Recursos para fortalecer al sistema de justicia

Alejandro Poiré, Secretario de Gobernación, con motivo de la Firma Protocolaria de los Convenios de Recursos Federales para la Seguridad Pública en los Estados y Municipios

Conferencia de prensa. México, D.F., 12/03/2012

Muy buenos días  a todas y a todos.

Muchas gracias por estar aquí.

Como ustedes saben, el Gobierno del Presidente Felipe Calderón sigue trabajando con firmeza, con determinación para transformar a México en un país más seguro, más justo y más próspero.

Lo hemos hecho a través de la Estrategia Nacional de Seguridad, en el marco de una cooperación, sin precedente, de los gobiernos de todo el país, en sus tres órdenes, con un importante respaldo de la sociedad.

Uno de los objetivos centrales de esta estrategia es transformar y fortalecer las instituciones de seguridad y de justicia.

Por esta razón, los he convocado esta mañana para informarles que desde la semana pasada estamos firmando un conjunto de convenios, a través de los cuales el Gobierno de la República transfiere recursos federales para la Seguridad Pública de los estados y municipios.

Iniciamos en Oaxaca, el pasado jueves 8 de marzo. Ahí estuvieron los gobernadores y representantes de los gobiernos de siete entidades federativas y de 38 municipios de la región Sur-Sureste de la República.

En el transcurso de esta semana y durante las próximas, estaré firmando con las demás entidades federativas del país cada uno de los convenios correspondientes.

 Con la firma de estos convenios, el Gobierno del Presidente Calderón se compromete a otorgar a los estados, municipios y delegaciones del Distrito Federal, la cantidad más alta de recursos que se haya hecho en toda la historia del país para apoyar su transformación en materia de seguridad y de justicia.

 Esto se hará a través de cuatro distintos programas:

 Uno. El Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública.

 Dos. El Subsidio para la Policía Acreditable.

 Tres. El Subsidio para la Seguridad Pública Municipal.

 Y cuatro. El Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública.

 Les informo que con estos programas se entregarán más de 17 mil 300 millones de pesos a entidades y municipios que vayan cumpliendo con las reglas de operación y los lineamientos establecidos  por el Congreso, por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y por el Gobierno Federal.

En efecto, se trata de más de 17 mil 300 millones de pesos.

Es por ello importante insistir en un punto fundamental: La entrega de estos recursos está acompañada de una exigencia clara, firme e incuestionable por parte de la sociedad.

Cada una de las entidades federativas y de los municipios deberán de dar resultados concretos, que se traduzcan en una mayor seguridad para toda la población.

No hacerlo, significaría poner en riesgo los logros que hemos tenido y, peor aún, fallar a la exigencia de seguridad que día a día nos hacen los ciudadanos.

Aún más, los recursos se tienen que ejercer de una forma transparente, racional, eficiente.

Los recursos se deben ejercer para lograr que las policías sean certificadas y profesionalizadas, desde los altos mandos hasta los elementos operativos.

Deben ser utilizados, también, para reclutar mejores policías que estén verdaderamente preparados y que cuenten con una auténtica vocación de servicio. Y servirán también para mejorar el equipamiento e infraestructura de los cuerpos de seguridad de todas las entidades federativas del país.

El Gobierno Federal reconoce que es urgente acelerar los procesos y mecanismos de Control de Confianza y la depuración de los cuerpos policiacos; particularmente en este caso, porque la entrega de recursos de dos de estos Fondos está directamente condicionada a la certificación, en esa materia, de los altos mandos de los cuerpos de seguridad de estados y municipios.

Adicionalmente sabemos que es preciso consolidar la reforma estructural más profunda en materia de seguridad y de justicia en los últimos tiempos. Me refiero al nuevo Sistema de Justicia Penal.

En la actualidad, tres entidades federativas han implementado en su totalidad el nuevo Sistema, y otras siete lo han implementado de manera parcial. Las entidades deben acelerar el paso, para que en el 2016 la totalidad del país esté operando este nuevo Sistema de Juicios Orales para dar una respuesta expedita y pronta, en materia de justicia, a la exigencia de los ciudadanos.

 Así lo señala la reforma constitucional. Tenemos hasta 2016 para concluir esta reforma y es un plazo que no podemos darnos el lujo de postergar.

 Precisamente, a fin de apoyar a las entidades federativas en esta tarea, el Gobierno del Presidente Felipe Calderón, firmó un Acuerdo de la mayor trascendencia en la pasada sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de que todas las entidades cuenten con los recursos necesarios para implementar el nuevo Sistema de Justicia Penal, particularmente en lo que se refiere a la infraestructura.

 Es por ello que se han dispuesto hasta 12 mil millones de pesos en financiamiento, a través de BANOBRAS, para construir las salas de audiencia para los juicios orales, así como impulsar la renovación y creación de nueva infraestructura penitenciaria y otro tipo como pudieran ser, incluso, Centros de Evaluación y de Control de Confianza para acelerar esta transformación.

 Además, tal como lo mencionó el Presidente, para poder hacer un uso más rápido de estos recursos se ofrecerán a las entidades federativas recursos por hasta 400 millones de pesos, para que puedan tener listos, rápidamente sus proyectos ejecutivos y puedan pagar, además, intereses respecto al financiamiento obtenido solamente a partir del año del 2013.

 Es decir, 12 mil millones de pesos en financiamiento, a través de BANOBRAS, que va a fondo perdido, del cual sólo se pagará el capital; 400 millones de pesos para los proyectos ejecutivos y el pago de intereses se inicia, solamente, a partir del año 2013.

En síntesis, con esta disposición de financiamiento se está dando un impulso sin precedente, a la Reforma al Sistema de Justicia Penal y hemos iniciado ya las tareas con los distintos gobiernos de las entidades federativas para poder alcanzar este objetivo y llevar adelante los proyectos lo antes posible.

Cuando uno hace la suma de todo este financiamiento, incluyendo el mecanismo de financiamiento para la seguridad de las entidades federativas, los municipios y delegaciones en el Distrito Federal. Estamos hablando en este año de una cifra cercana a los 30 mil millones de pesos para financiar, desde el examen de Control de Confianza de un policía municipal hasta la creación de penales, juzgados, unidades antisecuestro, plataformas de información y Centros de Control de Confianza, para servir a los ciudadanos.

 El Gobierno del Presidente Felipe Calderón ha asumido, con toda claridad y sin titubeos, la responsabilidad de trabajar por la seguridad de los mexicanos.

 Pero se requiere también el más firme compromiso de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios en la depuración y modernización de sus cuerpos de seguridad.

Nadie puede dar un paso atrás en este tema, que es de la más alta prioridad para los mexicanos.

Muchas gracias. Estaré atento a sus preguntas.

Sesión de Preguntas y Respuestas)

-Qué tal, buenos días, Secretario. Ahora que nos habla de justicia penal, me gustaría sacar el tema de Florence Cassez, y concretamente compararlo con el Caso Avena. Por qué en el Caso Avena, México demandó a Estados Unidos por fallas al debido proceso, concretamente por no haberse dado la notificación consular; pero en el caso Cassez, esto resulta  irrelevante para el Gobierno Federal.

 - Secretario Poiré: El Gobierno Federal ha dado una postura clara respecto al caso Cassez, y en la medida en la que está pendiente una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se ha dado una postura específica. Por otro lado, el Gobierno de la República, invariablemente, hace en sus representaciones consulares, el ejercicio de defensa de los derechos de nuestros conciudadanos y lo seguirá haciendo de esa forma.

-Quisiera preguntarle sobre el esquema de seguridad para las elecciones. Ya han tenido pláticas más avanzadas con el IFE, algunos de estos recursos de los cuales está hablando este día van para ese esquema para las elecciones.

 Y si usted considera que se está blindando debidamente por parte de la autoridad electoral que no haya dinero ilícito que pueda entrometerse en el proceso electoral, porque el IFE ha diseñado esquemas, por ejemplo, para auditar la compra de banderines, de botellas de agua y de otros enseres, digamos para los comicios; pero quedan todavía muchos asuntos no muy claros en cómo blindar de que el crimen no intervenga financieramente en las elecciones.

También quisiera preguntarle, usted se va a reunir con el Secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, la próxima semana. Si nos pudiera platicar cuál será la agenda, y en este tema de seguridad, si el Gobierno Federal garantiza ya a semana y media del Papa a México, su seguridad estando aquí, en el territorio nacional.

 - Secretario Poiré: En efecto, están en marcha y de manera integral, se están llevando a cabo los trabajos en materia de seguridad para la visita de Su Santidad, y en este caso, como en el cao de la representación de muchos otros Jefes de Estado de otros países, tendremos  una visita con seguridad, como ha sido el caso, durante esta Administración en la cual se han recibido a Jefes de Estado y de Gobierno de todos los países del mundo, y en una actividad siempre marcada por la seguridad, el orden y realmente por eventos sumamente eficientes en todos los sentidos.

Tendremos una reunión. Así es. Con el Secretario de Estado del Estado Vaticano, y tendremos que revisar específicamente la agenda y daremos información más precisa conforme se vayan detallando los puntos de la agenda, es una reunión importante, ciertamente. El Estado Vaticano tiene una actividad importante en términos diplomáticos a nivel internacional y, desde luego, para el Gobierno de la República, estos contactos son de alta importancia.

 Estos recursos que se están llevando a cabo o que se están ejerciendo, están dedicados, como ya lo dijimos, a la tarea que tienen los gobiernos estatales y municipales de renovarse, de depurarse, de mejorar su equipo y ahora, incluso, de contar con el dinero necesario para las salas de audiencia, para los nuevos centros penitenciarios, para los nuevos juzgados, para poder llevar a cabo el Sistema de Juicios Orales.

Estos recursos, en esa medida, no van directamente a las actividades de seguridad o al gasto corriente, vamos a decirlo así, de las entidades de seguridad, de los estados y los municipios. Por otro lado, tenemos unas pláticas permanentes con el Instituto Federal Electoral. Estamos instalando los Grupos de Coordinación Operativa con los distintos estados de la República, y en el Consejo Nacional de Seguridad Pública se firmó el compromiso de que todos los convenios en materia electoral con las entidades federativas van a quedar listos antes de que inicien las campañas.

 En esa medida, seguiremos trabajando con el Instituto Federal Electoral para identificar cuales son las zonas en las que tenemos que actuar de manera preventiva, más enfática, más integral y lo estamos haciendo en todo el territorio nacional.

 También mencionar que, en efecto, el Instituto Federal Electoral cuenta con atribuciones novedosas derivado de los cambios a la Constitución y a la ley, en relación a las que tenía, por ejemplo, en la última elección presidencial, y la tarea de todas las autoridades es el ejercer esas atribuciones en función de los objetivos que así están mandados por la Constitución y por la ley.

 -Le quisiera preguntar sobre ese operativo que hubo en Coahuila y que arrojó la detención de algunos mandos y comandantes que estaban involucrados con el crimen organizado.

Si ustedes tienen ya una evaluación de cuántos mandos hay evaluados ya en las corporaciones federales, porque están diciendo de que se van a disponer recursos para estados y municipios, y que van a tener que acreditar este requisito antes de recibir ese recurso.

Cómo va el Gobierno Federal, porque seguimos viendo estos casos de gente involucrada con el crimen organizado.

- Secretario Poiré: Como usted sabe, para poder ingresar a cualquier corporación del Gobierno Federal en materia de seguridad, tanto la Procuraduría General de la República, como la Secretaría de Seguridad Pública, se tiene que pasar primero por un Control de Confianza.

Además de esos Controles de Confianza, de inicio pasa una proporción reducida de quienes solicitan; hay lo que llamamos controles de permanencia y esos controles de permanencia son, precisamente, para lograr la evaluación de la totalidad de los servidores públicos en materia de seguridad pública durante su carrea, es decir, no solamente cuando entran, sino cuando van avanzando cada seis meses, cada año, cada dos años, según el nivel, digamos, de riesgo que pudiera implicar cada una de las posiciones y cada uno de los perfiles.

En la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se dieron los datos, estamos cerca de 90 por ciento en la totalidad de las evaluaciones de los cuerpos de seguridad y de justicia a nivel federal. Y en cada uno de los casos cuando se van identificando que no se aprueban los Controles de Confianza el personal se va dando de baja, independientemente de que, por supuesto, cuando se encuentra alguna irregularidad, se inician los procesos administrativos o en su caso los procesos penales.

Fuente: SEGOB: