Inauguración del Tercer Foro sobre Seguridad y Justicia.

“..Si es necesario presentar una nueva iniciativa, lo hagamos, a fin de que el Congreso de la Unión pueda discutir, en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones, esta reforma  procedimental de carácter penal (…)me sumo al llamado que ha hecho Alejandro Martí, para impulsar el Código Federal de Procedimientos Penales, un código único, desde luego un nuevo Código Federal adaptado a la reforma, pero también un código modelo que sea homologador de los procesos penales en las 32 entidades federativas….FCH

El Presidente Calderón en la Ceremonia de inauguración del Tercer Foro sobre Seguridad y Justicia

Ciudad de México, 4 de mayo del 2011

Muy buenos días, amigas y amigos.

Señor licenciado Alejandro Martí, Presidente de México SOS.

Señor Ministro don Juan Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Doctor Luis  García López, Primer  Visitador de la Comisión Nacional de Derechos  Humanos.

Señora Isabel  Miranda de Wallace, Presidenta de Alto al Secuestro.

Licenciado Ernesto Canales, integrante de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y Debido Proceso.

Señor Procurador de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Señores Procuradores: Víctor Antonio Carrancá, del Estado de Puebla; Rommel Moreno,  del Estado de Baja California.

Señor Magistrado Edgar Elías Azar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Estimados integrantes de organizaciones civiles; empresarios, académicos, líderes de opinión.

Muy distinguidos invitados especiales.

Señora Nava, de México Unido contra la Delincuencia.

Distinguidos Legisladores.

Señoras  y señores.

Juzgadores.

Me da mucho gusto estar con todos ustedes, mexicanas y mexicanos de bien, actores clave además, hoy, en la implementación de la Reforma a nuestro Sistema  de Justicia Penal.

Quiero agradecer profundamente la invitación que me han formulado, de participar en la Inauguración de este Tercer Foro sobre Seguridad y Justicia, al que ustedes han convocado.

Y además, quiero reconocer el muy valioso trabajo que han venido realizando todos los integrantes de la Red Nacional de Organizaciones Civiles en Apoyo a los Juicios Orales y al Debido Proceso.

Sin duda, ustedes han sido el motor fundamental, más allá de la obligación que a todos nos impone la Reforma Constitucional, para poder implementar este nuevo Sistema de Justicia Penal en el país, que es tan necesario.

En particular, quiero agradecer la invitación, y hacer un reconocimiento a don Alejandro Martí, porque su compromiso, su entereza, su espíritu propositivo, su honestidad personal e intelectual, su claridad, también, con la que habla, han sido un ejemplo de lo que México necesita de sus ciudadanos.

Nos hemos reunido aquí convocados por esta red ciudadana, porque compartimos un objetivo común, un objetivo que es la seguridad, sí, pero la seguridad con justicia, en un régimen democrático, en un régimen de libertades, en un régimen de derechos.

Y sé muy bien que todos y cada uno de quienes participan en este foro, estamos genuinamente preocupados por muchas cosas y, entre otras, por la situación que se vive en el país, en materia de justicia y en materia de seguridad.

Entre otras cosas, la violencia de los delincuentes; en particular, la violencia que genera el crimen organizado, ha alcanzado niveles de crueldad y niveles de inhumanidad que nos duelen, nos indignan a todos, nos comprometen y hoy, como ha dicho Alejandro Martí, constituyen, así lo hemos sostenido también, una amenaza a nuestra vida democrática, una amenaza a las libertades ciudadanas; una amenaza que en el Gobierno Federal estamos absolutamente decididos a enfrentar y hemos enfrentado con determinación.

Sé también, lo sabemos, que ésta es una situación muy compleja. No tiene aristas simples. La sociedad entera esta lastimada por mafias criminales que van mucho más allá del tráfico de drogas. Son mafias que viven del secuestro. Son mafias que viven de la extorsión. Son mafias que viven del robo. Son mafias que viven del tráfico de personas. Son mafias que viven de la muerte. Son mafias que viven de la violencia, y que viven del mal.

Por eso, precisamente por eso, las mexicanas y los mexicanos debemos perseverar en luchar contra ese mal, perseverar en luchar contra esos criminales y, sobre todo, luchar en contra de lo que los hace posibles, que es el que haya crímenes sin castigo; es decir, luchar en contra de la impunidad.

El Gobierno Federal, a mi cargo, escucha y comparte ese clamor de la ciudadanía por detener esta situación de cosas, por poner un basta ya a esta situación de cosas.

Todos los días, por lo mismo, trabajamos por enfrentar y detener a los criminales. Trabajamos por detener esa violencia, para que evite el seguir lastimando a tantas y tantas familias mexicanas.

Y por lo mismo, sabemos que nuestro compromiso es afinar nuestros mecanismos para colaborar con la sociedad, para fortalecer a las instituciones, para enfrentar cada día de mejor manera este gran desafío.

Nuestra voluntad, nuestro empeño, siempre ha estado y estará al servicio de un México que queremos con paz y que queremos con justicia, en la legalidad y en la democracia.

Desde aquí, también, quiero dirigirme a muchas mexicanas y muchos mexicanos que ven con desánimo y con preocupación lo que ocurre en el país, a quienes con justa razón se preguntan si México podrá realmente cambiar y salir adelante.

Y a todos ellos, a todos esos mexicanos, por supuesto que les digo que sí es posible que nuestro México cambie, y que sí es posible que nuestro México sea una tierra de libertad y una tierra de orden, pero eso implica que entre todos hagamos un enorme, enorme esfuerzo, empezando, por supuesto, por las autoridades, y como bien ha puntualizado Alejandro, no sólo autoridades Federales, sino también autoridades estatales, autoridades municipales, y no sólo Poderes administrativos, sino también Legislativos y Judiciales.

En eso compartimos profundamente las reflexiones que ha hecho el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, don Juan Silva Meza, que ha expresado el compromiso, para mí, indubitable que tiene él y que tiene el Poder Judicial en su máximo órgano, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y cambiar a México hacia la justicia no es ni puede ser simplemente un buen deseo, requiere ser refrendado todos los días con acciones, con esfuerzos, con sacrificios, con hechos. Y pienso que la Reforma al Sistema de Justicia es un buen ejemplo de esas acciones y de esos hechos.

Ustedes recordarán que se creía, no hace mucho todavía, se creía imposible desenraizar un sistema de justicia que no ofrece, claramente, no ofrece a la población, las condiciones mínimas de confiabilidad y de transparencia. Y que, de hecho, en muchos de sus pasos ofrece o se convierte en un obstáculo para el desarrollo, en un obstáculo para la convivencia justa, en un obstáculo para el crecimiento.

Ustedes saben y conocen muy bien las enormes inercias, las redes de intereses, las redes de complicidades que hay que desmontar y que hay que atacar, y que, en muchos casos, son de tremenda complejidad.

Pero frente a todas esas redes y frente a todas esas inercias, y frente a todos esos intereses, avanzamos en procesar esa reforma. Lo hicimos. Y como país, ya hemos decidido soltar esos lastres y dimos un gran primer paso hacia un nuevo sistema de justicia, un nuevo Sistema Judicial Penal, que, estoy seguro, abre una puerta indispensable hacia un mejor México.

Un país donde la justicia se imparta con base en la ley, un país donde la justicia se imparta con base en la razón y que cierre los espacios a la impunidad, a la arbitrariedad y al abandono a las víctimas, que ha sido, por desgracia, un problema recurrente de nuestros sistemas de justicia.

La Reforma del Sistema de Justicia Penal, pienso, es uno de los pasos más importantes que ya hemos dado como sociedad y como Nación, honestamente, en muchas décadas. Es un resultado de una suma de esfuerzos de muchos mexicanos comprometidos con el país, desde luego, de ustedes.

Fue una reforma que discutimos ampliamente, en la que participaron, en cuya discusión participaron organismos de la sociedad civil, académicos, legisladores de todos los partidos, medios de comunicación, el Poder Judicial, autoridades estatales, autoridades municipales.

Muchas de las protagonistas y los protagonistas de esta reforma están aquí presentes y dan fe de este proceso amplio, complejo, largo, pero también, incluyente, plural, que finalmente culminó con la aprobación de la reforma constitucional que abre la puerta a este cambio, a este proceso.

Pienso que también del lado positivo, hay que decir que, con responsabilidad y con visión, los mexicanos logramos ponernos de acuerdo para impulsar un cambio que es verdaderamente profundo en nuestro régimen.

Responsabilidad y visión que es, precisamente, lo que ahora necesitamos para que la implementación de la reforma tenga el éxito que se ha augurado y, sobre todo, responda a lo que los ciudadanos están exigiendo y están clamando en todo el país, que es seguridad, y que es justicia, y que es libertad que se preserva.

Cada uno de los pasos que demos para la reforma debe tomar en cuenta eso. Debe tomar el equilibrio de los propósitos, porque debe brindar, así como debe brindar seguridad sin demérito de la justicia y la legalidad, también debe preservar la ley sin demérito de la seguridad que los ciudadanos están, con toda razón, exigiendo.

De ahí la importancia de ser cuidadosos, pero firmes en cada paso que se dé, para que ni por defecto, ni por exceso, la reforma venga a vulnerar aún más el estado de cosas y de sufrimiento que padecen muchos ciudadanos en el país.

Debemos asumir la parte que nos sigue correspondiendo a cada quien en esta tarea de hacer avanzar la reforma. Sé que, además, ese es el espíritu que anima las discusiones de este importante foro que hoy inicia.

Coincido también, amigas y amigos, que es muy importante que en siete entidades federativas el nuevo Sistema de Justicia ya está en operación, y que haya cuatro más en las que está previsto que entre en funcionamiento este año.

Es un buen avance. Pero no debemos perder de vista, más bien, que se trata de un proceso continuo, un proceso permanente de implementación, por una parte, pero también un proceso continuo y permanente de aprendizaje, porque es justo en este momento donde debemos aprender qué funciona y qué no funciona, qué está bien y qué está mal, qué es lo que debemos fortalecer y qué es lo que, definitivamente, debemos corregir ahora que se está implementando en los primeros estados.

Creo que hoy ya tenemos una colección importante de experiencias que nos debe decir qué cosas funcionan de la reforma y qué cosas hay que mejorar. También, pienso que sin menoscabo de la trascendencia de este paso, tampoco debemos perder de vista que en el propio sistema acusatorio, del cual venimos saliendo, hay una experiencia importante qué recabar de los jueces, de los magistrados, de los ministros, que en sus propios procesos conocen perfectamente, aquilatan perfectamente el valor de la oralidad, que sí está presente en muchas de las partes del actual proceso penal, incluso proceso civil.

Pienso, por ejemplo, en el propio Ministro Presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Meza, que ha sido juez de lo penal, y que tiene él, como muchos otros jueces y magistrados, la experiencia, precisamente, que necesitamos incorporar para que la reforma aquilate, en toda su dimensión, el valor de la oralidad, la trascendencia, las ventajas y los riesgos, también, de una transformación del sistema, tal y como nos lo hemos propuesto.

También, por otra parte, es vital urgir al resto de las entidades federativas que hagan el trabajo constitucional que está mandado.

Qué bueno que hay 14 estados que ya están en etapa de planeación. Sin embargo, es fundamental que podamos entre todos prepararnos para la dimensión de esta tarea. El poder adaptar administrativamente a los jueces; el poder, desde luego, preparar y capacitar a Ministerios Públicos; el poder, incluso, informar a la ciudadanía del cambio  y lo que implica para nuestras vidas.

En muchos casos, por ejemplo, pienso que la Reforma al Sistema de Justicia Penal implica, en algunas de sus fases, mucho más un esfuerzo administrativo; es decir, un esfuerzo de secuencia, de audiencias, de citaciones, de métodos de investigación, que un esfuerzo en sí mismo judicial o de procedimiento.

Implica cómo esta cercanía, por  ejemplo, que se busca del juzgador hacia las pruebas y hacia las partes, implica tal vez cómo acomodar o disponer de mejor manera el tiempo de los juzgadores para esa cercanía.

Porque debemos también decir que el actual sistema de justicia ya implica, precisamente, la inmediatez del juzgador con las partes y, sin embargo, muchas veces, por la carga de trabajo excesiva, por el engrose de expedientes, por las pruebas que se tienen, por muchas cosas, la inmediatez, por razones de carácter fáctica-administrativa, no ha sido posible.

Todos los que hemos litigado sabemos  que en la práctica, la carga de trabajo, el volumen de los expedientes, la secuencia de las agendas, de las audiencias, las diligencias que hay que practicar, han ido delegando  muchas veces en secretarios de juzgado, o en funcionarios esa labor, que implica, precisamente, la inmediatez.

O el hecho del crecimiento expansivo que ha debido tener el Poder Judicial por las cargas de tarea. El crecimiento de juzgados ha llevado, por ejemplo, a que tengan que localizar, relocalizarse frecuentemente los jueces, y, entonces, no siempre se da la continuidad del juez que estuvo en la inmediatez de las pruebas y las partes, con el juez que resuelve.

Es decir, son muchos factores que implican un cambio verdaderamente trascendental en políticas públicas, en presupuestos y en administración de justicia, que no tiene exactamente que ver con el proceso penal, o no sólo con el proceso penal en sí mismo. En fin.

Amigas y amigos:

Estoy convencido de que es fundamental plantearnos a nivel país lo que implica, incluso, la aceleración de la propia reforma y la sincronía de la propia reforma.

Nosotros estamos percatándonos, por ejemplo, que la entrada en vigor del proceso de reforma penal a un ritmo distinto de la entrada en vigor de la reforma en materia Federal, puede implicar complicaciones, por ejemplo, en el caso de procesados que son señalados, digamos, por procesos del orden local y por procesos del orden Federal.

El manejo de los expedientes mismo es distinto, el manejo de los procesos, el manejo de las pruebas, el manejo de los términos. Todo ello nos obliga a redoblar esfuerzos, y proponernos, incluso, poder acortar el plazo de transición establecido en la Constitución.

Sí, ese plazo es fatal e improrrogable y debemos empeñarnos en que no exista la tentación de echarlo para adelante, pero, incluso, tenemos que prepararnos a nivel país para poder acelerar el paso para contar con el personal que se requiere y las instalaciones que se requieren, la capacitación que se requiere, las estructuras que se requieren, y permitan la entrada en vigor de un nuevo sistema penal muchísimo antes, y que este trabajo, además, sea aún mayor en las entidades que aún están en la etapa inicial.

Por nuestra parte, amigas y amigos, en el Gobierno Federal estamos con ahínco trabajando para poder redoblar el paso en la implementación de la reforma.

Me parece que el proceso de aprendizaje inicial fue difícil, complejo, costoso para todos. Pero una vez que se comiencen a armonizar, precisamente, las experiencias, creo que podemos ir más adelante.

De antemano, me sumo al llamado que ha hecho Alejandro Martí, para impulsar el Código Federal de Procedimientos Penales, un código único, desde luego un nuevo Código Federal adaptado a la reforma, pero también un código modelo que sea homologador de los procesos penales en las 32 entidades federativas.

Yo coincido con Alejandro Martí, en que éste va a ser un pilar fundamental para la implementación de la Reforma de Justicia Penal, y por eso estamos trabajando en todos sus aspectos con responsabilidad, con cuidado, atendiendo de manera incluyente las observaciones, las sugerencias de los distintos grupos de la sociedad, especialmente en lo que se refiere a la protección de los derechos de las víctimas del delito.

Aquí, por ejemplo, reitero una preocupación fundamental. El propio estado de cosas, el propio temor generalizado entre la sociedad, coloca en una situación de aún mayor desventaja a las víctimas, coloca en una situación de aún mayor desventaja a los denunciantes; los coloca, precisamente, ante la amenaza y muchas veces la amenaza creíble de ser, además de víctimas del delito, víctimas de las represalias de los delincuentes que cometieron el delito original.

La reforma tiene que hacerse caso de esta realidad, que pocas veces ha estado considerada en la teoría penal tradicional. Una teoría concentrada, y con razón, en los derechos del procesado. Concentrada, por ejemplo, en la afirmación fundamental de que quien es acusado tiene derecho a saber quién lo acusa, de qué lo acusa y por qué lo acusa.

Pero hoy debemos enfatizar y explorar caminos nuevos para que quien acusa y quien denuncia tenga todo el derecho y toda la garantía a no sufrir las consecuencias retaliatorias de una criminalidad que aún se mueve en márgenes amplísimos de impunidad, por lo menos en algunas regiones de la República Mexicana.

Yo, en lo personal, ya he instruido al Consejero Jurídico, a la Procuradora General de la República y al Secretario Técnico del Consejo de Coordinación, aquí presentes, para acelerar los trabajos referentes al Código Penal Único,  o a la Reforma al Código Federal de Procedimientos Penales y al Código Penal de Procedimientos Modelo, a fin de que hagamos todo lo necesario.

Si es necesario presentar una nueva iniciativa, lo hagamos, a fin de que el Congreso de la Unión pueda discutir, en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones, esta reforma  procedimental de carácter penal.

En suma,  amigas y amigos:

Por un lado, la Reforma Penal es un logro que debemos aquilatar en toda su dimensión, con todos los trabajos que nos ha tomado y que, junto con cambios a las leyes e instituciones que hemos impulsado en esta Administración. Cambios a la Ley de Seguridad Publica, cambios a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, cambios a la Ley de la Policía Federal, muchos otros, constituyen, otros que hemos propuesto: la legislación sobre el lavado de dinero, la legislación en materia de policía única; la legislación, también, en materia de tipificación de delitos no considerados, hasta ahora, por ejemplo, lo que llamaríamos el delito de halconaje, si se permite, o el de informantes a criminales, muchas reformas que aún están pendientes de análisis en el Congreso, podamos avanzar en un nuevo marco legal, que brinde el propósito que los mexicanos buscamos, de un México más seguro, lo cual implica un México con más seguridad, con más justicia y con más libertad y democracia.

La reforma será un legado a los mexicanos. Hablo de cambios profundos, también, que tendrán que venir como parte de ese legado. Ya hablé de cambios administrativos, ahora hay que hablar de cambios institucionales.

No puede funcionar una nueva reforma de esta trascendencia, una reforma nueva, en manos viejas, parafraseando, precisamente, alguna cita importante para muchos.

Necesitamos instituciones de justicia, y necesitamos instituciones de seguridad renovadas; Ministerios Públicos renovados, policías renovadas y confiables. No puede seguir esta situación de que manos criminales utilizan a las propias organizaciones policiales para cometer sus delitos, no puede ser esta situación, en que, por ejemplo, las víctimas de esta masacre indignante, inadmisible en San Fernando, hayan sido victimadas con las manos asesinas de los criminales, auxiliadas por los policías de esa comunidad.

Necesitamos nuevas instituciones, nuevas policías, nuevas procuradurías y ese debe ser un reto fundamental, sin el cual no habrá eficacia de la nueva reforma. Podremos tener nuevos procedimientos, pero seguiremos teniendo los viejos crímenes y probablemente agravados, los viejos crímenes, en la impunidad.

Por eso, las reformas requieren nuevas instituciones y debemos redoblar el paso y este paso redoblado no debe implicar tampoco sacrificar o menoscabar los derechos humanos que protege la Constitución y que el Estado también, por supuesto, debe proteger.

Las nuevas leyes deben permitirnos combatir con mayor eficacia a la criminalidad y, a la vez, con mayor transparencia y con mayor justicia.

Amigas y amigos:

Sé que estamos atravesando por una situación compleja, para muchos triste y dolorosa, y sé también que es mucho lo que falta por hacer. Sin embargo, con cambios como éste, como la Reforma al Sistema de Justicia Penal, con cambios como los que se impulsan al marco legal, con cambios como los que ya se empezaron a realizar en ciertos niveles de Gobierno a cuerpos policiacos, ministeriales, con esfuerzos de adaptación, cambio, vigilancia, hechos al Poder Judicial, como nos lo ha comentado el Ministro Presidente de la Suprema Corte, esos pasos también son señales que debemos aquilatar, porque nos señalan que a pesar de las circunstancias adversas, México también está cambiando.

Y en estos temas en los que he mencionado, está cambiando para bien, sin menoscabo de que faltan muchos, muchos temas en los que aún no ha cambiado y prevalece el mal.

Hoy, es imperativo que trabajemos para que la Reforma al Sistema de Justicia Penal sea una realidad en el país. Y desde aquí exhorto respetuosamente a las instituciones de procuración y administración de justicia de todo el país, de cada una de las entidades federativas, para que no bajen la guardia y realicen ahora los cambios profundos que requieren realizarse para cumplir con nuestro deber fundamental de Estado.

A las señoras y señores Gobernadores les hago un respetuoso llamado para que sigamos trabajando con mayor ahínco en esta reforma, porque en ello está la posibilidad de legar a los mexicanos del mañana un sistema de justicia moderno, eficiente y transparente.

En especial, como se ha señalado, es urgente que los gobiernos de los estados avancen mucho más rápido en la tarea de depurar, capacitar y fortalecer a sus cuerpos policiales y ministeriales.

Lo he dicho y lo reitero. El día en que México tenga 32 cuerpos policiales honestos, confiables, bien capacitados; el día que cuente con 32 procuradurías honestas, confiables, bien capacitadas, ese día, categóricamente ese día, ganaremos la batalla por un México más seguro y más justo.

Finalmente. Hago un llamado a la sociedad civil para que nos vigile que los gobiernos y los representantes honremos nuestros compromisos y nuestras obligaciones.

Tenemos compromisos hechos en acuerdos públicos y tenemos compromisos hechos y escritos en las leyes. Muchos de ellos no se han cumplido, y urjo no sólo a que se cumplan por quien debe hacerlo, sino que la sociedad nos vigile y nos exija a todos, que esos compromisos se cumplan.

El país vive momentos que no admiten ya ni simulaciones, ni regateos políticos de nadie. Ya no hay tiempo para eso.

Concuerdo plenamente con lo expresado por Alejandro Martí. No se vale apostarle al diferendo político. Tenemos que ponernos a trabajar en serio, porque a final de cuentas, nuestra primera responsabilidad como gobernantes, como verdaderos demócratas, es servir a los mexicanos.

Y si analizamos con cuidado, una de las primeras de cualquier Gobierno, es la justicia y es la seguridad, por encima de muchas otras.

El país no merece que las cosas se queden mal por meros cálculos políticos o de cualquier índole. México no puede esperar más en estas transformaciones.

Todos ustedes cuentan con el compromiso decidido y sin titubeos de mi Gobierno, y en eso termino sumándome a lo que acaba de expresar Alejandro Martí.

Yo me sumo al compromiso que él ha mencionado, el compromiso con las víctimas, de seguir trabajando, como dijo él, hasta el límite por justicia y por un México seguro.

Muchas gracias y mucho éxito en este foro.

Y siendo las 11 horas con siete minutos, del miércoles 4 de mayo de 2011, declaro formalmente inaugurados los trabajos del Tercer Foro Sobre Seguridad y Justicia, augurando el mayor de los éxitos.

Muchas gracias.

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Mafia. (Del it. mafia).

1. f. Organización criminal de origen siciliano.

2. f. Cualquier organización clandestina de criminales.

Fuente DRA: