XXXII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública

XXXII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en el Salón Tesorería del Palacio Nacional

Los Gobernadores discutieron el avance que han tenido en la certificación de los policías y demás integrantes del sistema de justicia penal.

Uno de los temas que estuvo en la mesa de discusión son los resultados que han tenido las 32 entidades del país en la reducción de los delitos de alto impacto: secuestro, homicidio, extorsión, robo y trata de personas.

También se analizó la forma en que los recursos federales que integran los distintas bolsas: Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) con 7 mil 373 millones de pesos; Subsidio para Policía Acreditable (SPA) con 2 mil 484 millones de pesos; el Programa de Apoyos para Seguridad Pública (PROASP) con 3 mil millones de pesos y el Subsidio para Seguridad Pública en los Municipios (SUBSEMUN) con recurso concertado por 4 mil 453 millones de pesos.  

Otro tema fue el de acuerdo sobre la seguridad en las elecciones de julio próximo.

Un punto de la orden del día fue el l informe de los avances que presenta el Secretario Técnico de SETEC, Lic. Felipe Borrego.

El Consejo tuvo una reunión extraordinaria el pasado 16 de diciembre.

Al afirmar que el crimen organizado ha buscado incidir en los comicios, el Presidente anunció la firma de un convenio entre el Gobierno Federal y los estados para garantizar que el próximo proceso electoral se desarrolle en condiciones de gobernabilidad, seguridad y paz social. También recordó el asesinato del candidato a Gobernador por Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, y que en los últimos cinco años el crimen organizado mató a 28 alcaldes en funciones.  Agregó que con la firma de estos convenios se da una muestra de unidad frente al enemigo común.

Paralelamente, Calderón anunció también la adopción de un mecanismo con base en el cual los estados de la Federación podrán disponer de recursos para financiar la construcción de cárceles y de la infraestructura necesaria para ayudar a la seguridad y procuración de justicia.

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El Presidente Calderón en la XXXII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública

Discurso de inauguración.

Palacio Nacional, DF, a 29 de febrero del 2012

Muy buenos días.

Señora y señores Gobernadores.

Señor Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Senador José González Morfín, Presidente del Senado de la República.

Doctor Leonardo Valdés Zurita, Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral.

Señoras y señores Consejeros del Instituto Federal Electoral.

Doctor Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Maestra Lorena Martínez, Presidenta Municipal de Aguascalientes y Presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública.

Licenciado Alejandro Martí García, Presidente de México SOS.

Señoras y señores Secretarios de Seguridad Pública.

Señoras y señores Procuradores Generales de Justicia.

Integrantes del Consejo de Seguridad Pública.

Apreciables académicos y representantes de la sociedad civil.

Distinguidos Legisladores que nos acompañan.

Señoras y señores representantes de los medios de comunicación.

Señoras y señores:

Me es muy grato estar, nuevamente,  reunido con ustedes en el seno de este Consejo Nacional de Seguridad, a tan sólo dos meses de nuestra última sesión.

Una vez más, nos convocan los temas de la mayor relevancia para el país, que sólo en el trabajo conjunto que realizamos podremos, desde luego, afrontar y resolver. En particular, el tema que preocupa más a los mexicanos, y que es el de la seguridad.

Hoy, hemos venido por varias razones. Desde luego, a ratificar nuestro compromiso de actuar más allá de cualquier objetivo de corto plazo, más allá de cualquier interés político o electoral, por el bien y la seguridad de los mexicanos.

Lo hacemos, además, en tiempos cruciales para la vida democrática del país. Dentro de cuatro meses, los mexicanos acudiremos nuevamente a las urnas para elegir a nuestros representantes que habrán de dirigir a la Nación y representar a los ciudadanos por los próximos años, tanto en el Poder Ejecutivo, como en el Poder Legislativo.

En las elecciones de julio próximo, estaremos honrando el régimen democrático y de libertades que hemos construido con mucho esfuerzo los mexicanos a lo largo de varias décadas.

Por eso, quiero agradecer la presencia en esta sesión del doctor Leonardo Valdés Zurita, Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral; así como de los Consejeros del propio Instituto que hoy nos acompañan.

Estimo que la principal amenaza para nuestra democracia y nuestras instituciones es, precisamente, la criminalidad y sus intereses. Desafortunadamente, todos hemos sido testigos de cómo en diversas regiones del país los delincuentes han buscado enquistarse en la sociedad.

Hemos visto, también, cómo buscan apoderarse de las instituciones. En particular, de las de seguridad y justicia, y controlarlas para su beneficio. Pero, también, hemos comenzado a observar no sólo cómo cooptan a directores de cuerpos de policía y, a través de ellos, a toda la corporación, sino, también, ahora observamos a tesoreros, regidores de obras públicas, o de permisos y licencias en diversos ayuntamientos, a través de la violencia, de la intimidación o de la cooptación.

Y en esta violenta ambición de los criminales por buscar el control de la sociedad, hemos visto, también, como han buscado incidir en procesos electorales. Hemos sido testigos de casos tan lamentables, como el asesinato del candidato a Gobernador del Estado de Tamaulipas, el doctor Rodolfo Torre Cantú, en 2010. Ha sido el caso, también, de candidatos a presidentes municipales, en ese mismo estado, incluso.

En los últimos cinco años, 28 alcaldes en funciones han perdido la vida, precisamente, a manos de criminales. En elecciones recientes; se tiene registrado el caso de candidatos de todas las filiaciones políticas, que han sido fuertemente presionados por delincuentes.

Frente a estos hechos, debemos dar respuestas contundentes. El Estado mexicano no cede ni debe ceder ante la amenaza de los criminales.

Y, por eso, celebro que, en el marco de esta Sesión del Consejo, se firmen convenios de colaboración entre el Gobierno Federal y las entidades federativas, a partir de las cuales estaremos trabajando de manera conjunta para que el proceso electoral de 2012 se lleve a cabo en condiciones de gobernabilidad, de seguridad y de paz social.

Estos convenios tienen objetivos claros, que son:

Por una parte, generar las condiciones de seguridad necesarias para que los mexicanos puedan acudir a las urnas con toda tranquilidad, como corresponde a una democracia como la nuestra.

Y, por otra, brindar protección personal a los candidatos a puestos de elección popular y autoridades electorales que así lo requieran.

Con la firma de estos convenios, estamos dando una muestra de unidad frente al enemigo común. Estamos demostrando que podemos y debemos actuar juntos, y que tenemos la fuerza y la voluntad política para defender nuestra democracia.

Este es el espíritu que debe privar en todas las acciones que realicemos para ofrecer seguridad a los mexicanos, a los ciudadanos y a quienes son postulados como candidatos de esos ciudadanos.

En esta Reunión, también, analizaremos distintos temas de la mayor trascendencia en la lucha por la seguridad que los mexicanos hemos emprendido. En particular, estaremos revisando los avances de cada entidad y de la Federación que se presentan en el combate a crímenes que lastiman gravemente a la sociedad.

Acordamos, en la última sesión, estudiar con mayor detalle el caso del secuestro y su evolución, cosa que haremos en el curso de la sesión del día de hoy. Y, también, haremos una revisión del proceso de depuración y fortalecimiento de los cuerpos de seguridad en todos los niveles de Gobierno.

En particular, hay seis puntos de la sesión muy relevantes, a los cuales me refiero brevemente.

En primer lugar. Debemos seguir avanzando en la consolidación de las bases de datos en el caso de homicidios dolosos y personas no localizadas.

La principal razón de nuestra lucha, son las víctimas de la violencia criminal. Trabajamos para llevarles el alivio y la justicia que demandan, con todo derecho, y para que no haya más ciudadanos lastimados por la violencia absurda de los delincuentes.

Para ofrecer justicia a los ciudadanos, es fundamental que cada uno de los casos donde se presente un homicidio, o en cada uno de los casos que sepamos de que exista una persona no localizada, independientemente de que se trate de una víctima inocente o no, incluso, de que se trate de alguien que haya, posiblemente, estado involucrado con el crimen, se cuente con la averiguación previa respectiva por parte de la autoridad competente.

Se requiere, también, que todos estos casos estén registrados en las bases de datos de las procuradurías estatales que llevan tales averiguaciones, y que se concentren a nivel nacional.

Las víctimas de la violencia no son cifras. Son personas que tienen una historia, que tienen nombre y que tienen apellido. Y necesitamos que esas bases de datos se conviertan en un elemento fundamental en la investigación de la autoridad.

En el caso de la base de datos de homicidios dolosos, poco a poco, los estados han ido cumpliendo con los compromisos acordados.

Sin embargo, es prudente hacer un llamado para que nos esforcemos en cumplir, en tiempo y forma, con el acuerdo de tener la base de datos de todos los homicidios registrados en los últimos años, a más tardar en mayo de este 2012; y de que, en la medida que les sea posible, se vayan incorporando, también, los medios de identificación antropométrico, genético y dactilar para cada uno de los casos.

De la misma forma, les reitero que hemos establecido fechas concretas para completar la base de datos de personas no localizadas, probablemente, algunas de ellas secuestradas.

De no acelerar el paso habrá, quizá, algunas entidades que no podrán cumplir a tiempo sus compromisos. Nuestra obligación es ofrecer justicia a quienes son lastimados por los delincuentes, y es necesario investigar todos y cada uno de los casos que se presenten.

En segundo lugar. Tenemos que acelerar el paso en la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal. Es cierto, estamos dentro del plazo fijado en la propia Constitución, de carácter transitorio para su implementación.

Pero es indispensable saber cómo vamos, y que las 32 entidades federativas y la Federación misma cumplamos con la obligación de establecer en los marcos jurídicos que tenemos, los efectos de la reforma, y hacer realidad el nuevo Sistema Penal Acusatorio, aprobado en 2008.

Con esta reforma, transitamos de un sistema inquisitorial a uno acusatorio y equitativo, de carácter presencial, con juicios orales y públicos, con procesos simplificados, y donde la víctima tendrá un rol fundamental. Es un sistema más transparente y más eficiente, que nos permitirá cumplir con nuestro deber de brindar justicia pronta y expedita a los ciudadanos.

El plazo es a junio del 2006. Hoy, por lo pronto, tenemos tres entidades federativas, de las 32 que ya han implementado totalmente este sistema, y siete se encuentran en operación parcial. No es suficiente y, por tanto, tendremos que acelerar el paso y lograr lo antes posible que la totalidad de las entidades cuenten con juicios orales.

Asimismo, hago un respetuoso llamado y exhorto al Congreso de la Unión para que analice, debata y, si lo considera, apruebe la iniciativa que presenté de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, de hecho, que implica la expedición de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, así como las reformas al Código Penal Federal, que están aún pendientes en el Congreso.

Ello, nos permitirá fortalecer nuestro sistema de justicia, castigar con mayor justicia y, a la vez, con mayor contundencia a quienes participan en actividades delincuenciales.

De la misma forma, invito a los Congresos locales a que aprueben los códigos procesales correspondientes en sus estados y, en particular, las leyes de ejecución de sanciones que aún están pendientes y que debieron haber quedado aprobadas a mediados del año pasado.

Finalmente, exhorto a los Poderes locales a que se brinde una estructura administrativa a los órganos implementadores de la Reforma, y que se capacite a jueces, magistrados, Ministerios Públicos, defensores públicos, policías, facilitadores, participantes en el proceso.

No podemos detener la marcha hacia un Sistema de Justicia Penal que ofrezca eficacia y justicia expedita a los mexicanos.

Tercer punto. Tenemos que seguir con el esfuerzo para combatir el secuestro, que es entre todos los crímenes, quizás, de los más indignantes y que dejan una huella más profunda a quienes lo sufren.

Tenemos, en consecuencia, que poner en plena operación las unidades especializadas de combate al secuestro, porque de no hacerlo, dejamos abierta la puerta a los ciudadanos para que sean víctimas de este terrible delito, sin posibilidades de enfrentarlo eficazmente.

En particular, es necesario poner especial énfasis en la revisión de los elementos que integran tales Unidades Antisecuestro con objeto de que sean evaluados y que, desde luego, sean retirados aquellos que no aprueben los controles de confianza.

Hay casi 170 elementos en esta situación, incluso, algunos de ellos mandos de Unidades Antisecuestro y que siguen desempeñando sus funciones.

Como decía José Ángel Conchello, en paz descanse: Para combatir la corrupción, no hay que olvidar que las escaleras deben barrerse de arriba para abajo. Y por ello, debemos empezar desde los niveles más altos.

Hago un exhorto para que, en esta tarea de combatir el secuestro, solo trabajen en las Unidades Antisecuestro quienes han probado ser dignos de la confianza ciudadana.

De ahí la importancia de la depuración y fortalecimiento de las unidades, a través de las evaluaciones de Control de Confianza.

Nuestro compromiso es con los ciudadanos y con nadie más.

Es imperioso trabajar sin descanso para reducir los niveles de secuestro que hoy padece nuestra sociedad y que es, insisto, de los delitos que más lastiman y que más ofenden.

En cuarto lugar. Tenemos que continuar trabajando para cumplir las metas establecidas, a fin de evaluar a todos los elementos de los cuerpos policiales, estatales, municipales y Federales.

En la sesión pasada avanzamos mucho, estableciendo un mecanismo diferenciado en los procesos de evaluación y Control de Confianza, a través del cual a los mandos medios y superiores se establecería un Control de Confianza absoluto; es decir, incluyendo la prueba de polígrafo y a los elementos operativos un Control de Confianza basado en examen toxicológico, psicológico y socioeconómico.

Tenemos que acelerar el paso para cumplir la ruta crítica establecida por todos  para tener policías confiables, a más tardar, a inicios del 2013, tal y como nos mandata la ley.

Confío en que todos pondremos la voluntad suficiente para cumplir con esa ruta crítica.

Hay que decir, desde luego, que a las cifras que tenemos el día de hoy, no estamos alcanzando las metas mensuales establecidas y que a ese ritmo no estaremos en condiciones de lograr el objetivo. Hay, definitivamente, que acelerar el paso.

La clave, es que sólo con policías confiables podremos alcanzar la seguridad que demandan los ciudadanos.

No es un objetivo en sí mismo, pero sí es un instrumento indispensable la depuración policiaca para poder alcanzar el objetivo de reducir la criminalidad y garantizar la seguridad ciudadana.

El quinto punto. Hago hincapié en la necesidad de ejercer y, a la vez, realizar un buen ejercicio de los recursos que estamos destinando en materia de seguridad a las entidades federativas y a los municipios.

Todo el trabajo que se está realizando para fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia en el país, requiere de recursos y de inversiones fuertes.

Desde el inicio de mi Administración, hemos sido conscientes de ello. Y, por ello, en estos cinco años hemos incrementado las transferencias para seguridad en las entidades federativas, más de cuatro veces. Pasaron las transferencias Federales a los estados, de cinco mil millones de pesos, en 2007, a más de 20 mil millones de pesos, aprobados este año, en subsidios como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el subsidio para la policía acreditable, el subsidio para la seguridad pública municipal, y el subsidio de apoyo a programas en materia de seguridad pública.

Los recursos están ahí, y la responsabilidad de cada autoridad es disponer de ellos y utilizarlos de la manera más transparente y eficiente para construir las instituciones de seguridad y justicia fuertes, honestas y confiables que los ciudadanos necesitan y demandan.

En sexto lugar. Finalmente. Es indispensable desarrollar la infraestructura que requieren las entidades federativas para la seguridad y para el correcto funcionamiento de las instituciones de impartición y administración de justicia.

Se necesitan, lo sé, salas especiales para juicios orales, Centros de Control de Confianza, Unidades Especializadas de Combate al Secuestro, y nuevos Centros de Readaptación Social para evitar problemas como los que se han dado recientemente, a causa de la insuficiencia de las instalaciones penitenciarias en las entidades federativas.

Y por ello, también aquí, dispondremos de un nuevo mecanismo; un mecanismo del cual se dará cuenta en esta sesión, y suscribiré, en uso de mis facultades.

Con este mecanismo, las entidades federativas dispondrán de financiamiento para realizar, precisamente, esas obras de infraestructura, aparte de un apoyo a fondo perdido para realizar los proyectos ejecutivos que demandan tales obras de infraestructura de seguridad y justicia.

Se trata de hacerlas pronto, y en el  menor tiempo posible.

Señoras y señores Consejeros.

Distinguidos invitados.

Señoras y señores:

Tenemos frente a nosotros el desafío fundamental de construir instituciones de seguridad y justicia sólidas, honestas y confiables que nuestra generación dejará como un legado a las  mexicanas y a los mexicanos que vienen.

Y debemos avanzar rápido, y avanzar juntos. Ningún estado  debe quedarse atrás en esta tarea.

En el seno de este Consejo Nacional, hemos alcanzado valiosos acuerdos que representan pasos importantes hacia un México más seguro, justo y próspero. Pero debemos recordar que estos acuerdos son compromisos públicos que hemos asumido; y no sólo eso, no sólo compromisos políticos, sino, también, obligaciones establecidas en la ley que debemos cumplir, también.

Se trata de dar respuestas a demandas muy sentidas de la sociedad, de ciudadanas y ciudadanos que se han visto lastimados por el flagelo de la criminalidad.

Defender a los ciudadanos, renovar las instituciones de justicia, hoy claramente deterioradas, fortalecer y depurar las instituciones de seguridad, hoy claramente vulnerables, son obligaciones legales, morales, éticas de todos los gobernantes.

Se trata, el de la seguridad, de un imperativo categórico del que ninguna autoridad se puede sustraer.

La seguridad está más allá de cualquier bandera partidista. La estabilidad en nuestras instituciones y su fortaleza, la salvaguarda de nuestra democracia exige de nosotros un compromiso irrestricto.

Sigamos trabajando sin mezquindad y sin cálculos políticos, por México y los mexicanos.

Los invito a que sigamos avanzando juntos en la tarea de construir, a través del cumplimiento de los acuerdos establecidos en este Consejo de Seguridad, un México mejor, mucho más justo y mucho más seguro, siempre con la mirada puesta en el interés superior de la Nación.

Estoy atento a sus participaciones.

Y muchas gracias por su atención.
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Segunda intervención del Presidente Calderón el la XXXII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad

Pública, 29 feb 2012 | Discurso

Gracias, Secretario.

Señora y señores Gobernadores.

Señores Secretarios.

Procuradora.

Consejeros.

Distinguidos invitados.

Amigas y amigos:

En primer lugar. Quiero agradecer muchísimo la participación de todas y de todos ustedes en esta sesión. Y, en particular, la participación del licenciado Alejandro Martí, que ha traído, una vez más, a este Consejo, la voz de los ciudadanos.

Son varios y muy relevantes los puntos que se abordaron en esta sesión.

En primer lugar. Agradezco la presencia del Consejo en pleno del Instituto Federal Electoral en esta Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública y, también, celebro que se haya ratificado y suscrito el Protocolo de Seguridad para el Proceso Electoral de 2012.

Tenemos, desde luego, muchos retos y muchos desafíos como mexicanos, pero, también, estoy convencido, señoras y señores, que, como decía Renán, hemos hecho juntos grandes cosas, y que debemos hacer otras muchas más.

Creo que coincidimos en que las elecciones, a final de cuentas, son un privilegio. Son un privilegio de los países libres y democráticos como lo es México. Ejerzamos nuestros derechos políticos con entera libertad, a plenitud y con toda responsabilidad.

Y yo estoy plenamente convencido de que si somos fieles, todos, a nuestro compromiso con la ley, con el Estado de Derecho y, por ende, con la seguridad pública, tendremos elecciones que se realizarán en paz y en orden, y, desde luego, la democracia mexicana se ejercerá a plenitud por los ciudadanos.

A lo largo de esta jornada, también, se han expuesto diversos avances respecto a los compromisos asumidos en diversas sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Hemos dado seguimiento, por ejemplo, a los avances que se registran en la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Me parece muy interesante, adecuada, la propuesta de don Alejandro Martí. Por lo mismo, instruyo al Secretario de Gobernación, en su calidad de Secretario del Consejo, para que se dé cuenta en todas las sesiones a futuro del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con un informe puntual del avance de la Reforma Constitucional en Materia Penal en su fase de implementación.

Hemos revisado, también, las líneas de acción establecidas por compromiso consensual de los Gobernadores y miembros de este Consejo, para disminuir los diferentes delitos que agravian a los ciudadanos.

En particular, en esta sesión hemos analizado con mayor detalle la evolución del delito de secuestro, y el grado de avance de los compromisos de la señora y los señores Gobernadores y del Gobierno Federal.

A mí me parece bien, una buena noticia, que, según los datos recabados, tanto de los secuestros denunciados en las entidades federativas, como de los secuestros no denunciados y de los cuales se tiene conocimiento de su realización por diversas vías, se haya registrado una reducción del 11 por ciento en el cuarto trimestre del año 2011, con respecto al tercer trimestre del mismo año.

Y, sin embargo, desde luego, me preocupa y sé que a todos ustedes también, que sigue siendo, en primer lugar, un delito cuya comisión es muy elevada y, en segundo lugar, que las tasas mensuales están registrando nuevamente incrementos, que así sea marginales, van exactamente en la dirección contraria a la que nos hemos propuesto.

Es por ello que debemos avanzar, y mucho más rápido, en estos compromisos. Particularmente en el Control de Confianza de los elementos que integran las Unidades Antisecuestro en toda la República, que no es, como he dicho, un fin en sí mismo, sino un medio indispensable para poder avanzar en el objetivo fundamental de reducir este tipo de conductas lesivas para la convivencia social.

Y debemos hacerlo, también, como ha dicho el señor Martí, con un sentido de urgencia, pensando, precisamente, en función de las próximas víctimas, en función de aquellas mexicanas y mexicanos cuyo sufrimiento debemos evitar a partir del fortalecimiento de nuestras instituciones abocadas, precisamente, a prevenir y castigar tal tipo de delitos.

Es fundamental, también, que la recuperación de la confianza que se deriva de nuestro actuar, y de la confiabilidad misma de las instituciones que genera, valga la redundancia, los procedimientos de Control de Confianza, nos va a generar que abatamos, como debemos hacerlo, la cifra negra en el caso del secuestro y de otros delitos.

Es claro, desde luego, que hay avances, pero todavía falta mucho, mucho por hacer. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo para disminuir los delitos que más lastiman a los mexicanos: El secuestro, los homicidios, la extorsión, la trata de personas, el robo.

En esta materia, y si me lo permiten, así como hoy convocamos, en particular, a hacer el análisis del fenómeno del delito de secuestro, próximamente seguiremos destinando las sesiones subsecuentes del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a analizar el comportamiento de otros de estos delitos especialmente sensibles, como pudiera ser, por ejemplo, el caso del delito de robo en ulteriores sesiones.

Por otra parte, es indispensable completar el proceso de depuración y fortalecimiento de los cuerpos policiacos a través de mecanismos de Control de Confianza, para concluir como nos ordena la Ley de Seguridad Pública, en el mes de enero de 2013.

Tenemos avances, sí, y eso, desde luego, nos congratula; pero es evidente que la evaluación en las entidades federativas apenas alcanza el 23 por ciento del total, y de esta cifra, el número de elementos aprobados es aún menor; con lo cual, nos obliga estos datos a redoblar el paso.

Pienso que la adecuada implementación del Mecanismo de Control de Confianza Diferenciado, aprobado en este Consejo, en el pasado mes de diciembre, nos ayudará a cumplir nuestro objetivo en tiempo y forma.

Tenemos, desde luego, que finalizar el proceso de implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, y no esperar a que venga el término constitucional establecido, sino tratar de anticipar ya, la implementación de la reforma.

Precisamente, por eso, el Gobierno Federal está dando hoy un paso muy importante: proveyendo el financiamiento necesario para que las entidades federativas cuenten con los recursos para lograr contar con la infraestructura que necesitan en salas de proceso penal, de juicio oral, en reclusorios, en Centros de Control de Confianza, y otra infraestructura material que es indispensable.

Esta medida permite contar con la disponibilidad de recursos necesarios para ello, e incluso, con una disposición adicional a fondo perdido, para realizar los proyectos ejecutivos previos a la materialización de tales obras.

El compromiso, en síntesis, señoras y señores, es acelerar el paso para que los ciudadanos vean con claridad una disminución de la inseguridad, y recuperen la confianza en las instituciones.

Estas son mis reflexiones.

Y ahora, si me lo permiten, pediré que me acompañen a hacer la Declaratoria solemne de Clausura:

Siendo las 13 horas con 25 minutos del 29 de febrero del año 2012, declaro formalmente clausurados los trabajos de la XXXII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.