Espionaje contra la paz
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
Revista Proceso (www.proceso.com.mx) # 1697, 11 de mayo de 2009;
Un intruso asaltó el buzón electrónico de Servicios y Asesoría para la Paz, AC (Serapaz), y robó y destruyo información en curso y depositada en los archivos de esa organización civil. Un acto de esta naturaleza no sólo implica el apoderamiento ilegal de datos privados, sino que constituye una amenaza, hace recapacitar a la víctima sobre la fragilidad de su estructura y también la hace consciente de que un poder la ha colocado en el foco de su atención y por lo tanto puede inferirle mayor daño aun.
El 6 de mayo Serapaz emitió un comunicado en el que “informa y denuncia ante la opinión pública que ha sido víctima en los últimos días de espionaje electrónico y destrucción de correos electrónicos de su cuenta institucional.
“El día de hoy con la ayuda de un experto fueron identificadas entradas de intrusos en el servidor donde se encuentra la correspondencia electrónica institucional de Serapaz, señalando claramente las horas de entrada, la cantidad de correos sustraídos y la dirección a la cual fueron enviados. Esta dirección es un correo que sirve de pantalla para evitar identificar al agresor.”
La comisión de un delito informático es grave de suyo. Pero lo es más si se considera cuál es el bien público atacado, el valor social puesto en jaque. Serapaz es una organización civil “sin fines de lucro que trabaja para la paz y la reconciliación mediante esfuerzos de mediación y transformación positiva de conflictos”. Esa es la tarea afectada por el espionaje, y de ello se deriva la peligrosidad del ataque. Se trata de una agresión y un amago a esfuerzos que, en sentido contrario a la crispación social prevaleciente, buscan el imperio de la convivencia respetuosa y el diálogo como vía de entendimiento en situaciones críticas. No es exagerado considerar que el hackeo a Serapaz se inscribe en la grave tendencia a criminalizar la protesta social, dadas las iniciativas a que está y ha estado vinculada esta benemérita oficina.
Serapaz nació a partir de la experiencia de la Comisión Nacional de Intermediación, que entre 1994 y 1998 promovió las conversaciones de paz en Chiapas, entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal. Poco después del alzamiento indígena y por los muchos títulos que lo calificaban para esa misión, el obispo de San Cristóbal de las Casas, don Samuel Ruiz, fue llamado a mediar entre las partes del más grave desafío al Estado mexicano. Con humildad y clarividencia, el prelado comprendió la necesidad de institucionalizar la mediación y, aunque se mantuvo en el centro de esa tarea, convocó a ciudadanas y ciudadanos eminentes a que contribuyeran, con una autoridad moral semejante a la suya, al diálogo que pudo llevarse a cabo en su propia sede episcopal, en la selva y en San Andrés. Al mismo tiempo la Conai generó un pequeño pero eficaz aparato que no sólo se ocupaba de la logística, sino de proveer sentido político e histórico a sus tareas. Al concluir la misión de la Conai, su secretario ejecutivo, Miguel Álvarez Gándara, organizó Serapaz, presidida por el propio don Samuel. Allí su talento y dedicación ha contado con la colaboración invaluable de Dolores González Saravia, su actual directora, y de Pablo Romo, que dirigió en aquella diócesis el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de la Casas.
Serapaz realiza, callada y eficazmente, tareas permanentes, como la Escuela de Paz y el Observatorio de la Conflictividad Social en México, y promueve “la transformación de conflictos a través de la promoción y articulación de procesos e iniciativas civiles”. Organiza “procesos que contribuyan a la construcción de la paz” y se ocupa de tareas de investigación y producción editorial en el mismo sentido.
Entre las iniciativas que Serapaz articula se encuentra el movimiento Paz con Democracia, el Frente Nacional contra la Represión y Diálogo Nacional, que de distintas maneras procuran la instauración de una sociedad donde se respeten los derechos humanos y el gobierno ejerza una política que beneficie a las personas.
Los buenos oficios de Serapaz se han hecho necesarios en conflictos en los que actúa como instancia mediadora. Son incontables sus aportaciones en ese terreno. Para sólo citar algunas de las coyunturas en que ha actuado, cabe citar que en 2006 contribuyó a que la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca fuera reconocida por el gobierno federal y dialogara con ella. Algunos de sus miembros realizaron tareas de conciliación en el conflicto magisterial de Morelos, el año pasado. Y está en curso su participación en la búsqueda de soluciones al grave conflicto generado en Zimapán, Hidalgo, por la construcción de una planta receptora de residuos tóxicos, rechazada por la población por su propia peligrosidad y las experiencias adversas que esa ciudad ha sufrido por la explotación minera que no considera el daño que sus prácticas causan a la sociedad. Así mismo, en este momento Serapaz es el motor de la campaña Libertad y Justicia para Atenco, un movimiento de gran presencia pública destinado a obtener la excarcelación de ciudadanos que, además de haber sido vejados y golpeados en mayo de 2006, están pagando con cárcel no sus propias culpas, sino las de sus agresores, policías federales y estatales, ninguno de los cuales ha sido sometido a proceso.
Hasta el reciente 21 de abril, y por la generosa disposición de sus animadores, Serapaz fue la sede de la Comisión de Mediación (Comed) formada un año atrás, a finales de abril de 2008, a instancias del Ejército Popular Revolucionario para que por su conducto el gobierno federal accediera a presentar con vida a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes de esa organización armada hechos desaparecer en Oaxaca pronto hará dos años. Al domicilio de Serapaz acudieron más de un vez los delegados de la Secretaría de Gobernación en los turnos de conversación que no se efectuaban en Bucareli. Y allí se reunían los mediadores para la realización de sus tareas, que incluyeron encuentros con las familias de los detenidos-desaparecidos y personas que a título o individual o como representantes de instituciones compartían el interés de la Comed por cumplir el objetivo que promovió su constitución. A lo largo de casi un año, hasta que sus miembros resolvieron disolverla, frente a la falta de voluntad política gubernamental, la Comed se benefició de la hospitalidad al mismo tiempo eficaz y grata de Serapaz. En prevención de la curiosidad malsana que sus actividades suscitan en los órganos de seguridad nacional, los teléfonos de los mediadores se entregaban en depósito mientras conversaban, a fin de que los aparatos no sirvieran para captar información que nunca fue secreta pero pertenecía al dominio privado de la Comisión. Una precaución como esa no logró, por desgracia, evitar el asalto informático a ese domicilio donde se trabaja a favor de la paz.
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
Revista Proceso (www.proceso.com.mx) # 1697, 11 de mayo de 2009;
Un intruso asaltó el buzón electrónico de Servicios y Asesoría para la Paz, AC (Serapaz), y robó y destruyo información en curso y depositada en los archivos de esa organización civil. Un acto de esta naturaleza no sólo implica el apoderamiento ilegal de datos privados, sino que constituye una amenaza, hace recapacitar a la víctima sobre la fragilidad de su estructura y también la hace consciente de que un poder la ha colocado en el foco de su atención y por lo tanto puede inferirle mayor daño aun.
El 6 de mayo Serapaz emitió un comunicado en el que “informa y denuncia ante la opinión pública que ha sido víctima en los últimos días de espionaje electrónico y destrucción de correos electrónicos de su cuenta institucional.
“El día de hoy con la ayuda de un experto fueron identificadas entradas de intrusos en el servidor donde se encuentra la correspondencia electrónica institucional de Serapaz, señalando claramente las horas de entrada, la cantidad de correos sustraídos y la dirección a la cual fueron enviados. Esta dirección es un correo que sirve de pantalla para evitar identificar al agresor.”
La comisión de un delito informático es grave de suyo. Pero lo es más si se considera cuál es el bien público atacado, el valor social puesto en jaque. Serapaz es una organización civil “sin fines de lucro que trabaja para la paz y la reconciliación mediante esfuerzos de mediación y transformación positiva de conflictos”. Esa es la tarea afectada por el espionaje, y de ello se deriva la peligrosidad del ataque. Se trata de una agresión y un amago a esfuerzos que, en sentido contrario a la crispación social prevaleciente, buscan el imperio de la convivencia respetuosa y el diálogo como vía de entendimiento en situaciones críticas. No es exagerado considerar que el hackeo a Serapaz se inscribe en la grave tendencia a criminalizar la protesta social, dadas las iniciativas a que está y ha estado vinculada esta benemérita oficina.
Serapaz nació a partir de la experiencia de la Comisión Nacional de Intermediación, que entre 1994 y 1998 promovió las conversaciones de paz en Chiapas, entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal. Poco después del alzamiento indígena y por los muchos títulos que lo calificaban para esa misión, el obispo de San Cristóbal de las Casas, don Samuel Ruiz, fue llamado a mediar entre las partes del más grave desafío al Estado mexicano. Con humildad y clarividencia, el prelado comprendió la necesidad de institucionalizar la mediación y, aunque se mantuvo en el centro de esa tarea, convocó a ciudadanas y ciudadanos eminentes a que contribuyeran, con una autoridad moral semejante a la suya, al diálogo que pudo llevarse a cabo en su propia sede episcopal, en la selva y en San Andrés. Al mismo tiempo la Conai generó un pequeño pero eficaz aparato que no sólo se ocupaba de la logística, sino de proveer sentido político e histórico a sus tareas. Al concluir la misión de la Conai, su secretario ejecutivo, Miguel Álvarez Gándara, organizó Serapaz, presidida por el propio don Samuel. Allí su talento y dedicación ha contado con la colaboración invaluable de Dolores González Saravia, su actual directora, y de Pablo Romo, que dirigió en aquella diócesis el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de la Casas.
Serapaz realiza, callada y eficazmente, tareas permanentes, como la Escuela de Paz y el Observatorio de la Conflictividad Social en México, y promueve “la transformación de conflictos a través de la promoción y articulación de procesos e iniciativas civiles”. Organiza “procesos que contribuyan a la construcción de la paz” y se ocupa de tareas de investigación y producción editorial en el mismo sentido.
Entre las iniciativas que Serapaz articula se encuentra el movimiento Paz con Democracia, el Frente Nacional contra la Represión y Diálogo Nacional, que de distintas maneras procuran la instauración de una sociedad donde se respeten los derechos humanos y el gobierno ejerza una política que beneficie a las personas.
Los buenos oficios de Serapaz se han hecho necesarios en conflictos en los que actúa como instancia mediadora. Son incontables sus aportaciones en ese terreno. Para sólo citar algunas de las coyunturas en que ha actuado, cabe citar que en 2006 contribuyó a que la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca fuera reconocida por el gobierno federal y dialogara con ella. Algunos de sus miembros realizaron tareas de conciliación en el conflicto magisterial de Morelos, el año pasado. Y está en curso su participación en la búsqueda de soluciones al grave conflicto generado en Zimapán, Hidalgo, por la construcción de una planta receptora de residuos tóxicos, rechazada por la población por su propia peligrosidad y las experiencias adversas que esa ciudad ha sufrido por la explotación minera que no considera el daño que sus prácticas causan a la sociedad. Así mismo, en este momento Serapaz es el motor de la campaña Libertad y Justicia para Atenco, un movimiento de gran presencia pública destinado a obtener la excarcelación de ciudadanos que, además de haber sido vejados y golpeados en mayo de 2006, están pagando con cárcel no sus propias culpas, sino las de sus agresores, policías federales y estatales, ninguno de los cuales ha sido sometido a proceso.
Hasta el reciente 21 de abril, y por la generosa disposición de sus animadores, Serapaz fue la sede de la Comisión de Mediación (Comed) formada un año atrás, a finales de abril de 2008, a instancias del Ejército Popular Revolucionario para que por su conducto el gobierno federal accediera a presentar con vida a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes de esa organización armada hechos desaparecer en Oaxaca pronto hará dos años. Al domicilio de Serapaz acudieron más de un vez los delegados de la Secretaría de Gobernación en los turnos de conversación que no se efectuaban en Bucareli. Y allí se reunían los mediadores para la realización de sus tareas, que incluyeron encuentros con las familias de los detenidos-desaparecidos y personas que a título o individual o como representantes de instituciones compartían el interés de la Comed por cumplir el objetivo que promovió su constitución. A lo largo de casi un año, hasta que sus miembros resolvieron disolverla, frente a la falta de voluntad política gubernamental, la Comed se benefició de la hospitalidad al mismo tiempo eficaz y grata de Serapaz. En prevención de la curiosidad malsana que sus actividades suscitan en los órganos de seguridad nacional, los teléfonos de los mediadores se entregaban en depósito mientras conversaban, a fin de que los aparatos no sirvieran para captar información que nunca fue secreta pero pertenecía al dominio privado de la Comisión. Una precaución como esa no logró, por desgracia, evitar el asalto informático a ese domicilio donde se trabaja a favor de la paz.
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