas van ganando la batalla. Y menciona los municipios de Vicente Guerrero, Villa Unión, Nombre de Dios y la capital del estado, donde los hermanos Beltrán Leyva conocen la estructura del cártel de El Chapo. Así mismo, en los municipios que conforman la Región Lagunera Los Zetas también están consolidados; mientras que El Chapo mantiene su dominio en los municipios del Triángulo Dorado y que colindan con los estados de Sinaloa y Nayarit.
En la región, dice el entrevistado, quien pide mantener su nombre en reserva, se maneja la versión de que la desaparición del alcalde de Topia, el priista Manuel de Jesús Angulo Torres, denunciada oficialmente por su hermana Rosa Idalia el jueves 5, es un mensaje para El Chapo. El munícipe fue visto por última vez la noche del martes 3 por un funcionario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en el municipio de Santiago Papasquiaro.
Topia, igual que Canelas, Guanaceví, Santiago Papasquiaro, San Dimas, El Salto y Otaez conforman el Triángulo Dorado del narcotráfico, controlado por la gente de Joaquín Guzmán Loera.
Pese a que Durango cuenta con 120 elementos de la policía estatal, 800 de la DEI, alrededor de 50 agentes de la AFI, la fuente consultada por Proceso considera que no tiene capacidad para responder las agresiones ni en equipo ni en número; menos “en estrategia y en inteligencia”.
Por su parte, en sus comunicados Reza Cuéllar insiste en denunciar que la federación no ha respondido a la solicitud de enviar refuerzos militares al estado.
El clima de terror que vive el estado también está pegando fuerte a los empresarios, quienes temen ser víctimas de un secuestro.
El presidente de la Coparmex, Francisco Quiñones Gallegos, asegura: “Este problema está rebasando no sólo a los gobernadores, sino a todo el país. Pensamos que el presidente Calderón no dimensionó el problema cuando anunció la guerra contra los cárteles y que se lanzó a hacer frente a esta problemática solo… No está teniendo eco entre los gobernadores”.
Sobre los correos electrónicos que circulan por internet, el representante patronal sostiene: “Debemos guardar la calma y preocuparnos por la seguridad de nuestras familias, de nuestros hijos y de nuestros seres queridos; debemos tomar medidas de responsabilidad para tratar de llevar una vida de respeto a la vialidad, tratar de llevar una vida tranquila, no andar de ‘antreros’”.
El jueves 5 por la noche, las principales calles de la ciudad de Durango estaban casi vacías. Alrededor de la medianoche aparecieron cinco lonas: dos en la plaza de armas, dos más colgadas en la avenida 20 de Noviembre, en un puente frente al hotel Gobernador y una más frente a palacio de gobierno, con mensajes dirigidos al gobernador Hernández Deras.
Una decía: “Sr. gobernador, 17 agentes de la DEI, 38 desaparecidos y un sinfín de amenazas telefónicas del grupo denominado Los Zetas. ¿No es suficiente para las fuerzas especiales?” Firma: grupo por el bien de Durango.
Otra: “Sr. Gobernador, los chicos, medianos y pequeños empresarios recibimos extorsiones telefónicas por el grupo de Los Zetas. No es justo. ¡Nombre gober!, ¿qué te falta para actuar?” Firma: Jóvenes empresarios.
El viernes 6, desde las siete de la tarde, las calles de la ciudad de Durango vivían un virtual toque de queda.

Carta de Tony Garza: a problema compartido, solución compartida
Quisiera tomar un momento para compartir con usted mis ideas sobre la situación actual de la Iniciativa Mérida. Como sabe, en las últimas dos semanas, las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos autorizaron iniciativas que incluyen presupuesto para ampliar la cooperación Estados Unidos-México en la batalla contra los cárteles de las drogas ilegales. Aunque queda mucho trabajo por hacer en esta legislación, las mayorías tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado demostraron su fuerte consenso de que México no debe enfrentar solo la amenaza que representan estas organizaciones.Todos sabemos que las drogas, las armas y otros bienes ilícitos son una plaga tanto para México como para los Estados Unidos. Gente inocente es asesinada debido a que los cárteles pelean por territorio en México de la misma manera que las pandillas de narcotraficantes se disputan las ciudades en los Estados Unidos.

La drogadicción destruye familias en ambos lados de la frontera. Los criminales atacan a los oficiales de la ley y minan la seguridad en nuestros dos países. Las enormes ganancias de este comercio ilícito se usan para socavar el imperio de la ley en ambos países. El negocio de las drogas alimenta el apetito por narcóticos en los Estados Unidos y crea una demanda de armas en México. Es un problema compartido, y se le debe dar una solución compartida.

La Iniciativa Mérida surgió al reconocer la responsabilidad que tenemos de buscar una solución al problema del tráfico de narcóticos, y el deseo de los Estados Unidos de aceptar esa responsabilidad y ampliar la cooperación con México y Centroamérica para combatir esa amenaza común.Al considerar la iniciativa, diversos miembros del Congreso han expresado diferencias de opinión sobre la mejor manera de lograr la victoria en la lucha contra los cárteles de las drogas. Por ejemplo, la iniciativa de la Cámara de Diputados recomendó 400 millones de dólares para México, con 61.5 millones adicionales para Centroamérica. Además, otra iniciativa de la Cámara instruye al gobierno federal a que intensifique los esfuerzos por frenar el flujo de precursores químicos, paquetes de dinero, y el llamado “río de hierro”, de armas, que fluye ilegalmente hacia el sur.Por su parte, la versión del Senado recomendó 350 millones de dólares para México, y otros 100 millones para Centroamérica. Las iniciativas de ambas cámaras incluyeron lenguaje sobre seguimiento, lo que ha sido, entendiblemente, un punto de discusión aquí en México.Tanto la versión de la Cámara de Diputados como la del Senado requieren que el gobierno de Estados Unidos busque resolver las preocupaciones de México sobre el contrabando de armas, al igual que la importante demanda de drogas ilícitas en los Estados Unidos. Y cada cámara ha pedido que se le mantenga informada sobre los esfuerzos de México por evitar los abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad enfrascadas en batallas contra los cárteles de las drogas, entre otros temas.Quiero enfatizar que estas peticiones de información y análisis del legislativo son parte del proceso de seguimiento que nuestro Congreso rutinariamente ejercita sobre nuestro propio Ejecutivo, una parte normal de nuestro diálogo político en los Estados Unidos. Esto no significa de ninguna manera que se exija que los Estados Unidos “certifiquen” el comportamiento o rendimiento de México.Estoy seguro que nuestros dos gobiernos podrán trabajar en colaboración, e intercambiar información sobre el sustancial progreso que han de lograr nuestros dos países, tanto por separado como en conjunto, en la batalla contra el tráfico ilegal de narcóticos.

Es importante reconocer que estamos a la mitad de un proceso legislativo, y que aún habrá oportunidades adicionales de discutir y aportar ideas, las cuales podrán ser incorporadas a la propuesta final. También es vital tomar en cuenta que el Congreso está debatiendo la primera de las que esperamos serán varias entregas de un compromiso de varios años que llegará a un total de mil 400 millones de dólares.

Apenas esta semana fuimos testigos de una balacera de cuatro horas en Culiacán, Sinaloa, entre la Policía Federal Preventiva y miembros del cártel de Sinaloa que dejó un saldo de siete agentes federales muertos y cuatro heridos. Este ha sido el golpe más fuerte a las fuerzas del orden hasta la fecha. Ante tal violencia, debemos renovar y fortalecer nuestros esfuerzos, por lo que la Iniciativa Mérida cobra aún más importancia.Instrumentado durante múltiples años y en múltiples países, este programa mejorará las capacidades de Estados Unidos, México y Centroamérica de aplicar la ley, y ampliará la cooperación regional. La Iniciativa Mérida apoyará a México con las ventajas materiales y técnicas que necesita para desarticular a estas organizaciones criminales.La iniciativa incluye: equipo de inspección y equipos caninos para identificar drogas, paquetes de dinero y armas en vehículos y carga; helicópteros y aeronaves de vigilancia; diversas tecnologías para modernizar las capacidades investigativas de México; entrenamiento policial; asistencia técnica para la sociedad civil, y apoyo para mejorar la administración de justicia y el imperio de la ley. Al compartir estándares y desarrollar procedimientos comunes, nuestros esfuerzos compartidos tendrán más éxito al desafiar la amenaza de criminales que actúan a través de las fronteras.

México y los Estados Unidos comparten muchas cosas como vecinos. Compartimos valores al igual que una frontera. Y compartimos los retos asociados con el narcotráfico. De igual manera debemos compartir su solución.

Atentamente:

Antonio O. Garza, Jr.