Y
Aristóteles lo desestimó/FELIPE
COBIÁN R. Y GLORIA REZA
Tras
el desastre que sufrió Jalisco el viernes 1, el gobernador Aristóteles Sandoval
culpó a la PGR de no haber escuchado hace un año sus advertencias acerca del
crecimiento del CJNG. Añadió que no fue informado del arranque de la operación
militar. Sin embargo, él y su fiscal general, Luis Carlos Nájera, fueron
informados por un especialista sobre el alto riesgo de que ese cártel llevara a
la entidad a niveles extremos de violencia. Esto no sucedió un año antes, sino
la noche del 30 de abril. Nájera se rió, Sandoval dijo que no necesitaba a las
fuerzas federales. Y cuando amaneció…
GUADALAJARA,
JAL.- “Todo está bajo control en Jalisco”, se jactó el gobernador de Jalisco,
Aristóteles Sandoval Díaz, la noche del 30 de abril ante un dirigente
empresarial y un connotado litigante.
Dijo
que con la fuerza pública estatal era suficiente para combatir a la
delincuencia organizada, sin necesidad de las federales. Y aunque reconoció el
gran poder que ha acumulado el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reiteró:
“Lo tenemos acotado”.
Y
minimizó los narcobloqueos: “Eso es cosa del pasado, de la administración
anterior”. En realidad, era cosa del futuro inmediato.
Horas
después, cuando empezaba a clarear en la costa, el CJNG derribaba un
helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con 18 militares y
policías federales que perseguían a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y a
su estado mayor.
El
saldo oficial en el lugar: seis efectivos y ocho presuntos delincuentes
muertos, más varios heridos.
A
las 9:45 horas del viernes 1, Día del Trabajo, Jalisco ardía en 55 puntos de 32
municipios, incluida la zona metropolitana de Guadalajara. En intersecciones de
avenidas, entronques, cruces y curvas estratégicas de carreteras se obstruyó el
tránsito atravesando autos, camiones pesados y autobuses urbanos, casi todos en
llamas.
Sicarios,
adictos e indigentes pagados por el CJNG –a decir de las autoridades federales–
también prendieron fuego a 11 sucursales bancarias, varias gasolineras y otros
negocios. Bloqueos de calles y quemazones se extendieron a Michoacán, Colima y
Guanajuato.
El
operativo criminal mostró la eficaz coordinación de la extensa red de halcones,
operarios y sicarios del “grupo delincuencial”, como lo llamaron al principio
los funcionarios federales. Poco después tuvieron que admitir que el CJNG puso
de cabeza buena parte del occidente del país, con altos costos políticos y
económicos.
Fueron
demasiadas horas de pánico. La autoridad no reaccionaba y el gobernador no daba
la cara. Tampoco se vio al fiscal general, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de
Velasco, cuestionado por sus malos resultados en el combate a la inseguridad y
por supuestos vínculos con la delincuencia organizada.
Cerca
de las dos de la tarde Sandoval Díaz hizo el primer recuento de daños. Afirmó
que en la zona metropolitana los narcobloqueos se resolvieron en una hora y que
el resto de la entidad estaba normalizándose. Al anochecer confirmó, en un
informe general, que horas antes se habían despejado las vialidades atacadas. Sin
embargo, algunas carreteras del sur del estado seguían obstruidas.
Después
empezó a repartir culpas: el problema del CJNG viene desde hace cinco años, no
es de su gobierno sino de su antecesor: una referencia evidente a la
administración del panista Emilio González Márquez.
El
jueves 7 descalificó a quienes han llamado narcoterrorismo a los
acontecimientos del viernes 1, cuando según él “fueron actos de vandalismo”.
Dos
días antes había hecho un tour por distintos medios informativos de la Ciudad
de México, donde declaró que alertó hace más de un año al gobierno de Peña
Nieto, a través del entonces procurador general de la República, Jesús Murillo
Karam, sobre la fuerza que había adquirido el CJNG.
De
acuerdo con el investigador en materia de seguridad Andrés Gómez, un factor que
facilitó el crecimiento del CJNG “fue la debilidad endémica de las
corporaciones estatales y municipales, en las que predominan el escaso número
de elementos y la ausencia de perfiles (ningún director municipal de la Zona
Metropolitana cumple con el perfil del Sistema de Desarrollo Policial); el mal
equipamiento y la corrupción de mandos y bases”.
Aunque
la droga es el negocio básico del CJNG, agrega, en las últimas fechas no se ha
sabido de incautaciones y por ello se desconoce qué tipos de estupefacientes
produce y comercializa actualmente. Tampoco está claro adónde la envía. Lo
cierto es que uno de los delitos más lucrativos para la organización es el robo
de combustible, enfatiza Gómez.
El
investigador universitario especializado en justicia y seguridad Gerardo de la
Cruz Tovar dice que ante resultados tan adversos en estas materias sólo le
queda al fiscal Nájera salir del gabinete, pues ya admitió que el problema del
narcotráfico viene desde hace cinco años: “¿Y quién era entonces el responsable
de seguridad sino él mismo?”
El
diagnóstico
Los
empresarios que fueron recibidos a las ocho de la noche del 30 de abril en la
casa Jalisco son el presidente local de Coparmex, José Medina Mora Icaza, y el
presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal
(CCSP), José Antonio Ortega Sánchez.
En
el encuentro de una hora con el gobernador Sandoval Díaz, Ortega Sánchez le
entregó el diagnóstico Jalisco: La amenaza del crimen organizado, donde
fundamenta el riesgo de que la expansión del CJNG lleve a la entidad a niveles
delictivos como los de Tamaulipas, Michoacán y Guerrero.
Ortega
Sánchez insistió en el peligro que constituye, “no tanto en el enfrentamiento
de ese grupo con otro de criminales, sino hacia las autoridades del estado. Yo
veía que tenían una actitud de enfrentamiento y de hacerle saber a la autoridad
de su capacidad, de su fuerza, de su inteligencia”.
Sin
embargo, el mandatario se jactó de que “todo estaba controlado y que los
narcobloqueos eran cosa del pasado”. Se refería a la reacción de la
delincuencia en las calles cada vez que fuerzas federales o estatales trataban
de atrapar al capo del CJNG.
En
entrevista telefónica, el presidente del CCSP considera que el único
responsable de la descomposición de la seguridad pública, de las amenazas
constantes y de los hechos violentos del crimen organizado en la entidad es “la
autoridad en turno, a la que le toca responder de esa violencia”.
El
gobernador y su gente “tienen la responsabilidad de proporcionar la paz, la
seguridad a los pobladores de Jalisco (…) Esa función no la están cumpliendo y
la violencia está desbordada. Este grupo criminal se siente dueño de Jalisco y
al ratito, si no lo paran, se va a sentir dueño de México”.
–¿El
mandatario puede culpar a la administración pasada o a la PGR porque, según él,
le informó hace un año sobre el crecimiento del CJNG?
–No
es cuestión de si le informan o no. Deben trabajar coordinadamente para resolver
el problema. Me parece que el principal responsable de la seguridad en Jalisco
se llama Aristóteles Sandoval.
–¿Con
la intervención del general Miguel Gustavo González se logrará acabar con el
crimen organizado a través de Operación Jalisco? Eso no ocurrió en Tamaulipas.
–Para
resolver el problema, no son nada más las personas, y no nada más tiene que
caer El Mencho y el resto de Los Cuinis, sino que se tiene que desestructurar
el CJNG para que no sea una poda más y al ratito haya varios cartelitos
jalisquitos nueva generación dando lata. Se tienen que investigar y castigar
sus otras actividades criminales (…) Ahí es donde se tiene que poner bastante
la atención.
Para
el abogado y catedrático, también “tienen que ser castigados todos los
funcionarios de cualquier nivel de gobierno que los protegieron. Cuando se
resuelva eso, podríamos hablar de un escenario de recuperar la paz”.
–¿Responde
a algún interés de Sandoval Díaz el hecho de que Nájera permanezca como fiscal
general? Antes de que fuera gobernador, hubo señalamientos de que Aristóteles
tenía ligas con el crimen organizado.
–El
CJNG le mató a su secretario de Turismo para que no se fuera a cargar a favor
de Los Templarios; así lo declara uno de los participantes en los hechos. Eso
lo refiero en el estudio que le entregué personalmente al gobernador, y antes,
a las 17:00 horas del 30 de abril, a Luis Carlos Nájera.
–¿Qué
prevé con la designación de González Cruz?
–Yo
esperaría, como digo en el estudio, la detención de El Mencho, de los otros
Cuinis, el desmantelamiento del CJNG y la investigación y castigo a los
políticos que los protegieron.
“Si
no se castiga a éstos, el asunto es como una poda más; y es como hemos visto en
algunas partes del país: que la violencia baja por momentos y luego recrudece,
regresa y no se resuelve el asunto de fondo.”
El
diagnóstico de Ortega Sánchez tiene más de 200 páginas y entre otros asuntos
destaca que es evidente que el CJNG opera bajo la tolerancia del estado.
“Tampoco
pueden ignorarse los señalamientos que hay respecto a que el anterior
Secretario de Seguridad Pública y actual fiscal general (quien además controla
a la policía preventiva), Luis Carlos Nájera, está vinculando al CJNG)”,
sostiene en el documento.
Y
argumenta: “Es cierto que esos señalamientos no han sido probados, pero también
que el resultado neto de la gestión del funcionario, primero como secretario de
Seguridad Pública y ahora como fiscal, no es la contención o debilitamiento de
los grupos criminales, sino lo contrario. Si la tarea de la policía preventiva
es precisamente prevenir el crimen, el disparo de la violencia bajo la gestión
de Nájera indica que él no cumplió con su cometido principal”.
En
la entrevista con Proceso, Ortega Sánchez relata que, después de observar la
presentación sobre el diagnóstico, el gobernador le dijo que “lo único que
necesitaba de las fuerzas federales era inteligencia, que le podíamos ayudar si
lográramos que el gobierno federal lo apoyara con inteligencia”.
Y
sobre los señalamientos de que Nájera protege a delincuentes, Sandoval Díaz contestó que “varios grupos
mencionan que haya esa protección, no solamente al CJNG sino a otros (…). Dijo
que no era posible que protegiera a unos y protegiera a otros”.
Cofundador
de la organización civil México Unido Contra la Delincuencia y autor –con el
panista Fernando Guzmán Pérez Peláez– de un libro sobre el asesinato del
cardenal Juan Jesús Posadas, Ortega Sánchez dice que insistió en el
cuestionable desempeño de Nájera.
Asegura
haberle comentado a Sandoval Díaz que “a dos años de tener a un fiscal en
control del Ministerio Público, de la Policía Ministerial y de la Policía
Preventiva, primero, no había resultados, y segundo, era un riesgo tener a una
persona a cargo de tanta fuerza pública, que había que distribuir las fuerzas,
tener equilibrios, tener un sistema de pesos y contrapesos”.
Entonces,
afirma, el gobernador le comentó al presidente del CCSP que le dio todo el
control a Nájera porque en la administración pasada había constantes conflictos
entre el procurador y el secretario de Seguridad Pública. No obstante, “al
final me dijo que lo iba a considerar”.
También
le informó que mandó hacer un diagnóstico sobre la situación de seguridad en el
estado con el consultor Eduardo Guerrero. Pese a todo, sostiene, Sandoval Díaz
no habló de investigar a Nájera.
Ortega
Sánchez revela que horas antes, al entregarle el estudio al fiscal general, le
dijo: “no te vayas a sorprender porque en el dossier consigno los señalamientos
que hace La Resistencia sobre tu posible protección a Nacho Coronel, primero, y
después a Jalisco Nueva Generación”.
“No
son ciertos”, dijo el funcionario con una sonrisa. Entonces el abogado le
comentó que no le parecía “sano que tuviera tanto poder, que necesitaba tener
un secretario de Seguridad Pública independiente”.
Además,
lo cuestionó sobre los asesinatos del secretario de Turismo Jesús Gallegos
Álvarez, del diputado federal Gabriel Gómez Michel, de decenas de militares y
policías… Nájera sólo “agradeció que le entregara el diagnóstico, donde se
notan propuestas para reducir el problema del crimen organizado”.
El
CJNG surgió en la administración de Emilio González, a la muerte de Ignacio,
Nacho Coronel, pero se fortaleció en la de Sandoval Díaz.
Durante
el trienio de Emilio González Márquez como alcalde de Guadalajara (2004-2006) y
en su sexenio como gobernador, Nájera fue respectivamente director y secretario
de Seguridad Pública.
Al
triunfar el PRI en 2012, lejos de correr a Nájera, Sandoval Díaz ordenó cambiar
la Constitución local, cuyo artículo 53 establecía que no podía ser procurador
(o fiscal) quien hubiera sido gobernador o secretario, sino después de un año
de haber dejado el cargo.
Con
el visto bueno de los diputados, Nájera se convirtió en fiscal general. Además
de tener bajo su mando al MP y policías investigadores, concentra a la Policía
Preventiva y la Fuerza Única de Jalisco, con sus derivaciones: la Fuerza Única
Metropolitana y la Fuerza Única Regional: Corporaciones acusadas con frecuencia
de torturar a los detenidos, como consta en declaraciones y documentos entregados
a Proceso.
¨Lo
cierto es que los ataques del CJNG son cada vez más feroces. El 19 de marzo, en
el centro de Ocotlán, sicarios de ese grupo se tirotearon con elementos de la
División de Gendarmería. Murieron al menos 12 personas, entre uniformados y
pistoleros.
El 6 de abril, en el municipio de San Sebastián
del Oeste, atacaron 10 patrullas con 40 elementos de la FUR. Murieron 15
policías y cinc resultaron heridos de gravedad.
Las
amistades
En
2009, en plena campaña por la presidencia municipal de Guadalajara, el panista
Jorge Salinas Osornio propuso que él y Sandoval Díaz se hicieran pruebas
antidoping. Esto no sucedió, pero Salinas Osornio aclaró que sólo trataba de
comprobar “los posibles vínculos que pudiera traer Aristóteles con la
delincuencia organizada”.
Ya
como presidente municipal, Sandoval Díaz nombró como secretario de Seguridad
Ciudadana a Servando Sepúlveda Enríquez, también cuestionado por sus presuntos
nexos con el bajo mundo y ligado con un mal manejo del Subsemun (Subsidio para
la Seguridad Pública en los Municipios) en la corporación. Fue requerido cinco
veces para aplicarle una prueba de confianza y jamás se presentó.
A
fines de diciembre de 2011, este semanario publicó que, según la PGR
(averiguación previa 029/2007/HI/A), el alcalde tapatío tenía nexos con la
delincuencia organizada (Proceso 1832).
La
nota del reportero Ricardo Ravelo destacaba que el 27 de febrero de 2007, al
salir de un partido de futbol en el Estadio Jalisco, el empresario Ignacio Loya
Alatorre fue ejecutado. Era el operador financiero de Ignacio Coronel, dueño de
la plaza del Cártel de Sinaloa en Guadalajara. Coronel murió el 30 de julio de
2010 en un supuesto enfrentamiento, en su casa, con elementos de la Marina que
pretendían detenerlo.
Según
el expediente, Sergio Oseguera García, chofer de Loya, afirmó que Sandoval Díaz
recibió de sus manos 100 mil pesos para su campaña política, y que ambos se
habían conocido a través de Alfredo Barba Mariscal, hijo del líder estatal de
la CROC y cacique de Tlaquepaque, Alfredo El Güero Barba.
En
una libreta de Loya se encontró una nómina de decenas de personas y se acreditó
que el último número marcado fue el de Sandoval Díaz, que entonces era diputado
local. Éste negó tener vínculos delictivos, pero reconoció que Loya era su
amigo.
En
el oficio 921/07 y en la citada averiguación previa, Oseguera García señala que
la pareja sentimental de Loya era una amiga de Aristóteles Sandoval, Teresa
López Hernández, actual titular adjunta del Centro Nacional de Prevención del
Delito y Participación Ciudadana.
Los
padres de la entonces regidora fueron asesinados por otro de sus hijos,
Salvador López Hernández, el 1 de mayo de 2007.
Loya
mantenía relación con José Luis Duarte Reyes, ligado al Cártel de Sinaloa. Éste
fue asesinado en La Marina de Puerto Vallarta el 20 de septiembre de 2011.
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