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Caso Regina Martínez

Caso Regina Martínez/LA REDACCIÓN
Revista Proceso No. 1995, 24 de enero de 2015
Mil días de impunidad
El homicidio de Regina Martínez Pérez, la corresponsal de Proceso en Veracruz, está lejos de ser esclarecido y se ve remota la posibilidad de castigar a los verdaderos responsables.
El viernes 23, cuando se cumplieron mil días del asesinato, seguía prófugo José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, principal acusado de ser el autor material en la versión del gobierno de Javier Duarte. Y el único detenido, el presunto copartícipe Jorge Antonio Silva Hernández, El Silva, recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que revise la resolución judicial que anuló su libertad.
El gobierno de Veracruz ya da el caso por resuelto, pero El Silva mantiene su dicho: fue torturado por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que se inculpara e hiciera suya la versión de que el móvil del asesinato fue el robo, con características de crimen pasional.
A través de su defensa legal, Silva Hernández presentó ante el máximo tribunal del país un recurso de revisión de la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo, del Séptimo Distrito.
Ese tribunal federal, con jurisdicción en Veracruz, revocó el 19 de junio pasado el amparo que le había concedido la justicia estatal por considerar que no había pruebas directas en su contra y se habían violado sus garantías constitucionales desde su detención y al momento de ser maltratado física y moralmente para inculparse.


Su defensora, María de los Ángeles Diana Coq Toscanini, presentó el recurso de revisión firmado con las huellas digitales pues El Silva, de 40 años, es analfabeto.

En su solicitud de revisión, la defensa alega que la PGJE violó los derechos humanos de Silva Hernández, protegidos por la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de los cuales México forma parte.

El Silva le dice a la SCJN que los agentes de la PGJE lo detuvieron sin orden de aprehensión, lo retuvieron más tiempo del legal para presentarlo ante el Ministerio Público (MP) y lo torturaron para que se inculpara.

Según el Tribunal Colegiado, en el expediente no se acreditaron esos agravios, por lo que le dio la razón a la juez de Primera Instancia, Beatriz Rivera Hernández, quien en noviembre de 2012 condenó al acusado a 38 años y dos meses de prisión.

Esa sentencia fue revisada por la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz y en agosto de 2013 decretó la libertad de Silva Hernández por violaciones al debido proceso y a sus derechos humanos.

Quedó libre hasta que el Tribunal Colegiado revirtió el amparo y se ordenó su recaptura. El Silva fue localizado en Tlaxcala, en octubre pasado, y desde entonces está recluido en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, en la zona conurbada de Xalapa.

En el recurso de revisión, el acusado afirma que la PGJE lo detuvo en octubre de 2012, medio año después del asesinato de Regina Martínez, y nunca tuvo una defensa adecuada. Por eso, indica, impugnará la arbitrariedad de su detención, pues se llevó a cabo sin orden judicial y en todo momento se violó el principio de presunción de inocencia.

Explica Silva Hernández: “Seis meses después de la muerte de Regina Martínez, sin que mediara orden de aprehensión alguna, fui sometido y privado de mi libertad en la población de Colipa, Veracruz, y trasladado a la ciudad de Xalapa, en donde estuve incomunicado y puesto a disposición del MP, quien en contubernio con los agentes de la Agencia Veracruzana de Investigación me retuvieron privándome de mi libertad sin informarme tan siquiera cuál era el motivo de mi detención”.

Asegura que durante su incomunicación y privación ilegal de la libertad, la procuraduría le asignó a una defensora “que nunca realizó actos o acciones para su defensa y se limitó a firmar lo que el MP del estado le ponía enfrente”. Dice que al ser consignado ante el Juzgado de Primera Instancia, la defensora de oficio no tuvo tiempo de leer las mil 400 páginas de la acusación.

“Además de la inadecuada defensa, nunca se me respetó la presunción de inocencia, mientras que la juez de Primera Instancia nunca tomó en cuenta que fui torturado para confesarme culpable”, dice el recurso de revisión.

El Tribunal Colegiado tampoco tomó en cuenta esos argumentos y en cambio validó la prueba del Protocolo de Estambul, practicada medio año después de su encarcelamiento, en la que se rechazó que Silva Hernández hubiera sido torturado.

En su solicitud a la SCJN, el detenido señala que desde su aprehensión manifestó padecer VIH, como quedó certificado en la averiguación previa. Pero asegura que desde su primer ingreso al Centro de Readaptación Social de Xalapa por el homicidio de la periodista, no fue trasladado ninguna vez a un centro de salud ni recibió tratamiento médico. “Por supuesto, nunca tuve la alimentación adecuada”, comenta.

En consecuencia, el detenido sostiene que fue sentenciado sin pruebas fehacientes que acrediten su plena responsabilidad penal, violando el principio pro persona, según el cual, en el caso de duda, se debe absolver al procesado por insuficiencia probatoria.

Lagunas en la versión oficial

Según la conclusión del gobierno de Javier Duarte, Regina Martínez tenía una relación sentimental con el principal inculpado, Hernández Domínguez (El Jarocho), un joven delincuente adicto a las drogas y dedicado a la prostitución.

Según la versión gubernamental, El Jarocho y El Silva llegaron a la casa de Regina Martínez la noche del viernes 27 de abril y la periodista les fue a comprar cervezas. En las primeras horas del siguiente día discutieron porque, según la declaración ministerial firmada por Silva Hernández, ella le reclamó al Jarocho que no la visitaba.

En la averiguación previa de la PGJE se dice que Hernández Domínguez respondió con golpes. Regina también, pero entre los dos la sometieron. Murió por asfixia. Luego, ellos se llevaron de la casa una computadora, una cámara fotográfica y otros objetos personales de la periodista.

Con esa hipótesis de robo con elementos pasionales, la PGJE de Veracruz soslayó investigar si el asesinato estuvo relacionado con el trabajo periodístico de Martínez Pérez.

Las peticiones a Duarte para que se avanzara en esa línea de investigación fueron la coartada de su gobierno para intimidar a periodistas cercanos a Regina con citatorios judiciales, registros dactilares y filtraciones periodísticas sobre su supuesta participación en el crimen.

La reaprehensión del Silva mantiene viva la versión del gobierno estatal. Pero el caso no está cerrado; no sólo por el camino judicial que aún puede recorrer el sentenciado, sino porque el principal asesino material –en la versión del gobierno del estado– sigue prófugo. En su propia versión, el gobierno de Javier Duarte está en falta.

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