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Las columnas políticas hoy, domingo 14 de enero de 2018..

Donald Trump afirmó este domingo que el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) probablemente está muerto y acusó a los demócratas de no querer realmente el programa.
"DACA probablemente está muerto porque los Demócratas en realidad no lo quieren, solo quieren hablar y quitarle el dinero que tanto necesitan nuestros militares", tuiteó Trump .
Además, reiteró que quiere que las personas que lleguen a EU entren a través de un sistema basado en méritos y no en otros fundamentos.

Ayer, el gobierno dijo que aceptará de nueva cuenta las solicitudes de renovación para el DACA, luego de que la cancelación, según el diario The Washington Post.
La decisión fue emitida en una declaración de la oficina de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), en la cual aseveraron que los antes beneficiados podrán postularse a un nuevo término mediante la presentación de los documentos y formularios correspondientes.
Esta medida fue motivada por un fallo judicial instaurado el martes, cuando el Magistrado William Alsup.
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Condiciona Gobierno recursos a Chihuahua
Chihuahua no solo no recibió los recursos correspondientes a un convenio con el Gobierno federal, sino que enfrentará dificultades para firmar un nuevo convenio, señaló SHCP..
Fernando Galindo Favela, subsecretario de Egresos, explicó que la Secretaría de Hacienda firmó cuatro convenios extraordinarios con Chihuahua, sin embargo parte de estos recursos no llegaron a la entidad debido a que están sujetos a disponibilidad presupuestaria y no se contó con la capacidad financiera para realizar las transferencias.
De acuerdo con el funcionario, estos convenios incluyen una cláusula de disponibilidad, es decir, su entrega está sujeta a que la Hacienda pública cuente con los recursos necesarios para poder realizar la transferencia, situación que no se dio, por lo que la entidad no recibió estos recursos.
Además, el subsecretario explicó que la entidad tampoco recibió un monto de 44.8 millones de pesos debido a que la cuenta bancaria proporcionada fue rechazada por el Banco comercial y la transacción no pudo realizarse.
Agregó que debido al ciclo del ejercicio, en el cual se deben cerrar las cuentas a diciembre, no será posible transferir estos recursos y lo que normalmente podría hacerse en un caso así es contemplar el faltante para la firma de un nuevo convenio.
Sin embargo, señaló que Chihuahua no podrá acceder a estos convenios debido al proceso judicial que tiene en marcha, en el cual debe aclararse la licitud de los recursos que se obtienen a través de este tipo de convenios y resolver la controversia constitucional que ha hecho pública.. (Reforma)..
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Las columnas políticas hoy, domingo 14  de enero de 2018..
Templo Mayor/ Reforma,
CUENTAN que en Chiapas se malogró el plan para recolectar entre empleados del gobierno de esa entidad 200 mil firmas de apoyo para la aspirante presidencial sin partido Margarita Zavala. Nomás que, después de que el asunto se hiciera público, al final se calcula que sólo juntaron 38 mil rúbricas.
LO QUE sorprende es que en tierras chiapanecas se asegura que la mano que meció esa cuna fue la del ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, quien estaría buscando quedar bien con su ex compañera en el PAN. ¡Vaya enredo!
DOBLE espectáculo habrá hoy a las 10:30 horas en el Frontón México. En la cancha, estará el precandidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, jugando Jai Alai.
Y EN LA TRIBUNA estará el aspirante presidencial de los tricolores, José Antonio Meade, quien se quedó el fin de semana en la CDMX y ayer, así casual, fue a la exposición sobre la cultura mixteca en la Galería del Palacio Nacional, ahí cerquita de la oficina que tuvo como titular de la SHCP y del despacho que quiere ocupar a partir de diciembre.
Y CONSTE que lo hace como cualquier ciudadano que acude a eventos deportivos y culturales en su ciudad, para naaada es campaña, ¿eh?
PARECE que en cuanto escucharon que el multicolor Demetrio Sodi quería volver a gobernarlos, los habitantes de la Miguel Hidalgo salieron corriendo a la calle para darle su firma al ahora independiente.
EL MARTES pasado, el ex prianrredista apenas tenía 142 firmas de las 3 mil 129 que necesitaba para competir por la alcaldía, pero ¡ay, qué espontáneo es el apoyo popular! Para el jueves, ya sumaba 5 mil 841, según el reporte oficial del Instituto Electoral local.
EN OTRAS noticias, si usted es un emprendedor que no teme caminar por los senderos más abandonados de la ley, dicen que hay todo un "boom" en la venta de firmas. Por si alguien ocupa, pues.
FOCOS ROJOS se encienden para Morena en Iztapalapa. Y es que a su precandidata a la alcaldía, Clara Brugada, se le viene encima una bronca legal.
SEGÚN se sabe, la Contraloría de la CDMX está por finalizar un proceso promovido por la Auditoría Superior de la Federación debido a que en febrero de 2012, cuando era delegada, omitió solicitar recursos federales para seguridad pública por 4.6 millones de pesos, dinero que al final terminó por perderse.
Y DICEN que el resultado será una inhabilitación para Brugada, quien no podrá ejercer cargos públicos, con lo que quedaría fuera de la contienda. ¡Ouch!
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 Frentes Políticos/Excelsior...
I. Estado huachicolero. En Puebla, robar combustible a los ductos de Pemex es un negocio ilegal que no tiene límites y, además, los delincuentes lo hacen a la vista de todos. ¿Cómo es posible, entonces, que el gobierno de Tony Gali no lo vea o no quiera verlo? Total impunidad, robos y saqueos, inclusive a trenes que transportan mercancías en la entidad, entre otros delitos, han florecido en los últimos meses. Son tan cínicos los huachicoleros que hasta en microbuses trasladan la gasolina robada. ¿Al amparo de quién trabajan estos pillos, señor Gali? Ah, eso sí, detienen a indígenas que venden fruta o artesanías, como si fueran las más buscadas por la Interpol. Estado fallido, éste.
II. Diferencias sustanciales. Los precandidatos a gobernar la Ciudad de México se lanzaron a su conquista en las calles. En mangas de camisa y presumiendo barrio, salieron en busca de electores; sin embargo, hay quienes sí enganchan con la gente. Mikel Arriola corrió en los Viveros, comió tostadas en el mercado, caminó por la plaza y escuchó quejas de vecinas hartas de la corrupción política y la inseguridad en Coyoacán. Y todo transcurrió en paz, sin sillazos ni lesionados. En Xochimilco fue arropado por poco más de mil personas. “Tú te la vas a llevar, papá; aquí hay puro corrupto”, le auguró un bolero en Coyoacán. Y el pueblo… manda.
III. Todo al revés. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo líder es Enrique Ochoa Reza, presentó una queja ante la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de los precandidatos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, y del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, por no reportar gastos, a un mes de iniciado el periodo de las precampañas. En cambio, el tricolor, experto en comicios, puso a disposición pública sus gastos “reportados puntualmente”. En el Revolucionario Institucional se las saben todas, así que el no actuar absolutamente transparentes no les hará perder una elección. Los novatos qué van a entretenerse en estos detalles. Deberían tomar nota.
IV. Hay niveles. Jaime Rodríguez, El Bronco, el político que dejó a un lado la silla de gobierno para subirse a su silla de montar y, a caballo, busca reunir las firmas necesarias para ser candidato independiente a la Presidencia de la República, se quejó de que mientras los verdaderos precandidatos de los partidos ya hacen campaña proselitista, él sólo junta firmas. ¿Y qué quería? ¿Competir en igualdad de circunstancias ante políticos reales? Refirió que “México está cansado de los pleitos y de discusiones banales” y que piensa aprovechar el enojo existente hacia los partidos políticos. Lo que olvida El Bronco es que él mismo se gestó en el PRI.
V. Apuntada. Ahora resulta que adelgazar a su partido político fue un logro. Al menos eso es lo que piensa Alejandra Barrales Magdaleno, la exlíder del Partido de la Revolución Democrática, quien como precandidata a la Jefatura de Gobierno de la capital dijo que el sol azteca ha cometido errores en su historia, sin embargo, esos errores, “ya se fueron del partido”. Apariencias aparte, lo cierto es que durante su gestión se registró el éxodo más importante de militantes. En un mitin ayer, Barrales Magdaleno cuestionó a los militantes: “¿Quienes son los primeros que saltan del barco cuando se está hundiendo?”. “Las ratas”, le contestaron, y ella quedó muy complacida con la respuesta. Pues la única verdad es que el barco está muy flaco.
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La estación/GERARDO GALARZA
Excelsior...
Peor inicio
En México, como en el mundo, las diferencias ideológicas se han diluido. Izquierda y derecha, y todas sus derivaciones y modelos, son antiguallas
Dice el viejo adagio popular que “mal comienza la semana para quien ahorcan en lunes”. Los mexicanos la tienen peor: Ha iniciado el Año Nuevo en el que tendrán que elegir a su nuevo Presidente de la República.
Muchos, si es que hay suficientes lectores de esta columna para poder usar el pronombre indefinido, dirán que el escribidor exagera. Es probable. Pero, ¿ha pensado, con seriedad, por quién votará el próximo día primero de julio? ¿Qué candidato podría concretar el país que usted quiere o, al menos, imagina? Claro, hay que decir de inmediato que ese país no existirá de un día para otro y tampoco de un sexenio para otro.
Hoy, 14 de enero del año nuevo 2018, se cumple exactamente un mes de que iniciaron sus campañas tres candidatos a la Presidencia de la República (bueno, je, je, oficialmente son precampañas y precandidatos, de acuerdo con el eufemismo legal. Y hay que recordar que las leyes las hicieron los legisladores, pertenecientes a todos los partidos políticos —desde 1997, en el Congreso mexicano no hay una mayoría absoluta— y no el Instituto Nacional Electoral) y el panorama es nada alentador para los votantes, los reales.
Arriba se escribió votantes, no fanáticos de un caudillo o de un candidato, ni de unas siglas o una organización políticas, quienes ya saben por quién votarán, aunque no saben ni sabrán por qué van a votar así, esos a los que les llaman el “voto duro”. Los primeros son, generalmente, los que deciden el resultado final de una elección, que no coincide con las encuestas.
Muy pocos ignoran que hoy en México, como en el mundo, las diferencias ideológicas se han diluido. Izquierda y derecha, y todas sus derivaciones y modelos, son antiguallas. Si no lo cree, compare las “propuestas” que hasta ahora han hecho los oficialmente tres precandidatos mexicanos; y no serán diferentes la de los dos o tres que probablemente se sumen como independientes. No hay diferencias ideológicas (ellos dicen que sí, por supuesto) y ninguno de ellos siquiera ha presentado un, digamos, proyecto de nación para atraer el interés de los votantes reales. No. Eso no “vende”, les dicen sus consejeros y estrategas electorales. Lo que “vende” lo puede ver en los medios “tradicionales” y en las redes sociales. Califíquelo usted.
Es ya casi lugar común decir que un precandidato representa la continuidad del actual gobierno; otro, la regeneración (regresión, más bien) del viejo sistema, y uno más que intenta ofrecer lo mismo que los dos primeros, alejado de los que fueron principios de su partido y de otro que lo apoya.
Entonces, hay tres opciones, dirá usted. Sí, sólo que la comentocracia y los fanáticos de los candidatos o de los partidos sostienen que los mexicanos rechazan absolutamente las dos en las que ellos no militan. Más todavía, los que no comparten su opinión lo llamarán “vendido”, “corrupto”, “traidor” o cualquier otro insulto… el insultado creerá y dirá lo mismo de sus insultantes. La crispación política que amenaza con volverse social.
     Veamos una de las “propuestas” más atractivas, de las que sí “venden” (mejor dicho: “compran” votos vilmente): un candidato (Morena) propone un apoyo económico mensual para los jóvenes que estudian o que no estudian, pero que son jóvenes; otro candidato (PAN) propone una renta mensual garantizada para ¿todos? los mexicanos, que en ambos casos en nada se diferencian de aquel “salario rosa” prometido por el candidato del PRI a las mujeres del Estado de México, en el reciente proceso electoral local. Infórmese y comprenderá que ninguna de esas propuestas es viable, imposible de financiar. Piense y suponga que es posible financiar un “programa social” de ésos; bueno, pues lo pagarán usted y los demás mexicanos que pagan impuestos, nadie más; que si no suben los impuestos, pues ese presupuesto tendrá que provenir de deuda pública o de quitar dinero al actual e insuficiente presupuesto (no, no, no, el recorte a los salarios de los funcionarios públicos no alcanzará; haga cuentas y que no le cuenten, ni siquiera en esta columna).
Así, mal comienza el año para los mexicanos. Hoy, la previsión es que tendrán que elegir entre la continuidad, la regresión o la indefinición. No se ve más hacia delante. Ojalá se vea.
Y los votantes reales, los que se toman en serio al país, sin fanatismos de ningún tipo, tendrán que sumarse a los “votos duros” de los candidatos, para ser ellos quienes definan la elección. Cierto, el panorama es un páramo. Pero, por lo menos, milite usted entre quienes decidirán al próximo Presidente de la República. Podría mejorar el inicio de lo que se construya, no de lo que venga.
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 Morelos es un desastre
De naturaleza política/ENRIQUE ARANDA
Excélsior...
La puja entre el exalcalde Jorge Morales Barud y el diputado federal Matías Nazario Morales agrega tensión a la contienda
En ningún estado del país como en Morelos, la disputa por el poder político de cara al 2018 evidencia, de mejor manera, las pugnas y divisiones que la anteposición de intereses personales o de grupo a los superiores de la entidad y de quienes en ella habitan, puede alentar en una sociedad que, como la referida, vive en un entorno de inseguridad extrema y respeto escaso, por decir lo menos, a los derechos y posicionamientos del otro.
Tal es el nivel de confrontación-descomposición prevaleciente en la vecina entidad, diría alguno, que ni siquiera el cuestionado gobernador y promotor non de lo que ahora se identifica como Por México al Frente, según su propio decir, Graco Ramírez Garrido Abreu, consiguió concretar la coalición PAN-PRD-MC a nivel estatal —“con todo y que, a cambio de su apoyo, así lo había pactado con (Ricardo) Anaya…”—  teniendo que conformarse con apostar a imponer a su hijastro Rodrigo Gayosso Cepeda como virtual candidato perredista a sucederle, ya no como el aspirante frentista, sino sólo del perredismo, amén de colocar a sus frustrados aliados azules y naranjas ante la imperiosa necesidad de postular “a un empresario, u otro ciudadano de renombre...(pero) sólo para taparle el ojo al macho”.
Ello es, ya hoy, una realidad incuestionable en la vecina entidad donde, sólo a manera de complemento, valdría destacar que el mejor posicionado entre los aspirantes panistas a la gubernatura, —“sacrificado en aras de no poner en riesgo el pacto Anaya-Graco”, por cierto— el diputado Javier Bolaños aceptará ser postulado a la alcaldía de la capital, Cuernavaca, al tiempo que las principales posiciones al Congreso federal, presumiblemente, serán entregadas al gobernador en turno.
A ello, en la acera contraria, valdría destacar la cerrada confrontación que por la nominación de la alianza Juntos Haremos Historia, suscrita por el lopezobradorista Morena con Encuentro Social (PES) de Hugo Eric Flores y el PT del impresentable Alberto Anaya, libra ahora el exfutbolista, edil capitalino en funciones Cuauhtémoc Blanco, el mejor posicionado en cuanta encuesta existe (de cara a julio, se entiende) sin lugar a dudas, con el senador Rabindranath Salazar, a quien no pocos daban como el seguro candidato moreno en razón de la estrecha vinculación de amistad y confianza que mantiene con (Andrés Manuel) El Peje López Obrador.
Entre los tricolores, aunque con mucho menos ruido, la puja entre el exalcalde en la Ciudad de la Eterna Primavera, Jorge Morales Barud y el diputado federal Matías Nazario Morales agrega tensión a la contienda aunque, a decir verdad, la escasa presencia real del priismo a nivel estatal impide centrar la atención en lo que ocurre en esas latitudes (político-partidistas).
Así las cosas, nada parece pueda evitar que la nominación de candidatos formales primero, las campañas y la propia jornada electoral después, sean convertidas aquí, en una guerra de egos e intereses apostados entre quienes buscan el acrecentamiento de su actual poder (e indudable capacidad económica) y los que aspiran a sustituirles en sus actuales posiciones… 
ASTERISCOS
* Opositores en la (reciente) puja por la gubernatura del Edomex, el rumbero perredista Juan Zepeda y la panista Josefina Vázquez Mota volverán a encontrarse —“pero ahora como amiguis…”, se diría— merced a que la  antinatural alianza suscrita por sus partidos con MC, en suspenso aún a nivel estatal, prevé que el primero sea opción uno al Senado y ella, segunda… 
* En marcha, por cierto, el levantamiento de las encuestas con base en las cuales habrá de definirse quién de entre sus tres precandidatos: Armando Ahued, Salomón Chertorivski y Alejandra Barrales, nada parece más claro que el temor de la exdirigente perredista a perder la nominación en juego. ¡Se dijo (ayer) víctima de una guerra sucia! Aunque, claro, no aclaró de quién…
Veámonos aquí mañana, con otro asunto De naturaleza política.

Legislar la publicidad oficial/Enrique Krauze
Reforma,
Ya no estamos en los tiempos del antiguo régimen cuyo desmoronamiento empezó precisamente por la emancipación de la prensa
El 25 de diciembre los lectores del New York Times despertaron con un reportaje de primera plana sobre México: "Con su enorme presupuesto de publicidad, el gobierno mexicano controla los medios de comunicación". Según su autor, Azam Ahmed, el uso de la publicidad oficial en México es una práctica inherentemente corrupta que conduce a la censura o la autocensura. El reportero describe el desiderátum del gobierno, pero no investiga en qué medida tiene éxito.
Nadie ignora que en muchas zonas del país la prensa atraviesa por una situación difícil debido a la alianza entre el crimen organizado y las autoridades locales o estatales, pero en el ámbito federal numerosos medios publican reportajes críticos. En algunos casos, el gobierno ha reaccionado rehusándoles publicidad o ejerciendo presiones aún mayores. Pero ya no estamos en los tiempos del antiguo régimen cuyo desmoronamiento empezó precisamente por la emancipación de la prensa.
El Congreso, en cumplimiento al reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia, está obligado a legislar sobre el tema en fecha próxima. El caso lo amerita, ante todo, por el monto de los recursos involucrados. Según las cifras de Fundar, de enero de 2013 a junio de 2017 el gobierno de Peña Nieto ha gastado 8 mil millones anuales. El reportaje no especifica su destino por rubros (lo que hubiese sido muy útil).
Para el sexenio anterior contamos con un estudio relevante, publicado por la revista Etcétera en septiembre de 2009. Durante el período que comprende 2007, 2008 y el primer trimestre de 2009, el gasto de publicidad oficial para diversos medios fue de casi 4 mil millones anuales con la siguiente distribución: Televisión, 28.75%; radio, 17.64%; medios internacionales (radio y TV), 16.41%; medios complementarios (publicidad en exteriores, cine, agencias, internet, entre otros), 12.36%; diseño, producción, postproducción y copiado, 11.02%; diarios del DF, 5.77%; revistas, 3.62%; diarios de los estados, 3.41%; otros, 1.02%. Extrapolando las cifras, Peña Nieto ha gastado lo doble que su antecesor.
Monto y distribución son dos de los temas que deberá considerar el Congreso. El monto, por principio, me parece absolutamente excesivo. En cuanto a la distribución, el criterio hasta ahora ha sido cuantitativo: la penetración, el número de usuarios (televidentes, radioescuchas, lectores). Tiene sentido, sobre todo en esta era digital, pero deja de lado el elemento (difícil de medir) del prestigio, la credibilidad, la representatividad y la influencia. La penetración, en suma, debe complementarse con criterios cualitativos. Quienes deberían elegir la adecuada combinación de penetración e influencia son los departamentos de Comunicación Social de cada dependencia, pero una legislación sobre la materia les permitirá normar sus decisiones. A fin de cuentas, quien debe juzgar si el contenido de la publicidad es útil y el vehículo adecuado es el público.
Muchos cuestionan la publicidad misma. Hace años conversé sobre el tema con Julio Scherer y recogí nuestro diálogo en Proceso (3 agosto 2013). Aunque ha representado un baluarte de crítica a lo largo de cuatro décadas, Proceso no ha tenido publicidad oficial. "El otorgamiento de la publicidad -me dijo Scherer- no es una potestad del gobierno en turno ni puede ejercerse por capricho. Es una obligación del Estado". Estuve de acuerdo, siempre y cuando la presencia económica fuese pública y publicable. Y nada hay más público que el anuncio. Casi cinco años más tarde, la información es cada vez más pública gracias a organismos privados que la recogen y al INAI. Pero hace falta una legislación. El Congreso tiene la palabra.
No muchas revistas pueden vivir sin publicidad oficial. Proceso es una de ellas por su cantidad de lectores. Letras Libres es otra, por la diversificación de sus fuentes de ingreso, sobre todo anunciantes privados nacionales y extranjeros. Letras Libres y Proceso no modifican su línea editorial por presiones. Los anuncios de Letras Libres representan el 0.0007% de la publicidad total del gobierno federal.
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Revista Proceso # 2150, 13 de enero de 2018..
Osorio Chong: el supersecretario que no pudo/JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Nada le salió bien a Miguel Ángel Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación, dependencia que dejó el miércoles 10 para buscar un lugar en el Senado. El control político, el aparato de seguridad del país –bajo su mando, el arsenal de instituciones se quedó en la inercia burocrática– y los recursos que tuvo durante cinco años (365 millones de pesos) no le alcanzaron para librar a los mexicanos de la inseguridad. Casi 104 mil homicidios dolosos, vergüenzas internacionales como la fuga del Chapo, la desaparición de 43 normalistas y pleitos con la milicia son parte de su saldo.

Miguel Ángel Osorio Chong encarna el fracaso del gobierno de Enrique Peña Nieto en devolverle la seguridad a los mexicanos. Más allá de las cifras rojas en homicidios dolosos y la prevalencia de la delincuencia organizada, el exsecretario de Gobernación pasó ya como el principal funcionario a quien se le escapó Joaquín El Chapo Guzmán y que fue incapaz de crear un nuevo modelo policial para el país, pese a disponer de millonarios recursos y de miles de hombres bajo su mando.
En diciembre de 2012, cuando Peña Nieto lo llevó a la Secretaría de Gobernación (Segob), se proyectó como un secretario poderoso con la reinstauración del viejo régimen del PRI, en el que el titular de esa dependencia tenía el control político y del aparato de seguridad del país.
Pero sus desencuentros con los militares, en especial con el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, limitaron desde el inicio del gobierno su capacidad para cumplir una de las prioridades de la agenda presidencial. Las graves violaciones a los derechos humanos que involucraron al Ejército y la Marina dividieron aún más al gabinete de seguridad en el que Osorio tenía gran fuerza, al menos en el papel.
Además de la política interior, como secretario de Gobernación controló la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y a sus 35 mil hombres de la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS, encargado de las prisiones federales) y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), responsable de la coordinación con los gobiernos estatales y municipales para la seguridad en el país.
Más pronto que tarde se demostró que ese arsenal de instituciones se quedó en la inercia burocrática, con cambios e improvisaciones como constante, aunque algunos obligados por el descalabro que representó la fuga del Chapo Guzmán en julio de 2015. Los resultados de su gestión fueron desastrosos: 103 mil 910 homicidios dolosos en el país, de acuerdo con las cifras de la propia dependencia que controló durante cinco años y que no marcan ninguna diferencia respecto del sexenio de Felipe Calderón.
La primera encomienda de Osorio era hacer realidad la oferta presidencial de crear una Gendarmería Nacional, con la que Peña Nieto pretendía retirar a las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública en las calles y regresarlas a sus cuarteles.
Osorio delegó la tarea en Manuel Mondragón y Kalb, quien fue designado por Peña Nieto titular de la CNS, entidad que reemplazó a la Secretaría de Seguridad Pública federal y con la que el PRI quiso poner distancia del fracaso de los gobiernos panistas contra la delincuencia organizada.
Mondragón se pretendió autónomo y desconocía la autoridad de Osorio, contaron a Proceso funcionarios de la CNS, testigos de los desencuentros entre los entonces secretario y comisionado. Mondragón se fue sin concretar la creación de la Gendarmería, un proyecto entonces ya muy diezmado.
Peña Nieto rescató a Mondragón y lo puso al frente de la Comisión Nacional contra las Adicciones, desde donde el exjefe de la Policía de la Ciudad de México ha sido un fuerte opositor a la legalización de la mariguana.
La idea inicial de Peña Nieto de reemplazar a la Policía Federal por un nuevo cuerpo integrado por elementos del Ejército, Marina y de la Fuerza Aérea, con experiencia en tareas de seguridad, se complicó también por la discordia entre Osorio y los altos mandos militares: el general Cienfuegos y el secretario de Marina, almirante Vidal Soberón Sanz.
Inspirada en el modelo de la Gendarmería Nacional de Francia y en la Policía Nacional de Colombia, la propuesta peñista era que esos militares integrados en la Gendarmería Nacional dependieran de un civil, como en Francia. Pero los secretarios militares se opusieron. Querían el control operativo de la nueva fuerza policial.
También pretendieron el uso de la infraestructura de la Policía Federal, acceso a la información del Cisen y la gestión de la Plataforma México, un poderoso sistema informativo que concentra bancos de datos delictivos, de la población de prisiones de todo el país, de los funcionarios de seguridad e información ciudadana, entre otros datos sensibles.
Osorio insistió en que el mando político y operativo tenía que estar en manos de civiles. Los jefes militares se mantuvieron en sus ideas y dejaron en punto muerto la propuesta presidencial. Para salvar la cara en esa tarea que le había dado Peña Nieto, ya con Monte Alejandro Rubido García como titular de la CNS, el entonces secretario respondió con la creación, en agosto de 2014, de la División de Gendarmería en la Policía Federal (Proceso 1970).
Sin nada que ver con el encargado presidencial, la nueva división policial estuvo llena de improvisaciones. Cuando la anunció, dijo que esa fuerza asumiría poco a poco algunas actividades de seguridad pública de los militares. No fue así. Al contrario, el Ejército y la Marina incrementaron su influencia hasta lograr, en diciembre pasado, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI), que ansiaron durante una década, desde que Calderón les ordenó que salieran a enfrentarse a los narcotraficantes.
Osorio Chong, también exgobernador de Hidalgo y ahora aspirante al Senado, estuvo al margen de la aprobación de la ley. Cienfuegos incluso se lo reclamó públicamente en diciembre de 2016.
“La seguridad interior no es responsabilidad de la Defensa Nacional ni de la Marina, es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación”. Es Gobernación “la que debe estar insistiendo en que esta ley se promulgue, pero tampoco hay prisa y no ha habido prisa en muchos años, y los que estamos confrontando los problemas somos nosotros”, dijo el jefe de Ejército ante la prensa en un abierto reclamo al hidalguense.
La LSI finalmente fue promulgada por Peña Nieto, el 21 de diciembre último, pese al cúmulo de violaciones constitucionales que acarrea. Durante el proceso legislativo de aprobación, la Segob no hizo presencia pública. Quienes la cabildearon en el Congreso fueron los militares.
El reproche público fue la culminación del desencuentro entre civiles y militares durante la gestión de Osorio. Luego del fracaso de la Gendarmería Nacional, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 ahondó la división. Ante la presión nacional e internacional para esclarecer el papel del Ejército en los hechos, en enero siguiente Osorio Chong ofreció abrir las puertas del 27 Batallón de Infantería, en Iguala, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El general secretario se opuso. Tajante, frenó al secretario de Gobernación.
Doble rasero
Ante esos desacuerdos, la Segob casi nada informó sobre lo que Osorio presentó como una propuesta innovadora: la creación de los centros de fusión de inteligencia, en los que el propósito era que civiles y militares compartieran su información de inteligencia para combatir el crimen.
Además dejó pendiente la legislación de un sistema nacional de inteligencia, como lo había prometido también Enrique Peña Nieto.
La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera del penal de máxima seguridad de El Altiplano fue el descalabro más evidente de la gestión de Osorio Chong. A pesar de las presiones para que renunciara, Peña lo mantuvo.
El exgobernador de Hidalgo, sin embargo, actuó con un doble rasero para controlar los daños ante el ridículo internacional en el que se encontraba el gobierno mexicano. Protegió a los funcionarios más cercanos y sacrificó a los de menor nivel. Sólo pidió la renuncia del encargado de las prisiones federales, Juan Ignacio Hernández Mora, sin que ordenara investigar la responsabilidad que podría tener. No pudo contener las presiones para que renunciara Rubido García a la CNS.
El extitular de la Comisión Nacional de Seguridad, sin embargo, regresó a la Secretaría de Gobernación en noviembre de 2016. Osorio lo puso al frente de la Unidad de Gobierno, una importante área operativa y de información de la Segob, en la que ha desarrollado su carrera burocrática, en la que fue, incluso, secretario general del Cisen, del que fue fundador en el gobierno de Carlos Salinas.
Osorio Chong también protegió a su antiguo colaborador Eugenio Ímaz, hasta el pasado jueves 11 director general del Cisen, donde sus prolongadas ausencias bajo argumentos de salud eran de sobra conocidas en las áreas de inteligencia del país.
El entonces director del Cisen tenía acceso a las cámaras de vigilancia del Chapo Guzmán. Sin embargo, los únicos procesados por la fuga del capo fueron los encargados de los monitores, destacados en el penal del Altiplano.
También fueron procesados los agentes de la Policía Federal que estaban en el penal al momento del escape, así como el titular de la División de Inteligencia de la corporación, Eduardo Pequeño. La responsabilidad por la fuga sólo cobró factura a empleados y funcionarios de mediano nivel de la Segob (Proceso 2030).
Pleito por “El Chapo”
El capo del Cártel de Sinaloa fue reaprehendido en enero de 2016 por la Policía Federal, luego de un fallido operativo de la Marina en Los Mochis, Sinaloa. Fue una confrontación más de Osorio con los militares.
Los agentes federales no sólo resistieron las presiones del capo sinaloense para que lo soltaran, sino de las fuerzas especiales de infantes de Marina para que se los entregaran. El jefe del operativo Tiburón Azul, Nicolás González Perrín, destacado en ese momento en Sinaloa y ahora agregado de la Policía Federal en Washington, reportó la detención al actual titular de la CNS, Renato Sales Heredia, quien fue ratificado en el cargo por el nuevo encargado de la Segob, Alfonso Navarrete Prida.
El entonces comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, también fue informado de la detención del Chapo y de las presiones de los marinos para quedarse con Guzmán, ahora preso en Estados Unidos y en espera de juicio por los cargos de narcotráfico, homicidio y lavado de dinero.
La relación con Estados Unidos tampoco fue el fuerte de Osorio Chong como encargado de la seguridad del país. La agregaduría de la Secretaría de Gobernación en Washington estuvo permanentemente vacía, según el directorio de la embajada de México en ese país.
Estados Unidos y Canadá despidieron al exsecretario con restricciones a sus ciudadanos para viajar a México, debido a los altos índices de violencia. Las advertencias fueron hechas el mismo día de la renuncia del hidalguense.
Lo contactos directos con Washington fueron tan limitados que, cuando el entonces secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, el general John Kelly, ahora jefe de gabinete de Donald Trump, vino a México, en julio del año pasado, no logró disuadirlo de considerar a México un país “al borde del colapso”, según reportó en septiembre pasado The New York Times.
A pesar de la detención de Guzmán Loera y de su entrega al gobierno de Trump, Enrique Galindo no duró en el cargo de comisionado de la Policía Federal. En agosto siguiente renunció ante la represión armada de la institución contra maestros disidentes en Nochixtlán, Oaxaca, en junio de 2016.
Ya había salvado su posición en enero de 2015, cuando efectivos de la Policía Federal ejecutaron a 16 personas en Apatzingán, Michoacán. Fue reemplazado por un cercano al magnate Carlos Slim, Manelich Castilla, quien también fue ratificado por el nuevo secretario de Gobernación.
Sus protegidos
En cada una de esas crisis Osorio contó con la protección del presidente, quien además lo favoreció con el presupuesto. De acuerdo con un análisis del gasto en materia de seguridad durante el actual gobierno, elaborado por Victoria Unzueta, asesora del PRD en materia de seguridad en la Cámara de Diputados, durante su gestión de cinco años el exsecretario dispuso de más de 365 millones de pesos. La mayor parte de esos recursos fueron para las agencias de seguridad. Sólo la Policía Federal absorbió casi 40% de ese dinero.
Dos antiguos colaboradores de Osorio, desde sus tiempos de aspirante a gobernador de Hidalgo (2005-2011), se encargaron de manejar el presupuesto: Jorge Márquez Montes y Frida Martínez Zamora. Él, como oficial mayor de la Secretaría de Gobernación; ella, como responsable de la Administración, Finanzas y Desarrollo Humano del Cisen, al inicio del sexenio, y luego secretaria general de la Policía Federal, cargo equivalente al de oficial mayor.
Debido a su pública cercanía con Osorio Chong, Martínez fue tan influyente en la gestión del exsecretario, que era quien decidía lo que se podía gastar en los operativos policiales, en decisiones que rebasaban a los comisionados de la Policial Federal y de la CNS, sus superiores en el papel.
Otro protegido de Osorio que muestra sus desencuentros en el gabinete fue José Alberto Rodríguez Calderón, a quien primero incrustó en la Procuraduría General de la República, cuando Peña designó a Arely Gómez.
Rodríguez Calderón ocupó un cargo clave: subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, pero no lo pudo sostener ante la inconformidad de la ahora secretaria de la Función Pública.
Osorio lo rescató y, a pesar de su desconocimiento en el área, lo puso al frente del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, encargado de las prisiones federales. Fue reemplazado por Navarrete Prida.
El mismo día en que Osorio Chong dejó la Segob, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá emitieron recomendaciones a sus ciudadanos para restringir sus viajes a México, debido a la permanente inseguridad.
Estados Unidos, en específico, les pidió “no viajar en absoluto” a Colima, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa, estados que colocó en la misma categoría de alerta en la que están países en guerra como Irak, Afganistán, Libia y Somalia.
Canadá advirtió a sus ciudadanos no viajar a Chihuahua, Coahuila (excepto Saltillo), Durango, Nuevo León (salvo Monterrey), Sinaloa (aunque sí a Mazatlán), Sonora (excepto Hermosillo, Guaymas y San Carlos) y Tamaulipas.
Las alertas no son arbitrarias. Se trata de las entidades donde la violencia no pudo ser contenida por el gobierno federal. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del SNSP –que durante la gestión de Osorio tuvo cinco titulares– señalan que entre enero de 2013 y noviembre del año pasado se registraron 103 mil 910 homicidios dolosos, una cifra que está en los mismos niveles que tuvo el gobierno de Felipe Calderón, del que heredó también el enfoque meramente represivo de la delincuencia.

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