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Palabra incumplida: la búsqueda de desaparecidos, sin ley ni presupuesto

Revista Proceso # 2038, 21 de noviembre de 2015
Palabra incumplida: la búsqueda de desaparecidos, sin ley ni presupuesto/GLORIA LETICIA DÍAZ
En noviembre de 2014, luego de reunirse con los padres de los normalistas de Ayotzinapa, el presidente Peña Nieto prometió la creación de una Ley General sobre Desaparición Forzada. Pero hasta la fecha esa ley no existe. Lo que sí hay es una fiscalía especializada en la búsqueda de desaparecidos, pero a ésta se le asigna cada vez menos dinero. Para el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos esto no es más que el reflejo del nulo interés del gobierno por atender una crisis que tiene a México bajo los reflectores internacionales.
El incumplimiento de la palabra de Enrique Peña Nieto, cuando ante el reclamo de familiares de desaparecidos lanzó su decálogo para combatir la corrupción y la inseguridad, confirma una vez más que los derechos humanos no forman parte de la agenda del gobierno.
Quien afirma lo anterior es Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro ­Prodh), organización que acompaña a los familiares y víctimas de la tragedia de Iguala.

Agrega: no sólo se trata del incumplimiento del decálogo presentado por Peña Nieto el 27 de noviembre de 2014 –luego de más de cinco horas de escuchar los reclamos de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa–, que para organizaciones de derechos humanos ya era “insuficiente”, sino de que el presupuesto presentado por su gobierno y avalado por la Cámara de Diputados no responde al tamaño de la crisis que ya puso a México bajo el escrutinio internacional.
“Los eventos que vimos en el segundo semestre del año pasado pusieron en evidencia la crisis de derechos humanos y de corrupción que hay en México, y suponíamos que eran un punto de inflexión para acelerar reformas profundas en materia de justicia”, reflexiona Aguirre.
Puntualiza: “Esa crisis, diagnosticada y señalada por organismos internacionales, ya existía antes de Tlatlaya, Ayotzinapa o la Casa Blanca; no es que el caso de Iguala sea más importante, sino que hablamos de una acumulación de sucesos que debieron de generar ese cambio; vemos que no se dio, ni siquiera en el cumplimiento del decálogo, el cual para muchas organizaciones era insuficiente y transfería la responsabilidad al Poder Legislativo”.
Testigo de la reunión que Peña Nieto se vio forzado a encabezar en Los Pinos con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Aguirre resalta que se llega a un año de esa promesa de compromisos “sin una agenda de cambios que refleje una concepción cabal de lo sucedido el año pasado; el Ejecutivo no ha impulsado los cambios y ningún partido abandera esta agenda ciudadana”.
De los puntos enlistados por Peña Nieto, resalta Aguirre, el de interés para las organizaciones y familiares de víctimas de desaparecidos se resumía en “presentar una iniciativa de reforma para facultar al Congreso a expedir leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada; además, fortalecer protocolos para evitar que funcionarios cometan estos crímenes, crear un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas y publicar el reglamento de la Ley General de Víctimas”.
Ante la descomunal cifra oficial –más de 23 mil desaparecidos–, Aguirre considera que una “Ley General sobre ­Desaparición Forzada por sí misma no va a resolver el enorme problema de desaparecidos, pero sí va a dotar de nuevas herramientas a los familiares para exigir rendición de cuentas a los encargados de la investigación”.
Menos dinero, menos interés
Recuerda que el jueves 12, familiares organizados en el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México y organizaciones civiles, entre ellas el Centro Prodh, expresaron su preocupación por las limitaciones presupuestarias a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas, organismo creado en junio de 2013 con el nombre de Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UEBPD) y que apenas en octubre pasado cambió su denominación.
Ese día, el movimiento recordó que en 2014, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se le asignaron a la UEBPD 40 millones 209 mil 5 pesos, monto que cayó drásticamente un año después: 14 millones 676 mil 268 pesos.
Para 2016, la propuesta de Peña Nieto para atender la crisis de desapariciones fue de 28 millones 114 mil 11 pesos, “una disminución de 34% del presupuesto asignado en 2014 a la UEBPD”. Este presupuesto fue aprobado en la Cámara de Diputados el viernes 13.
Retoma Aguirre: “La falta de una ley general que se traduce en la falta de ese Sistema Nacional de Búsqueda y por otro lado el decremento de la Unidad o Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, de lo que habla es de que no hay priorización de la problemática de los desaparecidos en el país, no se ha comprendido el tamaño de la crisis en derechos humanos o no se quiere reconocer; lo que esta omisión genera es que las familias sigan esperando una justicia y una verdad que no están siendo priorizada por esta administración”.
Movidos por el interés de tener incidencia en la elaboración de la ley en materia de desaparición forzada prometida por Peña Nieto, miles de familiares de víctimas condensaron sus pequeñas agrupaciones regionales en el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, que al inicio del periodo de sesiones en el Congreso entregó un documento donde fijaba los puntos torales para la ley general, producto de seis foros regionales en los que participaron 35 colectivos y 40 organizaciones civiles.
“El gobierno mexicano ha sido rebasado por las desapariciones forzadas en el país, y si los 43 (normalistas) no estuvieran desaparecidos, a nosotros no nos tomarían en cuenta como organizaciones ni como nada”, dice a Proceso Mirna Medina Quiñones, madre de Roberto Corrales, desaparecido en febrero de 2014 en El Fuerte, Sinaloa.
Representante del colectivo Desaparecidos de El Fuerte –que agrupa al menos a 39 familias–, miembro a su vez del Movimiento Nacional, Medina apunta que el problema no se circunscribe a los estudiantes guerrerenses desaparecidos entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014: “Con ellos se dio a conocer México como lo que es: una fosa gigante, porque la mayoría de los desparecidos se encuentran sepultados, no sólo de forma real sino por el gobierno de Peña Nieto, que hace un año se comprometió y sigue sin existir un sistema nacional de búsqueda de desaparecidos”.
 Dirigente de un grupo de mujeres a quienes llaman Las Rastreadoras, por la búsqueda incansable de sus familiares ante la pasividad de las autoridades federales y estatales, Mirna señala que Peña Nieto “no ha querido presentar la ley general, lo que tiene detenido todo el proceso legislativo y el asunto de los recursos porque éstos no se pueden liberar para buscar a los desaparecidos mientras no haya una ley”.
 El miércoles 18, representantes del Movimiento Nacional se presentaron por primera vez ante los medios para manifestar su extrañeza ante la tardanza de Peña Nieto, “lo cual se observa como una muestra de desinterés de quienes tienen en sus manos poner fin a la impunidad y a la incertidumbre de las víctimas”, señalaron.
 Como evidencia de ese desdén, los familiares recordaron el “maltrato presupuestario” para 2016, pese a que le propusieron al Congreso que el monto para la Fiscalía Especializada se elevara a poco más de 140 millones de pesos para “empezar a construir las condiciones mínimas necesarias (…) materiales y tecnológicas para la búsqueda” de los desaparecidos, así como “para la exhumación e identificación de los restos de personas encontradas en fosas comunes y clandestinas”.
 El mismo día, el diputado perredista Omar Ortega Álvarez retomó la petición de los familiares integrados en el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos y presentó una reserva al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, que pretendía elevar de 28 millones 114 mil pesos a 140 millones 570 pesos el monto asignado a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
 De acuerdo con la reserva dirigida al presidente de la Mesa Directiva, su correligionario Jesús Zambrano Grijalva, Ortega consideraba prudente restar 112 millones 456 mil pesos al programa E003 del Ramo 17 (la PGR): “Investigar y perseguir los delitos relativos a la delincuencia organizada”, y reorientarlos a la fiscalía.
 Aunque en su explicación de motivos el diputado perredista consideraba que la ampliación presupuestaria “para que México garantice el derecho a la verdad y a la justicia de todas las víctimas de desaparición y se acaten las recomendaciones de las que México ha sido objeto en materia de desaparición forzada de personas no debería enfrenar ninguna oposición”, la mayoría priista y sus aliados se impusieron en la votación. La reserva no pasó.
 Para Ortega, el incremento al presupuesto de la oficina responsable de la búsqueda de desaparecidos estaba más que justificada, incluso desde el propio discurso oficial del combate a la delincuencia.
 “El tratamiento debe ser integral –apunta en entrevista–; si se van a incrementar fondos para el combate a la delincuencia, es fundamental también buscar la verdad y la justicia para los desaparecidos. Es un derecho de todo mundo saber dónde se encuentran sus familiares, porque en esta guerra a los desaparecidos se les ve como daños colaterales.”
 Vicecoordinador del PRD, Ortega resalta que con los poco más de 28 millones aprobados para la búsqueda de desaparecidos, lo que ahora queda es la vigilancia en la utilización de los recursos.
 “Mi percepción es que si no hay resultados en la búsqueda de los desaparecidos se puede pensar que no hacen bien su trabajo, es ineficacia, no se llevan a cabo los protocolos o hay corrupción, y hay que reconocer que lo que el caso de Ayotzinapa nos vino a demostrar es precisamente que este presidente (Peña Nieto) no le ha dado la debida importancia al tema de las desapariciones, el que tiene a México en el ojo del huracán; ha sido ineficiente e incapaz de resolver los problemas”.

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