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Todos lo sabían, nadie hizo nada/

Revista Proceso # 2038, 21 de noviembre de 2015
Todos lo sabían, nadie hizo nada/JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Muchas señales de alerta fueron enviadas por los policías federales encargados de vigilar a Joaquín El Chapo Guzmán cuando estaba preso en El Altiplano. Todas apuntaban a una posible fuga del narcotraficante, según revela información obtenida por este semanario gracias a la plataforma Méxicoleaks, misma que fue verificada con funcionarios del gabinete de seguridad. Pero todo lo informado por los agentes a sus entonces jefes, Ramón Eduardo Pequeño, de la División de Inteligencia de la PF, y Monte Alejandro Rubido, titular de la Comisión Nacional de Seguridad –ambos subordinados del secretario de Gobernación, y antes parte del equipo de Genaro García Luna–, cayó en el vacío. Nadie se dio por enterado. Nadie evitó el escape.

 'La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera era un escenario posible que advirtieron en distintas ocasiones los policías federales encargados de su vigilancia. A través de las escuchas de sus conversaciones supieron que con la ayuda de sus abogados, de otros internos del Altiplano y contactos con funcionarios de la Secretaría de Gobernación estaba tras los planos de ese penal.
 También interesados en obtenerlos se mostraron los representantes de la empresa Systemtech, responsable de colocarle a Guzmán el brazalete que lo ubicaba en el área de Tratamientos Especiales, de donde nunca fue movido.

 Los agentes federales reportaron esos hechos desde el Cefereso número 1 a quienes tenían que saberlo en la División de Inteligencia, en la Ciudad de México. La información acabó perdida en la red de funcionarios de esa área de la Policía Federal (PF).
 La posibilidad de una segunda fuga de un penal de máxima seguridad fue considerada por sus vigilantes desde finales de 2014, pero todavía en marzo de este año, a cuatro meses de que ocurriera, la valoraron como “compleja”, según información de inteligencia obtenida por Proceso a través de la plataforma Méxicoleaks y verificada con funcionarios del gabinete de seguridad.
 Concretada la evasión la noche del sábado 11 de julio, los encargados de la vigilancia del líder más conocido del Cártel de Sinaloa informaron cinco días después: “El área a cargo de dicho seguimiento se hizo cargo de informar a los mandos que correspondía, la intención de dar un seguimiento puntual de las relaciones que el capo iba consolidando mientras se encontraba en reclusión. Por ello se realizó el documento… en el que se enfatizó las intenciones desde finales de 2014 que tenía el exlíder de planear una fuga, por supuesto con el apoyo de funcionarios”.
 La información es parte de reportes de inteligencia y tarjetas informativas elaborados para la PF, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Secretaría de Gobernación (Segob).
 Como responsable de las políticas de seguridad pública para el país, la Segob absorbió a partir de este sexenio las funciones de la Secretaría de Seguridad Federal y las concentró en la CNS, de la que depende la Policía Federal. Además, es responsable del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), encargado de la administración de los penales federales.
 La fuga del Chapo implica a todas esas instancias, además de las autoridades del Altiplano. Sin embargo, y a pesar de las alusiones a “altos funcionarios” de la Segob, sólo una del OADPRS ha sido acusada como probable responsable de la evasión: Celina Oseguera Parra, entonces coordinadora general de Centros Federales.
 Su jefe inmediato, el titular del OADPRS, Ignacio Hernández Mora, sólo fue cesado, sin que se abriera una indagatoria penal en su contra, de acuerdo con lo informado hasta ahora por la Procuraduría General de la República (PGR).
 Tampoco se inició proceso penal contra el jefe de la División de Inteligencia, el comisario Ramón Eduardo Pequeño García, el primer responsable del seguimiento y vigilancia del Chapo. Sólo fue removido en espera de ser reasignado a una nueva área dentro de la PF.
 Ambos fueron protegidos por su jefe, el entonces titular de la CNS, Monte Alejandro Rubido García. Hernández Mora había llegado al OADPRS a instancia de Rubido, pese a su falta de conocimiento en el área penitenciaria, lo que generó diferencias con Oseguera, quien sí tiene una experiencia de casi tres décadas en la materia.
 Ante el escándalo internacional por la evasión, Pequeño García tuvo que salir de la División de Inteligencia, pero a instancias de Rubido se esperaba que fuera designado titular de la Policía Cibernética. Su nuevo nombramiento sólo era cuestión de días.
 Los funcionarios federales contaron a Proceso que su nuevo encargo se haría al mismo tiempo que la designación como nuevo jefe de la División de Inteligencia de Damián Canales Mena, quien había renunciado como jefe de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México tres semanas antes de la fuga del Chapo.
 Pero en la víspera del nombramiento, que se hizo el 15 de julio, Pequeño García fue captado por los servicios de inteligencia de la Segob en una reunión con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna en un restaurante del sur de la Ciudad de México. El titular de la Segob ordenó la salida definitiva de Pequeño de la PF.
Su hasta entonces jefe y viejo aliado, Monte Alejandro Rubido, también cercano a García Luna, terminó por renunciar a la CNS el 27 de agosto, a pesar de que tras la fuga dijo que no dimitiría.
 Segundas alertas
 De acuerdo con lo reportado durante la prisión del Chapo, la perspectiva de un segundo escape se volvió a considerar en marzo de 2015, cuatro meses antes de que ocurriera.
 Los encargados de vigilar a Guzmán, a quien se referían como Benito, escribieron: “No se puede descartar una segunda fuga ya que existe la posibilidad de que esté coadyuvando con algún otro recluso, esto debido a que los planos del Cefereso Altiplano podrían servir también para los de Occidente y Noreste porque fueron construidos de la misma forma”. El penal de Occidente está en Guadalajara –de donde El Chapo se fugó en 2001– y el Noreste, en Matamoros, Tamaulipas.
 Los vigilantes de Guzmán también habían detectado que por medio de su abogado Andrés Granados Flores El Chapo solicitó los planos, croquis e imágenes del penal del Altiplano, así como de la distribución de los internos. El litigante fue uno de los primeros detenidos tras la fuga, pero la PGR careció de pruebas para demostrar su culpabilidad, por lo que la justicia federal decretó su liberación.
 Los encargados del seguimiento refirieron que la búsqueda de los planos “pudiera obedecer a la intención de tratar de fugarse nuevamente, aunque las condiciones, de concretarlas, se aprecian complejas”.
 El primer intento por conseguir los planos ocurrió el 14 de marzo de 2014, cuando Guzmán apenas llevaba un mes preso en el Altiplano. Según sus vigilantes, ese día ingresaron al penal José Rodolfo Ordóñez Arce y Miguel Ángel Razo Quevedo, representantes de la empresa Systemtech, quienes recorrieron diferentes áreas del Cefereso para ver si era factible instalar un sistema de monitoreo georreferenciado que se activaría por radiofrecuencia.
 El sistema consistiría en colocar un dispositivo en el tobillo o muñeca de Benito que emitiría una alarma audiovisual en caso de que se utilizara en una ruta diferente al momento de desplazarse hacia los juzgados o las áreas de visita.
 Los técnicos pidieron un croquis del penal. El entonces director del Cefereso 1, Valentín Cárdenas Lerma, actualmente detenido, les dijo que la petición la debían hacer al OADPRS.
Seis días después de ese recorrido, el 20 de marzo, el técnico de la empresa Mario Alberto Portela Gil, entró a la celda del Chapo, la número 20 del pasillo 2 del área de Tratamientos Especiales, donde estaban concentrados varios de los principales jefes del narcotráfico en México.
El técnico colocó un contacto para que Guzmán Loera pudiera cargar el brazalete por lo menos durante dos horas al día. El propósito era que lo usara como reloj, según dijo el director del penal. El dispositivo le fue colocado ese mismo día, pero sus vigilantes reportaron que le tuvo que ser cambiado en tres ocasiones.
Los funcionarios gubernamentales aseguran a este semanario que durante toda la vigilancia el brazalete fue inútil. Dicen también que las investigaciones por la evasión incluyen a Systemtech.
Según el portal electrónico de la empresa Systemtech Soluciones Tecnológicas se trata de una firma dedicada a la venta de productos y servicios de tecnología creada en 1978. Entre sus productos está el dispositivo de rastreo satelital “para preliberados o programas de justicia restaurativa”.
En los registros de la CNS sobre empresas de seguridad privada autorizadas está registrada como Systemtech Sistemas Tecnológicos, S.A. de C.V., con permiso para operar en todo el país hasta junio de 2016.
Fundada por mexicanos de origen israelí, la firma tiene autorización para la instalación de alarmas y monitoreo electrónico, así como para la venta e instalación de equipos, dispositivos, aparatos y sistemas de posicionamiento global (GPS), entre otras capacidades.
Proceso buscó a los representantes de la empresa; no contestaron.
Systemtech Sistemas Tecnológicos también ha sido contratada por el Gobierno del Distrito Federal para el monitoreo electrónico de preliberados. Uno de los contratos más recientes data de enero de este año.
El Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal indica que su principal accionista fundadora fue la firma Asiagro Private Limited. Su actual administrador es Manuel Calderón Correa. Uno de sus comisarios ha sido Samuel Fridman Goldberg, quien aparece en la lista de Swissleaks sobre los mexicanos que ocultaron dinero en Suiza, según los registros del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, de Washington.
Los reportes sobre El Chapo enviados a la División de Inteligencia se refieren a esa misma razón social como la encargada de instalar un sistema de identificación por radiofrecuencia (RFID) mediante un brazalete “instalando en el centro de control la estación de monitoreo”. Desde el inicio aclaró que el dispositivo sólo iba a operar en el área de Tratamientos Especiales.
El centro de monitoreo del penal estaba a cargo de efectivos de la PF que ahora están también acusados como corresponsables de la fuga. En total, 12 de ellos están bajo proceso penal por la evasión. Pero la responsabilidad establecida por la PGR no va más allá de estos empleados.
Los resultados del monitoreo se transmitían a la División de Inteligencia, en la sede de la PF en la Ciudad de México. Para el funcionamiento del brazalete, el RFID tiene un microchip adjunto a una o más antenas que emiten ondas de radio y reciben las señales del dispositivo. 
Los agentes federales sostuvieron que fue el 5 de agosto del año pasado cuando Cárdenas Lerma recibió indicaciones de Celina Oseguera en el sentido de que para aumentar la seguridad y mejorar la ubicación de Benito se iban a colocar antenas de seguridad. Le informó que al día siguiente personal de una empresa cuyo nombre no se indica entraría al Cefereso para “realizar unos estudios de campo en relación a unas antenas que precisarán la ubicación de Benito”.
 Cárdenas le advirtió a Oseguera que el brazalete ya estaba muy deteriorado y ese mismo día se le había caído al interno durante la visita familiar.
 En una interpretación de esos datos, la información considera que la ubicación y coordenadas precisas del Chapo en el penal pudieron haber sido por las antenas o a través del cargador del brazalete, si es que tenía un GPS.
 En la década pasada José Rodolfo Ordóñez Arce, uno de los representantes de Systemtech y quien de acuerdo con los informes recorrió el penal, fue subdirector de Informática en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal. En 2005, empleados de esa oficina protestaron ante el entonces jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, por los malos tratos de Ordóñez Arce.
 Múltiples avisos
 En los detalles técnicos sobre la vigilancia del Chapo se reportaron fallas en la cámara 326 los días 24, 25 y 26 de junio de 2014, aproximadamente media hora cada vez. Esa cámara estaba justamente en el pasillo 2, estancia 20, “donde se ubica Benito”.
 Lo que pasó después con toda esa información no se conoce. Se diluyó en la División de Inteligencia. Así lo consignan los datos obtenidos por Proceso a través de la plataforma Méxicoleaks.
 Los encargados de vigilar a Guzmán Loera en el penal transcribieron las conversaciones del Chapo en las salas familiares, las visitas íntimas, los locutorios y los juzgados. La información era enviada entonces a la Dirección General del Centro de Monitoreo, adscrita a la Coordinación de Servicios Técnicos de la División de Inteligencia, en las instalaciones de la PF en la avenida Constituyentes de la Ciudad de México.
 Sólo entre el 5 de septiembre de 2014 y el 10 de julio de 2015, el día previo a la fuga, hubo cerca de 400 mensajes electrónicos dirigidos a 14 agentes de inteligencia en Constituyentes sobre lo que ocurría en el penal, en especial con los internos de Tratamientos Especiales. El contenido de los mensajes no fue revelado sino solamente a quienes estuvieron dirigidos. Únicamente se consignó el asunto, la fecha y el tamaño del archivo.
 De los 390 mensajes enlistados en ese periodo, 249 eran sobre Benito. El 26 de mayo, por ejemplo, una de las comunicaciones estuvo destinada al ingeniero en computación Pedro Damián Acosta Carrillo, director de área en la División de Inteligencia. El asunto se tituló “Benito Relevante”. El 21 de enero de este año, en un mensaje también dirigido a Acosta Carrillo, el asunto fue “Fallas técnicas Brazalete Benito”. No era la primera vez que ocurría.
 Hay también un reporte sobre Cárdenas Lerma; una huelga de hambre el 28 de abril de 2015, y uno más sobre Irma Neri García, una de las mujeres de Guzmán.
 Hubo también comunicaciones específicas sobre los compañeros del Chapo en el pasillo 2 del área de Tratamientos Especiales. Destacan por su incidencia los de Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, jefe regional de Los Zetas en Tamaulipas, y con quien, según los reportes, había pactado una tregua dentro y fuera del penal.
 Nájera estaba en el mismo pasillo que El Chapo, aunque no en celdas contiguas. Falleció el 7 de septiembre pasado por causas no aclaradas, cuando enfrentaba cuatro litigios contra las nuevas autoridades del Altiplano. Su intención era desactivar los castigos que le empezaron a aplicar luego de declarar ante la PGR lo que sabía sobre la fuga y las actividades de Guzmán en el llamado penal de máxima seguridad (Proceso 2030).
En teoría, la información que producían los policías federales en el Altiplano era recibida en la Dirección General del Centro de Monitoreo Técnico de la División de Inteligencia y entregada para su análisis al entonces comisario Pequeño García. De la División de Inteligencia, la evaluación de los datos era entregada al entonces titular de la CNS, Rubido García, quien debía pasar el producto de inteligencia al titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Entre los datos filtrados se asegura también que en dicha Dirección General prevalece la improvisación desde hace más de dos años, cuando los anteriores mandos fueron cambiados por denuncias de corrupción y acoso sexual y laboral.
Entre los nuevos mandos está el encargado del Centro de Control en el Altiplano, Vicente Flores Hernández, quien recibía la información sobre las actividades de Guzmán. 
Flores le reportaba al director de Monitoreo Técnico, David Fernando Rodríguez Robledo, y éste a Dante Barrera Aguilar, encargado interino de la Dirección General del Centro de Monitoreo Técnico.
 Hasta ahora sólo Flores Hernández ha sido señalado por la PGR por su probable responsabilidad en la evasión. Barrera y Rodríguez, como Rubido y Pequeño, formaron parte del equipo de Genaro García Luna cuando éste fungió como secretario federal de Seguridad Pública.
 Rodríguez Robledo es señalado en un escrito atribuido a personal de la Dirección de Monitoreo a Centros Penitenciarios Federales y Puntos Estratégicos como el responsable de haber hecho cambios contrarios al funcionamiento del seguimiento en las cárceles.
 Desde marzo de 2013, cuando fue nombrado director de Monitoreo, y con el argumento de que había exceso de personal, desmanteló áreas que afectaron el seguimiento de la información sobre lo que ocurre en los penales federales, según una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto el 31 de agosto pasado y que fue hecha llegar a este semanario por conducto de la plataforma Méxicoleaks.

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