Lomas Taurinas: la herida que no deja de sangrar/FRED ÁLVAREZ PALAFOX

Lomas Taurinas: la herida que no deja de sangrar/FRED ÁLVAREZ PALAFOX

La Silla Rota, 25/3/2026 ·

Hace 32 años, el reloj de la historia mexicana se detuvo en una colonia polvorienta de Tijuana. Eran las 17:12 horas en Lomas Taurinas cuando el ritmo festivo de "La Culebra", interpretado por la Banda Machos, fue devorado por dos detonaciones. Luis Donaldo Colosio, el hombre que encarnaba la esperanza de una reforma profunda al sistema, caía al suelo. Un revólver Taurus calibre .38 había silenciado, de golpe, la voz del candidato.

Fue un instante de desplome absoluto: un país sin aliento mientras los guardias sometían a Mario Aburto entre el polvo y el caos. Hoy, más de tres décadas después, el aniversario no es solo luto; es el recordatorio de nuestra incapacidad para cerrar un capítulo que se ha convertido en una aceitada herramienta de propaganda.

El rigor frente a la narrativa

La objetividad exige respeto al archivo. Cinco fiscales —Montes, Islas, Chapa Bezanilla, González Pérez y Galván— revisaron las entrañas del caso. Ninguno logró sustentar en tribunales la teoría de un segundo tirador. ¿Acaso se equivocaron todos? La realidad jurídica fue clara durante décadas, hasta que las narrativas oficiales decidieron resucitar sospechas sin pruebas.

Bajo la gestión de Alejandro Gertz Manero, al cierre del sexenio de López Obrador, asistimos a un renacimiento forzado de la tesis que señala a Jorge Antonio Sánchez Ortega. En una carambola de diseño político, se intentó involucrar a Genaro García Luna, quien en 1994 era apenas un joven funcionario del Cisen de 26 años, sin poder real de decisión. Convertirlo hoy en pieza clave no parece justicia, sino una construcción por conveniencia. (Mi comentario en la red)

El grito de un hijo (Enero 2024)

En enero de 2024, Luis Donaldo Colosio Riojas lanzó un grito desesperado: pidió indultar a Aburto y dejar de "manosear" el homicidio de su padre. "Que este asunto se quede en manos de la justicia divina, porque la mexicana quedó a deber", sentenció el entonces alcalde de Monterrey, apelando a la compasión para que su familia finalmente sanara.

La respuesta desde el púlpito de la "mañanera" fue un "no" rotundo. El presidente  López Obrador, blindado tras un comunicado de la FGR que calificó como "un documento que no es un pasquín", insistió en que era un "crimen de Estado". Atribuyó la petición a la CNDH de Rosario Piedra Ibarra, bajo el argumento de que el propio Aburto pedía indagar sobre el segundo tirador. El contraste fue patético: en la misma sesión donde se negaba el "carpetazo" en nombre de la no impunidad, el mandatario jugaba con un peluche a su imagen y semejanza, mientras el país lidiaba con una violencia actual que no da tregua. Al leer el comunicado, AMLO subrayó: "estuvo vinculado directamente Genaro G. –yo supongo que es García Luna–". ¡Patético!

(Véase… No al indulto solicitado por Colosio, hijo, respondió AMLO / La Silla Rota, 31 de enero de 2024)

Noviembre de 2025: el despertar de un fantasma

La historia de México es experta en resucitar espectros. En noviembre de 2025, cuando creíamos que el caso Colosio dormía finalmente el sueño de los olvidados, el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez —titular del Juzgado IV de Distrito en Toluca— decidió desempolvar la teoría del segundo tirador. Jorge Antonio Sánchez Ortega volvió a una celda; esta vez en el Penal del Altiplano, acusado de coautoría.

Sin embargo, este "éxito" de la FGR no fue sencillo ni inmediato, fue un asedio judicial. La orden de aprehensión se logró apenas al tercer intento. En los años previos, la justicia federal le cerró la puerta dos veces a la FGR, al considerar que las supuestas "pruebas esenciales" estaban inducidas por la propia institución o eran meramente circunstanciales.

El historial de rechazos es contundente. El 24 de noviembre de 2023 y el 5 de enero de 2024, Jesús Chávez Hernández —entonces Juez Quinto de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México— negó el mandato de captura contra Sánchez Ortega por carecer de elementos sólidos. La Fiscalía impugnó el segundo revés, pero el 1 de agosto de 2024, los tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Toluca confirmaron por unanimidad que la solicitud no tenía méritos.

Lejos de desistir, el 25 de septiembre de 2025, la FGR volvió a la carga. Tras el último descalabro judicial, la Fiscalía engrosó el expediente: de los 9 tomos de su averiguación previa original, esta vez consignó 11. Dos tomos extra de papel para intentar sostener una tesis que durante tres décadas pareció imposible, pero que en este clima político finalmente encontró un juez dispuesto a validarla. ( Nota de Abel Barajas, reportero de Reforma, 13 de noviembre de 2025)

¿Qué cambió después de tanto tiempo? 

La FGR sostiene su caso sobre hilos delgados: un peritaje químico que ahora asegura restos de plomo y bario en la chamarra del agente, y el testimonio de Leticia Ortiz, quien ahora sí lo identifica tras décadas de no poder hacerlo. Pero lo más inverosímil es la "acrobacia técnica" de la criminalística de campo: la FGR intenta explicar la ausencia de Sánchez Ortega en los videos alegando que estaba en una postura "semiflexionada" a escasos 68 centímetros de Colosio, oculto de las cámaras. Una tesis que otros jueces ya habían tachado de "inverosímil".

La voz de la defensa y el calvario judicial

El abogado de Aburto, Jesús González Schmal, sacudió los expedientes con una afirmación que suena a conspiración largamente negada: "¡Aburto no disparó!". Vincula el segundo tiro a un sicario apodado "El Ruco", supuestamente asesinado poco después del crimen. Para Schmal, la captura de Sánchez Ortega —quien en 1994 dio positivo a la prueba de pólvora— no es una cortina de humo, sino una rendija de luz para que México sane una herida política profunda.

El caso Colosio es una herida que no cierra. A más de tres décadas del magnicidio, el expediente sobrevive entre nuevas series de ficción y viejas deudas judiciales. Hoy, el proceso parece más un rehén de la burocracia que un camino a la verdad; este 25 de marzo de 2026, se revela que la apelación de Sánchez Ortega —señalado como el segundo tirador— lleva ya cuatro meses congelada, sumando una capa más de incertidumbre a nuestra historia."

El ex agente del Cisen enfrenta un proceso basado en hilos polémicos: una prueba de pólvora positiva y manchas de sangre en su ropa. Pero lo que raya en lo inverosímil es que el juzgador valide lo señalado por la FGR “aun cuando no se haya percibido en video la participación del segundo tirador”, determinando que debe dársele el mismo tratamiento jurídico que a Mario Aburto: ser juzgado por homicidio calificado con premeditación y alevosía, bajo la hipótesis de coautoría (según reporta Gustavo Castillo en La Jornada, 2 de marzo).

Llama la atención la contradicción: se le procesa por coautoría, pero se evita la palabra "complot". ¿Estamos ante una justicia tardía que desmantela redes de poder o ante el último suspiro de una narrativa política para alimentar el espectáculo? 

Pero más allá de lo jurídico, queda la sensación de que el caso Colosio es esa estación de llegada que nunca alcanzamos. 

El reclamo persiste (Marzo 2026)

En el aniversario número 32, el ahora senador Colosio Riojas insiste: "Dejen de lucrar con el caso políticamente y permitan que México sane. La Presidenta (Sheinbaum) tiene la facultad, lo que no tiene, quizás, es voluntad". Acusa al régimen de usar la tragedia como estrategia de proselitismo para justificar sus propias tropelías: "No nos hacen mensos", sentenció.

La respuesta en la "mañanera" fue reveladora. Ante una pregunta de Vicente Serrano (Sin Censura TV), quien sugirió que el senador se "colgaba" del asesinato de su padre, la presidenta Sheinbaum ironizó sobre las aspiraciones de Colosio Riojas. Tras repetir tres veces "está curioso, ¿no?", se limitó a decir que es un "asunto de Estado" que no admite indultos, cerrando el tema, la misma respuesta que dio López Obrador.

La censura...

La presencia de la fiscal Ernestina Godoy en la mañanera del martes era la oportunidad obligada para la rendición de cuentas. Sin embargo, la Presidenta impuso un cerco informativo inmediato: prohibido preguntar de otra cosa.

Con un rotundo "enfocaremos las preguntas estrictamente al motivo de su visita",  Sheinbaum desactivó cualquier intento de fiscalización. En la narrativa oficial, la Fiscal no asistió como la autoridad responsable de la procuración de justicia, sino como una "invitada especial" para un anuncio simbólico por el cierre del mes del 8M.

Memoria vs. propaganda

Colosio Riojas tiene razón: la justicia que se busca tres décadas después, inventando segundos tiradores o ligando nombres por conveniencia, no busca la verdad, sino justificar el presente. El indulto es una facultad del Ejecutivo, pero el perdón es un patrimonio de la familia.

Si quienes más perdieron piden cerrar el capítulo, ¿por qué el régimen se empeña en mantener viva la hoguera? Mario Aburto ya pagó el crimen con 32 años de cárcel y tiene derecho a la reinserción social. Lo cierto es que, como periodistas y como sociedad, nos toca mantener la memoria despierta para que, al asomarnos a este abismo, el abismo no termine por devorarnos otra vez.

Para la historia inmediata.

PD: A casi cuatro años del asesinato del periodista  Luis Enrique Ramírez, el sistema judicial de Sinaloa ha puesto una cifra al vacío: 19 años de prisión. En un país donde el costo de silenciar una pluma es dolorosamente bajo, esta sentencia se siente más como un "carpetazo" burocrático que como una reivindicación.

¿Cómo se pesan 19 años frente a 40 años de periodismo audaz? La justicia mexicana decidió regatearle dignidad a la tragedia. ¡Están reprobados!

Luis Enrique no era solo una estadística (el periodista 34 de aquel sexenio); era un "titiritero" de historias, una pluma lírica que conversaba con Poniatowska y Tamayo, y que terminó envuelta en plástico negro.

El miedo lo alcanzó, pero su obra —"La muela del juicio", "La ingobernable"— sigue aquí para recordarnos que no se vale morir así.

Sinaloa y México le deben mucho más que 19 años a la memoria de Luis Enrique. ¡Justicia!

PD2.- Justicia de relojería: ¿Derecho o consigna? 

En la SCJN, a veces el calendario pesa más que la Constitución. El fallo contra Gerardo Vargas y el Ayuntamiento de Ahome no es derecho; es una salida de emergencia técnica para no tocar el fondo.

¿La trampa? Siete ministros permitieron que el juicio caminara meses para luego asfixiarlo por "extemporaneidad". Si estaba fuera de tiempo desde mayo, ¿por qué dejarlo avanzar? No hay coherencia, solo una perversión jurídica: mantener vivo un proceso para luego matarlo con un tecnicismo.

Es una lección amarga: en México, la autonomía de un municipio muere cuando alguien, desde afuera, decide detener las manecillas del reloj judicial. Justicia de cuarta, con todo respeto.

@fredalvarez