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Justicia Penal

Retrospectiva
Columna PLAZA PÚBLICA / Justicia y atropellos: una sola reforma
Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma, 24-Feb-2008;
Pasado mañana será aprobada en la Cámara de Diputados la reforma constitucional sobre justicia y seguridad que ha padecido súbitos cambios de ritmo, desde una pesadez que la demoró por años hasta una relampagueante aprobación en sólo dos días, y que incluyó un incomprensible compromiso de no legislar, abdicación de los diputados para lavar errores iniciales. El resultado de ese accidentado proceso no es ciento por ciento positivo, como pudo ser, sino una mezcla de aciertos y graves riesgos para los ciudadanos comunes y corrientes.
En marzo de 2004 el presidente Fox presentó una iniciativa para modificar el régimen constitucional de seguridad pública y justicia penal que fue desatendida y rechazada por el Congreso. Obedecía, ciertamente, a la creciente preocupación social por el auge de la criminalidad. Algunas de sus propuestas resultaban de una conciencia cada vez más agudizada sobre el procedimiento penal, montado en ineficaces y costosos aparatos que causaban enorme rezago y frecuentemente producían frutos contrarios a su propósito, pues generaban injusticia en vez de justicia, en perjuicio de todos. De allí que se postulara por primera vez la introducción de los juicios orales en materia penal, para evitar la prolongación de los procesos (limitados a un año en la letra constitucional pero extendidos en la práctica a periodos mayores) y la aberración de que los encausados no conocieran jamás a sus jueces.
Esta propuesta sobreviviría al rechazo de la iniciativa foxiana, que incluía la conversión de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de la Federación dotada de autonomía, y la fusión en un solo cuerpo, la Policía federal, de las agencias de investigación (AFI) y de prevención (PFP) que dependen de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública. En ese propósito se ha caminado sólo que por la vía errada. Sin reformas legales y ni siquiera reglamentarias se habla de esa Policía federal, se ha desprovisto a la PGR de su más importante brazo de indagación y se ha sometido a la autoridad de seguridad pública al cuerpo que debiera concretar las facultades pesquisitorias del Ministerio Público.
En diciembre de 2006, el diputado César Camacho Quiroz -ex gobernador del estado de México, ex senador de minoría por esa misma entidad- presentó una nueva iniciativa sobre el tema, que puso el acento en la oralidad del procedimiento penal. En marzo de 2007, de Los Pinos llegó a San Lázaro otro proyecto, que a su vez insistía en dotar a las autoridades ministeriales y policiacas de instrumentos para el combate a la delincuencia organizada. En abril siguiente un grupo de diputados de los partidos pertenecientes al Frente Amplio Progresista añadió al propósito reformador su propia visión del fenómeno, atenta sobre todo a acelerar el procedimiento penal.
Los dos periodos de sesiones en que se presentaron esas tres iniciativas concluyeron sin que las comisiones ni el pleno se ocuparan de ellas, como si trataran de materias cuyo abordamiento podía esperar. Sólo gracias a que Camacho Quiroz, uno de los promotores, preside la Comisión de Justicia de la Cámara, pudo avanzarse en la reforma, que se aprobó en San Lázaro en vísperas de que concluyera un tercer periodo de sesiones. El 12 de diciembre del año pasado 366 legisladores votaron a favor, 53 en contra y ocho se abstuvieron. Cincuenta y dos de los votos desfavorables fueron emitidos por diputados del Partido de la Revolución Democrática, cuyo coordinador, Javier González Garza, intentó en vano demorar la aprobación de la reforma, porque junto con logros importantes encerraba peligros para las libertades públicas y los derechos humanos, no de los delincuentes sino de la sociedad en general.
Con la velocidad del rayo, al día siguiente, en las últimas horas del periodo de sesiones ordinarias, el Senado atenuó algunas de las peores aberraciones de la reforma al artículo 16, sin conseguir eliminarlas por completo. La votación en Xicoténcatl reveló también la condición insatisfactoria de las enmiendas, pues como en San Lázaro apenas se logró la mayoría de dos tercios necesaria para modificar la Constitución: 80 votos a favor, 27 en contra y cuatro abstenciones.
Ya en este periodo de sesiones la minuta senatorial fue devuelta a los diputados con la pretensión, que se está validando, de que no la tocaran para que fuera enviada a la ronda de discusión que corresponde a las legislaturas de los estados. El dictamen de las comisiones de diputados hizo suyas, en efecto, las enmiendas senatoriales y quedó listo para su aprobación pasado mañana, a pesar de que subsisten, dentro y fuera del Congreso, claras señales de alerta sobre sus riesgos.
El texto originalmente aprobado por los diputados permitía el allanamiento de los domicilios por agentes policiacos, a quienes se autorizaba según la enmienda al artículo 16, garante durante décadas de la inviolabilidad domiciliaria, a "ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista información o conocimiento de una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad física" de una persona. En una sociedad no perturbada por la arbitrariedad policiaca la enmienda podría tener sentido, si se piensa en casos de secuestro o violencia intrafamiliar. Pero dotar a los cuerpos de policía, a menudo inexpertos cuando no violentos y asociados al crimen, de capacidades de intromisión sin control ministerial ni judicial significaría poner a todos los ciudadanos en riesgo. Los senadores lo aminoraron formalmente pero prevaleció la autorización de ingresar sin orden a los domicilios cuando "exista una amenaza actual o inminente", es decir que sólo atemperaron la aberración de que bastara la información o conocimiento de ella para legitimar la actuación de la policía.
Aunque no lo hizo de modo formal, sino de paso, el mismo día en que se daba primera lectura a la minuta senatorial en San Lázaro, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó "atrocidad" a esa enmienda, descalificada también por expertos en reforma judicial que alaban la introducción de los juicios orales pero temen la legitimación de la arbitrariedad policiaca.

Agrupaciones de ciudadanos que suelen movilizarse en torno a demandas sociales aprecian en otra de las modificaciones que ya pasaron por la aprobación de senadores y diputados y será refrendada por éstos el martes próximo un riesgo para la protesta popular. Si bien se precisa que la elevación del arraigo a rango constitucional redundará en un mejor combate a la delincuencia organizada, es perfectamente posible que afecte a grupos no dedicados al crimen sino a la movilización social, de modo semejante a la aplicación de sanciones por secuestro mercenario al hecho de retener por unas horas a funcionarios a fin de que hagan o dejen de hacer.
La constitucionalización del arraigo es uno de los peores defectos de la reforma en trance de ser consumada en el Congreso. Esa figura apareció en la ley contra la delincuencia organizada de 1996 y a juzgar por el auge de ese tipo de criminalidad no ha rendido frutos suficientes, no obstante lo cual se le otorga el mayor rango jurídico posible. El arraigo genera un sistema carcelario paralelo al establecido por las leyes y permite mantener en cautiverio a personas inocentes hasta por 80 días. Con ello se instaura, ha advertido Sergio García Ramírez desde su autoridad como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (aunque lo haga a título personal) la "guantanamización" de la justicia penal mexicana, en alusión a la prisión norteamericana en el territorio cubano de Guantánamo, donde no rigen para los presuntos terroristas allí recluidos las garantías del debido proceso.

García Ramírez denuncia también la "facilitación" del ejercicio de la acción penal, que redundará en la la multiplicación de infundadas órdenes de aprehensión, y alerta contra "el desbordamiento policial". Por eso, sin desconocer los "aspectos positivos de la reforma", la compara a "un vaso de agua en que alguien hubiese depositado unas gotas de veneno" (El Universal, 22 de febrero).

Formalmente hay tiempo de evitarlo. Pueden ser enviadas a las legislaturas las admitidas porciones de la reforma (el agua que sacia la sed de justicia) y retener las que pueden atosigar a la sociedad.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com





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