7 feb. 2017

Fiscal ciudadano/Ernesto Hernández Norzagaray

Fiscal ciudadano/Ernesto Hernández Norzagaray
Rio Doce, 6 de febrero de 2017..
Debo confesar que me agradó la decisión final del gobernador de no parecer obstáculo en la designación del Fiscal que vendrá a sustituir al Procurador General de Justicia del Estado. Y me agrada por reconsiderar su posición inicial, donde él quería proponer una terna, para que las dos terceras partes de los diputados resolvieran quien ocuparía este cargo en el que están sembradas muchas esperanzas pero, sobre todo, me gusta porque el procedimiento se ha ciudadanizado, cosa que debería ocurrir en muchas designaciones de la función pública estatal y municipal.
Vamos, y no es que peque de ingenuo, pero yo como muchos desea que los gobiernos se fortalezcan con la participación ciudadana, que por lo demás les permitiría definir estrategias conjuntamente que redundan en beneficio de la ciudadanía.
La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad  Pública, que preside el universitario Ambrocio Mojardín Heráldez, ha dado muestras con los otros ocho integrantes que traen bien puesta la marca y lo hacen con responsabilidad aprovechando sus márgenes de actuación, sus atribuciones legales y el trabajo en equipo.

Eso permite suponer que la convocatoria que habrá de emitirse en las próximas semanas buscará definir un perfil de quien debe asumir esa responsabilidad pública. De todos los que aspiren al cargo serán escogidos cinco que se le presentarán al gobernador, quien seleccionara a tres de ellos y de esos tres una o uno será ungida (o) fiscal por el Congreso del Estado.
O sea, que los miembros de la Coordinación General están obligados a presentar cinco nombres que no sólo tengan el conocimiento jurídico, sino además una trayectoria de participación ciudadana, de manera que cualquiera que asuma el cargo lo haga con independencia del Ejecutivo y mejor, de los poderes fácticos que siempre buscan decidir en los cargos.
Y es que si partimos del entendido de que no hay sinaloense que no haya sufrido directa o indirectamente un coletazo de la violencia cotidiana y de que sería difícil encontrar a alguien satisfecho con el sistema de seguridad estatal, la designación del fiscal sin llegar a ser la varita mágica que resolverá todos los problemas, rompe esa larga tradición de que quienes ocupaban el cargo de Procurador, o se sacaban la “rifa del tigre” como se reconocía, eran personajes de dudosa independencia y futuras tapaderas de los desmanes que ocurrían en la esfera de la administración pública.
Leo, por ejemplo, la declaración del hoy diputado panista Juan Pablo Yamuni  Robles, ex titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, quien sale al encuentro de los señalamientos de complicidad con quienes han dejado en bancarrota las finanzas del estado, y sostiene sin más: que cumplió con su trabajo “de vigilar que el manejo de los recursos públicos se hiciera con transparencia, solo que con el tiempo pudo observar cómo los expedientes de las investigaciones que su dependencia integraba se acumulaban en el despacho de procurador”. Mala cosa que no lo salva. Está señalando directamente a Marco Antonio Higuera Gómez, quien hasta este momento despacha como Procurador General y, si no sucede algo antes, será el encargado de entregar la dependencia al nuevo fiscal de justicia.
Y quien resulte fiscal, bien haría empezar su gestión por investigar las denuncias que dice Yamuni Robles entregó al Procurador, de manera que se esclarezca esto que es un verdadero escándalo de corrupción y que el ex gobernador, cuando le suspendieron la aprobación de la cuenta pública del primer semestre de 2016, ha tenido que dejar su autoexilio dorado en San Diego para venir a decir a los sinaloenses que se aclararán todas las observaciones que le hacen los diputados y que aquellos servidores públicos que hayan incurrido en delitos tendrán que rendir cuentas a la justicia, que por supuesto no puede estar en manos del hoy procurador, que de acuerdo a los señalamientos de Yamuni Robles, simple y sencillamente debería ser suspendido y denunciado, al menos por la sospecha de que encubrió y encubre los malos manejos de la administración malovista.
En definitiva, quien inaugure la figura de fiscal en el estado debe ser de hierro sólido y desde un principio ejercer a plenitud sus atribuciones, de manera que se vea la diferencia con respecto a  ese pasado muchas veces ominoso, cuando no siniestro, de la todavía existente procuraduría del estado.
Y ojalá esta reconsideración del gobernador se replique en los municipios para enfrentar los problemas que tienen muchos de ellos por simple y llana corrupción política.
¡Enhorabuena!

No hay comentarios.: