Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura
Sesión ordinaria del jueves 25 de septiembre de 2014
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (PRD):
Punto de Acuerdo/propuesta
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que se realice una investigación exhaustiva sobre la violación de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que fueron “cateados” cuando acudieron a los eventos de la Conmemoración de la Independencia de México al zócalo capitalino.
11:30
horas se abre la sesión: existen registrados 299 diputadas y diputados.
Por lo tanto, hay quórum.
La
diputada Zuleyma Huidobro González (desde la curul): El día de hoy sale publicado en Gaceta
y en el orden del día un punto de acuerdo que suscribimos diputadas y diputados del PRD, del PAN, del PT y de
Movimiento Ciudadano, en relación al cateo indebido realizado a los niños el
pasado 15 de septiembre, solicitando a la comisión a la que sea turnado
este punto de acuerdo lo resuelva lo más pronto posible, porque mientras sigan
las declaraciones de los encargados del gobierno federal en el tema diciendo
que no son violatorios los derechos o que no se violaron los derechos humanos
de los niños, nosotros seguiremos insistiendo en que se violó el artículo 1o.
de la Constitución Política; el 34, 38, 44, 45 de la Ley para la Protección de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; el artículo 3o., 5o., 12 y 13 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 16, 37 de la
Convención sobre los Derechos del Niño; el 17 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, seguiremos, le vuelvo a repetir, insistiendo en
que todos esos artículos se han violado.
Y
mientras el gobierno federal siga insistiendo en que en todos los eventos
realizados por Enrique Peña Nieto se va a seguir cateando y revisando a los
niños, nosotros seguiremos evidenciando este tipo de atropellos a nuestras
niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias.
Con punto de acuerdo, por el
que se exhorta a la Segob, a la CNDH y al Conapred a realizar una investigación
exhaustiva sobre la violación de los derechos humanos de los niños y los
adolescentes “cateados” cuando acudieron a los actos conmemorativos de la
Independencia de México en el zócalo capitalino, a cargo de la diputada
Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
Las suscritas y los suscritos,
diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, diputado Fernando Belaunzarán Méndez,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
diputadas Nelly del Carmen Vargas Pérez y Zuleyma Huidobro González,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano; diputadas
Carmen Lucia Pérez Camarena y Cinthya Noemí Valladares Couoh, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputada Loretta Ortiz Ahlf,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en
el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del
Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan la siguiente proposición con
punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las
siguientes
Consideraciones
El derecho que tiene todo
ciudadano a recurrir a los espacios públicos de diversión y esparcimiento es
algo innegable que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben de
garantizar en todo momento y, en su defecto, prever todas las medidas de
seguridad para lograr el cumplimiento de la ley.
Ante ello, con indignación y
sorpresa a través de los medios de comunicación, fuimos testigos de hechos
suscitados el pasado lunes 15 de septiembre, donde elementos del Estado Mayor
Presidencial, la Policía Federal y la reciente Gendarmería Nacional vigilaron
como es usual, los accesos a la plancha del Zócalo capitalino, donde el
presidente Peña Nieto encabezaría la ceremonia con motivo del Grito de
Independencia de México en Palacio Nacional.
Hasta ahí, resultaría normal
la actividad. Sin embargo, la profunda diferencia de la actividad este año fue
que además de las revisiones de rutina a las personas adultas, se sumó el cateo
ilegal a niñas y niños, hecho inaudito que ha conmovido la conciencia nacional
y que fue reivindicado por las y los usuarios de redes sociales momentos
posteriores a la realización de esta lamentable y bochornosa violación de los
derechos humanos de las niñas y niños.
Cualquier servidor público
debe tener en cuenta el precepto fundamental que la Constitución Política de
los Estados Unidos dispone en su artículo primero al consignar que todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución
y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así
como la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.
Para redundar en lo expuesto,
podemos sumar que conforme a lo establecido en el artículo cuarto de la Carta
Magna, en todas las actuaciones y decisiones, el Estado velará y cumplirá con
el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos.
Este principio ha sido
interpretado por el máximo tribunal y garante de los derechos humanos en
nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al resolver una
acción de inconstitucionalidad en dos mil siete, consideró que el interés
superior de la infancia sustentado en normas constitucionales e instrumentos
internacionales, implica que las acciones y toma de decisiones del Estado
relacionadas con los menores de dieciocho años, deben buscar el beneficio
directo del infante y que las autoridades administrativas, instituciones de
bienestar social y los tribunales y los órganos legislativos, al actuar en sus
respectivos ámbitos deben otorgar prioridad a los temas relacionados con niñas,
niños y adolescentes.
En ese sentido, realizando un
ejercicio de ponderación, el interés superior de la niñez, es incluso
prioritario al interés general de los asistentes a un evento masivo de
personas.
Asimismo existen diversos
instrumentos internacionales, que marcan directrices claras para el gobierno
mexicano, para dar cumplimiento de la obligación de prevención, atención y
erradicación de la violencia cometida en contra de niñas, niños y adolescentes
en México.
Entre dichos instrumentos se
encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual ha sido violentado
por el Estado mexicano, en sus Artículos 2,3, y 4 que a la letra indican:
Artículo 2
1. Los Estados parte respetarán los derechos
enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño
sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza,
el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus
padres o de sus representantes legales.
2. Los Estados parte tomarán todas las medidas
apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de
discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las
opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus
familiares.
Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños
que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
2. Los Estados parte se comprometen a asegurar al
niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo
en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas
responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas
legislativas y administrativas adecuadas.
3. Los Estados parte se asegurarán de que las
instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la
protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades
competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y
competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una
supervisión adecuada.
Artículo 4
Los Estados partes adoptarán todas las medidas
administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los
derechos reconocidos en la presente convención. En lo que respecta a los
derechos económicos, sociales y culturales, los Estados partes adoptarán esas
medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea
necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.
Lo que nos sorprende y hace
más reprobable a estos hechos es que justamente el 1er día del mes en curso,
fue presentada en el Senado de la República con carácter de prioritaria, la
iniciativa de Ley General de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, con este acto se entendería que para el titular del Ejecutivo la
protección y reivindicación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
es una prioridad fundamental, sin embargo quince días más tarde la realidad
muestra lo contrario, olvidando que estas personas en desarrollo al igual que
todas y todos los seres humanos tenemos derechos.
Por ello, resulta inaceptable
que las niñas y niños hayan sido tocados, que les fuera violado su derecho a la
intimidad, y se les criminalizará como adultos, así como también resulta
inaceptable lo dicho por el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro
Rubido, quien justificó el operativo de seguridad con cateó incluido a niñas,
niños y adolescentes, porque se “buscaba garantizar el interés general de los
asistentes” olvidando totalmente el interés superior de la niñez. Asimismo,
indicó que: “Todo se dio conforme a los procedimientos de operación con los que
se tiene que actuar, así se actuó, de manera acomedida, de manera diligente”.
Agentes de la gendarmería mencionaron que, la orden era hacer revisiones sin
restricción de edad.
Ante lo sucedido, aceptamos
que es necesario el que la seguridad de los asistentes a este evento masivo era
una prioridad, pero la revisión a que fueron sometidos las y los menores de 18
años para ingresar al Zócalo de la Ciudad de México fue excesiva y violatoria a
todas luces de sus derechos humanos consagrados en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que
nuestro país es parte.
Más aún, las niñas y niños son
personas en desarrollo con derechos plenos y para garantizar el goce de sus
derechos humanos necesitan de la protección y el cuidado de los adultos. Sin
embargo hoy en día en muchos lugares del mundo lejos de protegerlos estos los violentan,
tal como el caso en comento.
Por lo que se hace
indispensable denunciar ante esta Soberanía la urgente la realización de una
minuciosa investigación donde se incluya el procedimiento a seguir para estas
revisiones, la existencia o no, de la capacitación del personal que participó y
si se actuó siguiendo un reglamento, protocolo o manual, con el propósito de
prevenir las violaciones de los derechos humanos de las niñas y niños.
Asimismo, ante la clara
violación de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, el
Consejo Nacional para prevenir la Discriminación como organismo especializado
sectorizado a la Secretaría de Gobernación debe realizar un análisis
pormenorizado sobre si los cateos a las niñas, niños y adolescentes que realizó
la policía federal son discriminatorios, con motivo del grito de independencia
el pasado 15 de septiembre del año en curso, en el Zócalo capitalino.
Por otro lado, urge que la
Comisión Nacional de Derechos Humanos como órgano defensor de los derechos
humanos realice una investigación y haga las recomendaciones pertinentes a las
dependencias públicas que violaron los derechos humanos de las niñas, niños y
adolescentes con motivo del grito de independencia, el pasado 15 de septiembre
del año en curso, en el Zócalo capitalino.
Por todo lo expuesto y fundado
someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente u obvia
resolución, la siguiente proposición con
Punto
de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, para que se realice una investigación exhaustiva sobre la violación de
los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que fueron “cateados”
cuando acudieron a los eventos de la Conmemoración de la Independencia de
México al zócalo capitalino.
Segundo. La Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Gobernación para que
a través del Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, para que
realice un análisis pormenorizado sobre si los cateos a las niñas, niños y
adolescentes que realizó la policía federal son discriminatorios.
Tercero. La Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Gobernación para que
diseñe y aplique protocolos especializados para niñas, niños y adolescentes,
que incluya la capacitación del personal, a fin de evitar las violaciones de
sus derechos humanos.
Dado
en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 25 de septiembre de 2014.
Diputadas: Verónica Beatriz Juárez Piña,
Nelly del Carmen Vargas Pérez, Zuleyma Huidobro González, Carmen Lucía Pérez
Camarena, Cinthya Noemí Valladares Couoh, Loretta Ortiz Ahlf (rúbricas).
Diputado
Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica).
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