23 abr. 2017

Sexenio de terror en Veracruz: asesinatos, desapariciones, impunidad

Revista Proceso # 2112, a 23 de abril de 2017.ç
Sexenio de terror en Veracruz: asesinatos, desapariciones, impunidad…/NOÉ ZAVALETA
Requerido por el gobierno mexicano bajo los cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, Javier Duarte también es reclamado en el estado que gobernó. Cientos de familias exigen que sea juzgado igualmente en Veracruz por cientos de desapariciones forzadas y asesinatos cometidos por policías. Incluso la Fiscalía General del Estado pide adjuntarse en la petición de extradición y la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas pide saldar, con investigaciones productivas, la “deuda de sangre” que Duarte tiene con el gremio periodístico.

Xalapa, Ver.- Más allá de los desfalcos y la desmesura de los abusos en los que incurrieron él y su familia, el sexenio de Javier Duarte de Ochoa está marcado por el sello indeleble de la violencia, los asesinatos, los secuestros, las desapariciones y las fosas comunes en una entidad cogobernada por políticos y criminales donde se pierde la frontera que distingue a unos de otros.
El admirador del dictador español Francisco Franco; el mandatario que solía huir de las madres con hijos desaparecidos que buscaban confrontarlo; el autoritario que quería imponer por mandato una realidad virtual en Veracruz, como cuando presumió que los únicos delitos en el estado eran robos a los Oxxo; el que llevó a esta entidad a la quiebra; el que con dinero público movía a la prensa oficialista, que lo premió como prócer de la libertad de expresión aun cuando la entidad es conocida en el mundo por ser cementerio de periodistas, tiene que pagar infinitamente más que los miles de millones de pesos robados al pueblo.

Hasta ahora, sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) ha sido omisa en aludir a esa otra parte de la historia negra del sexenio duartista.
Mientras en una cárcel de máxima seguridad en Guatemala Duarte aguardaba la solicitud formal de extradición del gobierno mexicano, que la presentó el viernes 21 a las 15:49 horas, en Veracruz –estado que gobernó del 1 de diciembre de 2010 al 12 de octubre de 2016– los familiares de desaparecidos y de reporteros asesinados, además de otros periodistas y políticos de oposición, exigían que el exmandatario rindiera cuentas sobre la ola de terror que él y su gabinete de seguridad pública y procuración de justicia sembraron durante su sexenio.
Diecinueve periodistas de medios estatales fueron asesinados bajo su gobierno. Tres reporteros (Rubén Espinosa, colaborador de Proceso, Anabel Salazar, de El Buen Tono, y Armando Saldaña, de la Ke Buena) perdieron la vida en otras entidades pero trabajaron en el estado, y tres comunicadores más fueron desaparecidos, consigna la organización civil Reporteros sin Fronteras (RSF) en su último reporte extraordinario sobre Veracruz.
En la nueva administración de Jorge Winckler Ortiz, la Fiscalía General del Estado (FGE) consignó 2 mil 345 carpetas de investigación abiertas por desaparición de personas, pese a que Luis Ángel Bravo –el anterior fiscal, afín a Duarte– únicamente reconocía 950 casos y los de 119 personas reportadas como desaparecidas y “encontradas sin vida” en la entidad, entre 2011 y 2015.
En el oficio FGE/UAI/556/2015, que responde a la solicitud 00371915 de información a Infomex-Veracruz, también se consignó que 699 de las personas desaparecidas eran jóvenes de entre 17 y 27 años.
Una pieza clave en el organigrama del gobierno de Duarte era Arturo Bermúdez Zurita, El Capitán Tormenta, secretario de Seguridad Pública que actualmente cumple prisión preventiva de un año, acusado de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y tráfico de influencias, así como de haber incrementado su patrimonio en 64 millones 733 mil pesos, según la carpeta de investigación FGE/FIM//CI/068/2017/XII, a la que tuvo acceso el reportero.
Su riqueza en inmuebles y cuentas bancarias no es congruente con los 8 millones 229 mil pesos que como funcionario cobró en la nómina durante todo el sexenio, ni mucho menos con las residencias que compró en Texas, los dos hoteles Artisan que construyó en la Riviera Maya y en Chachalacas, la operadora de paquetes turísticos y las varias empresas de seguridad que le atribuyen otros exfuncionarios de Duarte.
Los colectivos de búsqueda de personas y familiares de presuntas víctimas de policías estatales exigen que Bermúdez también sea indiciado por desapariciones forzadas.
Cifras de la muerte
En Veracruz se concentra el mayor número de casos de ese delito atraídos por la PGR, con 17% (183 denuncias), por encima de Tamaulipas (173) y de Guerrero (92), como se resume en el oficio SJAI/DGAJ/01491/2016 de la dependencia federal, obtenido asimismo en la plataforma Infomex. En esa estadística se entiende que dichas desapariciones forzadas fueron presuntamente cometidas por alguna autoridad y en la mayoría de los casos se señaló a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Ese oficio recalca que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad ofrece recompensas de medio millón a millón y medio de pesos a quien otorgue datos para localizar a 28 personas desaparecidas en el país, de las cuales 10 corresponden a Veracruz (35.7%), según un corte de información elaborado a mediados del año pasado.
Durante el gobierno de Duarte y hasta hoy, Veracruz ha sido el campo de batalla de Los Zetas, Gente Nueva, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y Los Ántrax. En sólo cinco de los seis años de esa administración, la espiral de violencia causó 7 mil 291 muertes violentas. En el oficio FGE/UAI/722/2015, que responde a la solicitud 00535315 en la plataforma Infomex-Veracruz, la fiscalía estatal aclara que esa cifra es la suma de homicidios dolosos, imprudenciales, de atracción del fuero federal, ejecuciones extrajudiciales y hallazgos de cadáveres en narcofosas.
Por separado y mediante un cuestionario escrito, el actual fiscal general Jorge Winckler puntualiza que en el sexenio de Duarte se localizaron 43 fosas clandestinas en otros tantos municipios, sin contar los dos grandes narcocementerios de Arbolillo, en Alvarado, y de Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz, de donde se han exhumado “hasta el momento” más de 300 cráneos y 17 mil restos óseos.
El mapeo de dichas fosas, elaborado por la actual administración de la FGE, muestra que el crimen organizado utilizaba como cementerios clandestinos regiones como el Totonacapan, la Huasteca, los Tuxtlas, la región olmeca y las periferias de las grandes ciudades.
En el narcocementerio de Santa Fe, a un costado del recinto portuario, se han extraído más de 250 cráneos y 17 mil restos óseos, pero únicamente se ha conseguido identificar a dos víctimas: Pedro Huesca Barrada, quien fue fiscal investigador especializado adscrito a la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Marina-Armada de México en el Operativo Veracruz Seguro, y su oficial secretario, Gerardo Montiel Estrada.
Ambos fueron levantados por policías de la SSP el 15 de abril de 2013 con apoyo de sicarios del CJNG. Su identificación se demoró casi cuatro años.
Ni verdad ni justicia
“Hay una deuda de sangre con los informadores de Veracruz”, señala Ana Laura Pérez Mendoza, presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) de Veracruz, quien considera que el sexenio de Duarte “dejó la puerta abierta” para que “cualquier gente” del crimen organizado o del Estado atente contra los reporteros.
El 28 de abril se cumplen cinco años del asesinato de Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en Veracruz, que continúa impune. Por ese crimen sólo está en prisión Jorge Hernández, El Silva, un enfermo de VIH que difícilmente cumplirá los 38 años de su sentencia. El otro presunto asesino, José Antonio Hernández Domínguez, El Jarocho, sigue prófugo.
“No se otorgó justicia en el caso de Regina ni en muchos otros. El sentimiento es de mucha frustración. Cada vez que no se castiga a los culpables es dejar la puerta abierta para que cualquier persona pueda agredirnos. Hoy más que nunca es necesario abrir, reabrir los expedientes. Ahora es mucho más difícil porque hay pruebas que se han perdido desde el inicio; en muchas ocasiones la cadena de custodia no se respetó”, señala Pérez Mendoza.
En vísperas de su quinto aniversario luctuoso, los corresponsales de Proceso en el país han preparado un video multimedia en el que exigen desde cada una de sus plazas justicia para la “querida Regina” y no más impunidad en su asesinato ni en el de otros periodistas.
En 2015, cuando se conmemoró el tercer aniversario luctuoso, periodistas y amigos de Regina Martínez tomaron medidas más radicales para exigir justicia y recordarle al gobierno de Duarte que el crimen seguía impune. El 28 de abril de ese año colocaron una placa de latón en la Plaza Lerdo para bautizar la plancha de concreto como “Plaza Regina Martínez”. El acto fue reseñado en medios nacionales y extranjeros.
Personal de ayudantía del gobierno de Duarte y policías estatales retiraron la placa una semana después, pero los periodistas de Veracruz volvieron a colocarla el 9 de junio, con motivo del mes de la libertad de expresión. Para la segunda colocación se utilizó cemento blanco y una placa más grande. Los empleados de gobierno del estado tardaron 10 días en quitarla.
La “deuda de sangre” a la que se refiere la titular de la CEAPP se acumuló con las muertes de Noel López Olguín, de Noticias de Acayucan; Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Gabriel Huge y Yolanda Ordaz, de Notiver; Guillermo Luna Varela, de Veracruz News; Esteban Rodríguez, del Diario AZ; Víctor Manuel Báez Chino, de Milenio; Gregorio Jiménez de la Cruz, de Liberal del Sur; Moisés Sánchez Cerezo, editor de La Unión; Juan Mendoza, fotoperiodista de El Dictamen; Armando Saldaña, locutor de La Ke Buena; Juan Santos Cabrera, excorresponsal de Televisa en Orizaba; Anabel Flores, colaboradora de El Buen Tono y El Sol de Orizaba; así como el de Regina Martínez y Rubén Espinosa, de Proceso.
Pérez Mendoza insiste en que las diligencias ministeriales en algunos homicidios de periodistas fueron “mal integradas desde el inicio”, pues nada más se simuló una investigación.
“No hay resultados positivos de quienes hemos dado seguimiento a estos casos; mientras haya impunidad y no se investigue, tendremos deudas con la justicia”, dice la comisionada.
La lucha de Solecito
Lucy Díaz busca a su hijo Guillermo Lagunes, quien desapareció en 2013. Es vocera del Colectivo Solecito, una organización mayoritariamente integrada por mujeres que busca a sus desaparecidos por todo Veracruz. Dice que con la aprehensión de Duarte se inicia otra lucha de Solecito:
“El colectivo exige que el exgobernador sea procesado por desaparición forzada. Si bien es importante que pague los delitos patrimoniales y de peculado, es indispensable que se haga justicia a las decenas de miles de desaparecidos en Veracruz.”
Con más de 2 mil 400 carpetas de investigación abiertas por desapariciones en la entidad, Solecito está atento a que la detención de Duarte no sea sólo una “venganza partidista o para el golpe mediático”. Los activistas desconfían de las autoridades:
“No hay razones para creer que ya cambiaron todos esos paradigmas cuando vemos que absolutamente todo lo demás sigue igual: los delitos, las omisiones y la simulación. Basta ver la cantidad de funcionarios ostensiblemente corruptos que siguen en el gobierno, ahora en otros cargos.”
También es importante para ese y otros colectivos que Duarte sea “juzgado en Veracruz”, donde cometió sus delitos y omisiones como gobernante, además de que, a decir de Díaz, “es inaceptable que el exgobernador goce del privilegio de estar aislado de sus víctimas; es necesario que el escarnio sea parte de su condena”.
Hasta ahora la justicia de Veracruz requiere a Duarte por probable abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición, según consta en la causa penal 56/2017 y 38/2017.
“La solicitud enviada por el fiscal general contiene adjunta la documentación y archivo visual probatorio de las audiencias celebradas ante el juez, según dicta el debido proceso, donde consta la actuación realizada por la FGE contra el exgobernador estatal”, explica la propia fiscalía en un oficio en el que le pide a la PGR adjuntarse en la solicitud de extradición de Duarte.

Pero en este y otros muchísimos casos la PGR se desempeña como una garante de la impunidad, aun cuando Duarte tenga una inmensa “deuda de sangre” con el pueblo veracruzano y con la sociedad mexicana toda.

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