Informe del Ombudsman Soberanes

Este miércoles 28 de enero se presentó en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el informe de la CNDH del periodo 2008;

Recibieron al Ombudsman nacional una Comisión de legisladores, a saber: Luis Alberto Villarreal García, al señor diputado Rubén Escajeda Jiménez, al señor diputado Tonatiuh Bravo Padilla, al señor diputado Manuel Portilla Diéguez y al señor diputado Cuauhtémoc Velasco.

El doctor José Luis Soberanes Fernández:

Señor diputado César Duarte, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Diputada Omeheira López Reyna, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la honorable Cámara de Diputados.
Señoras legisladoras federales, señores legisladores federales, señoras consejeras del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señoras y señores, el conocimiento, promoción e impulso de los derechos humanos en nuestro país hoy en día son parte esencial de la deliberación democrática, desde muy diversos enfoques doctrinarios. Lo mismo en la academia que en los partidos políticos, los poderes públicos y los medios de comunicación.
Este hecho representa un avance indudable que contrasta, sin embargo, con la situación de escaso respeto que, con notables claroscuros en todo el país, sigue dándose alrededor del cumplimiento de los derechos fundamentales.
Durante 2008 se presentaron hechos que evidenciaron esa realidad contradictoria de avances y retrocesos, y se generó un amplio debate en la opinión pública, dejando algunas importantes enseñanzas para el fortalecimiento de las garantías fundamentales.
Varios de estos casos fueron asuntos que abordó la CNDH y de manera sucinta mencionaré algunos.
El caso de la profesora Eufrosina Cruz Mendoza, quien con gran valentía denunció la discriminación que sufren muchas mujeres indígenas en Oaxaca al intentar ejercer sus derechos políticos. No debe dejar de ser tema de reflexión pues caracteriza conductas y actitudes discriminatorias persistentes dentro de la sociedad mexicana que prolonga la desigualdad con motivos de género.
Otro caso relevante en 2008 fueron los casos de tortura con los que se pretendía capacitar a los policías municipales de León, Guanajuato y que mostró la facilidad con la que muchos servidores públicos pueden seguir anclados a una práctica absurda y cruel y confundirla con un método de aprendizaje que, en los hechos, no los hace estar más capacitados ni mejor organizados para enfrentar a la delincuencia, pero que puede convertirlos en verdaderos maestros del desprecio a los derechos fundamentales de las personas.
Un tema que también generó un gran debate fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la despenalización del aborto. Una vez más expreso mi reconocimiento y respeto a quienes fueron partícipes de esa discusión y argumentación con sus mejores razonamientos.
Ojalá que ese hecho constate que los mexicanos estamos dispuestos a debatir con tolerancia y civilidad aspectos torales para la convivencia y la armonía sociales, sin caer en la descalificación personal o en el denuesto que encona y agravia, pero nada esclarece.
La principal preocupación de los mexicanos sigue siendo sin lugar a dudas la seguridad pública. La delincuencia organizada parece empecinada en demostrar que tiene capacidad para enfrentar con toda su fuerza al Estado con actos de extrema violencia y atemorizar a la población decapitando personas o cometiendo actos que ponen en riesgo la vida y la libertad de los mexicanos.
Ante este desafío, el reclamo de los actores sociales no se ha hecho esperar. A lo largo y ancho del país seguimos escuchando como una sola voz a la sociedad que exige la posibilidad de vivir en paz. Miles de personas se han manifestado por distintos medios para reclamar medidas gubernamentales que detengan la ola delictiva de secuestros, feminicidios y muertes, consecuencia de la acción de bandas criminales que sienten que pueden quedar impunes.
Legisladores, autoridades y sociedad civil se comprometieron a impulsar acciones para modificar las estructuras de la procuración y administración de justicia, con la finalidad de superar el flagelo de la impunidad y poner coto a la corrupción y a la marcada ineficacia de las policías.
Es tan grande la impotencia social generada por la inseguridad que han llegado a presentarse iniciativas de ley contrarias a los derechos humanos, como proponer abierta permisividad para que se realicen cateos sin orden judicial, aprehensiones de personas bajo el supuesto de que parecen sospechosos, el arraigo domiciliario, incluso otras medidas tan irracionales e inútiles como la pena de muerte.
Si se cumpliera con mayor certeza y eficacia la aplicación de las leyes en materia penal advertiríamos que es posible abatir la enorme impunidad que caracteriza al delito y la actividad de la delincuencia organizada.
Cualquier camino que no sea el de la aplicación rigurosa de las leyes o incluso el simple aumento de las penalidades, que pueden ser hasta de 70 años, podemos caer como sociedad en una simple forma de distracción no para aprender a enfrentar mejor la realidad de una delincuencia actualmente desbordada, sino para evadirla.
A pesar de las críticas, algunas figuras delictivas fueron modificadas por nuestros legisladores. Otras no han prosperado gracias al esfuerzo de grupos sociales e instituciones que por años han trabajado por hacer valer los derechos fundamentales.
En este sentido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sigue siendo aliada de cualquier movimiento cívico impulsor de cambios a favor del pleno respeto a los derechos humanos, comenzando por el derecho a la seguridad pública pero sin desdibujar o confundir las causas de la inseguridad.
Así como defendemos el derecho al uso legítimo de la fuerza cuando se apega a los principios y a las reglas que la permitan, nos opondremos a aplaudir el abuso como método de trabajo de cualquier agente de la autoridad o asumir que una situación excepcional puede ser considerada como parte de la normalidad social o de la vida cotidiana.
Discutamos de manera civilizada y abierta cualquier tema de interés público, incluso las propuestas sobre la pena de muerte. Pero hagámoslo con gran honestidad y sobre bases de la mayor objetividad posible.
Todos los días de 2008 fuimos testigos y a la vez actores de la búsqueda ciudadana para corregir acciones de autoridad que transgredan las garantías individuales. Así, durante 2008 la comisión nacional prestó más de 40 mil servicios al público del Distrito Federal y atendió a más de 5 mil personas en nuestras oficinas foráneas en diversos puntos de la república. Como consecuencia de lo anterior registramos 6004 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Las autoridades que generaron el mayor número fueron: La Secretaría de la Defensa Nacional, con 1230; el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 1007; le siguieron la Procuraduría General de la República, con 769; la Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, con 284 y el Instituto Nacional de Migración, con 258.
Recibimos 256 quejas por deficiencias en la atención a derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 237 de la Secretaría de Educación Pública.
Por su parte se presentaron 216 quejas contra el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social. La Secretaría de Seguridad Pública Federal, 191 y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 189.
En el mismo periodo emitimos 67 recomendaciones. Los principales destinatarios de éstas fueron: La Secretaría de la Defensa Nacional, con 14; el Instituto Nacional de Migración, 7 y la Secretaría de Seguridad Pública, 5.
Algunas autoridades decidieron rechazar las recomendaciones de la CNDH, entre ellas el Procurador General de la República y los gobernadores de los estados de Baja California, Sinaloa y Guerrero. Al lamentar estas decisiones consideramos que en nada contribuyen a combatir la impunidad, por el contrario, abren la puerta para que otras autoridades sigan cometiendo abusos sin señalamiento y testigo alguno.
Permítanme, al margen que anoche recibimos una comunicación del Procurador General de la República, rechazando la recomendación de Pasta de Conchos, donde como ustedes saben murieron 65 mineros. Con este rechazo del Procurador General de la República veremos que estos homicidios volverán a quedar impunes.
En el 2008 continuamos impulsando el acercamiento entre el quejoso y la autoridad responsable, en un esfuerzo por pactar acuerdos de conciliación entre las partes y promover una cultura de diálogo y compromiso. De esta manera se concretaron 272 casos en los cuales las autoridades en cuestión aceptaron llegar a soluciones conciliatorias, siempre a favor del quejoso y restituirlos en sus derechos que habían sido conculcados.
Firmamos 558 convenios con instituciones académicas, gubernamentales y de la sociedad civil organizada, en su mayor parte para realizar actividades de capacitación.
Aunque nuestra función principal es conocer e investigar presuntas violaciones a los derechos humanos, los ombudsman también buscamos consolidar una cultura de respeto a éstos, para fortalecer la senda de la democracia. Por ello durante el 2008 impulsamos las tareas de promoción, divulgación y estudio, mediante la difusión de más de 1 millón 700 mil impresos de diversos tipos.
Asimismo, con la finalidad de ampliar la cobertura de atención a los distintos sectores y grupos de la población en materia de capacitación se realizaron mil 463 acciones, entre cursos, diplomados y talleres que beneficiaron a más de 84 mil personas.
Debido a los alarmantes problemas de inseguridad ?ya mencionados?, el ombudsman nacional presentó el segundo informe especial sobre el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad pública.
En esta investigación se elaboraron cinco propuestas de trabajo basadas en la necesidad de reevaluar la eficacia de la estrategia nacional de seguridad pública, en la promoción de políticas efectivas e integrales para prevenir el delito y recuperar la confianza social hacia las instituciones de procuración y administración de justicia.
Es muy importante subrayar la necesidad de salvaguardar a toda costa los derechos fundamentales de los periodistas. Uno de los grupos más vulnerables por la delincuencia organizada y algunas autoridades, mediante ataques, hostigamiento y homicidios.
Sigue siendo apremiante que se haga efectivo el compromiso de respetar su trabajo, porque ellos contribuyen a reforzar el pluralismo y son piedra angular en el ejercicio de la libertad de expresión.
Durante el periodo de actividades que hoy informamos, radicamos de oficio seis casos relacionados con actos presuntamente violatorios de los derechos humanos en perjuicio de periodistas, en ocho casos más se ejerció la facultad de atracción.
En 2008 presentamos una acción de inconstitucionalidad para reclamar la salvaguarda de los derechos fundamentales de los menores infractores del estado de Guerrero. Esta acción fue motivada por el notorio incumplimiento a la reforma a la Constitución Federal de la República que estableció un sistema integral de justicia para adolescentes, reforma que no fue acatada en tiempo y forma por las autoridades guerrerenses.
Conscientes de que en México cada año miles de personas son víctimas de esta nueva forma de esclavitud, que es la trata de personas, instalamos comités regionales en las ciudades de Tijuana, Nogales, Aguascalientes y Campeche, con el objeto de atender el problema con un enfoque institucional, jurídico y social.
Señoras y señores, no obstante los avances en materia de derechos humanos, aún contamos con innumerables rezagos y tareas pendientes. Sólo en un marco de colaboración y tolerancia cambiaremos el horizonte de abusos y vejaciones que ensombrece a la república.
La labor del ombudsman nunca estará exenta de cuestionamientos, como la de cualquier institución en un régimen democrático. En la CNDH aceptamos muchas de las observaciones tendientes a mejorar nuestro trabajo, estamos siempre abiertos al diálogo y a la cooperación. Pero no aceptaremos críticas sin fundamento, cuya finalidad innegable sea vulnerar la confianza social ganada durante los casi 19 años del trabajo institucional.
Esta confianza ha quedado acreditada en las numerosas encuestas de confianza ciudadana que desde 2001 no sitúan entre los 5 primeros lugares a nivel nacional. Estamos convencidos de que nuestro esfuerzo mantendrá a los derechos humanos como parte de la agenda prioritaria para el desarrollo de México. Ésta es nuestra convicción y el mandato que nos otorga nuestra Carta Magna.
Señoras legisladoras y señores legisladores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo del Estado mexicano fuerte y profesional. El camino para lograrlo ha sido largo y nada fácil, pero hoy podemos decir que la sociedad mexicana nos reconoce como una institución confiable y dedicada enteramente a defender sus derechos.
Esto no sería posible sin el trabajo y el empeño de cada una de las personas que laboran en la CNDH, para ellas mi agradecimiento, porque en su labor cotidiana radica la clave de la solidez fe nuestra noble institución.
Cuando me fue asignada la alta encomienda constitucional de velar, proteger y difundir los derechos humanos en el país, estábamos en un periodo histórico distinto y sin precedentes. Por primera vez en todos los espacios de representación política se vivía la experiencia de la transición democrática que terminó por cerrar el ciclo de dominio de una sola fuerza partidista en el Poder Ejecutivo federal.
Eran tiempos de gran esperanza ciudadana de cambio en todos los órdenes. Este clima también se vio reflejado en el desarrollo del ombudsman nacional, iniciada su etapa como organismo público autónomo. La elección de su titular fue por vez primera y sería, en lo sucesivo, una designación de la Cámara de Senadores, previa auscultación entre las organizaciones sociales y por medio de una votación calificada.
Encabezar a la CNDH en su nueva faceta de autonomía y rendición de cuentas ante los Poderes de la Unión representó un gran desafío pues hubo de consolidar su funcionamiento y presencia en la sociedad.
Este proceso implicó, por un lado, transformar su diseño institucional y administrativo a fin de adecuarlo a las normas constitucionales y legales. Por otro, fortalecer a la institución para que las personas tuvieran la certeza de contar con un defensor frente a los abusos del poder.
Teníamos claro que la ola democrática no traería un cambio inmediato ni automático en la cultura política y habría resistencias de muchas autoridades a considerar a los defensores de derechos humanos, como adversarios políticos o un estorbo en sus decisiones.
Iniciamos nuestra labor con gran responsabilidad y entusiasmo. Aprovechamos la experiencia acumulada de la comisión nacional, los grupos de la sociedad civil y los organismos internacionales, y emprendimos un plan de trabajo para consolidar el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos en México.
Esta estrategia contempló la creación y la ampliación de diversos programas especiales de protección, defensa, promoción y observancia dotándolos de mayores recursos materiales y de personal, con la finalidad de atender la problemática de sectores de la sociedad de alta vulnerabilidad.
Es el caso de los programas de Atención a Víctimas del Delito, Migrantes, Igualdad entre Mujeres y Hombres, VIH/sida, Trata de Personas; y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el que encabezamos por invitación del Estado mexicano.
Digno también es de mencionarse la creación del Centro Nacional de Derechos Humanos, brazo académico de la comisión.
Establecimos oficinas regionales de atención en varios puntos de la República Mexicana, sobre todo en aquellos lugares donde existe una permanente exposición a la violación de las garantías individuales, migrantes mexicanos e inmigrantes extranjeros, sobre todo, latinoamericanos.
De igual forma innovamos en los recursos y en las herramientas para hacer respetar los derechos humanos con la emisión de informes especiales y recomendaciones generales.
También gracias al compromiso de los legisladores por fortalecer la autonomía de la CNDH y los ombudsman locales fue posible adicionar la Carta Magna para otorgar la facultad de ejercer acciones de inconstitucionalidad a fin de impugnar cualquier ley o tratado internacional que vulnere los derechos humanos.
Ésta ha sido mi convicción durante el tiempo que he estado al frente del organismo. No obstante las descalificaciones de las que algunas veces fuimos objeto, siempre hubo firmeza en las decisiones y un compromiso activo de estricto apego a la ley y de nunca rehuir la responsabilidad de señalar las omisiones y abusos de una autoridad.
Muestra de lo anterior fueron las distintas recomendaciones que muchas veces pusieron a la institución y a los derechos humanos en el centro del debate público, entre ellas, la primera recomendación emitida a un presidente de la república, por la desaparición forzada de personas, ocurrida en la década de los setenta y principios de los ochenta del siglo pasado, y el grave asunto de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En ambos casos las autoridades no cumplieron ni remotamente con los señalamientos. A veces por la simple falta de voluntad, y otras, por la falta de capacidad para afrontar los problemas y los resultados de las investigaciones.
En los dos casos señalados persiste una gran deuda con las víctimas y sus familiares, y un lastre para la consolidación de la democracia en nuestro país.
Algunas organizaciones sociales cuestionaron nuestras resoluciones por esos hechos. Nos acusaron de falta de independencia e inacción, afirmaron que perderíamos legitimidad en nuestro trabajo frente a asuntos similares que se presentaran el futuro. Sin embargo, los hechos han confirmado lo contrario, así lo muestran los estudios de opinión en los cuales, como ya señalamos, la institución cuenta con un alto nivel, y estable, de confianza ciudadana.
Es urgente poner un alto a la criminalidad desbordada porque ésta amenaza la paz social. Hay regiones de la república que sufren severas crisis de gobernabilidad. Ahí están los saldos del narcotráfico y el clima de inseguridad que se vive en varios puntos del país.
Las situaciones que enfrentamos han obligado al Estado a hacer uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales que no son de su competencia, poniendo en riesgo la plena vigencia de las garantías individuales, así como el reconocimiento que con tantos años de trabajo y esfuerzo labró nuestro ejército nacional.
Esta presencia y acción directa de nuestras Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública deben ser temporales. No hagamos de lo excepcional algo normal a menos que aceptemos que se desdibuje el proyecto nacional trazado en nuestra Constitución, lo cual estoy seguro que nadie desea.
Seguiremos insistiendo en las acciones necesarias para mitigar la pobreza, porque ésta niega los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a millones de mexicanos. Abatir la marginación es una demanda ancestral en nuestro país, ante la cual no podemos cejar.
Las demandas sociales que surgen con la globalización han replanteado paradigmas en torno a las minorías, los grupos vulnerables y los derechos colectivos, obligando a reformar nuestras leyes.
Hay que estar a la vanguardia y abiertos a los cambios, a fin de evitar que en este contexto se tome el camino de la intolerancia y la privación de las libertades fundamentales.
La defensa de los derechos humanos no es una moda, tampoco puede ni debe responder a ideologías o visiones partidistas. Ninguna fuerza política o social es dueña de la bandera de los derechos humanos; por el contrario, se trata de una conquista de todos los mexicanos y de una responsabilidad compartida entre autoridades, grupos de la sociedad civil e instituciones académicas.
Si aspiramos a hacer de nuestro país un referente internacional en materia de derechos humanos, si queremos que nuestra voz tenga autoridad y peso en el debate global, es necesario, primero, resolver la situación dentro de nuestras fronteras. Una y otra vez, desde el año 2000 y a lo largo de todo el 2008 hemos sostenido que no podemos exigir a los demás lo que no estamos dispuestos a cumplir con nosotros mismos.
Nuestro más alto deber es apostar por el estado de derecho y la democracia. Las garantías individuales son una victoria del pueblo de México y tenemos el honor de velar por su estricto cumplimiento. Actuar cada año guiados por esa convicción ha sido mi obligación y al mismo tiempo el mayor privilegio que he tenido como servidor público. Muchas gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se pide a la comisión designada acompañar al doctor José Luis Soberanes Fernández cuando desee retirarse de este recinto.
Se turna el informe del doctor José Luis Soberanes Fernández a las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.