Columna Plaza Pública/Miguel Angel Granados Chapa,
Torpe Cisen, legisladores omisos
Publicado en Reforma, 8 Jul. 08;
En vez de pedir la renuncia del director de seguridad nacional, como sin consecuencias hizo la semana pasada la Comisión Permanente, el Congreso debía ejercer las funciones de control que le asigna la ley correspondiente.
Sin merecer siquiera acuse de recibo, hace ya 10 días que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió al presidente de la República y al secretario de Gobernación la renuncia del director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), "por carecer de la confianza de este órgano legislativo federal".
El desdén del Ejecutivo a esa insólita petición hubiera podido ser evitado, o puede ahora ser enfrentado, mediante el ejercicio de facultades de los legisladores en materia de seguridad nacional. Es probable, sin embargo, que senadores y diputados ignoren que las tienen. Es seguro, en cambio, que no las ejercen. Si bien breve -consta de apenas cinco artículos- la Ley de Seguridad Nacional incluye todo un capítulo dedicado al "control legislativo" sobre "las políticas y acciones vinculadas con la seguridad nacional".
Dicho control debe ejercerlo el Congreso a través de una Comisión Bicamaral, compuesta por tres senadores y tres diputados, cuyas atribuciones hubieran permitido llamar a cuentas a Guillermo Valdés Castellanos, el director del Cisen, cuya renuncia fue solicitada. Esa comisión puede, en efecto, conforme al artículo 57 de la mencionada ley, "solicitar informes concretos al Centro... cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a su ramo o actividades".La Comisión Bicamaral hubiera podido tener de Valdés Castellanos explicaciones sobre los hechos que hicieron a la permanente perder la confianza al funcionario (que, por otra parte, no la necesita sino del Poder Ejecutivo).
El punto de acuerdo que senadores y diputados aprobaron el 9 de julio partió de una suerte de denuncia presentada un mes atrás, el 11 de junio, por el senador aguascalentense Carlos Lozano de la Torre. El legislador expuso irregularidades en la contratación de un estudio que fue interpretado como un grosero intento de espiar al Poder Legislativo.
Considerado en sí mismo, el encargo a una firma privada de obtener información sobre los legisladores forma parte de una nociva práctica que permite a las dependencias públicas realizar las funciones que les son propias a través de contratistas, con lo que de hecho se duplica el gasto y el personal respectivos. En este caso en particular hay además desaprensión si no corruptelas. El despacho contratado para que el Cisen conociera el talante de los legisladores elegidos en 2006 parece haber sido creado ex profeso, por lo que carecía de los antecedentes y experiencia que justificaran por qué recibió el contrato en asignación directa, lo que sin embargo se explica porque una militante panista (candidata a diputada en 2006) dirige la consultoría de marras. Por otro lado, la indagación se realizó con engaños, pues se ocultó el origen de esa iniciativa y se fingió que se trataba de una investigación académica cuyo resultado sería público a través del Fondo de Cultura Económica. Al contrario, es de tal naturaleza la información recabada que se extiende sobre ella una reserva de hasta 12 años.
Mientras se ventilaba ese contrato se acumularon revelaciones y denuncias sobre la práctica de espionaje político, atribuido directamente al Cisen o con insinuaciones de que ese centro lo realiza bajo cuerda. El senador Manlio Fabio Beltrones dijo haber frustrado una maniobra en su contra al hallar resultados de un informe con "basura" informativa cuya difusión se habría destinado a debilitar su vigorosa posición política. Aparecieron en algunos medios otros expedientes con información confidencial sobre protagonistas políticos, incluido el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, en los momentos cruciales de la crisis derivada de la tragedia del 20 de junio.
El despliegue que el semanario Proceso dio al reporte sobre Ebrard mereció reproches del afectado a la revista, que se excusó por haber servido, sin que obviamente fuera tal su intención, al propósito difamatorio de la indagación.
Por si fuera poco, y como si con esa afirmación reforzara la tesis de que el Cisen se propuso atacar al Congreso, el cuestionado Valdés Castellanos dijo al diario británico The Financial Times que no era remota la posibilidad de que el narcotráfico patrocinara campañas para la elección de legisladores. Además de la aseveración en sí misma, indiscreta si parte de información específica, irresponsable si es sólo la consideración de una eventualidad, Valdés Castellanos mostró el escaso profesionalismo que lo afecta, como improvisado que es en su área, pues una característica sine qua non de los encargados de la inteligencia y la información relativa a la seguridad nacional debe ser su mutismo, su reluctancia a figurar en los medios.
En cambio, Valdés Castellanos debe hablar ante la Comisión Bicamaral para informar sobre el espionaje político, pues si su actual práctica no le es atribuible como alegan él mismo y el secretario de Gobernación, sí debe exigírsele que indague quién lo hace. Integran esa comisión los diputados Javier González Garza, que la preside, Cristian Castaño, vicepresidente de su Cámara, y Roberto Badillo; y los senadores Felipe González (que antes ocupó la presidencia rotativa), René Arce y Jorge Mendoza.
Es lógico que todos ellos, González Garza en particular como líder de la bancada perredista en San Lázaro, tengan su atención en otros asuntos relevantes y urgentes. Pero lo que hagan u omitan el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y su cuestionado director no lo es menos.
Cajón de Sastre
Otras facultades de la Comisión Bicamaral encargada de ejercer el control legislativo sobre las políticas y acciones vinculadas con la seguridad nacional permitirían a los senadores y diputados tener noticia cercana del comportamiento del director del Cisen, Guillermo Valdés Castellanos. Pueden los miembros de la comisión, según el artículo 57 de la Ley de Seguridad Nacional, "conocer los reportes de actividades que envíe el director general del Centro al Secretario Ejecutivo" así como "conocer los informes generales de cumplimiento de las directrices que dé por escrito el Secretario Ejecutivo al director del Centro". El secretario ejecutivo es el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, que es la figura principal, luego del presidente de la República, en el Consejo de Seguridad Nacional.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
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