La Cámara de Diputados aprobó el miércoles 29 de abril un dictamen que homologa la Ley Orgánica de la PGJDF con la reforma
constitucional del 2008.
El
documento, aprobado por unanimidad, con 387 votos, fue enviado al Senado para
su revisión, y se deriva de los cambios a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 73, 115 y 123 de la Constitución Política, publicados el 18 de junio de
2008. A partir de estas reformas, se estableció un plazo de 8 años para que
todas las instituciones involucradas realicen las adecuaciones a los
ordenamientos jurídicos en el ámbito de sus competencias.
El
presidente de la Comisión de Justicia, diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez
(PRI), explicó que la implementación de un nuevo sistema de justicia penal, es
un asunto que se viene impulsando desde años atrás. “Lo requerimos y
necesitamos los mexicanos para eliminar la visión de un sistema retrasado, que
no da cauce suficiente a los temas de justicia”.
Reconoció
el trabajo de la comisión, y de los coordinadores parlamentarios de los
diversos partidos políticos, para validar la reforma que, “aun pareciendo un
dictamen menor, significa la punta de una madeja que transformará al Distrito
Federal y al país para tener un sistema de justicia que requieren los
ciudadanos”.
El
dictamen, agregó, es un buen ejemplo, para todos los integrantes de la
Legislatura, de cómo puede elaborarse una labor que implique a los diferentes
órdenes de gobierno y grupos parlamentarios.
En
su turno, el diputado José Arturo López Candido (Morena) precisó que el nuevo
sistema de justicia penal pretende “despauperizar” las cárceles y dejar de
crear delincuentes, dejando de lado la obligación primordial de la
procuraduría, que es la investigación de los delitos.
Asimismo,
exige que los servidores públicos tengan mucha profesionalización y equipo apto
para las necesidades que se requieran, y demanda un módulo de atención
oportuna, ya que actualmente los abogados del área de mediación son pocos, lo
que implica que la gente que denuncia tarde entre seis a 10 horas.
El
diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo señaló que la reforma tiene el
propósito no sólo de dar mayor transparencia, eficacia y celeridad a los
procesos judiciales, sino garantizar la reparación del daño a las víctimas,
subrayando la importancia del respeto a los derechos humanos durante todo el
proceso.
Entre
sus innovaciones, detalló, el Ministerio Público podrá recibir denuncias o
querellas por medios electrónicos, por actos u omisiones que puedan ser
constitutivas de delito. De igual forma, continuó, es positivo que la o el
titular de la procuraduría pueda establecer políticas dirigidas a las
comunidades indígenas, a fin de garantizar un efectivo acceso a la justicia.
En
su turno, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) destacó que al cierre de noviembre
de 2014, el Distrito Federal ocupó el segundo lugar en el índice de delitos del
fuero común cometidos en México, sólo por debajo del Estado de México.
En
ese mismo año, recalcó, se estima que se cometieron 165 mil 892 presuntos
delitos en las demarcaciones de la Ciudad de México. Aseguró que aún se
presentan cifras altas de personas que pretenden levantar una denuncia y no lo
pueden hacer porque el sistema no lo permite.
Enfatizó
que la Procuraduría del Distrito Federal deberá afrontar en el corto plazo una
serie de retos para contribuir a su operatividad en el territorio y mejorar la
procuración de justicia; además deberá de diseñar y aplicar una verdadera
política criminal; combatir eficientemente la corrupción y los delitos
electorales, así como enfocarse en los recursos de la institución para combatir
los delitos con mayor impacto social.
El
diputado Antonio Cuéllar Steffan (PVEM) expresó, estamos convencidos del nuevo
Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, lo único que estamos haciendo
es poner a la zaga y actualizar todo el marco, conforme a la cual se organizan
las estructuras encargadas de la investigación y la persecución de los delitos
para poder confrontarlos y hacerles frente.
El
propósito, comentó, es ser mucho más efectivos en el combate contra la
delincuencia, “ya que no hemos retrocedido en ver por el respeto irrestricto de
los derechos humanos y que también son parte de todo el proceso penal, por lo
que tienen que tratarse con puntualidad por parte de los ministerios públicos y
las policías a favor de todos aquellos que son acusados o procesados”.
La
diputada Edith Avilés Cano (PRI) precisó que actualmente el Distrito Federal se
mantiene en una etapa de planeación, por lo que es necesario impulsar la
entrada en vigor de los juicios orales, que beneficiará la administración de
justicia penal a través de la aplicación de principios como la oralidad, la
publicidad, inmediación, contradicción, celeridad, presunción de inocencia,
reparación del daño, respeto a los derechos humanos, y los medios alternativos
de solución de controversias.
La
reforma, subrayó, permitirá que la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal tenga un esquema estructural para consolidar la implementación
del sistema procesal penal acusatorio adversarial, armonizando su legislación y
estructura organizacional a las reformas constitucionales del año 2008.
“Con
esta adecuación, el Distrito Federal consolidará el desarrollo de los juicios
orales e impulsará la profesionalización y capacitación de los operadores del
nuevo modelo”, acotó.
El
diputado del PRD, Ernesto Germán Sánchez Jiménez, mencionó entre las virtudes
de la reforma, que establece una nueva organización de la Procuraduría del
Distrito Federal creando unidades de derechos humanos, atención a víctimas de
prevención del delito; se delimitan las facultades del Ministerio Público y su
autonomía técnica de gestión, en concordancia, tal y como lo señala nuestra
Carta Magna.
En
el mismo sentido, se fijan requisitos para que los agentes del Ministerio
Público y de la Policía de Investigación cumplan con los procesos de
profesionalización, certificación, evaluación y controles de confianza,
encaminados a tener un Ministerio Público que no solo actúe profesionalmente,
sino que también garantice un resguardo seguro para el ejercicio de nuestro
derecho de acceso a la justicia.
La
diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (PAN) dijo que la iniciativa presenta
mejoras, entre ellas, reafirma las garantías de legalidad y el debido proceso,
señala las facultades del Ministerio Público, brinda legalidad a la actuación
de los facilitadores y mediadores, se crean nuevas unidades administrativas y
una fiscalía y se promueven los mecanismos alternativos de solución de
controversias.
Mencionó
que mediante la reforma, la implementación del nuevo sistema de justicia penal,
permitirá mejorar la impartición de justicia en nuestro país.
El dictamen...
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