19 mar. 2017

Contra la impunidad, ayuda internacional

Revista Proceso # 2107, 18 de marzo de 2007..
Contra la impunidad, ayuda internacional/
GLORIA LETICIA DÍAZ
La ola de impunidad que campea en un México sumido en la violencia es tan alarmante que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, luego de una visita al país hace dos años, se atrevió a emitir 14 recomendaciones al Estado mexicano. Una de ellas fue la de aceptar la asistencia técnica internacional para enfrentar el problema, idea que surgió de organizaciones nacionales y que recientemente fue reimpulsada por las mismas durante una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Convencidas de que la asistencia técnica internacional es la única salida a la imparable espiral de violencia e impunidad que arrastra México desde hace al menos 10 años, organizaciones civiles llaman con urgencia a la creación de un consejo asesor en materia de derechos humanos, que fue una de las 14 recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Ra’ad Al Hussein, al gobierno de Enrique Peña Nieto, tras su visita oficial al país en octubre de 2015.

Así, durante el 34 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, en Ginebra, los primeros días de este mes, integrantes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y de Open Society Justice Initiative (OSJI), se reunieron con funcionarios del Alto Comisionado, con representantes de países europeos ante el Consejo y con el embajador permanente de México ante organismos internacionales, Jorge Lomónaco, para llamar la atención sobre las recomendaciones de Al Hussein, dadas a conocer a finales del año pasado.
Tales recomendaciones son las primeras que un representante de la ONU del nivel de Al Hussein hace después de una visita oficial a un país. El protocolo dicta que en esos casos sólo se lee un mensaje, como también se hizo en su momento.
“Atrocidades”
Para Olga Guzmán Vergara, directora de Incidencia de la CMDPDH, y Michael W. Chamberlin, coordinador de estrategia jurídica del Fray Juan de Larios, tan grave es la crisis de derechos humanos en México, que la reacción del representante de la ONU fue la de un relator especial o la de un grupo de trabajo, al emitir recomendaciones que el Estado mexicano está obligado a cumplir.
Guzmán y Chamberlin, quienes acudieron a Ginebra además a presentar el informe de OSJI sobre México, Atrocidades innegables, sostienen en entrevista con Proceso que la propuesta del funcionario de la ONU surgió de una petición expresa de las organizaciones de la sociedad civil durante su visita en 2015, mediante una carta en la que le presentaron un duro diagnóstico de la crisis de derechos humanos en México.
En el documento –respaldado por al menos un centenar de organizaciones no gubernamentales y entregado a Al Hussein el 5 de octubre de 2015– los firmantes solicitaban mayor proactividad de su oficina en México para monitorear violaciones a los derechos humanos, recordar las obligaciones internacionales del Estado mexicano, analizar el procesamiento judicial de casos graves “e identificar acciones prioritarias para mejorar la rendición de cuentas y el acceso a la justicia en el país”.
En la carta, las organizaciones pedían que el ACNUDH apoyara el “establecimiento de una comisión internacional contra la impunidad de violaciones graves de derechos humanos y de casos de corrupción”, que en su conformación hubiera “expertos independientes nombrados por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas”, y que colaborara en el esclarecimiento de dichos casos.
“Hicimos ver al Alto Comisionado que lo que nos preocupaba era la impunidad, que lo que consideramos urgente era que acompañase un mecanismo extraordinario, porque en México no hay voluntad política para ponerle fin; queríamos algo como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, instancia que cuenta con asistencia técnica de la ONU para investigar procesos criminales y fortalecer políticas públicas), pero el Alto Comisionado da un paso atrás y lo que recomienda es un consejo asesor”, explica Guzmán Vergara.
La primera de las 14 recomendación de Al Hussein instruye la creación de “un consejo asesor de renombrados/as expertos/as en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad para asesorar al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción, y para revertir la tasa de impunidad imperante en el país”.
Entre las funciones de ese órgano, el representante de la ONU señala que tendría que hacer un diagnóstico sobre la impunidad en México “y recomendar una hoja de ruta para atender el asunto, evaluar su efectiva implementación y presentar informes públicos periódicos”.
En respuesta al primer punto, el Estado mexicano señaló que “podría atenderse mediante el establecimiento de un organismo nacional, que cuente con un grupo asesor de personalidades en la materia”, además de que tiene organismos autónomos “que promueven y defienden los derechos humanos y se abocan al combate a la impunidad”.
Una vez divulgadas las recomendaciones, recuerdan los defensores, por conducto del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se les convocó para formar el consejo asesor con personalidades mexicanas que apoyaran al director de Política Pública en Derechos Humanos de Gobernación, Ricardo Sepúlveda, a terminar su Plan Nacional de Derechos Humanos. La propuesta fue rechazada por las organizaciones civiles pues consideraron que “le estaban queriendo bajar el perfil a la recomendación”.
“Claro que sabemos que hay expertos mexicanos y que pueden asesorar al Estado mexicano en la materia, pero queremos darle el componente internacional, que sea un órgano híbrido, porque es momento también de que México siga teniendo escrutinio internacional ante los niveles preocupantes de impunidad; lo que no queremos es que tenga una relevancia meramente doméstica, compuesto por amigos del gobierno, y no tenga una función ni una efectividad como esperaríamos”, sigue Guzmán.
Hasta ahora, los representantes de esas organizaciones, así como del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Servicios y Asesoría para la Paz y de la oficina del ACNUDH, han mantenido la interlocución con Sepúlveda, y aunque se les ha informado de la pretensión de instalar el consejo asesor antes de que termine el sexenio, las conversaciones no han alcanzado el nivel sugerido por el representante de la ONU.
Chamberlin apunta: “Lo que quiere la Segob es que el consejo asesor empiece a operar este año a través de un decreto presidencial y darle mandato de aquí al final del sexenio, con expertos mexicanos; estamos de acuerdo en que empiece pronto, pero siempre y cuando se integren expertos internacionales, surja por lo menos de un acuerdo internacional con el Alto Comisionado, y pueda tener un mandato más allá del sexenio, si es necesario”.
Petición de ayuda
Ante la resistencia del gobierno de Peña Nieto, los activistas decidieron ir directamente a la sede del ACNUDH y solicitar la colaboración internacional para respaldar un borrador de resolución del CDH.
De acuerdo con la propuesta de la sociedad civil, tendría que ser el CDH el organismo que mandate a México la creación del consejo asesor, a la oficina del Alto Comisionado “a colaborar con el Estado mexicano para el adecuado diseño e instalación del mismo”, y que se solicite a la oficina del ACNUDH que “presente un informe anual al Consejo de Derechos Humanos sobre el cumplimiento adecuado por el Estado mexicano de las 14 recomendaciones derivadas de su reciente visita a México, en el periodo de sesiones de marzo de cada año”.
Chamberlin apunta que se reunieron con las responsables de la oficina del Alto Comisionado para América Latina y para México, Gintare Eidimtaite y Alicia Londono, respectivamente, así como con representantes de Suiza, Bélgica y Alemania, quienes estaban al tanto de la grave situación por la que atraviesa el país.
Al apuntar que también viajaron a Berlín, el defensor cuenta que en las conversaciones con esos funcionarios hubo coincidencias al considerar que si bien México es visto como “un país aliado”, es “muy claro que a nivel interno tiene un problema muy serio, que sí tendría que ser visto por el CDH.
“El representante de Bélgica nos dijo que acompañaría una resolución como la que le presentamos si va acompañada de otros Estados; los alemanes hablaban con un dejo de frustración, porque ellos –que han colaborado con la Procuraduría General de la República en la capacitación de ministerios públicos, forenses y policías de investigación– reconocen que las cosas no mejoran, y un parlamentario alemán de plano me dijo que México lo deprime.”
Chamberlin sostiene que incluso en conversaciones con Lomónaco, éste no cuestionaba del todo la intervención internacional, además, inesperadamente, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, se presentó en Ginebra y tuvo una reu­nión con Al Hussein, con quien trató temas relacionados con el seguimiento de sus recomendaciones, y ante el CDH hizo un pronunciamiento sobre la política migratoria de Donald Trump, según un comunicado oficial del pasado viernes 3.
“La grave crisis de derechos humanos de México es vox populi, pero Ruiz Cabañas ha dicho en foros internacionales que en materia de desapariciones, en Estados Unidos hay 80 mil personas no localizadas al año, o que hay más personas no localizadas en Italia; nosotros decimos, sí, puede ser que las tasas sean muy altas, pero ni en Italia ni en Estados Unidos hay movimientos de madres buscando a sus hijos ni carpetas de investigación por desaparición forzada ni esos países están sembrados de fosas con cadáveres”, considera.
Apunta que para los representantes de Estados miembros del CDH era alarmante conocer que oficialmente México tiene cerca de 30 mil desaparecidos, “cuando en los 20 años de la guerra civil en Guatemala se reportan 20 mil, o durante las dictaduras chilena y argentina, 3 mil y 15 mil, respectivamente”.
Tras considerar como doble discurso la actitud del gobierno mexicano de pedir el apoyo del ACNUDH para atender el tema Trump y no aceptar la asistencia internacional para superar la crisis interna, Chamberlin dice que los funcionarios del gobierno de Peña Nieto “ven la propuesta como una conjura internacional, a pesar de que sólo se busca que se cumpla con las 14 recomendaciones del Alto Comisionado”.
Al recordar que México arrastra unas 2 mil recomendaciones de otras oficinas de la ONU, el integrante del Fray Juan de Larios dice que los funcionarios mexicanos olvidan que México “tiene una relación privilegiada, porque la oficina del ACNUDH establecida aquí es la única que no reporta la situación de derechos humanos ante el CDH, como sí lo hacen Colombia, Honduras y Guatemala”.
A su regreso de la gira de trabajo por Europa, Chamberlin afirma que hay un consenso internacional de que el gobierno mexicano no se deja ayudar para superar su grave crisis de derechos humanos.
“Lo que vemos es que la comunidad internacional, el Alto Comisionado y la sociedad civil, coincidimos en que México necesita la colaboración técnica internacional para ir disminuyendo las desapariciones, las ejecuciones, las torturas; pero parece que estamos hablando con el adicto que no quiere ser atendido, que no necesita ayuda porque él puede solo; la labor ha sido convencerlo de que necesita ayuda, eso lo piensan todos”, apunta Chamberlin.
Con casi 30 años como defensor de derechos humanos, Chamberlin advierte que ante el ambiente electoral que se avecina, las organizaciones consideran que involucrar a instancias internacionales como el ACNUDH en el Consejo Asesor, que después dé lugar a una instancia de mayor envergadura, como la CICIG, evitaría la contaminación de ese mecanismo.

“El Consejo Asesor es necesario de cualquier manera, porque ni siquiera un cambio radical de gobierno, llámese de partido, nos va a sacar del problema; es tan grave que no nos va a salvar nadie; tiene que ser un tema de Estado y por eso necesitamos el apoyo internacional, porque los mexicanos no salimos de la lógica de los intereses de grupo; hay un nivel de corrupción incluso ideológico, nadie está mirando los problemas estructurales y de Estado. Es un problema más de fondo”, puntualiza Chamberlin.

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