Hacia la credibilidad del proceso penal: Vivanco

Daniela Rea entrevista  a  José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch

'Respeta a víctimas el debido proceso'
Reforma, 10-Mar-2012
El proyecto del Ministro Arturo Zaldívar sobre el caso Florence Cassez, que considera que no puede haber justicia cuando derechos básicos del acusado, como el debido proceso, fueron violentados, es una oportunidad para que México se mire al espejo y reflexione sobre una práctica recurrente de los organismos de seguridad e impartición de justicia, considera José Miguel

Vivanco, director para la Américas de Human Rights Watch.
Garantizar el derecho de los acusados al debido proceso, remarca en entrevista, no compite con garantizar los derechos de las victimas.
"Hay razones de fondo para promover y preservar y respetar estas normas procesales penales que pueden parecer muy formales, pero que aseguran que no estamos frente a un linchamiento, una cacería de brujas, una investigación manipulada, sino que estamos realmente frente a un proceso limpio", señala.

"Por respeto a las víctimas, por respeto a las instituciones policiacas y de justicia, se debe garantizar el debido proceso, para no defraudarlas, para mirarlas de frente y decirles 'todo esto lo hicimos por ustedes, por el Estado de Derecho y gracias a esto vamos construyendo institucionalidad'".
-¿Cuál es la relevancia de la discusión que propone el Ministro Zaldívar?
-No es la primera vez que sabemos de una investigación penal en México donde se manipula la escena del crimen, se viola la presunción de inocencia, se retrata ante las cámaras a los presuntos delincuentes antes de juzgarlos, se les condena en público. Esa es la metodología habitual de la Policía, de la PGR, de los máximos organismos.
Este caso permite debatir entre otros, ese punto. Hay tantos principios jurídicos esenciales que garantizan el derecho a una defensa, a un juicio justo, y todavía más importante, al debido proceso. Todos ellos están dirigidas a preservar la credibilidad de un proceso penal.
Creo que en este caso, al realizarse un montaje para la televisión, ese solo hecho es un vicio, una irregularidad de tal gravedad que daría no sólo para anular procesos, sino para castigar a los responsables de esta frivolidad.
La PGR, la SSP y la CNDH han llamado a priorizar los derechos de las víctimas. Pareciera que se plantea una competencia de derechos.
Siempre estamos comprometidos por la justicia y contra la impunidad. Si uno está a favor de la justicia y contra la impunidad, también debe estarlo a favor de lo que representa las necesidades de preservar la credibilidad del proceso penal.
La manipulación de la escena del crimen, violación de la presunción de inocencia, fabricación de pruebas, falta de acceso a defensor, todo esto constituye uno de los problemas medulares por los cuales se cometen abusos y no se logran resultados tangibles, objetivos en la lucha contra la impunidad.
El testimonio de las víctimas, de los testigos, de los peritos son centrales, evidentemente. Pero estas normas procesales que han sido concebidas para resguardar principios o derechos humanos fundamentales no pueden ser vistas como meras normas protocolarias, como rituales, como reglas de Carreño.
-¿Cuáles son esas normas básicas?
-Hay dos doctrinas muy importantes que están aquí en juego. Una, la doctrina de las manos limpias, es decir, quienes llevan el proceso penal deben conducirse más allá de cualquier reproche, ser impecables. No puede haber dudas respecto a los pasos procesales que se van dando para no viciar el proceso penal.
La segunda se llama "el fruto del árbol venenoso", que consiste en que una vez que se determina que hay un vicio de proceso de tal gravedad, como creo que es este caso, el resto, las consecuencias que se derivan de esas acciones judiciales y policiales necesariamente deben ser anuladas porque pierden su valor.
Por eso creo que hay una oportunidad de lujo para que la Suprema Corte de Justicia reafirme la vigencia de normas procesales diseñadas con un objetivo sustantivo, no menor, no protocolario.
-¿Cuál sería la consecuencia?
-La consecuencia de políticas públicas es que exigen a las agencias de seguridad, policiales y al mismo Poder Judicial mejorar sus prácticas profesionales; de lo contrario todo vale.
Al mejorar tu nivel de profesionalismo puedes esperar no sólo que actúen con mayor respeto a derechos humanos, sino que también obtengan mejores resultados en la lucha contra el delito y la delincuencia y que no terminen fabricando procedimientos para tranquilizar a la opinión pública y dar por resuelto un caso, entendiendo que pueden tener a un inocente en prisión y no han hecho los esfuerzos que se requieren para dar con los culpables.
-¿Qué ganan las víctimas?
Creo que enfrentar derechos de víctimas y procesados se trata de una dicotomía falsa. No son derechos de ninguna manera incompatibles.
De ninguna manera lo que quisiéramos ver es una réplica de justicia, una puesta en escena, una parodia de tipo judicial, justamente porque de lo que se trata es de respetar el derecho a las víctimas. El principal compromiso que tiene el Estado y su aparato penal es actuar en nombre de las víctimas.
En su nombre hay que actuar con el mayor rigor y profesionalismo, respetando las normas procesales que nos distinguen entre la época de la inquisición española y un estado moderno y democrático, donde la justicia debe ser medida no sólo en cuanto al riguroso respeto a ciertas normas procesales, sino también en función a sus resultados.
La sociedad exige castigo a los delincuentes, resultados tangibles...
Lo peor que puede ocurrir en cualquier sociedad -lo hemos comprobado en Estados Unidos después del 11 de septiembre- es permitir que la opinión pública se guíe por el miedo, por el temor.
Cuando la opinión pública empieza a actuar motivada, manipulada sobre la base del miedo, del temor, exigen lo que se llaman actuaciones ejemplarizantes, algo que pueda tranquilizar. Entonces todos pasamos a ser sospechosos y quedamos en manos de un Estado que actúa y que procede casi como Estado policial.
Observadores
La organización civil internacional Human Rights Watch:
· Se constituyó formalmente en 1988, con el antecedente de comités de observación de respeto a los derechos humanos creados en Europa, las Américas, Asia y África.
· Monitorea la situación de los derechos humanos en alrededor de 90 países, realiza investigación de campo y elabora reportes con recomendaciones sobre políticas.
· Compartió en 1997 el Premio Nobel de la Paz como miembro fundador de la Campaña para la Prohibición de las Minas Terrestres.
· Tiene su sede principal en Nueva York y oficinas en Berlín, Bruselas, Chicago, Ginebra, Johannesburgo, Londres, Los Ángeles, Moscú, París, San Francisco, Tokio, Toronto y Washington.