Exoneran a juez acusado de liberar a secuestrador
Nota de Carlos Avilés
Nota de Carlos Avilés
El Universal Lunes 30 de marzo de 2009;
El Consejo de la Judicatura Federal declaró improcedente la queja que promovió el empresario Carlos Pilgram Cerda en contra del magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, por haber dejado en libertad, en julio del año pasado, a un ex funcionario de la Procuraduría General de la República que había sido sentenciado a 19 años de prisión por presuntamente haber participado en el secuestro de su hijo.
El empresario pidió al Consejo que sancionara al magistrado por considerar que revocó la sentencia que se le había impuesto al ex director de Coordinación Interinstitucional de la PGR, Ariel Maldonado, pese a que había quienes lo identificaban como uno de los secuestradores de su hijo en 1997, y por estimar que la conducta del juzgador atenta contra la dignidad y el profesionalismo de la función jurisdiccional.
Pero desde el 27 de enero pasado, el Consejo de la Judicatura, que también es presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, acordó desechar la queja en su contra.
La única sanción que enfrenta el magistrado es una suspensión por tres meses sin goce de sueldos que le decretó el Consejo por descalificar y desacreditar a la juez Silva Carrasco, y ponerla en riesgo a ella y a su familia, en una conferencia de prensa.
En dicha conferencia, Luna Altamirano dio a conocer los argumentos por los que había ordenado la liberación definitiva e inmediata de Archivaldo Iván Guzmán Salazar y, de manera mordaz, entre otras cosas, le atribuyó haber sentenciado al hijo del Joaquín El Chapo Guzmán, por cuestiones políticas.
Dichas declaraciones motivaron que la jueza promoviera una queja en su contra y que, por la misma lo suspendieran de sus labores durante tres meses, a partir del 16 de enero en curso, pero por lo que dijo sobre la jueza y no por la sentencia que dictó y que permitió la liberación de El Chapito, a quien la PGR había acusado de lavado de dinero.
Y, en el caso Pilgram, después de revisar la queja del empresario —registrada como la número 603/2008—, el Consejo de la Judicatura, como órgano encargado de supervisar la actuación de todos los jueces y magistrados federales del país, la declaró improcedente “toda vez que las causas de responsabilidad que imputa en su escrito de queja se refieren, preponderantemente, a cuestiones de criterio jurisdiccional e interpretaciones jurídicas, que resultan debatibles u opinables”.
Es decir, el Consejo desechó las acusaciones en contra del magistrado Luna Altamirano porque consideró que lo que se estaba impugnando, en el fondo, era la sentencia que emitió —y que ya no puede ser sujeta de una nueva revisión— al dejar en libertad a ex funcionario de la PGR después de llegar a la conclusión de que había una duda razonable sobre la veracidad de los testimonios que lo inculpaban.
El empresario pidió al Consejo que sancionara al magistrado por considerar que revocó la sentencia que se le había impuesto al ex director de Coordinación Interinstitucional de la PGR, Ariel Maldonado, pese a que había quienes lo identificaban como uno de los secuestradores de su hijo en 1997, y por estimar que la conducta del juzgador atenta contra la dignidad y el profesionalismo de la función jurisdiccional.
Pero desde el 27 de enero pasado, el Consejo de la Judicatura, que también es presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, acordó desechar la queja en su contra.
La única sanción que enfrenta el magistrado es una suspensión por tres meses sin goce de sueldos que le decretó el Consejo por descalificar y desacreditar a la juez Silva Carrasco, y ponerla en riesgo a ella y a su familia, en una conferencia de prensa.
En dicha conferencia, Luna Altamirano dio a conocer los argumentos por los que había ordenado la liberación definitiva e inmediata de Archivaldo Iván Guzmán Salazar y, de manera mordaz, entre otras cosas, le atribuyó haber sentenciado al hijo del Joaquín El Chapo Guzmán, por cuestiones políticas.
Dichas declaraciones motivaron que la jueza promoviera una queja en su contra y que, por la misma lo suspendieran de sus labores durante tres meses, a partir del 16 de enero en curso, pero por lo que dijo sobre la jueza y no por la sentencia que dictó y que permitió la liberación de El Chapito, a quien la PGR había acusado de lavado de dinero.
Y, en el caso Pilgram, después de revisar la queja del empresario —registrada como la número 603/2008—, el Consejo de la Judicatura, como órgano encargado de supervisar la actuación de todos los jueces y magistrados federales del país, la declaró improcedente “toda vez que las causas de responsabilidad que imputa en su escrito de queja se refieren, preponderantemente, a cuestiones de criterio jurisdiccional e interpretaciones jurídicas, que resultan debatibles u opinables”.
Es decir, el Consejo desechó las acusaciones en contra del magistrado Luna Altamirano porque consideró que lo que se estaba impugnando, en el fondo, era la sentencia que emitió —y que ya no puede ser sujeta de una nueva revisión— al dejar en libertad a ex funcionario de la PGR después de llegar a la conclusión de que había una duda razonable sobre la veracidad de los testimonios que lo inculpaban.
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