El Grupo Atlacomulco detonó la urbanización en torno al Altiplano/

Revista Proceso # 2022, 1 de agosto de 2015...

 Y señala a Urbi, GEO, ARA, Beta, SADASI, Homex, ICA Residencial y Constructora Profusa como las principales constructoras beneficiadas por Montiel y Peña Nieto.

 El Grupo Atlacomulco detonó la urbanización en torno al Altiplano/

RODRIGO VERA

El escape del Chapo Guzmán sorprendió a todos por su aparentemente perfecta obra de ingeniería. Pero luego comenzaron a surgir los interrogantes sobre la manera en que fueron vulnerados los protocolos del penal de máxima seguridad del Altiplano. Durante lustros, se sabe también, empresarios del Grupo Atlacomulco –al que pertenecen Enrique Peña Nieto y su tío Arturo Montiel– impulsaron la urbanización desordenada aledaña al centro de reclusión. No les importó violar las normas de seguridad en torno al penal, comentan a Proceso especialistas en el tema.

 TOLUCA, EDOMEX.- El penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, de donde se fugó El Chapo Guzmán el 11 de julio pasado, está rodeado de centros de población y fraccionamientos habitacionales cada vez más anárquicos y sobrepoblados, lo cual viola las normas de seguridad.

Según la legislación correspondiente, los penales de ese tipo deben construirse en zonas donde no haya desarrollos urbanos en por lo menos dos kilómetros a la redonda para garantizar su aislamiento.

Sin embargo, el incumplimiento de esa normatividad lo provocó en buena medida el Grupo Atlacomulco –al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto–, que desde hace años se ha dedicado al despojo de tierras ejidales, a la especulación inmobiliaria y a la desaforada construcción de estos grandes fraccionamientos con el propósito de hacer negocios. 

Arturo Chavarría, presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, comenta al reportero:

 “Uno de los requisitos básicos para los penales de alta seguridad es que deben estar alejados de los centros de población en por lo menos 15 kilómetros de distancia. Además, deben tener una zona de amortiguamiento de por lo menos  dos kilómetros; esto es, en torno a ellos no debe existir ninguna construcción en un radio de dos kilómetros.

“Esta área de amortiguamiento también debe tener uso de suelo catalogado como ‘zona protegida’, porque corresponde exclusivamente al Estado protegerla y vigilarla por su alta peligrosidad. Cualquier urbanista conoce estos lineamientos porque están claramente estipulados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en su Sistema Normativo de Equipamiento.”

Por su parte, el criminólogo Enrique Zúñiga Vázquez, autor de la investigación Sistema penitenciario: el infierno como industria, señala que el sistema carcelario sigue la misma norma. Explica:

“Para tener la categoría de ‘máxima seguridad’, uno de los requisitos es que el penal debe estar totalmente aislado en por lo menos un radio de dos kilómetros. Así lo marcan los lineamientos para que la población externa no vulnere la seguridad del penal. Y al revés; para que los motines y fugas de los reclusos, así como los operativos policiacos, no afecten a la población de afuera. Es lógico.”

–Sin embargo, la casa por la que escapó El Chapo Guzmán, a través de un túnel subterráneo, estaba a 1.5 kilómetros de distancia del penal de Almoloya…

–Sí. La fuga del Chapo puso en evidencia que esa prisión no cumple con la normatividad para los penales de máxima seguridad, dictada por la Secretaría de Gobernación. Así de simple.

El pasado 14 de julio, en una conferencia de prensa en la cual no se permitieron preguntas, el alcalde de Almoloya de Juárez, el priista Vicente Estrada Iniesta, informó que esa casa construida recientemente, sólo para la fuga del narcotraficante, ni siquiera tenía permiso de construcción.­

El ayuntamiento, dijo, no clausuró la obra porque ni siquiera se percató de ella, y mucho menos de que por ahí se sacaban toneladas de tierra producto de la excavación del túnel.

El inmueble se localiza en la colonia Santa Juanita, muy cerca también de una base militar: el Octavo Regimiento Mecanizado, comandado por el general brigadier David Enrique Velarde Sigüenza.

El gran negocio inmobiliario

Según Chavarría, el presidente municipal y el general brigadier estaban obligados a conocer todos los detalles de esa construcción, por su peligrosa cercanía con el penal. Y si no supieron de la construcción en Santa Juanita, dice, pudo ser porque ya hay miles de viviendas levantadas, o en proceso de construcción, en la franja prohibida que circunda al penal El Altiplano.

Exclama: “¡Caray! Nosotros en el Colegio de Arquitectos y Urbanistas llevamos años pidiendo que paren tanta construcción alrededor del penal. Pero las distintas administraciones estatales y municipales nunca nos han hecho caso. Poco a poco han ido despojando de sus tierras a los ejidatarios de la zona para especular con el suelo, construir grandes conjuntos habitacionales y hacer negocio.

“El Grupo Atlacomulco maneja esta presión empresarial que está acabando con las áreas naturales y agrícolas. Controla totalmente a los presidentes municipales de Almoloya de Juárez, que siempre han sido priistas. Por ejemplo, puso como alcaldesa a Blanca Estela Gómez Carmona para el periodo 2009-2012. Ella es dipu­tada local. Y su esposo, Adolfo Solís Gómez, actual secretario del ayuntamiento, acaba de ganar las elecciones para ser el próximo presidente municipal.”

–¿Cuándo empezó el boom inmobiliario en Almoloya?

 –La especulación ya se daba desde que se construía el penal, cuando era gobernador Ignacio Pichardo Pagaza. Continuó en los gobiernos de Emilio Chuayffet y César Camacho. Pero el verdadero boom ocurrió en la administración de Arturo Montiel y en la de su sobrino Peña Nieto. Ellos sí que impulsaron a gran escala la corrupción y los negocios inmobiliarios.

 Peña Nieto, dice, le dio un fuerte impulso a las llamadas Ciudades Bicentenario, que fueron seis descomunales conjuntos habitacionales de miles de viviendas cada uno. Una Ciudad Bicentenario se construyó precisamente en Almoloya de Juárez, las otras cinco están en los municipios de Atlacomulco, Jilotepec, Huehuetoca, Tecamac y Zumpango.

 En el estudio La mercadotecnia de las Ciudades Bicentenario –elaborado por el Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México– se asegura que están hechas sólo para engrosar los bolsillos de “constructores y banqueros sin escrúpulos que especulan con el suelo”.

 Y describe sus características:

 “La vivienda está mal construida, con superficies extremadamente reducidas y vendidas con sobreprecio; en sitios sin servicios o servicios públicos deficientes, con infraestructura incompleta, lejanos de los centros de trabajo, estudio y comercio, con escaso y mal servicio de transporte e insuficientes vialidades.

 “Por si fuera poco, los ecosistemas también fueron dañados y en algunos casos destruidos totalmente por la construcción de conjuntos habitacionales en tierras fértiles y boscosas, donde se producían alimentos, o cumplían una estratégica función en la recarga acuífera y la regulación del clima. Con apoyo de autoridades insensibles, y en no pocas ocasiones corruptas, el lucro se impuso a la conveniencia de mantener el patrimonio natural.”

 Sobre la Ciudad Bicentenario de Almoloya, comenta Chavarría, Peña Nieto permitió indebidamente su edificación dentro de lo que debió ser la zona de amortiguamiento del penal. Se levantó en 2009 y tiene 7 mil 18 viviendas, las cuales están calculadas para albergar a 31 mil 581 habitantes. Le dio la obra a la empresa GEO Edificaciones.

 Colinas del Sol es otro enorme fraccionamiento cercano a la cárcel. Se edificó en 2003, durante la administración de Arturo Montiel. Tiene 8 mil 535 viviendas para alojar a 38 mil 408 habitantes. Una segunda etapa del fraccionamiento se construyó en el gobierno de Peña Nieto, en 2007; fueron 2 mil viviendas más, para 9 mil personas.

 Acota Chavarría:

 “La construcción de Colinas del Sol la hizo la Constructora Profusa, propiedad de la familia Fontanet, muy cercana al Grupo Atlacomulco.”

 Otros conjuntos habitacionales levantados en el municipio de Almoloya de Juárez son Rincón del Álamo, Colinas de San Francisco y Geovillas del Nevado. Todos edificados durante las administraciones de Montiel y Peña Nieto.

 El tío y su sobrino

 Con base en las propias estadísticas gubernamentales, Arturo Chavarría indica que a nivel estatal Montiel autorizó la construcción de 149 conjuntos urbanos, con 277 mil 482 viviendas. Pero lo superó su sobrino Peña Nieto, en cuyo gobierno se autorizaron 214 desarrollos urbanos, con 397 mil 692 viviendas. Entre ambos, agrega, “sacrificaron” 700 mil hectáreas agrícolas.

 Y señala a Urbi, GEO, ARA, Beta, SADASI, Homex, ICA Residencial y Constructora Profusa como las principales constructoras beneficiadas por Montiel y Peña Nieto.

El entrevistado también menciona a los funcionarios de ambos gobiernos que, aparte de varios alcaldes, fungieron como “operadores de estos intereses empresariales” a través de sus respectivas secretarías.

En el gobierno de Montiel, comenta, operaron dos secretarios de Desarrollo Urbano, Enrique Riva Palacio y Benjamín Fournier, así como el secretario de Comunicaciones, Óscar Gustavo Cárdenas Monroy; el secretario General de Gobierno, Manuel Cadena Morales, y la secretaria de Ecología, Yolanda Sentíes Echeverría.

Y en la administración de Peña Nieto estuvieron, en Desarrollo Urbano, José Alfredo Torres Martínez; en Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, actual titular del ramo a nivel federal; en la Secretaría General de Gobierno, Víctor Humberto Benítez Treviño, y en Medio Ambiente, Mireille Roccatti Velázquez.

En la actual administración estatal de Eruviel Ávila, dice, disminuyó mucho la construcción de fraccionamientos; en sus primeros cuatro años de gobierno ha autorizado 47 conjuntos urbanos.

Los ejidatarios de Almoloya de Juárez relatan cómo vivieron esta avalancha inmobiliaria. Cuentan que en 1992 los presidentes del comisariado ejidal de los 33 ejidos del municipio recibieron un oficio de la Secretaría de Gobernación en el cual les pedían que, por razones de seguridad, no construyeran nada en dos kilómetros a la redonda del penal federal.

Sin embargo, testimonios publicados el pasado 19 de julio en el diario Milenio señalaron que el mismo penal provocó un flujo migratorio, principalmente de familias de los reclusos, que no fue regulado por las autoridades locales y dio paso a la construcción de por lo menos una docena de conjuntos habitacionales.

Destacan el Fraccionamiento Colinas del Sol, donde actualmente viven hacinadas miles de personas en diminutas viviendas de 48 a 60 metros cuadrados. Las más pudientes se fueron a vivir al vecino municipio de Metepec.

La localidad también se fue llenando de elementos uniformados de la Gendarmería, la Policía Federal y el Ejército. Y ganó incluso mala fama porque se le asocia con el penal y la delincuencia.

Fondas, restaurantes y pequeños comercios se asentaron justo enfrente del reclusorio, en violación de la normatividad, mientras que los ejidatarios poco a poco fueron vendiendo sus tierras. Ahora ya son contados los que se dedican a la siembra de maíz y de haba. La tierra dejó de ser productiva.

Una fuga anunciada

Así, la fuga del Chapo, aunada a la caótica urbanización de la zona, ha puesto en entredicho la seguridad del penal, que por cierto acaba de ser cuestionada por The New York Times. El diario estadunidense asegura que Almoloya tiene idénticos planos que el de Puente Grande, la otra prisión de máxima seguridad de donde se escapó el capo sinaloense.

En su edición digital del 24 de julio pasado, el diario mostró dos tomas satelitales de ambos centros de reclusión en las que se aprecian las similitudes en su diseño cuadrangular y en sus módulos interiores.

Las imágenes eran parte del reportaje firmado por William Neumanjuly, quien menciona que el narcotraficante logró conseguir una copia de los planos de Puente Grande que lo ayudaron a escapar en 2001. Y ahora se fuga del Altiplano por tener planos idénticos. “Salió dos veces de la misma prisión”, escribió.

El senador Alejandro Encinas, integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, reparó en otra grave falla de la cárcel: el grosor de su piso es de entre 10 y 12 centímetros, siendo que a él le tocó comprobar que algunos penales del Distrito Federal, cuando fungía como secretario de Gobierno, tenían un grosor de entre 40 y 80 centímetros. “Habrá que ver con qué especificaciones se construyó”, declaró el senador al portal México Legisla el pasado 13 de julio.

Para el criminólogo Enrique Zúñiga, las nuevas cárceles tratan de subsanar algunas deficiencias de los penales de máxima seguridad. Apunta:

“Los nuevos penales que está construyendo la iniciativa privada bajo el esquema de Centros de Prestación de Servicios ya están en zonas aisladas y a varios kilómetros de los centros de población, pese a que no son de máxima seguridad. Es el caso de las cárceles de Hermosillo, Sonora; Miahuatlán, Oaxaca; Ocampo, Guanajuato, y Tapachula, Chiapas.”

A diferencia de México, concluye, en Estados Unidos son muy rigurosos en cuanto al aislamiento de sus prisiones: “Allá se clasifican en varias categorías. Hay hasta de supermáxima seguridad, como la llamada Supermax de Colorado, que es incluso subterránea. Y ni qué decir de la prisión militar de Guantánamo, aisladísima, en territorio cubano”.