Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
Excelsior, 13/03/2008;
El problema es político, no legal
Me queda claro que, salvo opinión en contrario de alguna instancia judicial, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, no cometió un delito al signar, como representante legal de una de las empresas de su familia, los siete contratos relacionados con Pemex. No hubo tráfico de influencias ni discrecionalidad en el otorgamiento de esos contratos ni tampoco una relación directa del funcionario (la mayor parte de ese tiempo, diputado) con los negocios en cuestión. Los precios pagados por esos servicios fueron los mismos que a las otras empresas de transporte de la Canacar y formaron parte de un añejo acuerdo de esa Cámara con la empresa petrolera. Desde el punto de vista legal no veo conflicto alguno. Es más, todos sabemos y conocemos a legisladores de los diversos partidos, que tienen empresas, despachos, asesorías y trabajan en ellos mientras continúan en el servicio público. Mientras no haya un evidente conflicto de intereses y no exista un beneficio indebido por esa relación, desde el punto de visa legal, ello es legítimo.
El problema en el caso de Juan Camilo no es legal, sino político. No pasa ni por los contratos ni por la capacidad económica de su familia, ni siquiera por su comprobada capacidad como operador muy confiable para el presidente Calderón. Ya se ha demostrado, por ejemplo, que hay historias muchísimo más cuestionables, en todo sentido, que son ignoradas por partidos y legisladores, como los miles de millones de dólares que otorgó por adjudicación directa el Gobierno del Distrito Federal, en obras públicas, para colmo, mal hechas, durante la administración anterior. O incluso el desafuero que sufrió López Obrador por violar, él sí, las disposiciones legales, entre ellas la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, cargo del que ha quedado impune.
Tampoco creo que el tema Mouriño (como ningún otro de estas características) deba abordarse en alguna comisión legislativa. Hasta ahora, ha habido más de 40 comisiones formadas en las cámaras, con el fin de abordar este tipo de cuestiones, y ninguna llegó a nada, a resolución alguna. Y no pueden llegar a nada porque el Congreso no está ni habilitado ni preparado ni es su función hacerla de ministerio público. Las comisiones especiales han servido para dos cosas: utilizar políticamente los citatorios y las comparecencias y acomodar en el presupuesto a “asesores” y “analistas” de los diputados o los senadores que las integran.
El caso Mouriño forma parte, además, de una venganza política. Lo paradójico es que, por supuesto, se trata de un intento de cobro de facturas de López Obrador al calderonismo, pero es más grave y mucho menos conocido que el golpe original vino desde adentro, desde los sectores desplazados del panismo con Manuel Espino, que tienen relación con las investigaciones que se comenzaron a realizar en torno a contratos firmados por ex funcionarios de Pemex con familiares o grupos relacionados con los círculos más cercanos del foxismo y, ante ello, fue desde allí, desde los grupos desplazados con Espino (que mantiene una añeja confrontación con Mouriño, sobre todo después de aquella silbatina en una reunión nacional del PAN que selló su destino como dirigente partidario), donde se buscó la información de los contratos y se le hizo llegar a los principales adversarios del ahora secretario de Gobernación.
El problema, por lo tanto, es político y debe ser abordado desde ese ángulo. Mouriño, no cabe duda, es un operador de primer nivel para el presidente Calderón, tanto que según muchos resultó una jugada arriesgada moverlo de la Oficina de la Presidencia a la Secretaría de Gobernación, lo que generó toda clase de expectativas. El presidente Calderón confía en su círculo más cercano y ha ejercido el poder basándose en él. La concentración en pocas manos del poder real facilita la operación y el control que desea el mandatario, pero también el golpeteo dirigido, como ha sido en este caso, contra los pocos funcionarios con acceso directo al Ejecutivo. Y esa es una norma que no se ha limitado a Mouriño, ha afectado a todos y cada uno de los integrantes de ese grupo. En ese sentido, está claro que existe una estrategia coordinada, pero el propio estilo de gobernar favorece esos intentos, se basen en hechos verídicos o no.
Mouriño llegó a Gobernación con un encargo fundamental: sacar adelante las reformas pendientes. Los golpes que ha recibido lo han obligado a dedicar parte de su tiempo a estructurar una defensa (que además resultó tardía) de su persona y ha distraído el debate que debería girar en torno a la reforma energética, la laboral y otras, lo que lo ha llevado hacia un espacio de confrontación personal difícil de superar. Si a eso se suma la manipulación realizada por el lopezobradorismo para tratar de evitar el triunfo de Jesús Ortega en los comicios perredistas del domingo y la presión de grupos afines al ex candidato, como el SME o el Sindicato de la UAM para justificar un ambiente de crispación social, el movimiento de las fichas en las mesas políticas queda bastante claro.
El punto es que a los problemas políticos se les debe dar soluciones, salidas, políticas. Y ello no se ha podido encontrar hasta ahora en el caso Mouriño. Al contrario, mientras lo legal transita por un camino, lo político lo hace por otro. La decisión de la permanencia o no de Mouriño dependerá exclusivamente del presidente Calderón y de una sola consideración: si sigue siendo un operador útil para el mandatario o no. Lo demás, son especulaciones. Pero la respuesta a un desafío político debe ser política.
Por cierto, ayer, el gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer, debió renunciar a su cargo, tuvo que hacerlo porque políticamente la situación se había tornado insostenible. Aceptó un costo alto por un error y lo pagó. Es verdad que están en campaña, pero, por lo pronto, aunque no violó la ley, Spitzer renunció.
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Me queda claro que, salvo opinión en contrario de alguna instancia judicial, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, no cometió un delito al signar, como representante legal de una de las empresas de su familia, los siete contratos relacionados con Pemex. No hubo tráfico de influencias ni discrecionalidad en el otorgamiento de esos contratos ni tampoco una relación directa del funcionario (la mayor parte de ese tiempo, diputado) con los negocios en cuestión. Los precios pagados por esos servicios fueron los mismos que a las otras empresas de transporte de la Canacar y formaron parte de un añejo acuerdo de esa Cámara con la empresa petrolera. Desde el punto de vista legal no veo conflicto alguno. Es más, todos sabemos y conocemos a legisladores de los diversos partidos, que tienen empresas, despachos, asesorías y trabajan en ellos mientras continúan en el servicio público. Mientras no haya un evidente conflicto de intereses y no exista un beneficio indebido por esa relación, desde el punto de visa legal, ello es legítimo.
El problema en el caso de Juan Camilo no es legal, sino político. No pasa ni por los contratos ni por la capacidad económica de su familia, ni siquiera por su comprobada capacidad como operador muy confiable para el presidente Calderón. Ya se ha demostrado, por ejemplo, que hay historias muchísimo más cuestionables, en todo sentido, que son ignoradas por partidos y legisladores, como los miles de millones de dólares que otorgó por adjudicación directa el Gobierno del Distrito Federal, en obras públicas, para colmo, mal hechas, durante la administración anterior. O incluso el desafuero que sufrió López Obrador por violar, él sí, las disposiciones legales, entre ellas la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, cargo del que ha quedado impune.
Tampoco creo que el tema Mouriño (como ningún otro de estas características) deba abordarse en alguna comisión legislativa. Hasta ahora, ha habido más de 40 comisiones formadas en las cámaras, con el fin de abordar este tipo de cuestiones, y ninguna llegó a nada, a resolución alguna. Y no pueden llegar a nada porque el Congreso no está ni habilitado ni preparado ni es su función hacerla de ministerio público. Las comisiones especiales han servido para dos cosas: utilizar políticamente los citatorios y las comparecencias y acomodar en el presupuesto a “asesores” y “analistas” de los diputados o los senadores que las integran.
El caso Mouriño forma parte, además, de una venganza política. Lo paradójico es que, por supuesto, se trata de un intento de cobro de facturas de López Obrador al calderonismo, pero es más grave y mucho menos conocido que el golpe original vino desde adentro, desde los sectores desplazados del panismo con Manuel Espino, que tienen relación con las investigaciones que se comenzaron a realizar en torno a contratos firmados por ex funcionarios de Pemex con familiares o grupos relacionados con los círculos más cercanos del foxismo y, ante ello, fue desde allí, desde los grupos desplazados con Espino (que mantiene una añeja confrontación con Mouriño, sobre todo después de aquella silbatina en una reunión nacional del PAN que selló su destino como dirigente partidario), donde se buscó la información de los contratos y se le hizo llegar a los principales adversarios del ahora secretario de Gobernación.
El problema, por lo tanto, es político y debe ser abordado desde ese ángulo. Mouriño, no cabe duda, es un operador de primer nivel para el presidente Calderón, tanto que según muchos resultó una jugada arriesgada moverlo de la Oficina de la Presidencia a la Secretaría de Gobernación, lo que generó toda clase de expectativas. El presidente Calderón confía en su círculo más cercano y ha ejercido el poder basándose en él. La concentración en pocas manos del poder real facilita la operación y el control que desea el mandatario, pero también el golpeteo dirigido, como ha sido en este caso, contra los pocos funcionarios con acceso directo al Ejecutivo. Y esa es una norma que no se ha limitado a Mouriño, ha afectado a todos y cada uno de los integrantes de ese grupo. En ese sentido, está claro que existe una estrategia coordinada, pero el propio estilo de gobernar favorece esos intentos, se basen en hechos verídicos o no.
Mouriño llegó a Gobernación con un encargo fundamental: sacar adelante las reformas pendientes. Los golpes que ha recibido lo han obligado a dedicar parte de su tiempo a estructurar una defensa (que además resultó tardía) de su persona y ha distraído el debate que debería girar en torno a la reforma energética, la laboral y otras, lo que lo ha llevado hacia un espacio de confrontación personal difícil de superar. Si a eso se suma la manipulación realizada por el lopezobradorismo para tratar de evitar el triunfo de Jesús Ortega en los comicios perredistas del domingo y la presión de grupos afines al ex candidato, como el SME o el Sindicato de la UAM para justificar un ambiente de crispación social, el movimiento de las fichas en las mesas políticas queda bastante claro.
El punto es que a los problemas políticos se les debe dar soluciones, salidas, políticas. Y ello no se ha podido encontrar hasta ahora en el caso Mouriño. Al contrario, mientras lo legal transita por un camino, lo político lo hace por otro. La decisión de la permanencia o no de Mouriño dependerá exclusivamente del presidente Calderón y de una sola consideración: si sigue siendo un operador útil para el mandatario o no. Lo demás, son especulaciones. Pero la respuesta a un desafío político debe ser política.
Por cierto, ayer, el gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer, debió renunciar a su cargo, tuvo que hacerlo porque políticamente la situación se había tornado insostenible. Aceptó un costo alto por un error y lo pagó. Es verdad que están en campaña, pero, por lo pronto, aunque no violó la ley, Spitzer renunció.
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