Columna Fuerzas Armadas/Javier Ibarrola
No hay marcha atrás
Tres de los hombres fuertes del Presidente sacudieron las estructuras de lo que se ha hecho hasta ahora en contra de la delincuencia organizada, sobre todo el narcotráfico, en un movimiento envolvente que anuncia la madre de todas batallas y de la que ya no hay marcha atrás.
Fue el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quien puso una pica en Flandes cambiando a dos de los funcionarios de mayor responsabilidad dentro de la dependencia, para colocar en su lugar, sobre todo al frente de la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, SIEDO, un personaje del que se dice goza de excelentes relaciones en el primer círculo del poder militar: Marisela Morales Ibañez.
Medina Mora movió sus piezas para entablar una mejor relación con las fuerzas armadas, de suyo impecables, aunque para algunos de sus colaboradores causa escozor cuando se trata de dar la batalla conjunta.
Dentro del Ejército, se actuó en correspondencia a dicho movimiento, cuando el general Sergio Aponte Polito, comandante de la II Región Militar con sede en Mexicali, Baja California, después de una serie de ríspidos enfrentamientos con las autoridades locales, incluyendo al gobernador y al procurador estatal, a quien el general acusó en reiteradas ocasiones de graves irregularidades y propiciar la desconfianza para que “no existiera más la coordinación tan necesaria entre las autoridades militares y su dependencia, para enfrentar y abatir los índices delictivos”, fue finalmente relevado de su cargo.
La gota que derramó el vaso fue una muy bien orquestada maniobra mediática impulsada por el gobierno local en la que se decía que el general Aponte Polito había disparado su arma de cargo dentro de un restaurante.
Aponte Polito esperaba no sólo que no lo relevaran del cargo, como ya había sucedido por situaciones semejantes en Sonora, Chiapas, Quintana Roo y Sinaloa, sino que alentaba a sus compañeros de armas, para que “no permanezcan callados ante esta clase de calumnias que afectan la dignidad de las personas y sus familias, así como el prestigio del Ejército mexicano, institución que, considero, es la más abnegada, sacrificada y útil a nuestro país; por lo tanto, al no defender nuestro honor, dignidad, derechos y bienestar estaríamos defraudando a quienes nos antecedieron en el Heroico Colegio Militar, enseñándonos las virtudes militares y seríamos considerados por las nuevas generaciones como unos militares apáticos y castrados, lo cual nunca debe suceder porque no somos corruptos y, además, amamos profundamente a nuestro país y buscamos su engrandecimiento”.
La Secretaría de la Defensa Nacional, acostumbrada a encriptar sus decisiones de mando, realizó un amplio movimiento en mandos medios y altos, que incluyó a siete generales, 48 jefes y 15 oficiales, todo para informar el pasado día 8 que el general Aponte Polito había sido designado presidente del Supremo Tribunal Militar.
Su designación no dejó de extrañar tanto a civiles como a militares que sabían de la actuación recia y efectiva del general Aponte Polito en la lucha contra el narcotráfico en diversas partes del país. Extrañó igualmente el nombramiento de un general de División al frente del Tribunal, cuando la legislación Militar sostiene que el grado máximo en esa titularidad es de general de Brigada.
Días después, el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, daría la nota al revelar que en México hay 500 mil narcotraficantes, es decir, el doble de los efectivos del Ejército y la Armada. Esa es la dimensión del enemigo a vencer.
Quizá por eso, el Almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina-Armada de México dio el cerrojazo al plan envolvente que el gobierno de Felipe Calderón prepara para intentar frenar al narcotráfico, al decir durante la graduación de la sexta generación de Oficiales Técnico-Profesionales de Infantería de Marina, el mismo día ocho del presente mes, que “en apego a las políticas del Gobierno Federal se seguirá fortaleciendo, en calidad y cantidad, la estructura de la Armada de México hasta que las autoridades civiles cuenten con la fuerza suficiente para hacer frente al narcotráfico”.
El crecimiento incontrolable de la delincuencia obliga a este movimiento, como obliga acelerar la preparación de las agencias civiles de seguridad. Sin embargo, no se puede olvidar que el Ejército es el instrumento que el Estado debe aplicar sólo para los fines de su supervivencia, es el recurso extremo que si se abusa en su empleo sin atender su esencial finalidad, sólo se logrará su desprestigio e ineficacia.
www.geocities.com/fuerzasarmadas_mexico
Fue el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quien puso una pica en Flandes cambiando a dos de los funcionarios de mayor responsabilidad dentro de la dependencia, para colocar en su lugar, sobre todo al frente de la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, SIEDO, un personaje del que se dice goza de excelentes relaciones en el primer círculo del poder militar: Marisela Morales Ibañez.
Medina Mora movió sus piezas para entablar una mejor relación con las fuerzas armadas, de suyo impecables, aunque para algunos de sus colaboradores causa escozor cuando se trata de dar la batalla conjunta.
Dentro del Ejército, se actuó en correspondencia a dicho movimiento, cuando el general Sergio Aponte Polito, comandante de la II Región Militar con sede en Mexicali, Baja California, después de una serie de ríspidos enfrentamientos con las autoridades locales, incluyendo al gobernador y al procurador estatal, a quien el general acusó en reiteradas ocasiones de graves irregularidades y propiciar la desconfianza para que “no existiera más la coordinación tan necesaria entre las autoridades militares y su dependencia, para enfrentar y abatir los índices delictivos”, fue finalmente relevado de su cargo.
La gota que derramó el vaso fue una muy bien orquestada maniobra mediática impulsada por el gobierno local en la que se decía que el general Aponte Polito había disparado su arma de cargo dentro de un restaurante.
Aponte Polito esperaba no sólo que no lo relevaran del cargo, como ya había sucedido por situaciones semejantes en Sonora, Chiapas, Quintana Roo y Sinaloa, sino que alentaba a sus compañeros de armas, para que “no permanezcan callados ante esta clase de calumnias que afectan la dignidad de las personas y sus familias, así como el prestigio del Ejército mexicano, institución que, considero, es la más abnegada, sacrificada y útil a nuestro país; por lo tanto, al no defender nuestro honor, dignidad, derechos y bienestar estaríamos defraudando a quienes nos antecedieron en el Heroico Colegio Militar, enseñándonos las virtudes militares y seríamos considerados por las nuevas generaciones como unos militares apáticos y castrados, lo cual nunca debe suceder porque no somos corruptos y, además, amamos profundamente a nuestro país y buscamos su engrandecimiento”.
La Secretaría de la Defensa Nacional, acostumbrada a encriptar sus decisiones de mando, realizó un amplio movimiento en mandos medios y altos, que incluyó a siete generales, 48 jefes y 15 oficiales, todo para informar el pasado día 8 que el general Aponte Polito había sido designado presidente del Supremo Tribunal Militar.
Su designación no dejó de extrañar tanto a civiles como a militares que sabían de la actuación recia y efectiva del general Aponte Polito en la lucha contra el narcotráfico en diversas partes del país. Extrañó igualmente el nombramiento de un general de División al frente del Tribunal, cuando la legislación Militar sostiene que el grado máximo en esa titularidad es de general de Brigada.
Días después, el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, daría la nota al revelar que en México hay 500 mil narcotraficantes, es decir, el doble de los efectivos del Ejército y la Armada. Esa es la dimensión del enemigo a vencer.
Quizá por eso, el Almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina-Armada de México dio el cerrojazo al plan envolvente que el gobierno de Felipe Calderón prepara para intentar frenar al narcotráfico, al decir durante la graduación de la sexta generación de Oficiales Técnico-Profesionales de Infantería de Marina, el mismo día ocho del presente mes, que “en apego a las políticas del Gobierno Federal se seguirá fortaleciendo, en calidad y cantidad, la estructura de la Armada de México hasta que las autoridades civiles cuenten con la fuerza suficiente para hacer frente al narcotráfico”.
El crecimiento incontrolable de la delincuencia obliga a este movimiento, como obliga acelerar la preparación de las agencias civiles de seguridad. Sin embargo, no se puede olvidar que el Ejército es el instrumento que el Estado debe aplicar sólo para los fines de su supervivencia, es el recurso extremo que si se abusa en su empleo sin atender su esencial finalidad, sólo se logrará su desprestigio e ineficacia.
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fuerzasarmadas@prodigy.net.mx
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