Alejandro
Poiré, Secretario de Gobernación, con motivo de la Firma Protocolaria de los
Convenios de Recursos Federales para la Seguridad Pública en los Estados y
Municipios
Conferencia de prensa. México, D.F., 12/03/2012
Muy buenos días a
todas y a todos.
Muchas gracias por estar aquí.
Como ustedes saben, el Gobierno del Presidente Felipe
Calderón sigue trabajando con firmeza, con determinación para transformar a
México en un país más seguro, más justo y más próspero.
Lo hemos hecho a través de la Estrategia Nacional de
Seguridad, en el marco de una cooperación, sin precedente, de los gobiernos de
todo el país, en sus tres órdenes, con un importante respaldo de la sociedad.
Uno
de los objetivos centrales de esta estrategia es transformar y fortalecer las
instituciones de seguridad y de justicia.
Por esta razón, los he convocado esta mañana para
informarles que desde la semana pasada estamos firmando un conjunto de convenios,
a través de los cuales el Gobierno de la República transfiere recursos
federales para la Seguridad Pública de los estados y municipios.
Iniciamos
en Oaxaca, el pasado jueves 8 de marzo. Ahí estuvieron los
gobernadores y representantes de los gobiernos de siete entidades federativas y
de 38 municipios de la región Sur-Sureste de la República.
En el transcurso de esta semana y durante
las próximas, estaré firmando con las demás entidades federativas del país cada
uno de los convenios correspondientes.
Con la firma de estos
convenios, el Gobierno del Presidente Calderón se compromete a otorgar a los
estados, municipios y delegaciones del Distrito Federal, la cantidad más alta
de recursos que se haya hecho en toda la historia del país para apoyar su
transformación en materia de seguridad y de justicia.
Esto se hará a
través de cuatro distintos programas:
Uno. El Fondo de Aportaciones a la
Seguridad Pública.
Dos. El Subsidio para la Policía
Acreditable.
Tres. El Subsidio para la
Seguridad Pública Municipal.
Y cuatro. El Programa de Apoyos en Materia
de Seguridad Pública.
Les informo que con estos programas se
entregarán más de 17 mil 300 millones de pesos a entidades y municipios que
vayan cumpliendo con las reglas de operación y los lineamientos
establecidos por el Congreso, por el
Consejo Nacional de Seguridad Pública y por el Gobierno Federal.
En efecto, se trata de más de 17 mil 300 millones de
pesos.
Es por ello importante insistir en un punto fundamental:
La entrega de estos recursos está acompañada de una exigencia clara, firme e
incuestionable por parte de la sociedad.
Cada una de las entidades federativas y de los municipios
deberán de dar resultados concretos, que se traduzcan en una mayor seguridad
para toda la población.
No hacerlo, significaría poner en riesgo los logros que
hemos tenido y, peor aún, fallar a la exigencia de seguridad que día a día nos
hacen los ciudadanos.
Aún más, los recursos se tienen que ejercer de una forma
transparente, racional, eficiente.
Los recursos se deben ejercer para lograr que las policías
sean certificadas y profesionalizadas, desde los altos mandos hasta los
elementos operativos.
Deben ser utilizados, también, para reclutar mejores
policías que estén verdaderamente preparados y que cuenten con una auténtica
vocación de servicio. Y servirán también para mejorar el equipamiento e
infraestructura de los cuerpos de seguridad de todas las entidades federativas
del país.
El Gobierno Federal reconoce que es urgente acelerar los
procesos y mecanismos de Control de Confianza y la depuración de los cuerpos
policiacos; particularmente en este caso, porque la entrega de recursos de dos
de estos Fondos está directamente condicionada a la certificación, en esa
materia, de los altos mandos de los cuerpos de seguridad de estados y
municipios.
Adicionalmente
sabemos que es preciso consolidar la reforma estructural más profunda en
materia de seguridad y de justicia en los últimos tiempos. Me refiero al nuevo
Sistema de Justicia Penal.
En la
actualidad, tres entidades federativas han implementado en su totalidad el
nuevo Sistema, y otras siete lo han implementado de manera
parcial. Las entidades deben acelerar el paso, para que en el 2016 la totalidad
del país esté operando este nuevo Sistema de Juicios Orales para dar una
respuesta expedita y pronta, en materia de justicia, a la exigencia de los
ciudadanos.
Así lo señala la reforma constitucional.
Tenemos hasta 2016 para concluir esta reforma y es un plazo que no podemos
darnos el lujo de postergar.
Precisamente, a fin de apoyar
a las entidades federativas en esta tarea, el Gobierno del Presidente Felipe
Calderón, firmó un Acuerdo de la mayor trascendencia en la pasada sesión del
Consejo Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de que todas las
entidades cuenten con los recursos necesarios para implementar el nuevo Sistema
de Justicia Penal, particularmente en lo que se refiere a la infraestructura.
Es por ello que se
han dispuesto hasta 12 mil millones de pesos en financiamiento, a través de
BANOBRAS, para construir las salas de audiencia para los juicios orales, así
como impulsar la renovación y creación de nueva infraestructura penitenciaria y
otro tipo como pudieran ser, incluso, Centros de Evaluación y de Control de
Confianza para acelerar esta transformación.
Además, tal como lo
mencionó el Presidente, para poder hacer un uso más rápido de estos recursos se
ofrecerán a las entidades federativas recursos por hasta 400 millones de pesos,
para que puedan tener listos, rápidamente sus proyectos ejecutivos y puedan
pagar, además, intereses respecto al financiamiento obtenido solamente a partir
del año del 2013.
Es decir, 12 mil
millones de pesos en financiamiento, a través de BANOBRAS, que va a fondo
perdido, del cual sólo se pagará el capital; 400 millones de pesos para los
proyectos ejecutivos y el pago de intereses se inicia, solamente, a partir del
año 2013.
En
síntesis, con esta disposición de financiamiento se está dando un impulso sin
precedente, a la Reforma al Sistema de Justicia Penal y
hemos iniciado ya las tareas con los distintos gobiernos de las entidades
federativas para poder alcanzar este objetivo y llevar adelante los proyectos
lo antes posible.
Cuando uno hace la suma de todo este financiamiento,
incluyendo el mecanismo de financiamiento para la seguridad de las entidades
federativas, los municipios y delegaciones en el Distrito Federal. Estamos
hablando en este año de una cifra cercana a los 30 mil millones de pesos para
financiar, desde el examen de Control de Confianza de un policía municipal
hasta la creación de penales, juzgados, unidades antisecuestro, plataformas de
información y Centros de Control de Confianza, para servir a los ciudadanos.
El Gobierno del
Presidente Felipe Calderón ha asumido, con toda claridad y sin titubeos, la
responsabilidad de trabajar por la seguridad de los mexicanos.
Pero se requiere
también el más firme compromiso de los gobiernos de las entidades federativas y
de los municipios en la depuración y modernización de sus cuerpos de seguridad.
Nadie puede dar un paso atrás en este tema, que es de la
más alta prioridad para los mexicanos.
Muchas gracias. Estaré atento a sus preguntas.
Sesión
de Preguntas y Respuestas)
-Qué tal, buenos días, Secretario. Ahora que nos habla de justicia penal, me gustaría sacar el tema de
Florence Cassez, y concretamente compararlo con el Caso Avena. Por qué en
el Caso Avena, México demandó a Estados Unidos por fallas al debido proceso,
concretamente por no haberse dado la notificación consular; pero en el caso
Cassez, esto resulta irrelevante para el
Gobierno Federal.
- Secretario Poiré:
El Gobierno Federal ha dado una postura
clara respecto al caso Cassez, y en la medida en la que está pendiente una
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se ha dado una
postura específica. Por otro lado, el
Gobierno de la República, invariablemente, hace en sus representaciones
consulares, el ejercicio de defensa de los derechos de nuestros conciudadanos y
lo seguirá haciendo de esa forma.
-Quisiera
preguntarle sobre el esquema de seguridad para las elecciones. Ya han tenido
pláticas más avanzadas con el IFE, algunos de estos recursos de los cuales está
hablando este día van para ese esquema para las elecciones.
Y si usted considera que se está blindando
debidamente por parte de la autoridad electoral que no haya dinero ilícito que
pueda entrometerse en el proceso electoral, porque el IFE ha diseñado esquemas,
por ejemplo, para auditar la compra de banderines, de botellas de agua y de
otros enseres, digamos para los comicios; pero quedan todavía muchos asuntos no
muy claros en cómo blindar de que el crimen no intervenga financieramente en
las elecciones.
También
quisiera preguntarle, usted se va a reunir con el Secretario de Estado del
Vaticano, Tarcisio Bertone, la próxima semana. Si nos pudiera platicar cuál será la
agenda, y en este tema de seguridad, si el Gobierno Federal garantiza ya a
semana y media del Papa a México, su seguridad estando aquí, en el territorio
nacional.
- Secretario Poiré:
En efecto, están en marcha y de manera
integral, se están llevando a cabo los trabajos en materia de seguridad para la
visita de Su Santidad, y en este caso, como en el cao de la representación de
muchos otros Jefes de Estado de otros países, tendremos una visita con seguridad, como ha sido el
caso, durante esta Administración en la cual se han recibido a Jefes de Estado
y de Gobierno de todos los países del mundo, y en una actividad siempre marcada
por la seguridad, el orden y realmente por eventos sumamente eficientes en
todos los sentidos.
Tendremos
una reunión. Así es. Con el Secretario de Estado del Estado Vaticano, y
tendremos que revisar específicamente la agenda y
daremos información más precisa conforme se vayan detallando los puntos de la
agenda, es una reunión importante, ciertamente. El Estado Vaticano tiene una
actividad importante en términos diplomáticos a nivel internacional y, desde
luego, para el Gobierno de la República, estos contactos son de alta
importancia.
Estos recursos que se están llevando a cabo
o que se están ejerciendo, están dedicados, como ya lo dijimos, a la tarea
que tienen los gobiernos estatales y municipales de renovarse, de depurarse, de
mejorar su equipo y ahora, incluso, de contar con el dinero necesario para las salas
de audiencia, para los nuevos centros penitenciarios, para los nuevos juzgados,
para poder llevar a cabo el Sistema de Juicios Orales.
Estos recursos, en
esa medida, no van directamente a las actividades de seguridad o al gasto
corriente, vamos a decirlo así, de las entidades de seguridad, de los estados y
los municipios. Por otro lado, tenemos unas pláticas permanentes con el
Instituto Federal Electoral. Estamos instalando los Grupos de Coordinación
Operativa con los distintos estados de la República, y en el Consejo Nacional
de Seguridad Pública se firmó el compromiso de que todos los convenios en
materia electoral con las entidades federativas van a quedar listos antes de
que inicien las campañas.
En esa medida,
seguiremos trabajando con el Instituto Federal Electoral para identificar
cuales son las zonas en las que tenemos que actuar de manera preventiva, más
enfática, más integral y lo estamos haciendo en todo el territorio nacional.
También mencionar
que, en efecto, el Instituto Federal Electoral cuenta con atribuciones
novedosas derivado de los cambios a la Constitución y a la ley, en relación a
las que tenía, por ejemplo, en la última elección presidencial, y la tarea de
todas las autoridades es el ejercer esas atribuciones en función de los
objetivos que así están mandados por la Constitución y por la ley.
-Le quisiera preguntar sobre ese operativo que
hubo en Coahuila y que arrojó la detención de algunos mandos y comandantes que
estaban involucrados con el crimen organizado.
Si
ustedes tienen ya una evaluación de cuántos mandos hay evaluados ya en las
corporaciones federales, porque están diciendo de que se van a disponer
recursos para estados y municipios, y que van a tener que acreditar este
requisito antes de recibir ese recurso.
Cómo
va el Gobierno Federal, porque seguimos viendo estos casos de gente involucrada
con el crimen organizado.
-
Secretario Poiré: Como usted sabe, para poder ingresar a
cualquier corporación del Gobierno Federal en materia de seguridad, tanto la
Procuraduría General de la República, como la Secretaría de Seguridad Pública,
se tiene que pasar primero por un Control de Confianza.
Además de esos Controles de Confianza, de inicio pasa una
proporción reducida de quienes solicitan; hay lo que llamamos controles de
permanencia y esos controles de permanencia son, precisamente, para lograr la
evaluación de la totalidad de los servidores públicos en materia de seguridad pública
durante su carrea, es decir, no solamente cuando entran, sino cuando van
avanzando cada seis meses, cada año, cada dos años, según el nivel, digamos, de
riesgo que pudiera implicar cada una de las posiciones y cada uno de los
perfiles.
En la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad
Pública se dieron los datos, estamos cerca de 90 por ciento en la totalidad de
las evaluaciones de los cuerpos de seguridad y de justicia a nivel federal. Y
en cada uno de los casos cuando se van identificando que no se aprueban los
Controles de Confianza el personal se va dando de baja, independientemente de
que, por supuesto, cuando se encuentra alguna irregularidad, se inician los
procesos administrativos o en su caso los procesos penales.
Fuente: SEGOB:
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