Revista
Proceso
# 2032, a 10 de octubre de 2015..’
General,
juez y parte/JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Ningún
secretario de la Defensa Nacional había debatido tanto públicamente, en tiempos
recientes, como el general Salvador
Cienfuegos Zepeda.
Al
general de división de 67 años que ha vivido desde dentro la actuación del
Ejército en el movimiento estudiantil, la guerra sucia de los sesenta y setenta
y el combate a la delincuencia, los foros militares le han resultado
insuficientes.
Contrario
a la actitud de sus antecesores de alejarse de la prensa, el titular de la
Secretaría de la Defensa Nacional se embarcó este año en un activismo mediático
que lo ha llevado a los horarios estelares de la televisión, a repeticiones en
cadenas de radio y a primeras planas de medios impresos.
Puestos
los micrófonos a su servicio, los ha utilizado para deliberar sobre dos de los
temas que implican directamente al Ejército y han colocado al gobierno de
Enrique Peña Nieto en el centro del escrutinio de los organismos
internacionales de derechos humanos: la matanza de Tlatlaya y la desaparición
de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Si
ya el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,
Roberto Campa, y la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu,
habían arremetido horas antes contra el informe de los expertos independientes,
el divisionario puso bajo cerrojo la posibilidad de que esa representación de
la CIDH ingresara al 27 Batallón de Infantería, en Iguala, para interrogar a
los militares que fueron testigos de lo que ocurrió con los estudiantes:
“Ingresar
a las instalaciones militares, a ver, ¿por qué? La Procuraduría General de la
República hizo su investigación y no encontró indicio mínimo de nuestra
participación en algo ilegal. Lo hizo la propia Comisión de los Derechos
Humanos y tampoco encontró nada. Acaba de dar su informe este grupo de expertos
de la Comisión Interamericana y también dice que no hay indicio de que el
Ejército haya participado. ¿Cuál es la razón o el pretexto de querer ingresar a
los cuarteles?”, dijo.
Más
aun, advirtió: “Yo he estado en la posición de que no tienen por qué declarar
los soldados. Primero, porque no hay un señalamiento claro de algún
involucramiento. Nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales
mexicanas. El convenio que hace el gobierno de la República con la Comisión
Interamericana, en ningún momento dice que pueden interrogar. No es posible.
Las leyes no lo permiten.
“No
me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados, que no
cometieron hasta ahorita ningún delito. ¿Qué quieren saber?, ¿qué sabían los
soldados? Está todo declarado. Yo no puedo permitir que a los soldados los
traten como criminales, los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir
que tienen algo que ver…”
El
jueves 8, en conferencia de prensa en Washington, el secretario ejecutivo de la
CIDH, Emilio Álvarez Icaza, manifestó su preocupación por los dichos del
general Cienfuegos en la entrevista con Televisa y planteó: “Entiendo que
quienes mandan en México son las autoridades civiles. En su caso será el
presidente de la República el que tendría que tomar la última decisión. De no
ser el caso, que nos notifiquen que no son las autoridades civiles las que
mandan y entenderíamos entonces que las palabras del secretario de la Defensa
son las últimas”.
Tlatlaya
Al
siguiente día, el miércoles 7, cuando se esperaba el pronunciamiento público
del alto comisionado de la ONU, que finalmente fue de apoyo a los expertos
independientes, Televisa transmitió la segunda parte de la entrevista con
Cienfuegos, donde el tema fue la matanza de 22 presuntos delincuentes en
Tlatlaya y que desde un principio el Ejército ha presentado como un
“enfrentamiento”.
Dijo
el general Cienfuegos: “No hay todavía una decisión de la autoridad, que es un
juez, que diga si somos culpables o que no lo somos, y yo sugeriría o pediría
que primero se lleve a cabo el juicio y que se defina si hay una
responsabilidad y si la hay, bueno, que se proceda como corresponda a derecho.
Nosotros seguiremos apoyando a nuestra gente. Yo creo en lo que ellos han
dicho”.
Dos
días antes, el lunes 5, un tribunal federal había ordenado la liberación de
cuatro de los siete militares encausados por los hechos de Tlatlaya, debido a
que la Procuraduría General de la República no demostró su responsabilidad en
el delito de abuso de autoridad y encubrimiento.
Ayotzinapa
y Tlatlaya se han convertido en la sombra del general. Así quedó expresado en
la entrevista que le dio al periódico Excélsior, publicada también en dos
partes, el 9 y 10 de julio pasados. Sobre lo que ocurrió en Iguala, le dijo al
periodista Jorge Fernández Menéndez que sólo hasta después de la desaparición
de los normalistas el Ejército se enteró de la relación de las autoridades
municipales con la delincuencia.
Aseguró
que esa noche el cuartel militar estaba casi vacío y “de haber tenido gente y
haber salido a contener este problema se tiene que apoyar a la autoridad y la
autoridad es la policía, que hoy sabemos que estaba… penetrada.
“Pero
cuando se están enfrentando a los jóvenes, están en actitud de policías. ¿A
quién defendemos? ¿A la policía o a estos jóvenes que estaban enfrentando a la
policía? Entonces, yo diría que en ese momento qué bueno que no había con qué
haber salido (sic), porque de haber salido hubiéramos creado un problema
mayor”.
Reiteró
su rechazo al ingreso a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería: “Lo
que no permitimos es que entren a denostarnos…No hay razón que fundamente el
que se permita la entrada, no tenemos por qué hacerlo, no estamos dispuestos”.
Sobre
Tlatlaya, aseguró que el Ejército fue el atacado y que fue una más de las 940
agresiones que había tenido hasta ese momento durante el gobierno de Peña
Nieto: “Yo he insistido en que es importante, urgente, que se lleve a cabo el
juicio, y si nosotros somos responsables, que cada quien reciba el castigo que
corresponda, pero si no lo son, que se diga claramente que los soldados son
inocentes”.
En
el inicio de su ronda mediática, el general se concentró en el caso de
Tlatlaya, pues se cumplía el primer año de los hechos ocurridos en una bodega
de la comunidad de San Pedro Limón, en ese municipio del Estado de México.
La
primera de sus entrevistas se publicó el 29 de junio pasado en el periódico El
Universal, firmada por el periodista Carlos Benavides, a quien le dijo que el
caso Tlatlaya “ha sido manejado de manera superficial, sin conocimiento de las
cosas… Lo único que está comprobado es que hubo una agresión de estas personas
que fallecieron ahí”.
Reprochó
que para ese momento el caso no se haya resuelto en la justicia civil, porque
quedó en tribunales del fuero común como resultado de la reforma al Código de
Justicia Militar. “En el sistema de justicia militar estos problemas los solucionamos
muy rápido. Nuestra justicia sí es rápida y expedita”.
Aunque
dijo que la participación de los militares en labores de seguridad pública ha
significado un desgaste para las Fuerzas Armadas, pidió respaldo legal para que
los militares sigan en las calles: “Yo soy de la opinión que si vamos a
utilizar a las Fuerzas Armadas, las utilicemos para poner orden, no para ver si
pondremos orden”. l
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