Columna Día con Día/Héctor Aguilar Camín
He escuchado la siguiente historia:
Luego de arduos trabajos de inteligencia, el comandante de una zona militar despliega un exitoso operativo contra una casa de seguridad de narcotraficantes.
Detiene a varios tipos que tienen orden de aprehensión por distintos delitos e incauta un pequeño arsenal de armas prohibidas –pistolas reglamentarias del Ejército, metralletas, granadas que no se venden en armerías de la frontera.
Recoge también algunos kilos de cocaína y miles de dólares en efectivo. Los detenidos confiesan circunstanciadamente su historia criminal, revelan sus vínculos y contactos con el cártel donde están enganchados, admiten homicidios y secuestros.
El oficial encargado del operativo rinde su parte militar con lujo de detalles al comandante de la zona. El comandante de la zona elabora su propio parte y entrega a los delincuentes al Ministerio Público para su debido proceso.
Cumplidos los términos de la averiguación previa, el comandante de la zona recibe un citatorio del Ministerio Público para que se presente a declarar. Ahí se entera que los aprehendidos tienen ya un abogado defensor y que el parte militar levantado por su gente y remitido por él a las autoridades judiciales no tiene calidad de prueba plena, sino de prueba testimonial.
Es decir, que, a petición de la parte acusada, el Ministerio Público debe pedir información adicional, el general debe carearse con los presos y sostener su dicho incorporando a satisfacción del abogado defensor y del propio Ministerio Público todos los detalles que sustentan su testimonio.
Los detalles requeridos por el Ministerio Público incluyen decir quiénes participaron en el operativo, nombres y rangos, y la disposición de estos testigos a dar su versión directa y aclarar las dudas de la parte defensora sobre el parte militar levantado en el campo.
El general se niega a dar los nombres de los oficiales y soldados que participaron en el operativo por razones de seguridad.
Es requerido nuevamente días más tarde a ampliar su testimonial y nuevamente se niega. El Ministerio Público advierte que el expediente acusatorio quedará mal integrado y será jurídicamente vulnerable.
El comandante de zona explica el caso a las autoridades políticas locales que hablan con el Ministerio Público y lo obligan a turnar el caso a un juez.
Semanas después el comandante de la zona recibe la noticia de que el juez ha dejado libres a los detenidos por falta de méritos en el expediente acusatorio.
Luego de arduos trabajos de inteligencia, el comandante de una zona militar despliega un exitoso operativo contra una casa de seguridad de narcotraficantes.
Detiene a varios tipos que tienen orden de aprehensión por distintos delitos e incauta un pequeño arsenal de armas prohibidas –pistolas reglamentarias del Ejército, metralletas, granadas que no se venden en armerías de la frontera.
Recoge también algunos kilos de cocaína y miles de dólares en efectivo. Los detenidos confiesan circunstanciadamente su historia criminal, revelan sus vínculos y contactos con el cártel donde están enganchados, admiten homicidios y secuestros.
El oficial encargado del operativo rinde su parte militar con lujo de detalles al comandante de la zona. El comandante de la zona elabora su propio parte y entrega a los delincuentes al Ministerio Público para su debido proceso.
Cumplidos los términos de la averiguación previa, el comandante de la zona recibe un citatorio del Ministerio Público para que se presente a declarar. Ahí se entera que los aprehendidos tienen ya un abogado defensor y que el parte militar levantado por su gente y remitido por él a las autoridades judiciales no tiene calidad de prueba plena, sino de prueba testimonial.
Es decir, que, a petición de la parte acusada, el Ministerio Público debe pedir información adicional, el general debe carearse con los presos y sostener su dicho incorporando a satisfacción del abogado defensor y del propio Ministerio Público todos los detalles que sustentan su testimonio.
Los detalles requeridos por el Ministerio Público incluyen decir quiénes participaron en el operativo, nombres y rangos, y la disposición de estos testigos a dar su versión directa y aclarar las dudas de la parte defensora sobre el parte militar levantado en el campo.
El general se niega a dar los nombres de los oficiales y soldados que participaron en el operativo por razones de seguridad.
Es requerido nuevamente días más tarde a ampliar su testimonial y nuevamente se niega. El Ministerio Público advierte que el expediente acusatorio quedará mal integrado y será jurídicamente vulnerable.
El comandante de zona explica el caso a las autoridades políticas locales que hablan con el Ministerio Público y lo obligan a turnar el caso a un juez.
Semanas después el comandante de la zona recibe la noticia de que el juez ha dejado libres a los detenidos por falta de méritos en el expediente acusatorio.
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