11 jun. 2017

Fue un “operativo integral de Estado”

Revista Proceso # 2119, 11 de junio de 2017
Fue un “operativo integral de Estado”/JENARO VILLAMIL
Con tal de no perder el Estado de México, el PRI recurrió en los pasados comicios a su viejo catálogo de trampas, pero también ideó nuevas formas de torcer los resultados antes, durante y después de la votación. El senador Alejandro Encinas, excandidato a esa gubernatura, considera que el partido del presidente Peña Nieto no estuvo solo en el despliegue de esos operativos, sino que contó con las autoridades locales, las federales y las electorales, que aprovecharon un marco legal con lagunas y aberraciones.

Un catálogo de nuevas irregularidades como el envío de coronas florales o cabezas de puercos con mensajes intimidatorios a las casas de representantes de casilla, distribución de citatorios apócrifos para acudir a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) el día de la elección, llamadas telefónicas y mensajes por WhatsApp para generar miedo, además de los ya denunciados mecanismos de compra del voto mediante tarjetas, acarreo y “turismo” electoral, formaron parte de las elecciones mexiquenses del domingo 4.

Los siete consejeros del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) han salido a defender su conducción del proceso, presumiendo que el conteo de los 45 consejos distritales coincidió con los polémicos resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con un margen pequeño de diferencia, mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) afirmó que “no ve fraude” y su consejero presidente Lorenzo Córdova prometió que serán un “fiscalizador implacable e imparcial”.
Pesimista ante lo sucedido el 4 de junio, Alejandro Encinas, senador independiente y dos veces candidato a gobernador opositor del Estado de México, afirma que el proceso electoral fue un “operativo integral de Estado” para mantener el fraude y evitar que el PRI perdiera el poder. Este operativo “incluyó tanto la compra de votos como la compra y coacción de actores institucionales como los consejeros y magistrados electorales, pero también de candidatos de la oposición”.
A pesar de todo este despliegue, Encinas subraya que existe una auténtica “rebelión ciudadana” en el Estado de México en contra del PRI, del gobierno y de las instituciones electorales como no había ocurrido en ocasiones anteriores.
“La rebelión ciudadana hizo que los priistas perdieran la elección en varias zonas. La derrota del PRI en la zona metropolitana, en los municipios conurbados, fue estrepitosa”, sentencia.
Crítico también de la reciente reforma electoral de 2014 que centralizó distintas funciones de fiscalización y de sanción en el INE, Encinas no duda en señalar que lo ocurrido en el Estado de México y en Coahuila demuestra el “rotundo fracaso” de esos cambios aprobados por el Congreso.
“Hemos creado tal sobrerregulación de los procesos electorales que estamos multiplicando las formas de violar la ley. Ahora resulta que es más rentable violarla que respetarla porque a nadie le quitan el registro. Aquí, en el Estado de México se puede documentar el fraude y no pasa nada”, dice.
En entrevista con Proceso, Encinas destaca que la compra del voto ocurre no solamente durante la campaña electoral: “Es un proceso que se genera durante años. Es un proceso permanente para condicionar los programas sociales y lo hacen tanto el PRI, como el PAN, el PRD y hasta Morena, porque se trata de un diseño clientelar y corporativo permanente”.
–¿Hubo alguna diferencia entre el actual proceso y lo que usted vivió como candidato en 2011 frente a Eruviel Ávila?
–Ahora se les complicó mucho mantener el control. Perdieron más de 1 millón de votos. La estrategia de compra del voto fue idéntica a la de 2011: llevaron a promotores del voto en cada uno de los distritos, esto les permite identificar a las personas casa por casa. Utilizaron a todo el aparato del gobierno federal.
“En el Estado de México no se necesitan meter muchos votos en las urnas. Con que metas 20 votos falsos en las más de 18 mil casillas, ahí te da una ventaja electoral.”
–¿Qué ocurrió con el PREP? Hay una auténtica rebelión de usuarios de redes sociales contra estos resultados.
–Mucho de lo que hicieron durante el cómputo distrital fue cuadrar las cifras entre las actas de cada una de las casillas con las del PREP. Lo que hicieron muchos militantes y votantes de Morena fue tomarle fotos a las sábanas en los distritos donde no pudieron cubrir. Morena sólo alcanzó a cubrir 78% de las casillas y eso es un déficit muy grave.

“El operativo del PREP y del conteo distrital fue muy sofisticado para que cuadraran los porcentajes, y con una gran complicidad por parte de la autoridad electoral. No es posible que los integrantes del IEEM no se hayan dado cuenta antes de las irregularidades y que justifiquen los errores en el PREP.”

El viernes 9 de junio, las cifras finales del IEEM prácticamente fueron las mismas que las del PREP, a pesar de que aceptaron abrir 3 mil 285 paquetes electorales en varios de los 45 distritos.

El candidato del PRI, Alfredo del Mazo, quedó con 33.69% de la votación (2 millones 48 mil 325 votos), la candidata de Morena, Delfina Gómez, registró 30.91% (1 millón 879 mil 425 votos). La participación fue de 53% (6 millones 79 mil 559 electores) y durante los tres días de la sesión del cómputo en el IEEM los consejeros minimizaron las irregularidades del PREP y la demanda de abrir más casillas.

La consejera Palmira Tapia Palacios atribuyó las anomalías a “errores humanos” en la captura de los datos. Ante la multitud de videos que circularon en las redes señalando que habían entre 241 mil y 238 mil “votos de más” para Del Mazo en la suma del PREP, Tapia Palacios explicó que “cuando copias una pantalla al Excel pueden no salirte bien porque hay valores ocultos o ‘sin datos’, y al hacer la sumatoria no lo identifica, pero lo importante es que puedes observar en automático lo que dice el acta. Y cada quien puede hacer una auditoría y los ejercicios que así lo deseen”.

Tapia Palacios fue responsable del PREP y del conteo rápido junto con los consejeros Miguel Ángel García Hernández y Saúl Mandujano Rubio. El comité técnico de asesores está formado por Alberto Alonso y Coria (quien también participó en el PREP de 2006 en el IFE); Javier Aparicio Castillo, académico del CIDE, que salió a explicar en las redes sociales que no existía “algoritmo” ni error grave en el PREP; Arturo Erdely Ruiz, Carlos Erwin Rodríguez Hernández y Karla Valenzuela Ocaña.

El consejero presidente del IEEM, Pedro Zamudio Godínez, negó una y otra vez que existieran errores deliberados en el PREP. El representante del PRI en el organismo, César Sánchez Millán, les dio “línea” claramente al inicio de la sesión del cómputo distrital: “Este órgano trabaja bien. Defiendan su trabajo, consejeros. Que no quede una percepción de que se hizo algo oculto”.

“Terrorismo electoral”
Encinas incluye en este “operativo integral de Estado” la estrategia de cooptar y “comprar” a los opositores y diputados locales y federales. Menciona dos ejemplos: la caída de la candidatura de Josefina Vázquez Mota, del PAN, y el acuerdo entre el PRD estatal y el gobierno de Eruviel Ávila.

“En 2011, la caída de Luis Felipe Bravo Mena (candidato panista) fue por el abandono del entonces presidente Felipe Calderón y de la dirigencia nacional panista. Ahora, la caída de Josefina Vázquez Mota y la pérdida de distritos electorales en el ‘corredor azul’ de municipios conurbados fue porque la dirigencia estatal le hizo el vacío”, relata.

–¿No fue un problema de diferencias con liderazgos nacionales?

–No. La operación fue cooptar estatalmente. Es claro el acuerdo al que llegaron el PRD y el gobierno de Eruviel Ávila para que le ampliaran su presencia en lugares donde antes era débil el PRD o mantener su influencia en Nezahualcóyotl.

Encinas cita datos de estudios realizados por sus asesores. Por ejemplo, la votación del PRD creció también en aquellos distritos donde hubo una votación “atípica”, es decir, por arriba de 53% de promedio estatal. Se trató de municipios como Lerma, Tenancingo, Tejupilco, Valle de Bravo, Jilotepec, Amecameca, Zinacantepec y la capital, Toluca.

Por ejemplo, en Valle de Bravo, donde era muy débil el PRD, saltó de 7 mil 929 votos en 2011 a 24 mil 132 votos en 2017; en Zinacantepec subió de 14 mil 301 a 31 mil 73 votos; en Toluca creció de 44 mil 119 a 65 mil 62.

Encinas coincide con la observación de Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, de que el crecimiento del voto y el mayor porcentaje a favor del PRI se registraron en “la zona narco del estado”. Ahí están los casos de Valle de Bravo, Tejupilco, Jilotepec.

Recuerda lo sucedido con la exdelegada de Iztapalapa Clara Brugada, a quien hombres armados la agredieron en su propio hotel. La Policía Municipal ingresó para intimidarla y no para defenderla. Eso ocurrió en Tejupilco. “Es evidente que ahí la Policía Municipal opera con el crimen organizado”, señala Encinas.

La misma observación realiza el representante de Morena ante el IEEM, Ricardo Moreno: en los comicios del pasado 4 de junio hubo “terrorismo de Estado” y un “retroceso grave en los términos de la calidad del proceso”, porque muchos de sus representantes fueron intimidados en sus domicilios con coronas florales, enfrentamientos directos, cabezas de cerdos arrojadas en sus casas y llamadas telefónicas anónimas. “Hubo citatorios apócrifos para que muchos fueran a la FEPADE, repartidos por la propia Policía Municipal; lo tenemos documentado”, afirma.

Durante la sesión nocturna del IEEM, el pasado miércoles 7, Moreno mostró un video de siete minutos donde se observa a policías municipales de Ixtlahuaca entregando en la noche citatorios falsos de la FEPADE a personas de la tercera edad para que “comparezcan y enfrenten los cargos que se les imputan”.

“De este video se infiere que los policías municipales ya habían pasado antes con el delegado de la comunidad y generaron un ambiente de miedo; en ­Cuautitlán Izcalli ocurrió lo mismo”, agrega Moreno, dirigente estatal de Morena y su representante ante el IEEM.

En la misma sesión, el representante de Movimiento Ciudadano, César Severiano González, afirmó que al menos a tres representantes de su partido también les llegaron esos falsos citatorios.

El papel de la policía en el Estado de México el día de las elecciones generó una gran cantidad de dudas y denuncias, incluyendo el papel de agentes uniformados que fueron “acarreados” para votar. En la entidad existe un mando único policiaco a cargo de José Manzur Quiroga, secretario general de Gobierno.

El día de la elección Manzur Quiroga confirmó la desaparición de dos representantes de Morena en Atlacomulco y Metepec, pero declaró que no hubo “ninguna incidencia grave” en la entidad.

Fracaso del INE

Cuestionado sobre el papel del INE, con nuevas y poderosas atribuciones para centralizar la fiscalización de los gastos de partidos y candidatos, la asignación de los spots en la radio y televisión, así como sancionar irregularidades, el senador Alejandro Encinas señala que “es un fracaso el diseño de este nuevo modelo mixto”.

“Ya no se pueden centralizar más las funciones electorales y hay que asumir que existió un acuerdo entre los partidos políticos y los gobernadores para dividirse el control de los organismos electorales estatales.

“Los nuevos consejeros estatales llegan, se reparten las cuotas entre los diferentes partidos y también se distribuyen el presupuesto.”

Para Encinas, es necesario cambiar esa reforma electoral para que sólo se utilicen recursos públicos (y evitar los fondos privados) durante las precampañas y campañas electorales.

–¿Es necesario vincular el sistema anticorrupción con el sistema electoral? –se le cuestiona.

–Sí. Tienen que vincularse porque si no, no pasa nada. El desvío de fondos públicos para destinarlo a las elecciones ha registrado el mayor saqueo en la historia del país. Yo demostré cómo Javier Duarte, en Veracruz, utilizó los recursos de la Sedesol para desviarlos a las campañas y no sucedió nada. El INE no hizo nada. El control y la fiscalización debe darse desde antes de que inicie el proceso electoral y con la posibilidad de vigilar a los ­gobernadores.

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