La Silla Rota, | OPINIÓN | 2015-02-17
2.- El encuentro, que en principio puede verse como un hecho plausible y necesario, terminó por exhibir las necesidades reales de la clase empresarial –al menos del sector que representan personajes como Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)-, quien demandó al gobierno federal y a los legisladores garantías jurídicas para que las fuerzas armadas puedan seguir cumpliendo con la encomienda de combatir al crimen organizado en todas sus formas.
Lo que no dijeron, por lo que no se pronunciaron los empresarios elite del país fue por la necesaria y urgente transparencia y pulcritud en las acciones de la tropa, oficiales, jefes y mandos en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México.
3.- Molestos por el retroceso y los traspiés del gobierno federal en materia de seguridad y por los costos que siguen pagando por la galopante dinámica de violencia que sigue permeando zonas definidas del país, los empresarios sólo alcanzan a ver una parte muy conveniente del panorama que les rodea.
4.- Ya en enero alzaron la voz para reclamarle al presidente Enrique Peña Nieto y a sus colaboradores la errática cadena de decisiones y sus inevitables consecuencias. El secuestro, las desapariciones (que en sexenio son en promedio 13 al día), las ejecuciones y los enfrentamientos en, digamos, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa o Guerrero, Michoacán y Veracruz
En enero, también olvidaron reclamarle al presidente y a los secretarios de la Defensa y Marina, la transparencia y claridad necesarias para seguir confiando en el último bastión con el que cuenta México, sus fuerzas armadas.
5.- La amnesia empresarial basta para omitir reclamos por los casos Ayotzinapa y Tlatlaya, que de ninguna manera están resueltos; alcanza para cubrir con el manto del reclamo la urgencia de un marco jurídico para que militares y marinos no se tropiecen a cada rato con esa cosa llamada Derechos Humanos; es suficiente para mandar al baúl las recomendaciones emitidas hace unos días por la del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, al gobierno de México; sirve también para pasar por alto las denuncias contra Ejército y Marina por abusos e intimidación contra activistas en Tamaulipas, en Michoacán, en Guerrero, en Veracruz.
El detonante de la indignación empresarial fue la demanda de los padres de los 43 normalistas desaparecidos para que los militares abran sus cuarteles y permitan a los civiles revisar si en las instalaciones castrenses hay rastros o restos de los jóvenes dados por muertos en la PGR de Murillo Karam.
Impensable. Abrir las instalaciones militares a los padres de estos muchachos infortunados sería tanto como entregar la plaza, el último bastión de la defensa del país a civiles dolidos por lo ocurrido. Así piensan en el CCE.
6.- La ignominia de los empresarios alcanza para eso y más. Por eso, en mala hora le dan un espaldarazo innecesario a las fuerzas armadas en lugar de exigir de ellas verdadera transparencia y compromiso con la democracia. No se trata sólo de derechos humanos.
El abanico de posibilidades para las fuerzas armadas abarca también la compra de armamento, la adjudicación de obras de construcción, la equidad de género, la justicia militar o el conflicto de intereses, por citar algunos puntos en los que la cúpula empresarial no percibe problema alguno.
7.- Este último aspecto es abordado por el semanario Proceso en su edición más reciente, en la que se analiza la adjudicación directa que la Sedena hizo para la construcción de un estacionamiento ubicado frente a sus instalaciones en Lomas de Sotelo.
La adjudicación benefició a la empresa Coemsa y al arquitecto Santiago Aspe Poniatowski, la misma persona que se encargó de la construcción de un complejo habitacional en Ixtapa de la Sal, en el Estado de México, lugar en el que el presidente Peña tiene una residencia.
8.- Las obras de ampliación del estacionamiento más moderno y grande con el que cuenta la Sedena, fueron proyectadas con un costo inicial de 203 millones de pesos, “pero al final se pagaron 480 millones”, señala Proceso.
Minucias como ésta no parecen pesar en el ánimo de los empresarios que encabeza Gutiérrez Candiani, quien firma acuerdos de colaboración sin detenerse demasiado en las cartas credenciales de sus contrapartes.
Money talks.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario