2 jul. 2017

Las columnas políticas.hoy, a 2 de julio de 2017

El Papa Francisco nombra a un jesuita nuevo miembro de la Curia, una posición clave: Prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe.
Nombra al jesuita español Luis Francisco Ladaria Ferrer.
Ladaria sustituye al Cardenal alemán Gerhard Ludwig Müller, cargo que ocupó durante cinco años fue nombrado por Benedicto XVI en 2012.
¡Una decisión sin precedente! Un golpe duro al conservadurismo de la Curia!
Sobre todo por el tema de los divorciados vueltos a casar....,
Bergoglio tomo esa sabia decisión quizá lo comentó con su predecesor..
¿Quién es el nuevo prefecto?

Era el secretario de la Congregación desde  julio de 2008. 
Nació en Manacor, España y estudió en la Universidad de Madrid, donde se graduó como abogado en 1966; ese año entró en la Compañía de Jesús; asistió a la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, y a la escuela de Sankt Georgen de Filosofía y Teología en Fráncfort del Meno, Alemania.
Fue ordenado sacerdote el 29 de julio de 1973 y en 1975 obtuvo el doctorado en teología en la Pontificia Universidad Gregoriana; universidad de la que fue vicerrector años después (entre 1986 y 1994).
En 1992 Juan Pablo II lo nombró miembro de la Comisión Teológica Internacional  y consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe en 1995.
 En marzo de 2004 fue nombrado Secretario General de la Comisión Teológica Internacional 
El 9 de julio de 2008 fue nombrado por el papa Benedicto XVI Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe ; hoy es el nuevo Prefecto, mismo cargo que tuvo Ratzinger muchos para de ahí convertirse en. papa Benedicto XVI..
Este cambio tiene muchas lecturas..., el papa Francisco va hacia adelante en los cambios en la iglesia...Mi tuit de ayer: @fredalvarez
 Con el cambio hecho  @Pontifex_es en la Curia Vaticana hoy; más creo que tomará una sabia decisión en el nombramiento  Primado de México
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Una foto hecha en Cádiz para ilustrar el falso asesinato de nueve niños en Acapulco, Guerrero.

“Los cuerpos tienen fuertes golpes en la cara y en sus extremidades, que son signos de que primero fueron maltratados hasta la muerte y posteriormente arrojados al mar”. Así comienza una falsa información sobre el hallazgo de nueve cadáveres de niños en una playa de Acapulco..., Guerrero,.
La noticia falsa...fue difundido desde principios de junio por varios portales mexicanos con una intencionalidad perversa...Pero la imagen está descontextualizada: fue tomada un año antes en Cádiz para retratar una performance que denunciaba la muerte de miles de refugiados en su intento de cruzar el mar Mediterráneo para llegar a Europa. La nota hoy en madrileño El País.
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La CNDH condena por las amenazas de muerte y actos violentos cometidas por servidores de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, en contra de personal de la CEDH y de custodios del Centro Penitenciario “Aguaruto”, en la ciudad de Culiacán.. y, de ser el caso, emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda.
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Las columnas políticas.hoy, a 2 de julio de 2017
CUANDO se creía que los del Partido Verde no podían llegar más abajo... ¡se ponen a cavar! Y es que sólo el PVEM podría ser capaz de lucrar electoralmente con los niños enfermos de cáncer.
CON ESO de que necesitan lavarse la cara de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, los verdes decidieron incluir, así de pronto, el cáncer infantil en su agenda legislativa. Es un tema que no aparece en sus estatutos ni en su plataforma electoral, pero que por supuesto los hace parecer muy santos.
ESO EXPLICA que tanto el senador Carlos Puente como el diputado Jesús Sesma andan dándole vuelo a la promoción utilizando como bandera electoral el tema del cáncer infantil, de la misma forma en que usaron sin pudor otros temas sensibles como la pena de muerte o el cobro de cuotas en las escuelas públicas.

DESPUÉS de establecer un nuevo estándar bajo de la moralidad política, ¿qué sigue para el Partido Verde? ¿Salir en los spots con gatitos? Es pregunta que no quiere saber la respuesta.
DENTRO del PRI les queda claro que tener el cargo no necesariamente significa ejercerlo. Y ponen como ejemplo el caso de José Murat, quien es presidente de la Fundación Colosio, pero no es quien está armando la próxima y vital asamblea del partido. Esa chamba la trae Jesús Murillo Karam.
CUENTAN que el ex procurador no quiere salir a la luz para evitarse presiones respecto de la asamblea en la que todos los priistas tienen los ojos puestos, dado que marcará el rumbo o el tumbo de la elección presidencial.
ASÍ QUE si algún tricolor quiere saber cómo viene el cónclave de agosto, debe dirigirse a Murillo, diciendo que va a ver a Murat.
NO SE levanten de sus asientos porque la reciente detención de los presuntos asesinos de Juan Camilo Castagné Velasco, el comandante de la Policía Federal muerto en Veracruz, puede destapar un asunto muuuy gordo.
DE ACUERDO con las pesquisas de las autoridades, todo apunta a que el móvil del crimen tiene que ver con, ¡sorpresa!, el buen trabajo del oficial. Según esto, Castagné y su equipo habían comenzado a dar fuertes golpes contra los huachicoleros veracruzanos, que a últimas fechas se han fortificado en ese territorio.
Y OBVIAMENTE no hay delincuente que no tenga cómplices, por lo que el asesinado comandante ya comenzaba a tener claros los hilos de corrupción y protección que tienen los ladrones de combustible por parte de policías y funcionarios locales. Un asunto muy explosivo.
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Frentes Políticos/Excelsior
I.  Justicia selectiva. Pasan los meses y siguen cayendo los funcionarios de Nuevo León. Ahora fue el turno de Patricia Aguirre, extitular de la Corporación para el Desarrollo Turístico, quien quedó vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones. La exfuncionaria medinista acudió a la audiencia en la que una juez determinó su situación legal con base en datos presentados por la fiscal Mildred Ayala. A Aguirre se le relaciona con el otorgamiento de un contrato por 56 millones 837 mil pesos. El proceso forma parte de la “Operación Tornado”, de Jaime Rodríguez, El Bronco, en contra de los funcionarios de Rodrigo Medina, el exmandatario. ¿Y a la corrupción actual? Impunidad.
II. Todos a bordo. A pesar de que el Frente Amplio Opositor nació medio muerto, no cabe duda de que éste es altamente apetitoso para algunas fuerzas políticas. Ya el Partido Acción Nacional, la semana anterior, dio su aval a cambio de que el candidato presidencial surja de sus filas y no del Partido de la Revolución Democrática, cuya líder, Alejandra Barrales, fue la creadora del FAO. Juan Zepeda también es otro de los apuntados. Y ahora, la corriente interna del PRD, Vanguardia Progresista, confirmó su apoyo para que sea Miguel Ángel Mancera el aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República, por el sol azteca. Recuerden: sin propuestas no hay votos.
III. Madrugadores. Álvarez, Anaya, Aureoles, Ávila, Beltrones, De la Madrid, Derbez, Fernández, Ferriz, López, Mancera, Márquez, Meade, Moreno, Narro, Nuño, Osorio, Patricio, Ramírez, Ríos, Romero, Rodríguez, Ruffo, Videgaray, Zavala y Zepeda. A pesar de que existe la prohibición de ley para realizar destapes y autodestapes antes del periodo de precampaña, es decir, en dos meses, ya son 28 los nombres que suenan (tramposa y adelantadamente) para contender por la Presidencia de la República en 2018. Sin duda, muchos de ellos, grandes personajes en la política. Pero lo que importa es un proyecto de nación que le dé una sacudida al sistema. Llámese como se llame.
IV. Pretextos. Después de que se diera a conocer que el Instituto Politécnico Nacional descubrió 624 casos en los que estudiantes compraron sus calificaciones, Araceli Damián, diputada de Morena, aseguró que la falta de recursos, la pobreza que impera en las familias y la necesidad de los jóvenes a generar un ingreso económico trabajando y estudiando al mismo tiempo, obliga a los universitarios a recurrir a prácticas irregulares para aprobar sus materias. “Los jóvenes que estudian en el Politécnico son de los más pobres del país… y eso hace que no tengan el rendimiento suficiente como para alcanzar las notas que requieren para su titulación”. ¿O sea? ¿Aprueba la ilegalidad? No lo podemos creer.
V. Violencia excesiva. Jaime Martínez Benítez, presidente municipal de San Mateo Sindihui, fue asesinado a balazos durante un enfrentamiento con el pueblo vecino de San Francisco Cahuacúa. Ambas localidades mantienen un viejo conflicto agrario en los límites de las regiones Mixteca y Sierra Sur. En el enfrentamiento también murió Vinicio Ferrer Merino, quien fuera originario de Cahuacúa y exalcalde de esa localidad, informó la Fiscalía General del Estado. Este conflicto entre pueblos vecinos ocurrió semanas después de que ambos firmaran un “acuerdo de paz” ante la delegación estatal de la Procuraduría Agraria. Es necesario detener la violencia. Cuando no mueren a manos del crimen organizado se matan entre ellos. Edil, otra profesión de alto riesgo. ¿Y aquello de “hablando se entiende la gente”?
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El test de la democracia/
Enrique Krauze
Reforma
"No me importa si alguien es de derecha o de izquierda. Lo único que me importa es que sea demócrata", dijo Felipe González a un grupo de amigos, a propósito de la connivencia de Podemos y Rodríguez Zapatero con el régimen de Maduro. Tiene razón: la convicción democrática se mide en las reacciones frente a fenómenos dictatoriales.
Ese fue el criterio de Octavio Paz en las revistas que dirigió. Cuando Pinochet asestó el golpe de Estado al régimen de Allende, Plural repudió inmediatamente el acto. Cuando la revolución sandinista derrocó a la dictadura de Somoza, Vuelta puso su esperanza en la pronta celebración de elecciones (que tardaron once años en llegar). Cuando Argentina cayó en las garras de unos militares genocidas, Vuelta lo denunció al grado de que su circulación fue prohibida en ese país.
Cuando el movimiento Solidaridad estalló en Polonia, lo saludamos con el mismo entusiasmo con que apoyamos y publicamos a los disidentes de la Europa secuestrada (Havel, Michnik) y a los héroes de la libertad en la propia URSS: Sájarov, Soljenitsin. Creímos en un desenlace democrático que llegó en unos casos y se desvirtuó en otros. Pero no nos equivocamos al interpretar el significado de la caída del Muro de Berlín. Incluso fallamos en percibir su alcance: hoy Alemania es la vanguardia del mundo libre.
En nuestro continente, criticamos de manera sistemática al régimen castrista, lo mismo que a los movimientos guerrilleros que buscaban emularlo en Colombia, Perú, Salvador, Nicaragua. No erramos: salvo excepciones, los principales países de América Latina no optaron por la vía revolucionaria sino por la democracia.
Nuestra premisa era clara: la única legitimidad para acceder al poder, y para ejercerlo, era la democracia. Respetando sus reglas (en particular la del respeto a las minorías), honrando las leyes, las instituciones y las libertades, la competencia ideológica podía ser despiadada. Pero la violación de esas reglas era absolutamente inadmisible. Con la democracia todo, contra la democracia nada.
Estas ideas no eran comunes en el México de los ochenta pero poco a poco se abrieron paso hasta convencer a un amplio sector de la opinión pública sobre la insostenible ilegitimidad democrática del régimen que nos gobernaba desde 1929. El que en México no hubiese militares en el poder o golpes de Estado no atenuaba ese hecho. La no reelección seguía siendo un legado invaluable del Maderismo, pero el sufragio no era efectivo y las libertades políticas eran muy limitadas. Por fortuna, el país optó por la transición pacífica a la democracia.
Llevamos casi veinte años en esa experiencia inédita para nosotros. Es obvio que nuestra democracia -lo he repetido muchas veces- es una casa en obra negra pero no por ello es menos sustancial. Sus defectos son de quienes la ejercen, no de ella, ni como doctrina ni como sistema. Sería terrible destruirla. Para calibrar el riesgo, basta ver lo que ha ocurrido en Venezuela.
Venezuela nos abre la oportunidad de aplicar el test de la democracia a la política mexicana. Un partido puede ser de derecha o de izquierda, pero la forma de medir si es demócrata es cotejar su postura ante Venezuela.
La diplomacia mexicana ha modificado su política. Enhorabuena: no hay doctrina que justifique la pasividad frente a un tirano. El resto de las fuerzas ha condenado (con tibieza) al régimen de Maduro, cuya deriva totalitaria ocurre ante nuestros ojos, día con día. Estamos viendo la rebelión masiva y pacífica de un pueblo hambriento empeñado en una lucha solitaria por su libertad. Pero dos partidos (mejor dicho, uno y medio) no sólo se han resistido a llamar por su nombre al régimen asesino de Maduro, sino que lo apoyan.
En el caso del medio partido se entiende: los dirigentes del PT son admiradores confesos y huéspedes frecuentes del régimen de Norcorea. Pero en el caso de MORENA, las declaraciones son en verdad preocupantes. Según su jefe máximo, la democracia venezolana es superior a la de México. Y uno de los miembros de su Dirección Nacional se refirió al "importantísimo papel que puede hacer MORENA en el gobierno de México, que es el de integrarse con los países de América Latina que están haciendo los cambios como Venezuela. Digámoslo directo, la integración de México en la revolución bolivariana".
Queda claro. Un amplio sector de la izquierda mexicana no pasa el test de la democracia. No cree que México sea una democracia, pero la utilizará para buscar el poder y, desde ahí, acabar con ella.
www.enriquekrauze.com.mx
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 El factor H/Eduardo Caccia
Reforma
Sucedió. Una mujer viaja de Portugal a Londres en una prestigiada línea aérea británica. Su boleto categoría negocios le da beneficios que no tienen los pasajeros viajando "en turista". Al menos eso cree ella. En pleno vuelo la sobrecargo le dice que no hay suficiente comida y que como ella tiene el menor número de puntos, no le tocará alimento. Lo que el sistema de la aerolínea no reportó es que la mujer tiene 6 meses de embarazo. Afortunadamente un pasajero le cede su plato, pero ya se ha causado un tremendo daño. El "Programa de Lealtad" acaba de naufragar en las aguas de esta mujer que no entiende cómo le pudieron hacer eso. Hay un culpable en esta historia: el algoritmo.
Nuestro mundo avanza vertiginosamente con tecnología que reta la capacidad de asombro incluso de los más jóvenes. Vivimos el embeleso por los datos, los reportes, el sistema que desde una pantalla toma control y ordena según determina la inteligencia artificial. Antes nos escudábamos en razones terrenales, hemos pasado de "me lo dijo el jefe" a "lo determinó el sistema". El episodio de la aerolínea refleja, por cierto, escenas cotidianas en estas empresas cuyos empleados, la mayoría, parecen poseídos por un algoritmo lejano.
En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la información (es un decir) al pasajero es materia para novelas de misterio, drama y terror. Alrededor de sus pantallas "informativas" se juntan los viajeros desconcertados, ven su reloj, no atinan a saber por qué su vuelo dice "a tiempo" y no anuncia la sala de abordaje a pesar de que ya es la hora de salida. En el mostrador de la aerolínea más pasajeros tratan de abrevar información fidedigna. Es mi caso. Le pregunto a la representante por mi vuelo y me dice una hora que no coincide con la pantalla que tiene detrás, una de la aerolínea, no del aeropuerto. Le pregunto que si la pantalla está mal y me dice: "las pantallas siempre están mal, no les haga caso, el aeropuerto es muy lento para actualizarlas, por eso la gente pierde sus vuelos". Le digo que me refiero a su propia pantalla, la que tiene detrás con el logotipo de su empresa. Me revira sin siquiera voltear a verla: "sí, está mal, yo nada más le hago caso a mi sistema".
En los últimos años ha habido un auge por lo que en inglés se conoce como STEM: science, technology, engineering, math, disciplinas muy valiosas, creadoras de algoritmos increíbles, pero que al faltarles la perspectiva del mundo real pueden propiciar malas decisiones. Escribe Christian Madsbjerg en Sensemaking: El poder de las humanidades en la era del algoritmo, "nuestra obsesión con STEM corroe nuestra sensibilidad a los cambios no lineales (yo añado: e impredecibles muchas veces) que ocurren en la conducta humana, y reduce nuestra habilidad natural de extraer significado de la información cualitativa (yo añado: y cuantitativa)". El autor nos previene de los peligros que encierra un mundo en el que la realidad la determina un algoritmo y cita al afamado físico Neil deGrasse: "En la ciencia, cuando la conducta humana entra en la ecuación, las cosas ya no son lineales. Por esto la física es fácil y la sociología es difícil".
Los Consejos de Administración que nada más revisan números sin tener sensibilidad hacia el contexto de lo humano (los empleados, los clientes) convierten a las empresas en frías máquinas de reportar utilidades. Las ciencias sociales y las artes se ven demasiado blandas para cohabitar entre directivos altamente ejecutivos, calculadores, incapaces de recitar un poema o reconocer públicamente que lloraron en una película o en una sala de conciertos. Los grandes hombres de negocios, como los estadistas son, como lo sugiere Madsbjerg, quienes "pueden entender una hoja de cálculo pero también una novela".
La actualidad demanda líderes de sofisticación intelectual, individuos con capacidad de pensamiento crítico, fundamental para interpretar al mundo, personas que pueden mezclar números y rimas, utilidades e historia, marketing y antropología, costos y escultura, políticas públicas y literatura, líderes capaces de entender a Buffett pero también a Jobs.
Sin la perspectiva de lo humano, la tecnología no será, el gobierno no será, los negocios no serán. Que un algoritmo no nos cancele el futuro.
@eduardo_caccia
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Congresos opacos/Juan E. Pardinas
Reforma
Los cleptócratas no llegaron de Marte. Los Duartes, Borge y una larga lista de ex gobernadores no aterrizaron en un platillo volador con el fin de saquear el erario público. Ninguno es un extraterrestre. Todos nacieron en nuestro planeta y en nuestro país. Cada uno de ellos se formó dentro de los usos y costumbres de su partido político. Ellos sólo aprovecharon los incentivos que brindan la discrecionalidad y la opacidad de sus cargos. Este no será un texto para exculparlos, sino un esfuerzo de cinco párrafos para entender en qué contexto institucional florecieron estas malas hierbas. Reparamos sobre la sonrisa psicópata de Javier Duarte, pero olvidamos el contexto institucional donde se gestó su delirio y desvergüenza.
Esta semana el IMCO presentó el Informe Legislativo 2017 que consiste en una radiografía multidimensional de los 31 congresos estatales y la Asamblea Legislativa de la CDMX. En nuestro país hay 1,124 diputados locales que, en teoría, funcionan como contrapeso frente a las facultades feudales de los señores gobernadores. El trabajo de estos legisladores estatales es uno de los aspectos menos estudiados dentro del andamiaje institucional mexicano. Las peores fechorías cometidas por los gobernadores mexicanos del siglo XXI tuvieron la validación de la mayoría de sus congresos. Si creemos que la investigación sobre Roberto Sandoval, gobernador de Nayarit, o la extradición de Javier Duarte van a resolver la corrupción en México, somos más ingenuos y optimistas que un comprador de boletos del Melate. Mientras tengamos congresos locales podridos por los privilegios y la falta de transparencia, México tendrá gobernadores corruptos.
Apenas hace unas semanas se destapó una red de extorsión dentro del Congreso de San Luis Potosí. El diputado panista Enrique Flores apareció en un video donde ofrecía limpiar las cuentas públicas de un municipio a cambio del 10% de los montos observados. Esta nueva modalidad de crimen organizado utiliza las atribuciones constitucionales del Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado para diezmar los menguados presupuestos de los ayuntamientos. ¿Qué contexto de impunidad pudo transformar a miembros del Poder Legislativo de San Luis Potosí en una versión autóctona de Los Sopranos? ¿En cuántos congresos estatales se repite este modus operandi?
El equipo del IMCO realizó 800 solicitudes de información, 25 por Congreso, para recopilar los datos necesarios para el estudio. ¿Cuál fue la solicitud con peor porcentaje de respuesta? Sólo 13 de 32 congresos estatales pudieron entregar su respectivo proyecto de presupuesto de egresos para 2017. Apenas 15 de 32 poderes legislativos pudieron documentar la distribución del gasto en 2016. Otro de los aspectos relevantes del estudio del IMCO fue la existencia de partidas presupuestales para gasto social ejercidas desde los congresos estatales, una especie de sedesoles legislativas.
En el año electoral de 2015, la Asamblea Legislativa de la CDMX gastó más de 600 millones de pesos en "ayudas sociales". Si se mide el dinero invertido por legislador, el Parlamento de la CDMX es el Congreso más costoso del país y uno de los más caros del mundo. En 2016, año no electoral, "sólo" gastó 311 millones de pesos en ayudas sociales. En la gran mayoría de los congresos estatales ya se permite la reelección. ¿El presupuesto social de los congresos se va a considerar dentro de los gastos de precampaña de los diputados que buscan reelegirse en sus puestos? Con opacidad y débil rendición de cuentas en los congresos estatales, los comicios con reelección se pueden convertir en competencias muy disparejas. La recomendación más importante del estudio del IMCO es obvia y muy preocupante: que los congresos cumplan con los criterios de contabilidad y transparencia que exigen las normas. En esencia pedimos que los diputados locales cumplan las leyes del Estado mexicano.
@jepardinas
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De naturaleza política/ENRIQUE ARANDA
Excélsior
En Cancún, MUAD cubana…
Quienes insisten en forzar el retorno de Cuba a la democracia, reiteraron la necesidad de impulsar un diálogo nacional abierto, plural y de consulta ciudadana.
Ahora sí que, literal, contra viento y marea, la Mesa de Unidad y de Acción Democrática (MUAD) cubana, integrada por representantes de algo más de 70 organizaciones cívico-políticas que operan en el interior de la isla y en los más diversos destinos del exilio a que han sido empujados miles de opositores a la dictadura del extinto Fidel y su hermano Raúl Castro Ruz en el último medio siglo, pudo celebrar en tierras mexicanas su cuarto encuentro… en otros tantos años.
En el paradisiaco y otrora apacible Cancún, efectivamente, bajo los auspicios de la Fundación Konrad Adenauer alemana y con la presencia, entre otros, de intelectuales y académicos afines a su causa, representantes partidistas y de organizaciones hemisféricas y, de manera destacada, del expresidente Felipe Calderón Hinojosa en este caso, quienes insisten en forzar el retorno de Cuba a la democracia, reiteraron la necesidad de impulsar un diálogo nacional abierto, plural y de consulta ciudadana, convencidos de que “sólo un diálogo de esta naturaleza es capaz de afrontar los desafíos acumulados, los grandes problemas estructurales de la nación y los cambios sociológicos que han transformado nuestro mapa social”… y que, “una década de fracasos de reformas raulistas evidenciaran, otra vez, que el Partido Comunista de Cuba no está en condiciones de liderar el proyecto de país que necesitamos”. 
Previa la presentación de resolutivos de la reunión, denunció que ante el inicio de sus trabajos, “sufrió un ataque masivo, el pasado lunes 26 de junio, cuando 21 de sus integrantes fueron impedidos por las autoridades cubanas de abordar el avión” que les conduciría a Quintana Roo y, tres días después, el 29, “varios activistas fueron impedidos de participar en una video-conferencia entre La Habana y Cancún” que permitiera un intercambio más fluido con los asistentes al encuentro.
Merced a ello es que, el documento de conclusiones, la (plural) Mesa de Unidad y de Acción Democrática cubana que, en México, ha encontrado permanente cobijo, “hace saber al gobierno de Cuba que la represión de las alternativas políticas y cívicas es un ejercicio inútil. Lo fue antes, cuando la sociedad estaba aún atrapada por el relato de la utopía y la presión del carisma, y vivía en el encanto de cierta equidad social… y lo será más hoy, cuando (el país) experimenta el aumento de las desigualdades y el cansancio natural de una narrativa de Estado agotada y sin imaginación; cuando su sociedad se hace más autónoma en medio de los continuos escándalos en los que vive su élite y de la estructuración de un capitalismo corporativo y excluyente”.
La oposición en Cuba, advierte a renglón seguido, llegó para permanecer en bien de la modernización de la sociedad.
Y todo, amén insistir en su reiterado reclamo por la inmediata liberación de los prisioneros políticos y de conciencia, así como el cese de la violencia sistemática contra el colectivo Damas de Blanco y otros activistas que ejercen su derecho a la protesta pacífica no violenta… Cuba, insiste, “necesita implementar una nueva Ley Electoral que garantice elecciones libres, limpias, plurales, democráticas y supervisadas internacionalmente… y un claro proceso de reformas económicas que garanticen seguridad jurídica a los cubanos, el derecho a la propiedad y a la inversión en la economía.
Realidad y Constitución en Cuba, no pueden seguir  divorciados…
ASTERISCOS
* Un día sí y otro también, se acrecienta la lista de perredistas y panistas que, a contrapelo de lo acordado en lo oscurito entre sus dirigentes, Alejandra Barrales Magdaleno y el indefinido Ricardo Anaya Cortés, rechazan de manera abierta dar forma a un Frente Amplio antipriista y/o antilopezobradorista que, huelga decir, sólo les beneficiaría a éstos…
Veámonos aquí mañana, con otro comentario De naturaleza política.
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Plan presidencialista basado en el acecho/ÁLVARO DELGADO Y GABRIELA HERNÁNDEZ
A su llegada al gobierno poblano, Rafael Moreno Valle creó una instancia estatal de espionaje –con equipo comprado a Hacking Team y se la encargó a Eukid Castañón, quien a su vez contrató a un exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para la operación del sistema. Éste resultó tan efectivo que nadie escapó de ser fisgado… ni el mismo gobernador y su esposa. El mecanismo presuntamente sigue en uso, aunque no se sabe a quién se dirige la información que extrae de los dispositivos electrónicos intervenidos en forma ilícita. Estas son las prácticas de quien aspira a gobernar a los mexicanos en 2018.

PUEBLA, PUE.- Desde que arribó al gobierno de Puebla y comenzó a construir su proyecto presidencial, en febrero de 2011, Rafael Moreno Valle creó un sistema de espionaje contra adversarios políticos y sociales del que fueron víctimas inclusive él mismo y su esposa, Martha Erika Alonso, quien ambiciona ser también gobernadora.
Nadie se salvó en Puebla del fisgoneo ilegal del expriista Moreno Valle, aspirante a la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), quien compró a la empresa italiana Hacking Team equipo que infecta con un virus teléfonos y compu­tadoras para extraerles la información que alojan.
Al frente del entramado para el espionaje, colocó al actual diputado federal panista Eukid Castañón Herrera, quien a su vez llevó a Puebla como su operador a Joaquín Arenal Romero, exsubdirector de contrainteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), fallecido apenas el 6 de junio.
“Arenal llegó de México a Puebla por Eukid para trabajar este equipo de inteligencia”, revela a Proceso Fernando Manzanilla Prieto, el primer secretario de Gobierno de Moreno Valle, quien asegura que éste le dio a su controvertido operador político y financiero todas las facultades para crear un equipo de espionaje que, se presume, sigue activo pese a que ahora el gobernador es Antonio Gali.
Entre los políticos de Puebla persiste la sospecha de que el espionaje sigue, pues nadie ha informado sobre el destino que tuvo el equipo que el gobierno de Moreno Valle compró a Hacking Team.
“No sabemos si Moreno Valle se lo llevó, dónde está o qué hizo con ese equipo”, señala la exdiputada federal perredista Roxana Luna, excandidata a gobernadora. Ese equipo, dice, “debió ser usado para vigilar y combatir a la delincuencia; es un hecho que no fue el uso que se le dio”.
Enrique Doger, exrector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, denunció como diputado federal priista, en 2014, que Moreno Valle tenía una red de espionaje, encabezada por Eukid Castañón. Y después recibió en su oficina, de manera anónima, un sobre con información “muy concreta” que le advertía que su teléfono celular había sido “clonado”.
Y en esa información que recibió, que incluía una memoria usb con decenas de archivos de audio de sus conversaciones con distintas personas, se establecía que Eukid Castañón encabezaba la red de espionaje y Joaquín Arenal era el operador.
“Paralelo con esto –recuerda Doger– familiares míos empezaron a recibir fotografías y conversaciones que venían de mis chats. Les decían por ejemplo a mis hijas: ‘tú papá está haciendo esto’, y les enviaban fotos que sólo podrían haber salido de mi celular”.
Doger refiere que todo esto ocurrió cuando había manifestado su intención de buscar la gubernatura y asume que estas filtraciones hacia su familia eran una especie de advertencia. Denunció el caso en la Cámara de Diputados y días después su oficina fue allanada.
Moreno Valle, espiado
Moreno Valle se convirtió en el primer gobernador no priista de Puebla, luego de ganar las elecciones, en 2010, postulado por una coalición de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia y Nueva Alianza, creado por Elba Esther Gordillo, su mentora política.
A cinco meses de su toma de posesión, el 3 de agosto de 2011, Moreno Valle creó el Centro de Análisis Prospectivo (CAP), un órgano adscrito a la Secretaría de Gobierno a cargo de Manzanilla Prieto, su cuñado, quien emitió el reglamento respectivo tres meses después, el 31 de octubre.
El CAP se definió como la instancia responsable de “recabar, integrar, sistematizar, analizar, interpretar y resguardar la información relevante que generen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y de los diversos actores sociales, para ponerla a disposición de las instancias responsables de la toma de decisiones, contribuyendo en ello a preservar la gobernabilidad y la paz social”.
Como director general del CAP fue designado Héctor Javier Arrona Urrea, mientras que en la Dirección de Servicios Técnicos se designó a José Antonio Celorio Mansi y en la Dirección de Información se colocó a Abraham Sánchez, cuyo brazo derecho era Arenal Romero.
Según el reglamento del CAP, la Dirección de Información tenía entre otras atribuciones la “recopilación, integración, análisis y resguardo de información, así como elaborar estudios de carácter estratégico que permitan alertar sobre riesgos, amenazas y oportunidades a la gobernabilidad y seguridad del estado”.
Pero pocos meses después, en junio de 2012, el espionaje al periodista Rodolfo Ruiz, director del diario digital e-consulta, puso al descubierto la maraña de esta actividad ilegal en Puebla, que involucraba a numerosos actores políticos y sociales, incluido el propio gobernador y hasta a su esposa, Martha Erika Alonso.
En efecto, en junio, Ruiz denunció no sólo el boicot publicitario e informativo contra él y su medio –como varios–, sino que él y su familia eran víctimas de acoso por el gobierno, cuyos espías han entrado a su casa y a la escuela de sus hijos.
“Hay una persecución abierta que va más allá del espionaje”, dijo el periodista, propietario del medio digital e-consulta, con presencia también en Tlaxcala y Oaxaca, y autor de la columna “La corte de los milagros”, quien tuvo que presentar denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) (Proceso 1872).
Como consta en la averiguación previa 051/FEADLE/2012, dos mujeres, que resultaron ser espías del gobierno, solicitaron información sobre la familia en el colegio de los hijos de Ruiz, en cuyo domicilio entregaron también un ramo de flores, y a esto se sumó el robo que sufrió el Centro de Estudios Consultivos, una empresa de la que el periodista es socio, quien al mismo tiempo era seguido por Arenal.
El 8 de junio de ese año, Ruiz se reunió con el titular de la Procuraduría de Justicia del Estado, Víctor Carrancá, quien le dijo que tenía instrucciones de Manzanilla de esclarecer el caso, pero que éste “se había molestado cuando se le informó que las personas que se investigaban trabajaban para áreas de la Secretaría General de Gobierno”.
“Me indicó –afirma Ruiz– que éste era el segundo asunto que se presentaba en la Agencia de Delitos de Alto Impacto, pues antes de mi caso se presentó uno similar con el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. Fernando Rosales, director general de Delitos de Alto Impacto, dijo que desde que se inició la investigación él supuso que se trataba de personas que laboraban en el gobierno estatal, pues mi caso es muy similar al que se había presentado en abril de este mismo año con personas que fueron detenidas por personal del presidente municipal al percatarse que los seguían. También trabajaban en el gobierno del estado.”
Ruiz se reunió también con Manzanilla, el 12 de junio, quien le confirmó que, en efecto, los espías eran del gobierno del estado y que por esa razón había sido despedido Abraham Sánchez como director de Información del CAP.
Según la declaración de Ruiz en la averiguación previa, Manzanilla le informó que a Sánchez se le encontraron “fichas de diversos personajes públicos, entre ellos Marta Érika Alonso”, esposa del gobernador, y aseguró que fue Arrona el que le ordenó “la elaboración de fichas de diversos personajes públicos”.
“Fernando Manzanilla me dijo que a la reunión también fue convocado Héctor Arrona Urrea, a quien se le pidió informara por qué personal adscrito a su área hacía tareas de seguimiento, cuando éstas no formaban parte de los protocolos del Centro de Análisis Prospectivo. El secretario de Gobierno me dijo que Arrona dijo desconocer que estas personas estuvieran haciendo investigaciones de campo y que si así fuera, esas no eran las instrucciones que él había dado.”
Declaró Ruiz ante la PGR: “Manzanilla me dijo que Abraham Sánchez, al ser cuestionado sobre el porqué había seguido al deponente, manifestó que esa orden la había recibido de Héctor Arronte, quien también le había ordenado la elaboración de fichas de diversos personajes públicos”.
Eukid, jefe de los espías
Consultado al respecto, Manzanilla alega que desde entonces Eukid Castañón manejaba el espionaje con personal del CAP que estaba impedido legalmente de hacerlo, como lo acredita el propio reglamento.
Según él, “Abraham Sánchez no espiaba por instrucciones de Arrona, que finalmente no tenía equipo ni experiencia en eso, sino que hacía tareas para el equipo de espionaje que estaba armando Eukid Castañón, bajo la coordinación de Joaquín Arenal”.
De hecho, asegura, Sánchez fue dado de baja después del espionaje al periodista Rodolfo Ruiz, “ya que el CAP no estaba autorizado para hacer labor de campo de ninguna naturaleza y menos de ese tipo”.
Y afirma: “Sánchez operaba directamente para Arenal, no por instrucciones de Arrona, sino de Eukid. Y sí, Arenal llegó de México a Puebla por Eukid para trabajar ese equipo de inteligencia con Eukid”.
Manzanilla renunció a la Secretaría de Gobierno el 4 de abril de 2013 y lo sustituyó Juan Maldonado Venegas, actual diputado federal del PRD, compañero de legislatura de Eukid Castañón, miembro de la bancada del PAN. Ambos expriistas, militaron también en Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano.
Castañón no se incorporó al gabinete de Moreno Valle debido al escándalo de su amigo Greg Sánchez, el alcalde de Cancún encarcelado por presuntos actos de corrupción, y entre 2011 y 2012 presidió el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, un organismo subsidiado por el gobierno.
Con un presupuesto de casi 18 millones de pesos, usados supuestamente para afiliar a 80 mil panistas y para equipo, vehículos y personal para hacer las labores de espionaje.
A finales de 2012, después de que no consiguió una curul de diputado federal plurinominal, se incorporó como subsecretario de Gobierno con Manzanilla, quien renunció al cargo en abril de 2013. En la elección local de ese año, ambos fueron candidatos propietario y suplente en la fórmula para una diputación local.
Pasada la elección, Castañón fue designado contralor del estado y hubiera querido seguir en el cargo de no ser porque Manzanilla, alegando razones personales, no rindió protesta como diputado local y lo debió sustituir Castañón.
Fue precisamente en 2013 cuando, desde la oficina del gobernador Moreno Valle –y no desde instancias de seguridad, como en otros estados–, se adquirieron equipos de espionaje a Hacking Team, como consta en los documentos difundidos por Wikileaks en 2015.
Al gobierno de Puebla le fue cotizado un “Sistema de Control Remoto Galileo” en 155 mil dólares, equivalente entonces a 2.4 millones de pesos, si bien destinó en total más de 8 millones de pesos. El intermediario para la compra del equipo fue la empresa Grupo Kabat.
Según su página de internet, se trata de un grupo integrado por cinco empresas “mexicanas de origen israelí, que fue fundado con el único propósito de trabajar de la mano con la ciudadanía, las comunidades y todas las expresiones de la sociedad civil para prevenir las diferentes modalidades delictivas que atentan contra la seguridad y la estabilidad de nuestros clientes”.
Y añaden: “Somos un grupo de empresas con experiencia tecnológica, táctica y operativa. Habiéndonos consolidado como distribuidores autorizados en México de las marcas más importantes en materia de seguridad, y certificados por la institución de seguridad federal y estatal. Empresa mexicana con más de 8 años de experiencia en el mercado, que conjuga la experiencia de sus fundadores con la asesoría de exmilitares mexicanos, así como la adaptación y aplicación táctica a las necesidades del mercado nacional”.
Según la documentación de Hacking Team, que está en Wikileaks, el encargado de instalar y capacitar personal de Puebla fue Daniel Martínez Moreno, encargado de operaciones de esa empresa en México. El equipo instalado en Tactical Network Injector, que permite a sus operadores obtener un seguimiento de la actividad de un usuario de smartphone o computadora.
El “espía” de Gali
En abril de 2015, cuando Maldonado Venegas renunció a la Secretaría de Gobierno para ser diputado federal del PRD, el director del CAP, Héctor Javier Arrona Urrea, fue rescatado por Luis Banck, quien era secretario de Infraestructura y Transporte.
Y ahora Banck Serrato, en su calidad de presidente municipal de Puebla, nombró a Arrona Urrea titular de la Tesorería, pese a que es ingeniero y con diplomados que nada tienen que ver con las finanzas. Banck quiere ser candidato a gobernador el próximo año, como lo ambiciona la esposa de Moreno Valle.
Pero el CAP sigue funcionando y su nuevo director es Iván Olaf Corro Labra, quien es presentado oficialmente como asesor en materia de seguridad e inteligencia del secretario de Gobierno, Diódoro Carrasco, quien es una herencia de Moreno Valle al gobernador Gali.
Corro Labra ha sido un incondicional de Carrasco desde que fue gobernador de Oaxaca y se le identificó como espía por formar parte del Centro de Estudios Gubernamentales (CEG), creado por el gobierno de Oaxaca como respuesta a la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y se encargó de realizar trabajos de investigación, información y análisis.
En julio de 2000, José Murat Casab, entonces mandatario, lo acusó de ser el responsable de colocar micrófonos en sus oficinas, como informó este semanario.
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Revista Proceso 2122, 2 de julio de 2017
Caso Pegasus Evidenciados, gobierno y empresas siembran confusión/
MATHIEU TOURLIERE
Apenas se exhibió una parte de la trama sobre el espionaje practicado contra periodistas y activistas sociales desde el gobierno federal –caso detonado por el periódico The New York Times–, éste comenzó a realizar filtraciones para sembrar confusión y desmarcarse de los señalamientos. El material comenzó a circular el 25 de junio, horas después de la publicación de un reportaje elaborado de manera conjunta por este semanario y dos reporteros de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en el cual se consignan los nexos de funcionarios y políticos con empresas de seguridad (Proceso 2121).
En medio del creciente escándalo de espionaje ilegal operado a través del malware Pegasus contra periodistas, activistas anticorrupción, defensores de derechos humanos y políticos, tanto el gobierno federal como las empresas vendedoras del programa intentan evadir su responsabilidad.
La semana pasada llegaron a las redacciones de distintos medios cartas inverificables y documentos “filtrados” desde instancias del gobierno, así como correos electrónicos con un solo objetivo: sembrar dudas.
Algunos documentos pretendieron exhibir a empresas distribuidoras del software espía; otros confirmaron el papel que jugaron Tomás Zerón de Lucio y Arely Gómez González en la compra y operación de Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group cuando el primero fungió como titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la segunda era titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
El material comenzó a circular el 25 de junio, horas después de la publicación de un reportaje elaborado de manera conjunta por este semanario y dos reporteros de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en el cual se hablaba del parentesco de Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño con Guillermo Ruiz de Teresa, actual “coordinador” de Puertos y Marina de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y cercanísimo al senador priista Emilio Gamboa Patrón (Proceso 2121).
Ruiz de Teresa Treviño es socio de la empresa Balam Seguridad Privada –proveedora de material de seguridad e inteligencia a agencias del gobierno mexicano–, junto con Asaf Zanzuri, oriundo de Israel. Según el reportaje, Zanzuri se encargaba de conseguir las tecnologías con compañías de su país natal, mientras Ruiz de Teresa Treviño abría las puertas de las agencias nacionales del sector de la seguridad.
Grupo Tech Bull, la empresa que vendió Pegasus a la PGR por 32 millones de dólares en octubre de 2014, es una presunta sucursal de Balam Seguridad Privada, según los archivos internos de la firma italiana Hacking Team, que WikiLeaks publicó en julio de 2015.
Esas revelaciones aumentaron las sospechas de que la PGR presuntamente está detrás de los 18 casos de espionaje ilegal documentados por el Citizen Lab, un instituto académico ligado a la Universidad de Toronto.
Sin embargo, otras dependencias federales –por lo menos el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dependiente de la Secretaría de Gobernación– y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pudieron operar el espionaje, pues, se sabe, controlaban Pegasus entre noviembre de 2014 y enero de 2016, cuando ocurrieron los intentos de inocular los celulares con el malware Pegasus.
Misteriosos correos
El 25 de junio por la tarde, Balam Seguridad Privada dirigió una carta sin firma a Proceso en la cual afirma que “no ha vendido el mencionado software Pegasus a ninguna dependencia de gobierno en ninguno de los niveles –municipal, estatal o federal–, tampoco es un distribuidor autorizado del mismo ni cuenta con el permiso para vender o comercializar dicho programa”.
El documento fue recibido también por la organización MCCI y a los medios que reprodujeron el reportaje titulado Una singular estrategia comercial, publicado en la edición 2121 de este semanario. Al día siguiente, el 26 de junio, un individuo que se identificó como Alberto Martínez García envió un correo electrónico a varios medios, incluido Proceso, en el que trató de desviar la atención hacia dos empresas vinculadas con KBH Applied ­Technologies Group, el consorcio dirigido por Uri Emmanuel Ansbacher Benarama, uno de los empresarios de origen israelí que operan en el sector de seguridad e inteligencia en México.
En su correo, Martínez García sostiene que el reportaje publicado en estas páginas estaba equivocado, pues aseveró que la empresa que vendió Pegasus “a todas las dependencias de gobierno” era Comercializadora de Servicios Mecale, y precisó que los “últimos mantenimientos” fueron realizados por Proyectos y Diseños VME.
Esta última empresa comparte su dirección con KBH –avenida Ejército Nacional número 718, en Polanco–, mientras las actas del Registro Público del Comercio, consultadas por este semanario, muestran que el accionista principal de Mecale es Alejandro Andrés Mena Rivera, quien en 2012 era empleado de KBH, según un folleto promocional de la empresa.
Asimismo, el 27 y 28 de junio circuló una carta, aparentemente redactada por NSO Group el 24 de julio de 2015 y dirigida a la PGR. En ella, la empresa israelí confirmó que Mecale era un representante autorizado para vender sus productos a la dependencia; sin embargo no mencionó que era distribuidor exclusivo.
Martínez García nunca contestó a un correo electrónico enviado por este semanario, mientras NSO Group ignoró un correo del reportero en el que pedía información para saber si esa carta era auténtica.
Los intentos de dirigir la atención hacia Mecale sufrieron un revés el 28 de junio: a las 10 de la noche los periodistas Carlos Puig y Denise Maerker dieron a conocer en sus noticiarios de Milenio TV y Televisa, respectivamente, dos documentos internos de la PGR que evidencian el uso de Pegasus en la dependencia entre 2014 y 2015.
Sin embargo, la información “filtrada” aludía a funcionarios diferentes: en uno se citaba a Tomás Zerón de Lucio y el otro a Arely Gómez, que dejó la PGR y encabeza la Secretaría de la Función Pública (SFP) desde octubre de 2016.
Zerón, “el hombre clave”
En su programa Diez en Punto, Maerker exhibió un contrato celebrado entre la PGR y Armando Pérez Herrero, representante legal de la empresa Grupo Tech Bull, el 8 de enero de 2015.
El documento formalizó un primer pago en la compra de un paquete de 500 infecciones de Pegasus –pactado el 29 de octubre de 2014–, cuyo precio final se elevó a 32 millones 16 mil dólares –431 millones 575 mil pesos, según la tasa de cambio monetario de ese día–. Cada infección de la PGR costaría 863 mil pesos al contribuyente mexicano.
Los funcionarios de la PGR que firmaron el contrato fueron Zerón de Lucio, entonces a cargo de la AIC, Vidal Díaz–Leal Ochoa, entonces director del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), y Rigoberto García Campos, quien fungía como director de Información sobre Actividades Delictivas en el Cenapi.
Los archivos de Hacking Team exhibidos por WikiLeaks muestran que entre 2013 y 2015, periodo en el que Jesús Murillo Karam estuvo al frente de la PGR, Zerón era interlocutor de las empresas intermediarias en la venta de los programas espías a las procuradurías estatales y a la propia PGR.
En un correo del 12 de diciembre de 2013, Alex Velasco, representante de ­Hacking Team en México, informó a sus colegas sobre una reunión con Zerón y precisó: “Me dijo claramente que si quisiéramos hacer cualquier cosa en México, debería pasar por él. ¡TEXTUAL!”.
En las comunicaciones intercambiadas durante los meses siguientes, los italianos se refirieron a Zerón como “el hombre clave”; el personaje “con quién debemos negociar en México” o simplemente como “uno de los más poderosos en el oficio”.
Zerón apareció incluso en un correo del 24 de febrero de 2014 como negociador para la adquisición de sistemas de espionaje en la Sedena, y en otro del 7 de mayo de ese año se mencionó que el funcionario tenía “una mano en la (Secretaría de) Marina”.
Díaz–Leal Ochoa, otro firmante del contrato, colaboró con Zerón en la AIC: lo sustituyó brevemente al frente de la dependencia cuando Peña Nieto lo desplazó a la secretaría técnica del Consejo de Seguridad Nacional. Díaz–Leal permanece en la PGR, donde dirige la Policía Federal Ministerial.
Los integrantes de Hacking Team definieron a Rigoberto García Campos, el tercer firmante de la compra de Pegasus, como “la mano derecha de Zerón”.
Las versiones de
la exprocuradora Gómez
En la noche del 28 de junio, minutos antes que Maerker exhibiera a Zerón y sus colaboradores de la AIC, el periodista Carlos Puig presentó un acta administrativa interna de la PGR, según la cual la AIC –a través de Rafael Álvarez– entregó el paquete de 500 infecciones de Pegasus a Christian Noé Ramírez Gutiérrez, entonces jefe de oficina de la procuradora Arely Gómez.
De acuerdo con el acta, fechada el 10 de noviembre de 2015 –10 meses después de la compra de Pegasus–, Ramírez Gutiérrez se quedó como “administrador y operador del sistema”.
Este funcionario es colaborador cercano de Gómez desde hace media década. Si bien ambos coincidieron en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) entre 2007 y 2010, su relación se estrechó en 2012, cuando Gómez, entonces senadora, lo nombró su secretario particular. Ramírez se fue con ella a la PGR y ahora es coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control en la SFP.
El perfil discreto de Ramírez Gutiérrez en el aparato de seguridad contrasta con el de Noé Ramírez Mandujano, su padre, quien encabezó la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) en los primeros dos años del sexenio del expresidente Felipe Calderón.
El 20 de noviembre de 2008, el entonces “zar antidrogas” fue detenido en el marco de la depuración del sistema policiaco mexicano, conocida como “Operación Limpieza”. Testigos protegidos en Estados Unidos lo acusaron de colaborar con el Cártel de los Beltrán Leyva.
Ramírez Mandujano pasó cinco años en la cárcel federal de El Rincón en Tepic, Nayarit, hasta que un juez federal lo exoneró del delito de delincuencia organizada en abril de 2013. En marzo de 2015, un mes después de tomar posesión como titular de la PGR, Arely Gómez lo contrató como asesor jurídico.
Acorralada por el señalamiento de que su oficina operó Pegasus, Gómez rompió el silencio el 29 de junio: admitió que la PGR utilizó el software, pero precisó que se destinó exclusivamente a la lucha contra el crimen organizado.
Esta declaración contrasta con la actitud que mostró la SFP el pasado 1 de junio, cuando este semanario le preguntó si Gómez reconocía que la PGR utilizó el software espía cuando estuvo al frente de la procuraduría.
En esa ocasión, la dependencia que encabeza Gómez respondió que los servidores públicos tienen que mantener en reserva la información a la que tuvieron acceso, “por lo que jurídicamente no es posible afirmar o negar por parte de ningún servidor público de la SFP cualquier dato relacionado con el funcionamiento de otra u otras dependencias”.
Grupo Tech Bull fue fundada el 10 de octubre de 2013, y en la escasa información pública disponible –no tiene sitio en internet– presenta dos domicilios: uno en Homero 538, en Polanco –esta dirección incluso aparece en el contrato presentado por Maerker– y otro en avenida Paseo de Tamarindos número 384, en Cuajimalpa.
Sin embargo, en el noveno piso de la torre corporativa ubicada en Paseo de Tamarindos, dos empleadas de la firma Unique Location confirmaron al reportero que su compañía presta servicios de “oficinas virtuales” a Grupo Tech Bull. Se dejó un recado para el gerente de la empresa, pero nunca llamó. El edificio ubicado en Homero 538, en Polanco, es sede de la empresa Mi Oficina Polanco, también proveedora de servicios de “oficinas virtuales”.
Cualquier particular puede rentar una “oficina virtual” y registrarla como domicilio fiscal para su empresa u organización.
En su Sistema de Información Empresarial Mexicano, la Secretaría de Economía tenía registrada a Balam Seguridad Privada con la dirección Paseo de Tamarindos 90. El registro ya no está disponible en línea.
Esta dirección conduce a las altas torres ejecutivas que dominan un lujoso centro comercial de Santa Fe. El 29 de junio, se preguntó a los recepcionistas de los lobbies de las torres –donde grandes bancos, empresas trasnacionales, despachos de abogados y fondos de inversión tienen sus oficinas– si tenían registro de la empresa. La respuesta fue negativa.
La semana anterior, el reportero acudió a otras “oficinas” de Balam Seguridad Privada, un departamento de un pequeño edificio ubicado en la calle Nebraska, en la colonia Nápoles. Una mujer confirmó por el interfono que la empresa se encontraba ahí, pero al enterarse que su interlocutor era reportero, se retractó y cortó rápidamente la comunicación. La puerta permaneció cerrada.
El vínculo entre Grupo Tech Bull y Balam Seguridad Privada se estableció en dos correos electrónicos recibidos por los directivos de Hacking Team a finales de noviembre de 2014.
Uno fue enviado por Eric Banoun, un intermediario de origen israelí, director de la empresa de tecnología Circles, quien avisó a los italianos que pronto se comunicaría con ellos “Rodrigo de Balam Security (sic)” –en referencia a Ruiz de Teresa Treviño–, al que presentó como “un amigo”.
Armando Pérez Herrero se comunicó con Hacking Team el 28 de noviembre de ese año. Tras saludar a los italianos, aseveró que “el director de mi compañía, Rodrigo Ruiz, acaba de hablar con Simoneta (una empleada de Hacking Team) por teléfono”, y posteriormente indicó que Grupo Tech Bull era “subsidiaria de una empresa principal que es Balam Seguridad, una de las más importantes en materia de inteligencia en el país, y número 1 en la PGR y la Marina”.

En ese correo, Pérez informó que su empresa había vendido –y cobrado– a la PGR un paquete de 500 infecciones de Pegasus, pero buscaba sustituirlos en emergencia por Galileo, el sistema que desarrollaba entonces Hacking Team. Se refería al contrato por 32 millones de dólares firmado el 29 de octubre de 2014 con Zerón.

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