Guantánamo

“Nosotros no torturamos”/Ian Buruma, autor de The China lover

Publicado en LA VANGUARDIA, 09/05/09;

Cuando en septiembre del 2006 se le preguntó si había algo malo en cómo trataban los interrogadores estadounidenses a los prisioneros “valiosos” en Guantánamo y otros lugares, George W. Bush dio la célebre respuesta: “Nosotros no torturamos”.
La definición de la tortura es notablemente escurridiza, pero desde hace tiempo sabemos que el ex presidente había sido, por decirlo de alguna forma, mezquino con la verdad. Como mínimo, los interrogadores estadounidenses estaban violando las Convenciones de Ginebra contra el trato “cruel, inhumano o degradante” ratificadas por EE. UU.
Atar a una persona a una tabla y sumergirla hasta casi ahogarla una y otra vez, u obligar a un preso - desnudo y cubierto de sus propios excrementos-a estar de pie con las manos encadenadas al techo durante días hasta que sus piernas se hincharan el doble de su tamaño normal puede no haber sido tortura en los documentos preparados por los abogados del Gobierno, pero esas prácticas ciertamente son crueles, inhumanas y degradantes.
El primer acto de Obama como presidente fue prohibir la tortura inmediatamente. Ahora la pregunta es qué hacer con respecto a lo sucedido, y específicamente en cuanto al hecho de que los funcionarios más altos de EE. UU. no sólo toleraron sino que ordenaron estas acciones. ¿Se debe acaso enjuiciar a los funcionarios responsables, incluido Bush, por haber violado la ley? ¿Se deben dar a conocer y publicar todos los detalles de lo sucedido? ¿Debe establecerse una comisión especial para investigar? ¿O sería mejor, en palabras de Obama, “mirar hacia el futuro y no hacia el pasado”?
El ex vicepresidente Dick Cheney ha dicho varias ocasiones que no se arrepiente de lo que él llama técnicas de “interrogatorio mejorado”, como los simulacros de ahogamiento, porque “mantuvieron a nuestro país” libre de ataques terroristas. En su opinión, la prohibición de Obama hace que EE. UU. sea “vulnerable”. Es decir, los escrúpulos liberales sobre la moralidad, la legalidad y las convenciones internacionales sobre la tortura son insensatas e irresponsables. La implicación es clara: si hay otro ataque terrorista contra Estados Unidos, sabremos a quién culpar.
Así pues, es mucho lo que está en juego en el “debate sobre la tortura” que se ha apoderado de EE. UU. De un lado están Cheney y sus aliados, que ven la tortura en términos pragmáticos; si hay una amenaza grave a la seguridad colectiva, incluso una democracia liberal debe ensuciarse las manos. A nadie le gusta torturar, pero la seguridad es más importante que los escrúpulos morales, y las leyes siempre tendrán que ajustarse o afinarse. Del otro lado están quienes condenan la tortura como abominación moral que no puede admitirse en ninguna circunstancia.
Pero estas no son las bases sobre las que actualmente se está llevando a cabo el debate sobre la tortura en EE. UU.. Por razones comprensibles, muchos de quienes apoyan la decisión de Obama de prohibir la tortura están tratando de responder a la visión pragmática de Cheney con un argumento igualmente pragmático. Sostienen, a diferencia de Cheney, que la tortura no es la mejor forma de mantenernos seguros. Una persona que sufre un dolor extremo dirá cualquier cosa y proporcionará información poco fiable. Afirman que hay otros métodos de interrogatorio más sofisticados, que no sólo son más humanos (y legales), sino también más efectivos.
Para hacer entender este punto al público en general, al que en EE. UU. todavía es muy fácil convencer del punto de vista de Cheney de que la tortura es justificable si salva vidas, los comentaristas y políticos liberales han solicitado que se establezca una comisión especial que investigue a fondo el historial de la administración pasada. Creen que esto demostrará claramente que la tortura es contraproducente. No sólo daña en gran medida la imagen del país y el Estado de derecho, sino que es probable que haga aumentar, y no disminuir, el terrorismo.
Pero, ¿son estos realmente los términos adecuados en que se debe llevar a cabo el debate? Si la tortura es un mal absoluto, independientemente de las circunstancias, la cuestión de su efectividad es irrelevante. Debatir en esos términos amenaza con diluir el principio moral.
Queda la pregunta de por qué debe condenarse absolutamente la tortura, mientras que otros actos de guerra, como los bombardeos, que causan más daño a la vida humana, podrían ser aceptables como consecuencia inevitable de la defensa nacional. Naturalmente los bombardeos pueden ser crímenes de guerra si se utilizan como acto de terrorismo contra personas desarmadas. Pero a menudo las operaciones militares en las que mueren o resultan heridos civiles no pueden calificarse automáticamente como crímenes, siempre que su objetivo no sea infligir deliberadamente dolor o humillación a un individuo indefenso, aunque sea un enemigo. En el caso de la tortura, ese es el objetivo y por ello es distinta de otros actos de guerra. Un destacado comentarista de derechas estadounidense opinó recientemente que todo intento de pedir cuentas a los torturadores y sus jefes de la administración Bush sería una burla “de los esfuerzos de los duros y valientes estadounidenses que nos cuidan mientras dormimos”. Aparte de que torturar personas no es lo mismo que combatir y requiere muy poco valor, es una interpretación totalmente errónea. Tras años de torturar gente en una de las “guerras sucias” más salvajes de América del Sur, los generales de Brasil decidieron acabar con ella, porque su uso institucionalizado estaba socavando la disciplina y la moral de las fuerzas armadas. Estaba ridiculizando a hombres que debían ser duros y valientes, pero que se habían convertido en matones.

From Guntanamo to Alexandria

From Guantanamo to Alexandria/By Jim Moran, a Democrat who represents Virginia’s 8th District in the U.S. House

THE WASHINGTON POST, 09/05/09;

Obama administration officials say a final decision has not been made about where to relocate the 241 foreign nationals being held at the Guantanamo Bay detention facility and/or where to put them on trial. Such public statements, though, have not stopped rumors about which federal prisons or military brigs might be used to house the detainees. Indeed, the Keep Terrorists Out of America Act introduced this week and other legislation seek to prevent detainees from being sent to certain states or taxpayer funds from being spent to transfer Guantanamo detainees to U.S. soil. Defense Secretary Robert Gates said recently that he expects 535 bills, one for each senator and House member, to be introduced before a decision is made.
Some of the speculation has focused on the Albert V. Bryan U.S. Courthouse and Detention Center in Alexandria, which is in the district I represent in Congress.
First, let’s be clear: President Obama and Sen. John McCain both pledged last year to close the Guantanamo facility because they recognized that the United States is governed by the rule of law and defined by our embrace of universal human rights. Indefinitely detaining individuals without charge violates the most basic principle of habeas corpus, greatly damages our international reputation, and fuels both terrorist recruitment and anti-American sentiment.
While closing Guantanamo would go a long way toward removing this stain on our national character, the decision to do so was the easy part. What to do with the detainees who remain of the more than 700 sent there since 2001 is much more difficult.
Like those in any other congressional districts, we Virginians would rather not have terrorism suspects held and tried in our back yard. Should some of the detainees at Guantanamo be sent to the Alexandria courthouse, there is no question that people in the immediate vicinity — more than 10,000 residents and workers during business hours — would be affected. The strain on local law enforcement and other public safety officers would be significant. The media attention following such a decision would probably generate public outrage in some circles over safety concerns, regardless of the security measures implemented.
Often, though, doing the right thing is neither popular nor convenient.
By and large, Alexandrians are civic-minded people and are ready to do their duty if it serves the greater good. They have shown this public spirit time and again. The “20th hijacker,” Zacarias Moussaoui, who participated in planning the Sept. 11, 2001, attack on the Pentagon, was held and prosecuted in the Alexandria courthouse. Others who have been brought to justice in the court include the “American Taliban” John Walker Lindh; Beltway sniper John Allen Muhammad; and spies Robert Hanssen and Aldrich Ames.
In each case, Alexandria demonstrated the kind of courage and patriotism that can be traced to the city’s roots as the home town of George Washington and Robert E. Lee.
Taking the easy route and joining the chorus of those crying “not in my back yard” is appealing. But that’s not the Alexandria I know and have represented in Congress for nearly 20 years. Even before that, I served as mayor of the city, and I am confident that if asked to step forward, Alexandria would demonstrate resolve for a higher purpose, echoing John F. Kennedy’s call to accept the challenge presented because it is what happens to be right and good for our nation.
Trying the accused, no matter how heinous the accusation, in a fair and transparent judicial procedure will reestablish our international moral authority and thus strengthen our national security.
Let there be no mistake: I’m not advocating for this burden. If there are more suitable locations in which to try the detainees, it would be a relief to all in this area.
But should President Obama determine that Alexandria needs to play a reasonably limited role in a nationwide effort to bring justice to the Guantanamo detainees and close this unfortunate chapter of American history, I am confident that Alexandrians will stand strong as they always have: gritting their teeth, stiffening their spines and carrying the load required so that the American values of justice and the rule of law are not overridden but, rather, respected and honored, as is our heritage as a great nation.

El funeral de Fidel Castro

Fidel Castro: tres entierros y un funeral/Vicente Botín, ex corresponsal de TVE en Cuba y autor del libro Los funerales de Castro, que la editorial Ariel publicará a finales de mayo

PUBLICADO EN EL PAÍS, 09/05/09;

El cadáver insepulto de Fidel Castro se pasea por las calles de La Habana. Hay quien asegura haberlo visto blandiendo el puño en el “bosque de banderas”, frente al edificio de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba, o en la Plaza de la Revolución, en animada charla con José Martí. Y no es extraño, porque aunque el dictador cubano esté muerto, los medios oficiales dan fe de su capacidad espectral de aparecerse. El semanario Trabajadores lo explica con el habitual celo evangelizador de la prensa cubana, por “la especie de revelación de una moderna Trinidad comunista entre el pueblo, el líder y el espíritu revolucionario”. Gracias a esa hipóstasis, Fidel Castro sigue vivo, atento y vigilante a todo cuanto ocurre en la isla.
La primera vez que Fidel Castro murió fue en Santiago de Cuba, después del frustrado asalto al cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953. En el momento de su detención, su hermano Raúl asumió la “entera responsabilidad” del ataque porque “suponía que habían matado a Fidel”. Pero el neófito guerrillero logró huir a la Sierra Maestra, donde fue capturado cuatro días más tarde, y resucitó en un proceso que le sirvió para justificar su acción armada con el objetivo de “devolver al pueblo la soberanía y proclamar la Constitución de 1940 como la verdadera ley suprema del Estado”.
Condenado a 15 años de cárcel, Fidel Castro apenas pasó dos en prisión. Fue amnistiado y partió al exilio hasta su regreso en noviembre de 1956 a bordo del Granma para iniciar una guerra de guerrillas contra el régimen de Fulgencio Batista. Los expedicionarios fueron masacrados por el Ejército y Fidel fue dado por muerto, pero resucitó de nuevo y en previsión de que lo mataran de verdad nombró a su hermano Raúl heredero y sucesor.
Cincuenta años después, el 31 de julio de 2006, Fidel Castro falleció, esta vez de muerte política por enfermedad, y rubricó, aunque de manera provisional, el derecho sucesorio de su hermano a través de una Proclama al pueblo de Cuba. El traspaso de la “soberanía popular” a Raúl Castro fue refrendado dos años más tarde, el 24 de febrero de 2008, por la Asamblea Nacional del Poder Popular después de la renuncia del dictador a ser reelegido jefe de Estado.
En ninguna de las tres muertes de Fidel Castro se pudo realizar el correspondiente funeral porque el dictador reapareció siempre, la última vez amortajado con un chándal de Adidas. Pero después de esa última resurrección, Raúl Castro pudo recibir por fin el legado prometido tantas veces tantos años atrás.
Cuba es una aldea Potemkim, una fantasmagoría escondida detrás de enormes decorados construidos con palabras, pero tan eficaces y resistentes como los de cartón piedra que mandó construir el valido de Catalina II de Rusia para ocultarle la miseria de su pueblo. Como Grigori Alexándrovich Potemkim, Fidel Castro supo urdir un fantástico artificio para disfrazar la verdadera naturaleza de su régimen. La lucha contra el “imperio” le dio argumentos para justificarlo todo, la militarización de la sociedad, la falta de libertades, el encarcelamiento de los disidentes, la cartilla de racionamiento, la falta de transporte, la precariedad de la vivienda, los apagones, la prohibición para salir del país, el veto a Internet… Cuba está en guerra y la guerra lo justifica todo.
Pero detrás de los cantos marciales se esconde la miseria de un sistema opresor e incapaz que publicita hasta el cansancio victorias pasadas, sobre todo en materia de salud y educación, cuando la isla flotaba en un relativo mar de bonanza gracias al maná soviético. La desaparición de la URSS condujo a un “periodo especial” en el que se tuvieron que aplicar “recetas capitalistas” para salir de la crisis, como la reapertura de los mercados agropecuarios y la concesión de licencias para trabajadores por cuenta propia, además de la despenalización del dólar y la creación de empresas mixtas, sobre todo en el sector turístico.Aquellos “males necesarios” evitaron que la revolución colapsara, pero introdujeron un peligroso factor de desestabilización. En un discurso en la Universidad de La Habana, el 17 de noviembre de 2005, Fidel Castro llamó a “refundar la sociedad socialista” porque, según él, la revolución estaba en peligro de desaparecer minada por la corrupción. “¿Cuántas formas de robos hay en este país?”, preguntó el dictador.
Meses después, en el fragor de la batalla contra el “debilitamiento ideológico”, el defenestrado Carlos Lage, entonces vicepresidente del Consejo de Estado, dijo sin pestañear que “la primera tarea de un jefe es que no le roben”. El problema es que en Cuba una gran parte de los ciudadanos se ven obligados a robar para poder sobrevivir, pero no lo llaman robar, lo llaman resolver.
Resolver es salir del “mundo feliz” que describen los medios oficiales y entrar en el mundo real donde el salario, en pesos cubanos, impide a la mayoría de la población acceder a los bienes de consumo que el Gobierno vende en pesos convertibles, con un valor 24 veces mayor.
El afán de los cubanos, uno de sus más importantes objetivos, es hacerse con esa moneda a toda costa. Las empresas del Estado son ordeñadas sistemáticamente y los productos vendidos en la bolsa negra para obtener la preciada divisa. Ese empeño por resolver el día a día es, paradójicamente, uno de los mayores logros de la revolución porque, al condenar a los cubanos a la pura supervivencia, les ha privado de la “funesta manía de pensar”. Sólo unos “locos” se han arriesgado a exigir derechos y libertades, pero han sido aplastados sin piedad.
Cuba tiene, en cifras absolutas, el mayor número de presos de conciencia del mundo: 205 personas encarceladas por motivos políticos o político-sociales, de los cuales 66 han sido adoptados como prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional.
Fidel Castro deja una triste herencia después de gobernar durante medio siglo. Nunca en la historia del país una sola persona concentró tanto poder durante tanto tiempo. Nunca se produjo en Cuba una sucesión dinástica. Ahora un Castro sucede a otro Castro y a él le toca organizar los funerales por una revolución que murió hace mucho tiempo.
Se ha especulado mucho sobre las intenciones de Raúl Castro de importar el modelo chino o vietnamita, un capitalismo de Estado bajo el férreo control del Partido Comunista, y quizás ése sea su primer objetivo. Pero su mirada es de más largo alcance. La respuesta al envite de Barack Obama podría ser el blanqueo de la revolución a través de una “democracia” surgida de las entrañas del sistema, como ocurrió en la Rusia poscomunista. Bastaría con alumbrar un partido fuerte nacido de la pira funeraria de la revolución después de enterrar definitivamente el cadáver insepulto de Fidel Castro.

Alto a la discriminación

Una experiencia mexicana en China/Eliane Megumi Terui Villegas*
El Universal, 10 de mayo de 2009;

He seguido con atención las noticias sobre la influenza A H1N1. Los primeros reportes que leía en periódicos internacionales y mexicanos sobre la situación me hablaban de caos y muerte. Estuve con un nudo en el estómago hasta que me pude comunicar con mi familia y amigos y ver que, si bien no hay que bajar la guardia ante una enfermedad desconocida, la situación está muy lejana de alcanzar dimensiones apocalípticas.
Estando geográficamente tan lejos de México, no creí que la situación me fuese a afectar de manera directa. Veía a chinos con tapabocas (algo que he visto siempre, desde la primera vez que vine a China en 2005) y me preguntaba qué iba a hacer la gente en México con la escasez de los mismos. Quiero señalar aquí que en este momento ya me había enfrentado a la ignorancia y desinformación de la problemática, saludos negados debido a la “influenza mexicana”, de chinos y de otros extranjeros también, quienes temerosos de lo “terriblemente contagioso” de la enfermedad, obviamente reaccionan con miedo, pero entiendo ahora que no es discriminación. En ese momento, leí acerca del donativo que China le haría a mi país, y me sentí profundamente agradecida de esta muestra de solidaridad, la primera y por la nada despreciable cantidad de 5 millones de dólares en material y en efectivo. Las heridas de China respecto al SARS y la gripe aviar estaban aún muy recientes cuando yo llegué aquí, y no se han borrado de la mente de la gente a pesar del tiempo
La llegada del último vuelo de Aeroméxico a Shanghai, y el posterior descubrimiento del caso de un mexicano que se encontraba enfermo del virus, detectado en Hong Kong, cambió el panorama. Amanecí el sábado 2 de mayo con una ola de rumores de mexicanos detenidos y perseguidos por todo China, y a lo largo del día, las cosas se fueron aclarando. En efecto, las autoridades sanitarias se pusieron a buscar y a aislar a todos los pasajeros que habían estado en ese mismo vuelo, a fin de poner en acción un plan de contingencia diseñado para el control de epidemias, una lección aprendida a un costo muy alto en China.
Por eso es que me saca de quicio ver las noticias sobre la situación en México. Algunos reportes (los más dramáticos) hablan de una búsqueda sistematizada de mexicanos por parte del gobierno chino para meternos a hospitales en condiciones infrahumanas. Esto no es cierto. Si bien en algunos casos particulares la situación no ha sido la ideal, se debe tener en cuenta que esto se trata de una emergencia sanitaria, en las que la responsabilidad principal del gobierno chino es evitar que se propague la enfermedad entre su población.
He leído como muchos acerca de las condiciones en las que se pretendía poner (y en algunos casos, se puso) bajo aislamiento a muchos de mis compatriotas. No todos contaron con la suerte de que se les pusiera en un hotel de cinco estrellas, ni en un hospital de clase mundial, pero tampoco hay que hacerlo parecer como si los mandaran a un campo de concentración. Nada más pregúntese usted sobre las condiciones de algunos de nuestros hospitales en México, no muy distantes de las carencias de los hospitales aquí. En esos mismos hospitales los chinos tratan a sus nacionales, por lo que no es en ningún momento una expresión de xenofobia en contra de mexicanos el que los quieran mandar ahí.
Las diferencias entre nuestros países son muchas, y quizá por eso también tantos malos entendidos, pero éstas, aunadas al amarillismo de algunos de los medios de comunicación, han hecho parecer la situación muy diferente de lo que realmente es.
Lo que más me preocupa en este momento, son las reacciones que veo por parte de gente en México, a raíz de las quejas de aquellos desafortunados que han llevado la peor parte de esta experiencia. He leído peticiones de venganza en contra de chinos por “el trato que nos están dando”, siendo que en la mayor parte de los casos este “trato” no ha sido más que medidas preventivas por la seguridad de todos y muestras de solidaridad. Me da tristeza y vergüenza leer acerca de las groserías que les han hecho a mis amigos chinos en México, siendo que son personas que viven allá porque aman nuestra cultura, nuestra comida, y quieren conocer más acerca de nosotros. Es una pena que su experiencia esté siendo amargada de esta manera, justo en un momento en que México necesita un acercamiento con China, por motivos no solamente sociales y culturales, sino también, económicos.
Es por ello que decidí finalmente expresar mi opinión, para que sepan que estamos bien, que en ningún momento hemos sido agredidos, y que mientras apreciamos su preocupación y sus muestras de solidaridad, vean que la situación en lo general es muy tranquila aunque de prevención. En lo personal, quiero pedir que se detenga toda muestra de odio a China y a los chinos, quienes a pesar de lo diferente de nuestras culturas, me han abierto las puertas de sus hogares y de su cultura. ¡Pido un alto a la discriminación, un alto a la xenofobia en todas sus formas!

*Mexicana residente en China desde febrero de 2007

Atraco a SERAPAZ

Espionaje contra la paz
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
Revista Proceso (www.proceso.com.mx) # 1697, 11 de mayo de 2009;
Un intruso asaltó el buzón electrónico de Servicios y Asesoría para la Paz, AC (Serapaz), y robó y destruyo información en curso y depositada en los archivos de esa organización civil. Un acto de esta naturaleza no sólo implica el apoderamiento ilegal de datos privados, sino que constituye una amenaza, hace recapacitar a la víctima sobre la fragilidad de su estructura y también la hace consciente de que un poder la ha colocado en el foco de su atención y por lo tanto puede inferirle mayor daño aun.
El 6 de mayo Serapaz emitió un comunicado en el que “informa y denuncia ante la opinión pública que ha sido víctima en los últimos días de espionaje electrónico y destrucción de correos electrónicos de su cuenta institucional.
“El día de hoy con la ayuda de un experto fueron identificadas entradas de intrusos en el servidor donde se encuentra la correspondencia electrónica institucional de Serapaz, señalando claramente las horas de entrada, la cantidad de correos sustraídos y la dirección a la cual fueron enviados. Esta dirección es un correo que sirve de pantalla para evitar identificar al agresor.”
La comisión de un delito informático es grave de suyo. Pero lo es más si se considera cuál es el bien público atacado, el valor social puesto en jaque. Serapaz es una organización civil “sin fines de lucro que trabaja para la paz y la reconciliación mediante esfuerzos de mediación y transformación positiva de conflictos”. Esa es la tarea afectada por el espionaje, y de ello se deriva la peligrosidad del ataque. Se trata de una agresión y un amago a esfuerzos que, en sentido contrario a la crispación social prevaleciente, buscan el imperio de la convivencia respetuosa y el diálogo como vía de entendimiento en situaciones críticas. No es exagerado considerar que el hackeo a Serapaz se inscribe en la grave tendencia a criminalizar la protesta social, dadas las iniciativas a que está y ha estado vinculada esta benemérita oficina.
Serapaz nació a partir de la experiencia de la Comisión Nacional de Intermediación, que entre 1994 y 1998 promovió las conversaciones de paz en Chiapas, entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal. Poco después del alzamiento indígena y por los muchos títulos que lo calificaban para esa misión, el obispo de San Cristóbal de las Casas, don Samuel Ruiz, fue llamado a mediar entre las partes del más grave desafío al Estado mexicano. Con humildad y clarividencia, el prelado comprendió la necesidad de institucionalizar la mediación y, aunque se mantuvo en el centro de esa tarea, convocó a ciudadanas y ciudadanos eminentes a que contribuyeran, con una autoridad moral semejante a la suya, al diálogo que pudo llevarse a cabo en su propia sede episcopal, en la selva y en San Andrés. Al mismo tiempo la Conai generó un pequeño pero eficaz aparato que no sólo se ocupaba de la logística, sino de proveer sentido político e histórico a sus tareas. Al concluir la misión de la Conai, su secretario ejecutivo, Miguel Álvarez Gándara, organizó Serapaz, presidida por el propio don Samuel. Allí su talento y dedicación ha contado con la colaboración invaluable de Dolores González Saravia, su actual directora, y de Pablo Romo, que dirigió en aquella diócesis el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de la Casas.
Serapaz realiza, callada y eficazmente, tareas permanentes, como la Escuela de Paz y el Observatorio de la Conflictividad Social en México, y promueve “la transformación de conflictos a través de la promoción y articulación de procesos e iniciativas civiles”. Organiza “procesos que contribuyan a la construcción de la paz” y se ocupa de tareas de investigación y producción editorial en el mismo sentido.
Entre las iniciativas que Serapaz articula se encuentra el movimiento Paz con Democracia, el Frente Nacional contra la Represión y Diálogo Nacional, que de distintas maneras procuran la instauración de una sociedad donde se respeten los derechos humanos y el gobierno ejerza una política que beneficie a las personas.
Los buenos oficios de Serapaz se han hecho necesarios en conflictos en los que actúa como instancia mediadora. Son incontables sus aportaciones en ese terreno. Para sólo citar algunas de las coyunturas en que ha actuado, cabe citar que en 2006 contribuyó a que la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca fuera reconocida por el gobierno federal y dialogara con ella. Algunos de sus miembros realizaron tareas de conciliación en el conflicto magisterial de Morelos, el año pasado. Y está en curso su participación en la búsqueda de soluciones al grave conflicto generado en Zimapán, Hidalgo, por la construcción de una planta receptora de residuos tóxicos, rechazada por la población por su propia peligrosidad y las experiencias adversas que esa ciudad ha sufrido por la explotación minera que no considera el daño que sus prácticas causan a la sociedad. Así mismo, en este momento Serapaz es el motor de la campaña Libertad y Justicia para Atenco, un movimiento de gran presencia pública destinado a obtener la excarcelación de ciudadanos que, además de haber sido vejados y golpeados en mayo de 2006, están pagando con cárcel no sus propias culpas, sino las de sus agresores, policías federales y estatales, ninguno de los cuales ha sido sometido a proceso.
Hasta el reciente 21 de abril, y por la generosa disposición de sus animadores, Serapaz fue la sede de la Comisión de Mediación (Comed) formada un año atrás, a finales de abril de 2008, a instancias del Ejército Popular Revolucionario para que por su conducto el gobierno federal accediera a presentar con vida a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes de esa organización armada hechos desaparecer en Oaxaca pronto hará dos años. Al domicilio de Serapaz acudieron más de un vez los delegados de la Secretaría de Gobernación en los turnos de conversación que no se efectuaban en Bucareli. Y allí se reunían los mediadores para la realización de sus tareas, que incluyeron encuentros con las familias de los detenidos-desaparecidos y personas que a título o individual o como representantes de instituciones compartían el interés de la Comed por cumplir el objetivo que promovió su constitución. A lo largo de casi un año, hasta que sus miembros resolvieron disolverla, frente a la falta de voluntad política gubernamental, la Comed se benefició de la hospitalidad al mismo tiempo eficaz y grata de Serapaz. En prevención de la curiosidad malsana que sus actividades suscitan en los órganos de seguridad nacional, los teléfonos de los mediadores se entregaban en depósito mientras conversaban, a fin de que los aparatos no sirvieran para captar información que nunca fue secreta pero pertenecía al dominio privado de la Comisión. Una precaución como esa no logró, por desgracia, evitar el asalto informático a ese domicilio donde se trabaja a favor de la paz.

Discriminación en Argentina

Apestados /Jorge Javier Romero
Publicado en El Universal Jueves 07 de mayo de 2009;

He oído que dicen que existe un proverbio chino según el cual es una maldición que se cumplan los deseos sobre uno mismo. Algo así me ocurrió, como maldición ancestral. Un buen día iba en el coche a través del tedio urbano, cuando me llamaron para preguntarme si quería ir a Buenos Aires —como bateador emergente, según deduje más tarde— a ser el académico mexicano que hablara en los diálogos del bicentenario dedicados a la democracia y el buen gobierno.
El incentivo fundamental de la propuesta era, lo confieso sin culpa, ir a Buenos Aires. Tenía claro que del tema podía decir algo y la posibilidad de volver a una de mis ciudades predilectas era demasiado atractiva.
La molestia comenzó cuando los funcionarios de la Secretaría de Cultura del gobierno argentino me mandaron los datos de un viaje con el cual salía a las ocho de la mañana del domingo 26 de México, hablaba el lunes de cuatro a cuatro y media de la tarde para volver a México a las 11 de la mañana del martes. Me pareció un abuso viajar nueve horas, participar 30 minutos al día siguiente y salir de Buenos Aires apenas 18 horas después sin retribución alguna por el trabajo profesional. Los anfitriones argumentaron imposibilidades burocráticas para modificar la compra del vuelo consumada a pesar de pretender que me consultaban y finalmente salí en la fecha impuesta, cuando ya se estaba en alerta por la epidemia
La entrada a Buenos Aires no fue en absoluto anecdótica. El formulario improvisado que debimos llenar los incipientes apestados era simplemente ridículo. Nada presagiaba, ya a día y medio de la alerta mexicana, el clima de peste que se desataría poco después.
El lunes lo relevante para los participantes en los diálogos del bicentenario fue la retórica intoxicada de los académicos venezolanos, bolivianos y ecuatorianos enviados por sus gobiernos. La reflexión sosegada sobre la gobernación eficaz en América Latina y sus obstáculos institucionales aparecía sustituida por apologías exaltadas del gobierno de Chávez, el indigenismo de Evo o el entusiasmo de Correa. Cualquier crítica a los excesos personalistas, a la precipitación constitucional o a la demagogia como recurso era respondida con discursos airados. Nada sobresaliente.
Mi regreso forzado para el martes a las 11 de la mañana parecía absurdo, sobre todo porque el cambio de fecha del billete de vuelta implicaba, debido a la tarifa de compra pagada por mis anfitriones argentinos, un desembolso extra de cerca de 500 dólares, según la oficina de Mexicana aquí en la ciudad de México. Al enterarse de mi precipitado regreso, el consejero cultural de la embajada mexicana en Buenos Aires le pidió a su secretaria el cambio de mi vuelo. De acuerdo a la oficina local de la aerolínea bastaba con pagar la penalización por el cambio para que yo pudiera viajar el miércoles por la noche; un par de días en la capital federal fueron demasiado tentadores y acepté.
El martes nos enteramos de la decisión del gobierno argentino de suspender la comunicación aérea directa con México. Ni un vuelo más a partir de las 12 de la noche. Mi deseo de permanecer algo más en Argentina se había convertido en realidad obligatoria.
Yo estaba ahí como académico, financiado por la Secretaría de Cultura del gobierno argentino; sin embargo, estaban también atrapados por la medida los funcionarios de la delegación oficial mexicana. Así, el miércoles por la mañana, asociados por las circunstancias, nos apersonamos de consuno en la embajada mexicana José Luis Martínez, ex embajador en Hungría y encargado de los temas internacionales del bicentenario en el gobierno de México, el poeta y diplomático Jorge Valdés, responsable de la Cancillería mexicana para los bicentenarios, Francisco Nieto, funcionario de prensa del bicentenario mexicano, y yo.
Íbamos en busca de solidaridad oficial y ayuda para enfrentar nuestra condición de varados por la suspensión de vuelos; encontramos trato afable e incapacidad de reacción frente a los acontecimientos. Parecía como si a la embajadora De la Garza le tuviera sin cuidado lo que ocurriera en un encargo que para ella está a punto de terminar. Frente a la suerte de una comisión oficial mexicana, la respuesta de la legación fue de desdén. Tardarían cinco días en comenzar a preocuparse por el destino de los mexicanos afectados por la decisión unilateral del gobierno argentino, por lo visto desatendida de entrada por las autoridades de nuestro país.
Lo siguiente fue tragicómico. En mi caso, el problema fundamental era mi carencia de recursos para enfrentar la situación. Los anfitriones aceptaron hacerse cargo de los gastos de estancia de todo el grupo de mexicanos apestados, pero cada uno tuvo que ver por su suerte respecto a las aerolíneas y las posibles fechas de salida. Y aquí comienza el desastre. Mexicana, por su parte, decidió que aceptaba cambiar el lugar de salida a Sao Paulo, siempre y cuando cada uno pagara el traslado a la ciudad brasileña. De otra manera, habría que esperar a que se reanudaran los vuelos directos, siempre y cuando hubiera lugar en la tarifa originalmente pagada. Frente al reclamo de que era absurda la restricción de precio, que me obligaba a pagar cerca de 600 dólares para garantizar mi lugar en un hipotético vuelo del 6 de mayo en la misma clase turista en la que había viajado, cuando se trataba de una situación que yo no había elegido, el empleado de Mexicana respondió que tampoco había sido elección de la empresa. Esa era la reacción solidaria de la aerolínea mexicana con la situación de emergencia.
Comenzaron, además, las situaciones chuscas producto de la reacción paranoide de la sociedad ante el alubión informativo y la excesiva respuesta del gobierno argentino. Nuestro grupo comenzó a vivir una situación de apestados. Estábamos, según describió con oportunidad Jorge Valdés, como aquel barco de judíos salido de Alemania durante la tiranía nazi que no encontraba puerto de abrigo y debió de volver al exterminio. Nuestros anfitriones, apenados por la decisión exagerada de su gobierno, decidieron pagarnos el hotel unos días más, hasta el sábado. Cada uno, entonces, comenzó a rascarse con sus propias uñas. Frente al desdén de la embajada, Jorge Valdés se ocupó, con su experiencia consular, de ver cómo saldríamos de ahí. Al final, una comisión a España, parte de su mismo trabajo del bicentenario, sacó rumbo a Madrid al embajador Martínez; Valdés optó por un arreglo que lo llevaba a Miami y de ahí a México, mientras Francisco Nieto y yo permanecíamos en la incertidumbre, víctimas de la voracidad de Mexicana y la ineptitud de la embajada mexicana.
Los fondos personales mermaban. Con jaloneos logramos el pago del hotel por parte del gobierno argentino hasta el domingo y ante nuestra inminente falta de liquidez optamos por salir a Montevideo, más barato. Finalmente, José Manuel Villalpando, responsable del bicentenario del gobierno mexicano, decidió sacarnos de ahí vía Santiago de Chile.
En medio, las situaciones chuscas, producto de la ignorancia, como la del taxista que escuchó mi conversación con un venezolano y un ecuatoriano y que al darse cuenta de que era mexicano estuvo a punto de detener el coche para bajarme, o la de los empleados de la casa de cambio que tomaron casi con pinzas el pasaporte de Francisco y dudaron en aceptar sus dólares. Todo por la torpeza demagógica de unas autoridades argentinas incapaces de entender que la suspensión de vuelos no los aislaba y que buscaban, sin duda, enmascarar sus propias incapacidades frente a su propia epidemia de dengue. Y las autoridades de la Cancillería mexicana, de reflejos lentos, incapaces frente a los excesos de sus contrapartes. Entre la paranoia y la ineptitud, quedamos atrapados no sólo los enviados oficiales sino muchos mexicanos, mientras el gobierno argentino enviaba una flota de evacuación por los suyos.
Politólogo

Discriminación en Argentina

Pretexto para discriminar
SANTIAGO IGARTúA
Revista Proceso (www.proceso.com.mx) # 1697, 11 de mayo de 2009;
BUENOS AIRES.- Rafael Alfaro trabaja desde hace casi tres meses en La Fábrica del Taco, un local de comida mexicana ubicado en el barrio de Palermo. Llegó a esta ciudad con una oferta de empleo por seis meses, suficientes para llevar dinero a su familia en Monterrey.
Rafael cuenta que hace unos días caminaba por las calles del turístico barrio del Soho, a unas cuadras de su lugar de trabajo. Sin razón aparente de por medio –quizá por el tono de su piel cobriza–, un policía le ordenó identificarse. Él sacó del bolsillo su pasaporte mexicano y lo entregó al agente. En cuanto éste vio el documento lo soltó, cual hierro que arde, y pidió a Rafael que se marchase.
“Sentí que me discriminó dos veces”, relata con una sonrisa que se desdibuja cuando menciona que en la taquería donde trabaja la afluencia de comensales ha disminuido “fácil” un 50% desde que los titulares de periódicos y noticiarios alertan a los argentinos sobre la “gripe mexicana”.
Ana Cecilia, vendedora en una tienda de antigüedades en el porteño barrio de San Telmo, dice al reportero que se siente “paranoica”. Cuenta que un tipo que entró al local comercial la escuchó hablar con su típico acento mexicano. La agredió verbalmente. “No supe qué hacer y me puse a llorar”, recuerda ella.
Alejandro, estudiante de arquitectura en la Universidad del Salvador, también afirma que ha sentido la discriminación en su contra. Se muestra inseguro y al hablar su voz se reduce a un murmullo.
En una estación de servicio de taxis, el reportero pregunta a los 12 choferes que se encuentran reunidos si subirían a sus vehículos a un mexicano. “No lo podría llevar”, contesta Matías Lombardo, un hombre cuarentón.
Y explica: “No quiero contagiarme ni contagiar a mi familia. Uno se informa. Miro en televisión que ustedes (en México) prohibieron la entrada a los partidos de futbol, a los teatros, cines, restaurantes y bares. ¿Por qué para allá es así y si vienen acá es distinto? Yo me cuido, pero si es discriminación es igual allá que acá”.
Uso político
Incapaz de contener la epidemia del dengue en Argentina, el gobierno de Cristina Fernández se lanzó “a defender” a sus compatriotas de la “gripe mexicana”: emitió el decreto 201/2009 que canceló la llegada de vuelos directos de México a este país.
Partidos de oposición e intelectuales críticos del gobierno de Fernández calificaron la medida como discriminatoria contra México y consideraron que la mandataria intenta subsanar el daño en la imagen pública que el oficialismo sufrió como consecuencia de la propagación del dengue. Y ello justo en tiempos electorales: en junio próximo se realizarán comicios para elegir legisladores.
Pero ante las críticas, el gobierno de Fernández guardó silencio. Debido a ello, el jueves 7, Miguel Bonasso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, presentó ante el Congreso un proyecto de resolución en el que pide al Poder Ejecutivo explicar las razones por las que suspendió los vuelos de México.
“Es un acto discriminatorio. Y lo critico no en una opinión subjetiva, personal. Es una opinión que se respalda en lo dicho por Naciones Unidas y por lo que dice la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuales desestiman el cierre de fronteras como una medida eficaz contra el contagio”, dice Bonasso a Proceso.
El mismo jueves 7, Graciela Ocaña, ministra de Salud, informó en conferencia de prensa del primer caso de influenza A/H1N1 en el país. Se trata de un ciudadano argentino –cuya identidad no dio a conocer– que ingresó al país procedente de México el pasado 25 de abril y a quien ya “se le dio de alta (médica) y se encuentra perfectamente bien”.
Perseguido por la organización paramilitar Triple A durante el gobierno de Isabel Perón y más tarde por la dictadura militar que encabezó Rafael Videla, Bonasso encontró durante 12 años refugio en México, tal como lo encontraron “tantísimos argentinos”.
Por ello, dice, el pueblo mexicano merece una disculpa por la forma en que Argentina reaccionó ante la propagación de la influenza A/H1N1 y merece además que el gobierno de Fernández se retracte de la medida que adoptó.
Bonasso considera que el acto discriminatorio comienza cuando éste no es explicado: “El gobierno no ha tenido la hidalguía de decirle al pueblo mexicano –el cual nos ha dado oportunidades de refugio y de vida– que la medida no es en contra suya, sino que en todo caso no hemos podido hacer los controles necesarios y colocar ni un miserable hospital de campaña en el aeropuerto”.
Hace notar que el tema está politizado. Explica que a ello se debe que el gobierno sólo canceló los vuelos directos de México y no los que hacen escala, aunque vengan de ese país.
El prestigiado cronista Martín Caparrós escribió el miércoles 6 en el diario Crítica que, ante la falta de infraestructura para detener el contagio, “lo único que se les ocurre es parar aviones”. Apuntó que ello es “tapar el sol con las manos: la quimera de que alcanza con encerrarse en el cuartito del fondo para que el mundo no nos llegue (…)”.
Bonasso rechaza que exista en la sociedad argentina un sentimiento de xenofobia hacia México. Admite que “siempre hay algún desubicado”. Y responsabiliza al gobierno por los actos “aislados” de discriminación provocados por el tema de la influenza, el cual es utilizado para desviar la atención de los problemas internos.
Por su parte, la diputada oficialista Adela Segarra, presidenta de la Comisión de Amistad con México, apoya las medidas del gobierno. En entrevista con Proceso, dice: “No estoy de acuerdo en que se hable de discriminación. Esa no era la voluntad, sino la preservación de la salud. Tuvo que ver con garantizar al extremo las medidas preventivas. Cuando hay un riesgo es preferible un exceso de prevención que un descuido”.
Entrevistado por el reportero, el cónsul de México en Buenos Aires, Juan Miguel Ponce, afirma que hasta la semana pasada no había recibido una sola queja o denuncia formal por actos de discriminación contra mexicanos en este país. “Sólo sabemos de los casos que se han publicado en los medios y de alguno que otro sucedido a personas conocidas”, comenta. 

Monseñor Lugo

Lugo: paternidad irresponsable
MARTA LAMAS
Revista Proceso (www.proceso.com.mx) # 1697, 11 de mayo de 2009;
A un año de las elecciones que lo convirtieron en presidente de Paraguay, las implicaciones de la escandalosa paternidad de Fernando Lugo están en el centro del debate político. Cuando Lugo, que fue obispo en una de las regiones más pobres de su país, aceptó públicamente el hijo que se le imputaba, saltó otra denuncia, que todavía no ha sido aclarada. ¿Qué significa que un obispo haya seducido a dos jovencitas, las haya embarazado y se haya desentendido del asunto?
De entrada, en un país donde la irresponsabilidad paterna es el pan de cada día (aparentemente se inscribe a 7 de cada 10 criaturas como: de “padre desconocido”), a pocos toma por sorpresa lo ocurrido. La actitud de otro sacerdote al exclamar “¡esas cosas pasan!” representa el sentir de un amplio sector de la población. Lugo, ser humano a fin de cuentas, transgredió un mandato imposible de cumplir, lo que pone en evidencia lo absurda que es la regla de castidad impuesta por la Iglesia católica. En su momento, la reacción del ahora presidente ante el “desliz” fue ocultarlo en lugar de encarar sus consecuencias. ¿Cómo alguien a quien la injusticia social le preocupa no tuvo el mínimo gesto de responsabilidad con las madres de sus hijos? Hoy Lugo se deslinda de la imputación de “abuso sexual” que varios miembros de su Iglesia han vuelto famosa, y afirma que –en el primer caso– se trató de una “historia de amor”. Del segundo asegura que no hubo “relación sentimental”.
Los enemigos políticos de Lugo plantean que la edad de la chica cuando inició la relación implica que hubo estupro, que en el Código Penal de Paraguay se define como la conducta del “hombre que por medio de la persuasión lograra realizar el coito extramarital con una mujer de 14 a 16 años”. Incluso diputados del Partido Colorado trataron de iniciar un juicio político en su contra y muchos adversarios políticos han soltado discursos sobre el abuso contra estas mujeres, exigiendo que las feministas –que lo apoyaron en su campaña– ahora condenen al exobispo.
No obstante la diversidad de este movimiento social en Paraguay, las organizaciones y mujeres feministas se han pronunciado unánimemente señalando que, como ciudadano paraguayo, Lugo no está por encima de las leyes y debe cumplir con sus deberes de reconocimiento, cuidado y alimentación de quienes resulten ser sus hijos. Pero también insisten en que lo sustantivo es hacer cambios decisivos en la legislación. La Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP), una red de 10 organizaciones que lleva 22 años trabajando por los derechos de las mujeres, ha señalado que no se trata de un “asunto privado” y que, si bien el caso tiene carácter político, no debe ser utilizado hipócritamente por quienes tradicionalmente se han opuesto a las reivindicaciones de la lucha de las mujeres.
Agregan que si Lugo fuera culpable de estupro, según lo previsto por el Código Penal (al que califican de machista y discriminatorio), tendría que pagar una multa y asunto terminado. Y denuncian la hipocresía y el oportunismo de políticos que desde sus cargos legislativos no atendieron el reclamo feminista sobre la modificación del Código Penal, ni sobre la aprobación de una ley de protección a víctimas de delitos contra la autonomía sexual, y que ahora exigen que las feministas hablen en contra de Lugo y su gobierno. La CMP, que repudia la actitud irresponsable y machista del presidente Fernando Lugo y exige que asuma y repare sus errores, plantea que además deben promoverse cambios legislativos y políticas públicas. Para la CMP hay que colocar en el centro de la gestión pública los derechos de las mujeres y de la niñez y adolescencia, junto con la paternidad responsable.
Antes de la prueba del ADN, los hombres podían evadir la responsabilidad paterna, cargando a las mujeres todo el costo –emocional y económico– de la crianza. Hoy ganar el juicio por filiación obliga al “reconocimiento” de las criaturas, que sirve no sólo para paliar los gastos de manutención, sino también para garantizar el derecho a la identidad que tienen todas las personas. Y aunque solventar gastos no es suficiente para el desarrollo integral de una criatura, que requiere recibir amor y cuidados, es un avance indudable. Lugo, quien renunció a su salario presidencial y lo donó al Instituto del Indígena, tendrá que solicitarlo de regreso para pagar la(s) pensión(es) alimentaria(s) correspondiente(s).
La(s) paternidad(es) de Fernando Lugo se ha(n) vuelto un asunto público, no sólo por quién es el protagonista, sino por el escabroso contenido que rodea al caso: un obispo maduro que enamora a jovencitas y las abandona cuando quedan embarazadas, desentendiéndose de la(s) criatura(s) resultante(s). Y pese a que es mucho lo condenable, esto no significa que la apuesta política que encabeza sea por completo inválida.
Lo que sí es un hecho es que para que su terrible incongruencia ética, avalada por la cultura patriarcal católica, no descalifique la totalidad de su proyecto político, es imprescindible que la rectificación de Lugo vaya más allá de un acto de contrición y se traduzca en políticas públicas que impulsen un cambio, orientado hacia la plena corresponsabilidad de mujeres y hombres en la procreación y la crianza. Hechos son amores, y no buenas razones. 

En el borde del caos

En el borde del caos/Reportaje
MARCELA TURATI
Revista Proceso (www.proceso.com.mx) # 1697, 11 de mayo de 2009;
Sorpresa. Confusión. Desorden. Y después, inevitable, el caos. Ante la crisis epidémica que tomó mal parado al gobierno de Felipe Calderón y, consecuentemente, a todo el aparato sanitario del país, la prueba de fuego sigue sin superarse. Es, la actual, una historia que habla del manejo torpe o arbitrario de la emergencia por parte de los gobiernos estatales, de cifras contradictorias e imprecisión diagnóstica, de empirismo clínico, falta de liderazgo y descoordinación entre la federación y los estados...
La epidemia del virus de influenza A/H1N1 no ha terminado y recorre a sus anchas el país. Arranca vidas en estados antes considerados “limpios” de la enfermedad y obliga a gobiernos, como el de Hidalgo o Jalisco, a alargar el encierro de la población. O, de plano, a reconocer muertos o enfermos que habían permanecido ocultos.
La aparición repentina de cadáveres no parece casual. Coincide con el viaje que emprendieron 20 médicos, el primer fin de semana de mayo, que salieron del Distrito Federal con la misión de investigar cómo estaban operando los hospitales estatales ante la epidemia y poner orden.
El pasado viernes 1, en el edificio de la Secretaría de Salud, los viajeros recibieron la encomienda del secretario del Consejo de Salubridad General, Enrique Ruelas, quien les pintó un panorama inquietante: su ayuda era indispensable porque no se tiene confianza en los reportes que están enviando los estados.
A esas alturas el manoseo de las cifras era escandaloso y los números que entregaba el secretario José Ángel Córdova en las conferencias diarias eran ridículos. Un día los muertos eran más de 100, luego, al separarlos en “confirmados” y “probables”, bajaban a siete, al otro su propio equipo lo contradecía y contaba 20. Pronto, en estados “sanos” comenzaba el escupidero de casos.
El desaseo colmó a la Unión Europea, que reclamó transparencia. El propio secretario, en un arranque, culpó a los estados de la opacidad, y el presidente Felipe Calderón sugirió lo mismo en una entrevista de televisión.
La solución que ideó Ruelas fue crear una estructura paralela: los 20 médicos ungidos como “enviados especiales del secretario” –elegidos por su liderazgo, su reconocimiento en el mundo médico, su desvinculación con el área epidemiológica de la secretaría y sus dotes de oratoria, según se les explicó– fueron asignados a uno o dos estados para levantar un muestreo rápido y uniformar criterios de atención en toda la República.
Su misión era dar a conocer la Estrategia D-T-R, cuyo nombre oficial es “Impacto Inmediato en los Hospitales: Diagnosticar-Tratar-Reportar”, que tenía como principal objetivo lograr que los secretarios de salud estatales nombraran públicamente a un responsable del manejo de la epidemia y a uno por hospital.
El lunes, 4 Ruelas comenzó a recibir los datos. El miércoles 6 reunió a los enviados para presentarles los poco alentadores resultados preeliminares: de 15 estados computados sólo en cuatro se cumplió la estrategia.
Las visitas, sin embargo, sirvieron para tomar el pulso nacional de lo que ocurre puertas adentro de los hospitales. Se descubrió, por ejemplo, que por órdenes de algunos secretarios locales, y quizás del mismo gobernador, los compiladores de cifras no reportan muertos.
“Que rasuran los casos, que mal utilizan los antivirales y los fondos, no me quedó la menor duda. Los reportes que enviaron los estados responden a los intereses locales. Es infame, y lo peor es que como están descentralizados no rinden cuentas”, se queja uno de los doctores enviados que pidió el anonimato.
Explica a este semanario que la mayoría de los secretarios de Salud locales ningunearon a los representantes del secretario (varios se ofendieron porque no había acudido Córdova en persona), y como faltaron a la reunión no designaron responsables ante la federación.
En las visitas, quedó expuesto que no todos los responsables de notificar a la federación conocen el sistema para hacerlo, que si la responsabilidad estatal recae en varios no se comunican entre sí o tampoco se presentan en el hospital donde ocurrió el deceso para pedir datos.
En unas ciudades además se les obliga a llenar formatos especiales dirigidos primero a distintas autoridades locales (incluido el representante del Programa Oportunidades).
Más allá del nudo burocrático, se encontró que los antivirales son recetados sin criterio a enfermos sin síntomas de influenza y que varios cargamentos del Tamiflu que integraban la reserva estratégica están por caducar en mayo actual, si no es que ya caducaron.
La encuesta aplicada a los médicos y enfermeras presentes reveló también que la mayoría se sienten temerosos del contagio y desaprueban el desabasto de material de protección, la desorganización, la falta de infraestructura y la poca importancia que en su entidad y en su hospital le dan a la epidemia.
Varios enviados especiales consultados por Proceso no quisieron proporcionar información. El doctor Gabriel Cortés Gallo, titular del Seguro Médico de la Nueva Generación, negó que su viaje a Oaxaca haya sido para evaluar el desempeño estatal y explicó: “Sólo llevamos un saludo, un mensaje del secretario Córdova, filmado en video, y platicamos de la estrategia para el correcto diagnóstico, tratamiento y reporte”.
Los resultados recopilados no sorprendieron a los enviados: son síntomas de la mal instrumentada descentralización del sistema de salud, del que se desentendió la federación y cuya operación depende de los gobernadores, a quienes nadie pide cuentas.
Ante la crisis, cada uno actuó como quiso. Aguascalientes se resistió hasta el final a clausurar la Feria de San Marcos. Baja California repartió tarde cubrebocas. Chiapas pagó a medios nacionales para publicitarse como “estado sano” hasta que tuvo que establecer cercos sanitarios en casas de infectados. El Estado de México nunca cerró restaurantes, a diferencia de su vecino, el Distrito Federal, que sí lo hizo. Y el DF, aunque cerró comercios, no suspendió el transporte público, donde más se apretuja la gente.
Nudo burocrático
Si bien en pocos estados se amarraron compromisos con la federación, coincidentemente después de la visita comenzaron a fluir los datos estatales de contagiados.
En Jalisco, cuyo gobernador achacaba al gobierno federal el retraso de los análisis de laboratorio y negaba fallecimientos aunque los propios médicos reportaban públicamente la ola de contagios, de un día para otro tuvo que reconocer tres decesos y varios infectados.
En las listas oficiales pronto empezaron a aparecer cuerpos de muerte antigua que no habían sido reportados. Del fallecimiento del primer tlaxcalteca, por ejemplo, se enteró primero la Secretaría de Salud federal que las autoridades locales.
No todo el diagnóstico fue maligno. Sinaloa puso una lección digna de copiar: al recibir la alerta sanitaria activó 13 mil brigadas que, casa por casa, preguntaron si había algún enfermo y en un par de días habían peinado todo el estado y tenían una radiografía precisa.
Otro ejemplo de organización pos-epidemia es el del gobierno defeño, que lanzó a la calle a los operadores de la Secretaría de Desarrollo Social local –los mismos que manejan los subsidios a ancianos, madres solteras y desempleados– para que sumaran a sus padrones a las familias enlutadas, a las cuales están visitando.
En otros casos, como el de Zacatecas o Tabasco, los gobernadores Amalia García y Andrés Granier atendieron personalmente la reunión y citaron a los médicos para que escucharan. Aunque, eso sí, la mayoría del personal se tragó sus opiniones.
En varios estados la población ni siquiera estaba enterada del virus. Muestra de ello son los resultados de la encuesta que aplicó la organización Melel Xojobal en cinco colonias de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, los cuales arrojan que, una semana después de la declaratoria de emergencia, 16% de los entrevistados aún “no había escuchado de la enfermedad” y 22% desconocía síntomas y medidas de prevención.
Las experiencias más lamentables, según informó un “enviado especial” a Proceso, fueron las reuniones de Chiapas y Oaxaca, a las que asistió puro funcionario de bajo nivel. En la entidad de Ulises Ruiz, por ejemplo, en vez de llegar directivos de hospitales acudieron operadores del Seguro Popular.
Después de la Estrategia T-D-R poco cambió en los estados, aunque en algunos casos ayudó a destapar las cañerías políticas y burocráticas que entrampaban las cifras y se tomó como un “borrón y cuenta nueva” de numeración.
Esto coincidió también con la incorporación al gabinete de Córdova del experto epidemiólogo Pablo Kuri, quien fue recontratado después de que quedó expuesto que el subsecretario Mauricio Hernández leyó a tiempo los reportes de los primeros brotes de la epidemia que se avecinaba.
“¿Quién manda aquí?”
Esa no fue la única prueba de la falta de músculo que sufre la Secretaría de Salud, que tiene que crear estructuras paralelas para informarse. Antes de la declaratoria de emergencia ya había dado otras muestras dignas de laboratorio.
Esto lo relata un médico que la tarde del domingo 19 de abril hacía guardia en su hospital y recibió la inusual visita de tres burócratas de la dirección médica general del ISSSTE, con quienes entabló un inquietante diálogo:
–Doctor, ¿tiene muchas personas hospitalizadas por insuficiencias respiratorias agudas?
–No, ¿por qué?
–Hay una alerta de influenza, nos informaron ayer.
Le dijeron entonces que en Oaxaca había muerto una mujer (falleció el 13 de abril, aunque sus tejidos fueron enviados a análisis de laboratorio a Canadá el día 22) con síntomas de una rara influenza. El médico se quedó con la idea de que había llegado la gripe aviar a México. Eso parecía.
Ese fin de semana en la que los epidemiólogos recorrieron 23 hospitales, al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) ingresaban jóvenes sanos que llegaban echando los pulmones en flemas. Sin aire. Hechos un tizón de fiebre. Con las anginas moradas, el pecho cansado por la tos. Cuerpo agotado. A punto de perder la conciencia. Con síntomas que ya no tenían pinta de ser gripes mal cuidadas.
Después de ser entubados, a varios de ellos los visitó la muerte.
El mismo fin de semana cinco personas fallecieron por influenza en la capital (dos en el INER, dos en Iztapalapa, uno en el Ángeles) y 120 hospitalizados, y posiblemente más fueron mal diagnosticados.
En hospitales como el de Iztapalapa se pegó un aviso, pero, como en la mayoría de los centros médicos, la alerta fue de papel y no significó cambios de rutina hasta que la realidad, a golpes mortales, obligó a incorporar medidas elementales, como aislar a los enfermos de influenza para no contagiar al resto.
El jueves 23 de abril, a eso de las tres de la tarde, en el DF, los directivos de los hospitales del IMSS reunieron a su personal para avisarle que andaba suelto el contagioso virus. Horas después, Calderón se reunía con su gabinete y más tarde con los dueños de varios medios de comunicación para pedirles apoyo.
Casi a media noche, el secretario Córdova, con cara larga, anunciaba el cese de clases.
Lo que ocurrió después de la alerta no fue calcado del manual de procedimientos elaborado y ensayado el sexenio pasado para usarse en casos de una gripe atípica, como la aviar o la porcina.
“No teníamos nada preparado, no habían hecho cambios”, dice el médico que el domingo 19 estaba en guardia y vivió todo el proceso.
Él todavía se pregunta por qué no se respetó el mando que se había establecido en las prácticas del Escudo Centinela para cortar epidemias. En la teoría, en cada centro de salud tomaban el mando un médico y una enfermera. También echa de menos a los enviados de la secretaría, que en epidemias como la del cólera eran asignados para hacerse cargo de un hospital, acopiar datos y establecer procedimientos. Está seguro de que las muestras de sangre que tomó a sus pacientes, por la burocracia, llegaron echadas a perder a los laboratorios.
Se pregunta también dónde quedaron los dos trajes especiales de cuerpo entero, con todo y escafandra, que había recibido cada hospital para usarse en casos de virus contagiosos.
En algunos nosocomios la situación no se normalizó hasta el día 27, cuatro días después de decretada la alerta nacional, y gracias a las iniciativas del personal de base. Hasta ahora, por ejemplo, no parece haber un lineamiento respecto de qué hacer con los muertos. Queda a libre arbitrio de los médicos ordenarle a las familias enterrarlos, velarlos o incinerarlos.
Esos cuellos de botella quedaron expuestos también en la encuesta que los “enviados especiales” aplicaron sobre terreno.
Los médicos presentes en las reuniones, que en la mayoría de los casos son los que están en la trinchera contra el virus, plantearon serias dudas sobre la entonces llamada “influenza porcina”: ¿Qué dosis se tiene que recetar a niños? ¿Cómo se puede dar prevención a mujeres embarazadas y recién nacidos? ¿Qué dosis a los familiares de los que no presentan síntomas? ¿Los médicos deben recibir una sola vez tratamiento o 10 días después de que vieron su último caso o varias veces? Preguntas que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte y cuyas respuestas no aparecen en ningún manual.
“(En la SSA) nunca se había puesto a prueba la estructura, nunca les interesó probarla, no se garantizó la capacitación ni se validó ni se hizo seguimiento”, concluye uno de los médicos cercanos al procedimiento.
Eso quedó evidenciado. Los hospitales comenzaron a armar sus pabellones aislantes, a su propio tiempo, capacidad y recursos. Varios enfermos ingresados por otras razones se contagiaron en esa curva de aprendizaje. De 77 personas que, se sospecha, murieron contagiadas nunca se sabrá si las mató el nuevo virus porque no se les tomaron muestras. Todavía hoy no se tiene la certeza del número de muertos.
Uno de los enviados especiales comenta: “Y siguen sin llegar muchos muertos”. 

El libro de Ahumada: "Derecho de réplica"

El México salpicado
ALEJANDRO CABALLERO
Revista Proceso (www.proceso.com.mx) # 1697, 11 de mayo de 2009;
En su libro Derecho de réplica, en puerta las elecciones legislativas, Carlos Ahumada no sólo describe –en episodios que lo empantanan a él mismo– el sórdido mundo de los más grandes partidos políticos (PRD, PRI y PAN), sino que devela el contubernio en que presuntamente incurrieron “el padrino” de la mafia, Carlos Salinas; su “títere” Diego Fernández de Cevallos, el presidente Vicente Fox y funcionarios de Televisa para consumar los “videoescándalos” en contra del gobierno y las aspiraciones de López Obrador, a quien el empresario argentino también exhibe en conductas poco éticas…
Contratista de la administración pública del Distrito Federal desde el período de Manuel Camacho Solís, la fortuna acumulada por el empresario Carlos Ahumada Kurtz, así como su poder de seducción, alimentaron, de acuerdo con su libro Derecho de réplica, la corrupción que envuelve al país en todos sus niveles: presidentes y expresidentes de la República, secretarios de Gobernación, procuradores, legisladores, ministros de la Corte, alcaldes, partidos políticos, televisoras, obispos, abogados, encuestólogos, periodistas...
En esta radiografía, quizás involuntaria, de la degradación política y social del país, Ahumada refiere página tras página cómo hombres y mujeres que representan los tres poderes de la nación –Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, al igual que aquellos que aspiran a colarse en sus pantanos, sucumben uno tras otro, sin importar lo legal o lo ético de sus acciones.
A lo largo de las 364 páginas del libro, con su propio plumaje manchado, Ahumada no sólo desnuda a unos y salpica a otros, sino que, cuando se hallan en puerta los comicios federales de julio próximo, también hace añicos la autoridad moral que pudieran tener los principales partidos contendientes.
La cloaca perredista
Ahumada narra su primer contacto con René Bejarano, en aquel momento secretario particular del jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador:
“… me recomendó de manera muy clara, a nombre suyo y del jefe de Gobierno, en ese entonces López Obrador, que nos desistiéramos jurídicamente de la denuncia penal que habíamos interpuesto por despojo en Tlalpan. Le respondí que no había problema pero que quería tener la seguridad de que no se repetiría ni habría más dificultades. Quedamos de vernos después para seguir tratando ese asunto; sin embargo, en esa reunión me pidió los primeros 50 mil pesos argumentando que eran para apoyar a unos comités ciudadanos en la delegación de Iztapalapa. Accedí a dárselos. Hoy puedo pensar que no fue lo correcto, pero…”
A ese préstamo le siguieron otros, hasta llegar al episodio de las ligas.
De su relación con Gustavo Ponce, secretario de Finanzas del gobierno de López Obrador, registra con el lenguaje del soborno o la extorsión velada: “Ponce me decía: ‘Mira, me quiero ir a Las Vegas, necesito un reloj, le quiero regalar esto a mi esposa’; le gustaban mucho los relojes, también me pedía que le prestara dinero en efectivo. Tenía muchos automóviles lujosos, pero nunca compré uno directamente para él. Un empresario en esta situación se atiene a aquello de que ‘a buen entendedor, pocas palabras’”.
Y, sobre este pasaje, Ahumada señala: “No sé si fue una relación de negocios o de conveniencia”.
En la memoria del empresario nacido en Argentina pero naturalizado mexicano están los apoyos a diversos candidatos perredistas, entre ellos, conforme a su versión, Raúl Ojeda Zubieta, las dos veces que perdió como aspirante a gobernador de Tabasco, y Lázaro Cárdenas Batel, que ganó Michoacán.
Sobre la campaña del hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, Ahumada presume que sin su apoyo al PRD Lázaro no habría ganado la simbólica elección michoacana.
Dice que puso helicópteros, 20 capturistas, equipos de cómputo, diversos vehículos terrestres, además de que el encuestólogo Francisco Abundis, de Parametría, le reportaba directamente a él. Aún más, asegura que lo convenció de anunciar el triunfo de Cárdenas a pesar del resultado tan estrecho que, en su favor, arrojaba su sondeo. Y es que, de acuerdo con Ahumada, Abundis “recibió muchísimo dinero de mi parte”.
Sin embargo, indica que no acaba de entender cómo Roy Campos, de Consulta Mitofsky (encuestador de cabecera de Televisa y de su conductor estelar Joaquín López Dóriga), dio como triunfador a Lázaro cuando a las 18:00 horas cantó empate técnico y cuatro horas después anunció una ventaja de nueve puntos para el perredista. “Eso es algo que él sólo puede explicar”, atiza el empresario.
El encuentro con AMLO
Perdida la anécdota entre las páginas 91 y 92 de su libro, Ahumada asegura que se encontró con López Obrador y que inclusive el entonces jefe de Gobierno del DF le prometió apoyo.
El episodio lo registra así: “Raúl (Ojeda) es una persona a quien respeté, tal vez hasta puedo decir que admiré su forma de ser, las ideas que tenía. Era una persona cien por ciento respaldada por Andrés Manuel López Obrador.
“En el hotel Hyatt, donde me hospedé las veces que viajé a Villahermosa, me presentó a Andrés Manuel, quien me pidió que apoyara a Raúl. Esa reunión tuvo lugar en una de las habitaciones de ese hotel, del que Raúl era propietario, socio o administrador; no sé con exactitud la naturaleza de su vinculación con el Hyatt.
“En esa conversación en Tabasco en el año 2000, López Obrador me agradeció mi respaldo para Raúl, me pidió que siguiera apoyándolo y, palabras más palabras menos, me dijo: ‘apóyalo y en lo que te podamos ayudar en el GDF, cualquier problema que tengamos o que tengas, vamos a tratar de solucionarlo’.
“En la campaña de Raúl viajamos en el mismo autobús donde iban varios perredistas: Rosario Robles, el ingeniero Cárdenas, Laura Itzel Castillo, Octavio Romero, Raúl Ojeda, desde luego; ahí estábamos Andrés Manuel y yo, pero me pidió que fuéramos discretos, que era lo mejor para los dos y de esa manera le sería posible ayudarme sin llamar la atención.”
También manifiesta Ahumada que empezó a grabar a los perredistas porque ya le debían mucho dinero (400 millones de pesos) y quería tener pruebas de esas transacciones.
Detalla, por ejemplo, que “Rosario Robles le firmó a Televisa, en la oficina de Bernardo Gómez, un pagaré de 200 millones de pesos, el cual yo rescaté. Después de una entrevista en el programa de Joaquín López Dóriga en Televisa Chapultepec, dos personas muy amables estaban esperando a Rosario y la acompañaron a la oficina de Bernardo Gómez y ahí firmó el pagaré. Antes de firmarlo le habló a Andrés Manuel y le preguntó que si lo firmaba y él le dijo que sí. En esos 200 millones estaban incluidos cincuenta y tantos millones que Andrés Manuel había quedado a deber a Televisa de las elecciones del 2000”.
La relación con Rosario Robles
Las menciones de la exjefa de Gobierno y expareja sentimental Rosario Robles en su libro son alrededor de 70. Asegura que la también exdirigente nacional del PRD participó en la edición de los videoescándalos, que lo acompañó a varias reuniones con Carlos Salinas de Gortari, tanto en el extranjero como en la casa del expresidente en el Distrito Federal.
Asienta que Robles negoció con Salinas la deuda del PRD, así como la modificación de un artículo de la ley para que ella pudiera llegar a la jefatura defeña mediante una elección.
También indica que Robles se encontró con el entonces presidente Vicente Fox para anunciarle que iba a renunciar a la dirigencia nacional del PRD y para negociar la deuda de su partido.
A juicio del empresario, Rosario era una persona que ambicionaba, sobre todas las cosas, llegar a ser presidenta de la República. Inclusive narra cómo en una cena efectuada en Londres ella le aseguró que, después de los comicios presidenciales de 2006, ambos regresarían a ese restaurante londinense para festejar su asunción al poder presidencial.
En el mismo capítulo de los videoescándalos, Ahumada se refiere al momento en que Salinas tomó una de las bandas presidenciales y se la cruzó a Robles en el pecho para en seguida decirle: “se te ve muy bien”.
De Salinas a Diego
Pero Ahumada no sólo se relacionó con funcionarios y políticos del PRD.
También lo hizo con la cúpula priista, representada por Carlos Salinas de Gortari, y con la panista, liderada por Diego Fernández de Cevallos, aunque, de acuerdo con su relato, el jefe de la banda, El Padrino, es el expresidente de la República.
En este caso, conforme a los relatos de Ahumada, ambos personajes trabajaban como parte de una misma mafia, de la que emergían un sinfín de tentáculos, como el presidente Vicente Fox, el secretario de Gobernación Santiago Creel, el procurador de la República Rafael Macedo de la Concha, el responsable del Cisen, Eduardo Medina Mora, y la dueña del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo.
Brazos menores también se incorporaron al que López Obrador llamó “complot”: gobernadores de la reputación de Manuel Andrade (Tabasco) y Arturo Montiel (Estado de México); políticos, entonces emergentes, como Enrique Peña Nieto, y, para rematar, en la cola de la historia de inmundicias, uno de los brazos golpeadores de Felipe Calderón: Juan Molinar Horcasitas, quien buscaba, desesperado, en la recta final de las campañas presidenciales de 2006, favorecer al actual huésped de Los Pinos, con más videos, marca Ahumada, que ensuciaran la imagen de López Obrador. Del actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Ahumada evalúa: “actuó como en las mejores mafias”.
El empresario de la construcción sostiene, así mismo, que Salinas era el personaje dueño de la última palabra.
Respecto de la estrategia para difundir los videos del escándalo contra AMLO, el empresario escribe: “La manera de dar a conocer los videoescándalos fue de Carlos Salinas. Me planteó la estrategia, junto con Diego Fernández de Cevallos. Fui testigo de las múltiples conversaciones telefónicas que ambos sostuvieron con Santiago Creel, entonces secretario de Gobernación, así como con Ramón Martín Huerta, subsecretario de Gobierno de esa misma dependencia”.
Y resume: “Salinas decidió la estrategia, no la decidí yo. Salinas fue el cerebro de los videoescándalos. Yo fui el de los videos, él fue el del escándalo. En cuanto a Diego Fernández de Cevallos, él fue el coordinador”.
Después devela, a su manera, las jerarquías dentro de la mafia salinista: “Hago un paréntesis para hablar de una actitud que me impresionó y es el hecho de que en esos días descubrí que Diego realmente era un títere de Carlos Salinas. Respondía de tal manera a sus peticiones, a sus instrucciones, que en verdad era impactante que el presidente del Senado y coordinador de los senadores por parte del PAN se sometiera con tanta facilidad a Salinas. No dialogaban. Salinas le daba órdenes cuando hablaban; claro, de manera amable, pero con su voz le daba órdenes”.
El canal de las estrellas
En el entramado de los videoescándalos, a su juicio, la participación de Televisa fue clave.
Ahumada la describe así: “Para ultimar la estrategia, Salinas le habló a Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa. Presencié la llamada. Primero lo saludó y luego le dijo que tenía un asunto muy importante que comentarle, que le beneficiaría mucho a Televisa y a todos en general, que más tarde se contactaría Diego con él para tratarlo con más detalle.
“Días después tuve una reunión con Diego, concretamente el día 19 de febrero. Me dijo que ya se había reunido con Santiago Creel y habían decidido que Federico Döring, asambleísta del PAN, fuera quien diera a conocer esos videos…
“Es decir –concluye Ahumada–, se implementó toda una estrategia mediática para los fines que en ese entonces convenían al gobierno federal (de extracción panista), a Salinas (cabeza del priismo) y a Televisa.”
La manipulación en que incurren esa cadena de televisión y su conductor estelar de noticias Joaquín López Dóriga, es igualmente desnudada por Ahumada.
Cuenta: “… Cuando yo estaba en Cuba, Juan Collado (abogado de Ahumada y de Raúl Salinas) me habló y me dijo: ‘Oye, dice Salinas que le hables a Bernardo para que salgas con Joaquín López Dóriga en el noticiero de hoy en la noche, es importantísimo que salgas…’. Y recibí la siguiente instrucción: ‘No contestes ninguna pregunta aunque te insista Joaquín, porque lo va a hacer para no verse tan obvio’”.
Pero la exhibición de la conducta de Televisa no concluye ahí. Involucra a Leopoldo Gómez, otro de sus altos directivos y coordinador del programa nocturno de debates Tercer grado.
Relata Ahumada: “Me pidieron que le hablara por teléfono a Bernardo, lo cual hice de inmediato y al contestarme el teléfono me dijo: ‘… Estamos tratando de manejar esto lo mejor posible. Te pido que le hables a Leopoldo Gómez para coordinar tu entrevista con Joaquín hoy por la noche’. Así lo hice. Le hablé a Leopoldo y a las 8:00 de la noche se realizó la comunicación con Joaquín…”.
El negocio se puso sobre la mesa. Ahumada pidió 400 millones de pesos por los videos. “Antes de entregárselos (los videos), me hizo llegar (Salinas) aproximadamente 35 millones de pesos. Me los entregaron Manuel Andrade, gobernador de Tabasco; Arturo Montiel, gobernador del Estado de México; Enrique Peña Nieto, diputado del PRI; Elba Esther Gordillo…
“Entre todos ellos me entregaron esa cantidad de dinero. Diego Fernández me hizo un primer pago, a cuenta, por la cantidad de 33 millones el día 19 de febrero de 2004. Fue depositado de alguna de sus cuentas bancarias a Nueva Perspectiva Editores, la empresa que editaba El (periódico) Independiente.”
Según Ahumada, el abogado Juan Collado le confió que el encargado de coordinar la recolección de dinero fue Manlio Fabio Beltrones, actual jefe de la bancada priista en el Senado.
Y el empresario, cuyo libro empezó a circular el jueves 7 de mayo, involucra así al presidente Fox en la liberación de Raúl Salinas:
“Considero que para Salinas, en lo personal y para su familia, concretamente, para su hermano Raúl, fue uno de los mejores negocios que pudieron haber hecho en su vida, por un hecho que para muchos pasó desapercibido. Carlos Salinas me confió que una de las cuestiones que había negociado con el presidente Fox a cambio de los videos, a través de Diego Fernández de Cevallos, era la exoneración de todos los cargos, inclusive el de homicidio, que mantenían en ese momento a Raúl en la cárcel, además de la devolución por parte de la Procuraduría General de la República de todos sus bienes, incluyendo los millones de dólares congelados por la PGR. Y así sucedió finalmente.”
En cuanto a si negoció con el PAN, Ahumada precisa: “No hice ningún acuerdo directo con el Partido Acción Nacional, ni con nadie que dijera actuar en nombre del PAN. Pero siendo que Diego Fernández de Cevallos, Santiago Creel y el presidente Vicente Fox no sólo pertenecían a ese partido, sino que tenían el mayor peso específico en su cúpula dirigente, en ese sentido me parece que sí hubo un acuerdo con el PAN”. Lo que resultó obvio porque, finalmente, Felipe Calderón, candidato panista, resultó ganador de la contienda electoral de 2006. 

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Vos también tenés tu historia...
RAúL MONGE
Revista Proceso (www.proceso.com.mx) # 1697, 11 de mayo de 2009;
Desde su llegada a México con su familia, en 1975, Carlos Ahumada fue dejando por las oficinas gubernamentales un reguero de documentos apócrifos: acta de nacimiento, pasaportes, formas migratorias, actas matrimoniales... Después, como negociante, se enfrascó en litigios amañados, compró influencias y al final se enredó con poderosos políticos y funcionarios en una conjura contra Andrés Manuel López Obrador. En Derecho de réplica, el empresario se autodefine como inocente y hasta idealista, pero su propia historia lo condena...
Antes de mezclar los negocios con la política, aventura de la que ahora se arrepiente porque –confiesa– “fue una combinación explosiva”, Carlos Ahumada ya arrastraba un largo historial de traiciones, estafas y engaños.
Éstos comenzaron desde su llegada a México, a mediados de los setenta, en las gestiones que realizó para obtener la nacionalidad mexicana, entre otros documentos oficiales, y continuaron a lo largo de su carrera, en la cual tejió una bien estructurada red de complicidades políticas y empresariales que en menos de una década lo llevaron a concentrar más de una docena de empresas, dos equipos profesionales de futbol, un diario y, por si fuera poco, una fortuna personal estimada en al menos 50 millones de dólares, de acuerdo con la Procuraduría General de la República.
“Sinceramente me rompí el alma para lograr lo que tengo hoy”, le dijo Ahumada a la periodista Olga Wornat, quien lo entrevistó en septiembre de 2003 para la revista Poder. Hace dos años, luego de una estancia de mil 131 días en la cárcel –del 28 de marzo de 2004 al 7 de mayo de 2007–, Ahumada decidió retornar a su natal Argentina.
La parte oscura de la historia del empresario naturalizado mexicano comenzó cuando llegó a México, en compañía de su madre, Mercedes Leonor Sofía Kurtz Salvatierra, y de su hermano Pablo. Los tres ingresaron con visa de turistas a territorio mexicano el 6 de octubre de 1975 y se alojaron provisionalmente en casa de una media hermana de Carlos que radicaba en el país desde hacía años y cuyo nombre, ahora se sabe, es Graciela.
Según consta en los documentos que entregaron a la oficina mexicana de Migración, los Kurtz ingresaron con visas de turista por un término de 180 días, y no existe constancia alguna en los archivos de esa dependencia de que hayan refrendado su permiso con el fin de permanecer más tiempo en el país.
Otro dato menor pero que refleja su tendencia a la mentira: a Wornat le dijo que era “el séptimo de siete hermanos”; en su libro menciona que es el quinto de seis.
Luego de concluir sus estudios de primaria en 1976, cuenta Ahumada, él y su familia se fueron a vivir a San Cristóbal de Las Casas, donde asegura que permanecieron un año.
En 1977, dice, regresaron a la Ciudad de México y el mismo año cursó el segundo grado de secundaria en la escuela Amado Nervo. El tercero lo estudió en la secundaria 95 Víctor Hugo.
Sin embargo, en la entrevista con Wornat, Ahumada declaró que cursó los tres años en la secundaria número 75.
De ahí, cuenta Ahumada en su libro, saltó al Colegio de Ciencias y Humanidades plantel sur y, en 1983, “ingresé en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde cursé cuatro semestres de la licenciatura en actuaría”. Lo cierto es que en su expediente académico sólo tiene acreditados los dos primeros semestres de esa carrera.
Antes de cumplir la mayoría de edad, el 23 de julio de 1979, Carlos Ahumada recibió otro ejemplo de cómo abrirse paso frente a la ley, ya sea por su puerta principal o a través de sus lagunas, omisiones, o de plano aprovechando los atajos que facilita la corrupción.
Al presentar una constancia de inexistencia del acta de nacimiento, Mercedes Kurtz consiguió que el oficial noveno del Registro Civil adscrito a La Aurora, Coahuila, Roberto García Sánchez, reconociera legalmente a Carlos Ahumada como ciudadano mexicano, nacido en Saltillo, Coahuila. Así quedó asentado en el libro I, tomo II, folio 242, foja 042 de la oficina del Registro Civil del municipio de La Aurora.
En el documento oficial se consigna, además, que Carlos nació en el Hospital Civil de Saltillo, a las 2:00 horas del día 11 de junio de 1964, y que sus padres, Aníbal Ahumada Ferreira y Mercedes Leonor Kurtz, son mexicanos, igual que sus abuelos paternos y maternos Arturo Ahumada Anchorena (finado), Herminia Ferreira Salvatierra (finada), Roberto Kurtz (finado) y Mercedes Salvatierra de Kurtz (finada).
El único dato que coincide con el acta levantada en Argentina es el día de nacimiento. El documento original fue expedido por el Registro Civil de la ciudad de Córdoba, en el que se establece que Carlos Ahumada nació en la Clínica Integral de esa ciudad el mismo 11 de junio de 1964, aunque a las 18:45 horas.
No obstante, en su libro Ahumada menciona una fecha y un lugar de nacimiento distintos: dice que nació en 1963, en el Sanatorio Británico de Córdoba.
Cumplida la mayoría de edad y ya jurídicamente dueño de sus actos, Ahumada cometió su primera trasgresión en México: amparado en el acta de nacimiento apócrifa, tramitó y obtuvo el 31 de agosto de 1982 su cartilla militar en la junta de reclutamiento número 16 del Distrito Federal. El documento quedó registrado en la Secretaría de la Defensa Nacional bajo la matrícula B-2403280.
Animado por su buena suerte, obtuvo luego el primero de los tres pasaportes mexicanos que llegó a tener, todos con distintos datos personales. Le asignaron el número 15920. En la solicitud, Ahumada se declaró mexicano e hijo de padres mexicanos por nacimiento.
Por esa época, según su propio dicho, ya había desempeñado varios oficios: cadenero, lavacoches y gerente de una discoteca. También había sido dueño de dos carritos de hot-dogs, un taxi y una taquería.
Con el falso estatus de mexicano, en 1983 estableció una pequeña fábrica de mesas multiusos. Por ese proyecto, el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado le entregó el Premio Nacional de la Juventud en la categoría de Capacitación y Productividad en la Fábrica.
En los archivos del Instituto Mexicano de la Juventud (antes Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud) existe constancia del reconocimiento otorgado al empresario, que en la ficha de inscripción quedó registrado como mexicano nacido en La Aurora, Coahuila.
Problemas de identidad
Según refiere Ahumada en Derecho de réplica, también fue en 1983 cuando contrajo nupcias con su primera esposa, Sonia Georgina Medrano Tinoco, de quien, subraya, se divorció seis años más tarde, en 1989.
En este punto Ahumada también falta a la verdad: se casó con Sonia Georgina Medrano en agosto de 1984, según consta en el acta matrimonial número 02184, expedida por el entonces juez 25 del Registro Civil, Romero Aramez Garza Garza.
En dicho documento, que firmaron como testigos del contrayente su madre Mercedes Kurtz Salvatierra y su hermana Verónica, Carlos Ahumada vuelve a aparecer como ciudadano mexicano, nacido en Coahuila.
Sujeto al régimen de separación de bienes, el matrimonio se disolvió el 30 de agosto de 1990 –y no en 1989, como afirma Ahumada–, de acuerdo con los datos registrales 090310/00047/1990 del Juzgado Décimo del Registro Civil. Nunca dio parte a la Secretaría de Gobernación sobre la disolución del vínculo matrimonial, como están obligados a hacerlo los extranjeros.
Estimulado por el Premio Nacional de la Juventud y recién casado, Ahumada fundó en sociedad con algunas amistades la empresa Maderamex, cuyo giro era el diseño y fabricación de juguetes de madera, pero fracasó.
Antes de emprender otro negocio, el empresario volvió a incurrir en falsedades con documentos oficiales. El 23 de marzo de 1984 tramitó en la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la delegación Tláhuac la renovación de su pasaporte, por un período de cinco años.
En la copia de su solicitud anotó que sus padres eran mexicanos, y en el renglón destinado a la ocupación o profesión que desempeñaba en aquel entonces escribió “actuario”.
Ahumada afirma que por esas fechas ayudó a la familia de su hermano mayor, Roberto, a establecerse en México:
“Roberto fundó la empresa Grupo Director Empresarial que ofrecía a sus socios rendimientos similares a los de una casa de bolsa, mediante la inversión de ahorros en diversas empresas. En 1990, Roberto enfrentó una demanda de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por actuar ilícitamente como casa de bolsa. Fue aprehendido e ingresó al Reclusorio Oriente y más tarde fue trasladado al Sur, donde enfrentó un juicio que lo mantuvo preso hasta 2001.”
Lo que no cuenta en su libro es que él fue socio de dicha empresa. Únicamente recuerda que su hermano lo involucró y que por esa razón él mismo permaneció en el Reclusorio Oriente durante 28 días. Refiere que salió absuelto de todos los cargos que le imputaban a él, a su madre y a su otro hermano, Pablo.
En el juicio que se le siguió en el Juzgado Décimo Octavo de lo Penal (expediente 191/90), Ahumada volvió a cambiar sus datos de identidad: declaró que había nacido en Córdoba, Argentina; que ingresó a México en calidad de turista el 6 de octubre de 1975 en compañía de su madre; que su hermano los alcanzó en 1984 junto con su esposa y sus hijos, y que se habían quedado irregularmente en el país.
En esa ocasión Ahumada se identificó con el pasaporte número 9664329 expedido por el Ministerio de Interior de la República Argentina el 11 de septiembre de 1975. El documento incluía la visa 1270, con validez de 180 días.
A pesar de su confesa y acreditada estancia irregular en el país, las autoridades judiciales no iniciaron el procedimiento correspondiente para deportar a Ahumada.
Otro capítulo oscuro que omite Ahumada en su libro es cómo se hizo de las granjas de cría y engorda de pavos.
Según contó su hermano Roberto en declaraciones a Proceso (edición 1430, marzo de 2004), Carlos Ahumada fabricaba pólvora y la vendía en un negocio ubicado cerca de La Merced. Pero en abril de 1987 le alquiló a Estela Cabrera Sanabria y Enrique Sanabria Bernal un rancho en Amecameca, Estado de México, con el propósito de instalar ahí una granja.
Estableció ahí su negocio y poco después quiso comprar el rancho, pero Estela y Enrique se negaron porque pretendía pagarles en abonos.
Cuando se acercaba la fecha de vencimiento del contrato de arrendamiento y los propietarios del predio querían cobrarle, Ahumada se ocultó y posteriormente los despojó del terreno sin pagarles nada. Tramitó sus nuevas escrituras a nombre de Cecilia Gurza González, con quien se casó tiempo después.
En medio de la larga batalla jurídica que emprendió para quedarse con el rancho de Amecameca, y tras otro intento de despojo de una granja en Yecapixtla, Morelos, Ahumada se dio tiempo para continuar con sus tropelías.
El 19 de abril de 1989 gestionó su tercer pasaporte mexicano, con vigencia de cinco años, y bajo protesta de decir verdad volvió a sostener que había nacido en La Aurora, Coahuila, y que sus padres eran mexicanos.
Por esas fechas, luego de su para entonces ya fallida aventura avícola y financiado por su hermano Roberto, Carlos Ahumada descubrió, por así decirlo, el negocio de la minería en el estado de Guerrero.
Pero tampoco le fue bien. En Derecho de réplica dice que la depresión en la industria lo obligó a cerrar la planta. Lo que no dice es que dejó embarcadas a casi 900 personas ni que cuando empezaron los problemas legales le traspasó la mina a su cuñado Enrique Gurza.
Entonces regresó a la Ciudad de México y decidió cambiar de giro. Eligió el rubro de la construcción y se promovió como contratista en distintas delegaciones políticas.
Pero antes de que la prosperidad le llegara, el 26 de abril de 1990 Ahumada burló de nueva cuenta a la Secretaría de Gobernación al simular que había entrado como turista al país, y de esa forma obtuvo la Forma Migratoria de Turista número 3436291, con vigencia de 30 días.
Un par de días antes de vencerse el permiso, el 22 de mayo, solicitó la extensión de su estancia en México por un plazo de 30 días. Y el 31 de mayo pidió a la Dirección de Servicios Migratorios un permiso para casarse con una ciudadana mexicana. En ese trámite manifestó que era soltero, cuando en realidad seis días antes había recibido el acta de nulidad de su primer matrimonio.
Cumplidas las formalidades de ley, el 18 de junio contrajo matrimonio con Cecilia Gurza González.
Según consta en el acta 01841, expedida por el juez vigésimo del Registro Civil de la Ciudad de México, Ahumada presentó documentación que lo acreditaba como argentino, y con esa misma nacionalidad registró a sus padres. Datos que contradijeron a los que manifestó en su primer matrimonio.
El 29 de enero de 1991, luego de haber burlado a las autoridades de Relaciones Exteriores al obtener tres pasaportes con documentación apócrifa, Ahumada consiguió la nacionalidad y juró respetar las leyes y a las autoridades mexicanas.
Amparado en su nueva condición migratoria, Ahumada tramitó el 28 de enero de 1992 una nueva cartilla militar como mexicano por naturalización. La Sedena avaló el trámite y le otorgó la cartilla B-9617276.
Seis meses después, en julio, renovó su pasaporte y en éste declaró haber nacido en la ciudad argentina de Córdoba, aunque mintió en los datos de sus progenitores al anotar que era hijo de padre argentino y madre mexicana.
En octubre de 1992, las autoridades migratorias abrieron una investigación para conocer el estatus del empresario y se toparon con otra sorpresa: en sus archivos no encontraron antecedentes de la forma migratoria 177436 con la que Ahumada acreditó su residencia legal en el país y promovió su carta de naturalización. Por ese hecho, la PGR abrió la averiguación previa 2175/FESPLE/93, pero el asunto pasó a la reserva porque la Secretaría de Gobernación, entonces encabezada por Patrocinio González Garrido, no formuló cargos.
Negocios en grande
Carlos Ahumada afirma que comenzó a trabajar para la delegación Álvaro Obregón a principios de los noventa, en el sexenio de quien luego sería su cómplice en el caso de los videoescándalos, Carlos Salinas de Gortari.
Ahí comenzó su meteórico enriquecimiento. Y en los tres años de la siguiente administración capitalina, la de Óscar Espinosa Villarreal, el empresario facturó poco más de 100 millones de pesos.
Contra lo que podría suponerse, el fin del priismo y el ascenso de la izquierda al poder en el Distrito Federal no implicaron el fin de los negocios de Ahumada con las obras públicas. Según cuenta el propio empresario, la persona que lo vinculó con el Partido de la Revolución Democrática fue el extitular de la Procuraduría General de Justicia del DF y de la Procuraduría General de la República, quien además era su notario de cabecera: Ignacio Morales Lechuga.
El titular de la Notaría Pública 116 del Distrito Federal lo presentó con Ramón Sosamontes Herreramoro, quien estaba a punto de asumir las riendas de la delegación Iztapalapa, la más grande y la de mayor presupuesto en la capital del país, junto con la Gustavo A. Madero. “Como en todas sus gestiones, Nacho percibió por ésta sus honorarios correspondientes”, subraya Ahumada.
Por Sosamontes, Ahumada conoció a Rosario Robles, entonces jefa de Gobierno del Distrito Federal, y ella le abrió las puertas a otros negocios de construcción en distintas delegaciones políticas. A la vez, el apoyo financiero del empresario contribuyó a que le pintaran bien las cosas al PRD en los comicios del 6 de julio de 2003.
Cuando los delegados electos comenzaron a armar sus equipos, Ahumada, ya dueño del diario El Independiente, comenzó a cobrarles sus favores y lanzó sus redes en aquellos sitios en los que presumía que podría ampliar sus negocios o afincar nuevas sucursales.
El modus operandi de Ahumada consistía en recomendar a incondicionales suyos en las áreas de Administración y Finanzas, con el fin de amarrar licitaciones de obras públicas y tener asegurado el pago rápido de los trabajos realizados.
A la par de sus negocios en las delegaciones políticas, Ahumada tejió otras redes con funcionarios y exfuncionarios públicos, incluido el expresidente Carlos Salinas de Gortari, con quien fraguaría el golpe mediático contra el entonces jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, en complicidad con el entonces legislador panista Diego Fernández de Cevallos.
En su libro, Ahumada se arrepiente de haber mezclado los negocios con la política: “Fue una combinación explosiva”, dice, para alguien tan inocente como él:
“Mezclé muchas cuestiones y las llevé al extremo. Por ejemplo, mi idealismo. Como lo había vivido desde chico, como simpatizaba con los proyectos de izquierda, me deslumbré con participar en el PRD, con gente como Ramón Sosamontes y Rosario Robles, en quienes creí ciegamente y que hoy sigo pensando estaban comprometidos con su proyecto.
“Posteriormente, me cautivó Lázaro Cárdenas (Batel), a quien considero una buena persona. Enredé todo esto con mi actividad principal que era la de empresario; me metí, como se dice, entre las patas de los caballos, en un conflicto de pesos pesados, como fue la pugna de Andrés Manuel con los Cárdenas. Después se sumaron a esto Salinas, Diego Fernández, la elección de 2006.”
Otra falsedad
RAúL MONGE
Revista Proceso (www.proceso.com.mx) # 1697, 11 de mayo de 2009;
En dos pasajes de su libro Derecho de réplica, Carlos Ahumada hace alusión a las fotografías que fueron publicadas por este semanario en su edición del 2 de mayo de 2004 (número 1435) y en el diario La Jornada, momentos después de su ingreso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en las cuales aparece mientras se viste con el uniforme de recluso.
Dice Ahumada: “El rencor de las autoridades del GDF y del sector de la prensa más afín a ellas, se reflejó claramente en ese abuso vil y cobarde de retratarme semidesnudo para hacer mayor escarnio de mí.
“Considero que un periodismo supeditado a intereses políticos, ejercido por mediocres, sin rastro de sentido ético, no puede ser la aspiración de medios como Proceso y La Jornada, de gran tradición de investigación y denuncia en nuestro país.”
El empresario, que desde hace dos años reside en Argentina, recuerda que por ese motivo interpuso una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que el 13 de octubre de 2006 giró a las autoridades capitalinas la recomendación 11/2006, en la que pide que ofrezcan una disculpa pública al ofendido.
Según Ahumada, dicha disculpa “no se ha dado ni creo que se vaya a dar. Al día de hoy no ha sido resarcido ese daño moral, conforme lo estableció dicha comisión”.
Eso es falso.
Las autoridades aludidas en la queja de Ahumada atendieron las recomendaciones de la CNDH, inclusive la de ofrecer una disculpa pública al empresario de origen argentino. En el diario Milenio, el 2 de noviembre de 2006, fue publicada una nota en la cual autoridades del GDF –a través de la Dirección de Reclusorios– se disculpan con el empresario por haber violado sus garantías individuales en el curso del proceso de su internamiento en el Reclusorio Norte el 28 de abril de 2004.