5 feb. 2017

La revuelta ciudadana contra la corrupción


Tras largas deliberaciones y en una sesión pública, el Comité de Participación Ciudadana quedó integrado por Jacqueline Peschard, Marie Claire Acosta, José Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez de Acha y Alfonso Hernández
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Revista Proceso # 2101, 5 de febrero de 2017.
La revuelta ciudadana contra la corrupción/
SERGIO LÓPEZ AYLLÓN Y PEDRO SALAZAR
Ante el flagelo de la corrupción, la sociedad mexicana sólo tenía dos cauces para canalizar su indignación: el aumento de la desesperanza y la violencia o la organización social y el cambio institucional. Apostó por este último. Empujó así para establecer un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) capaz de generar políticas y acciones articuladas entre seis instituciones que actuaban de manera fragmentada. Este sistema será conducido por un comité integrado por cinco ciudadanos. “Por una vez los políticos dejaron en manos de los ciudadanos las decisiones”, sostienen Sergio López Ayllón, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM –ambos integrantes del Consejo que seleccionó a los miembros del Comité de Participación Ciudadana– en el siguiente ensayo, que fue entregado en exclusiva para su publicación en Proceso.
Durante mucho tiempo los mexicanos hemos convivido con la corrupción. En los últimos 20 años el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ha ubicado a México entre los países más corruptos, sin que ello alterara las dinámicas de uso y abuso de los recursos públicos. Así que lo que ha cambiado es la cada vez menor tolerancia social frente a este problema.

Este cambio, que maduró de manera gradual, necesitó de un momento de catarsis para que la atención y los esfuerzos de la sociedad organizada y la academia se concentraran en modificar el espacio público y el contexto institucional que permitía y fomentaba la corrupción. De acuerdo con Mauricio Merino (México: la batalla contra la corrupción, 2015), este cambio fue propiciado por los casos de Ayotzinapa y la Casa Blanca. Éstos y otros sucesos pusieron en evidencia que existe una transformación en la moral pública y privada. El antropólogo Claudio Lomnitz escribió al respecto: “Hay en México hoy una demanda o, mejor dicho, una sensación difusa pero muy palpable, que pide cambios hondos en la moral pública” (Revolución moral, en La Jornada 17/12/2014).
El hartazgo, la apatía, la indignación y el enojo de la sociedad mexicana tenían dos posibles causas: el aumento de la desesperanza y la violencia o la organización social y el cambio institucional. Esta última fue la apuesta ciudadana detrás de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Durante los últimos 30 años, el Estado mexicano intentó abatir la corrupción con diferentes instituciones y mecanismos. Todos fallaron estrepitosamente. El más reciente intento en esa dirección ocurrió en 2012, cuando el entonces candidato a la Presidencia de la República Enrique Peña Nieto propuso crear una Comisión Nacional Anticorrupción. Presos de la demagogia política, se buscaba encontrar una “bala de plata” que resolviera el problema. Frente a esta propuesta, las organizaciones académicas y sociales reaccionaron y lograron modificar el rumbo fomentando una profunda reforma constitucional (Diario Oficial de la Federación 250515).
Los cambios a la Constitución eran sólo el inicio de un largo camino, pues eran necesarias las normas secundarias que aterrizaran la operación constitucional. La sociedad civil, junto con la academia y los empresarios, tomaron la delantera, y con la llamada Ley 3de3, apoyada por más de 600 mil firmas, lograron incidir de manera significativa en el diseño del SNA.
En efecto, la Ley 3de3 fue la punta de lanza para crear un nuevo espacio de coordinación y colaboración interinstitucional capaz de generar políticas y acciones articuladas entre seis instituciones que actuaban de manera fragmentada. La idea es asegurar una acción concertada del órgano responsable de la transparencia (el INAI) de las instituciones de control interno (Secretaría de la Función Pública) y la fiscalización (Auditoría Superior de la Federación) de la persecución de los delitos (Fiscalía Especializada en materia de anticorrupción), y de aquellas que tienen la encomienda de juzgar e imponer las sanciones (Tribunal de Justicia Administrativa y Consejo de la Judicatura Federal). En otras palabras, en lugar de crear otra institución, se trataba de asegurar una política nacional capaz de incidir eficazmente en la prevención, combate y sanción de la corrupción mediante un cambio profundo del marco normativo y político que articulara la acción de las instituciones existentes.
Todo lo anterior era necesario, pero no suficiente. La verdadera innovación del SNA es que otorgó a los ciudadanos la presidencia del sistema y con ello la capacidad de incidir en la agenda. Así, se creó el Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco ciudadanos, quienes tendrán la responsabilidad política y técnica de conducir el SNA. Deberán marcar la ruta, establecer y medir los objetivos, combatir las inercias y exigir públicamente resultados. Este comité puede jugar en la vida del país un papel tan importante como el que, en su momento, jugó el primer consejo electoral ciudadano.
El diseño del comité condujo a otra novedad institucional: sus cinco miembros no fueron designados por los políticos, sino por otros nueve ciudadanos que trabajarán de manera honorífica. Las instituciones académicas y sociales se movilizaron y coordinaron para asegurar que esos nueve electores tuvieran la independencia necesaria y no fueran cooptados por los partidos políticos. El Senado designó como miembros de la Comisión de Selección a Edna Jaime (México Evalúa), María Elena Morera (Causa en Común), Viridiana Ríos (investigadora), Cynthia Cantero (Instituto de Transparencia de Jalisco), Juan Pardinas (Instituto Mexicano para la Competitividad), José Luis Caballero (Universidad Iberoamericana), Antonio Carlos Gómez (reconocido contador y presidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad), Pedro Salazar (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) y Sergio López Ayllón (Centro de Investigación y Docencia Económicas).
El reto de la comisión era enorme. Tenía que seleccionar, mediante un proceso abierto y público, a cinco personas que por su trayectoria, credibilidad pública y autoridad moral tuvieran legitimidad, proyección y capacidad de conducción política del SNA. La tarea no era sólo técnica, sino fundamentalmente política. ¿Cómo atraer a las personas idóneas para desempeñar esa función sin poner en riesgo sus trayectorias? Esto sería sólo posible a través de un procedimiento objetivo, riguroso, equitativo y transparente. Del éxito de la operación dependía que el SNA tuviera viabilidad y, al mismo tiempo, pudiera sentar el precedente de que es posible tener procesos de selección a partir de criterios razonables y de los méritos de los candidatos y no con base en la componenda política o los intereses de grupos.
Así, la comisión lanzó una convocatoria amplia dirigida a las organizaciones e instituciones. La lógica subyacente era fomentar la acción institucional para asegurar que pudieran llegar los mejores perfiles con un respaldo sólido. Junto con la convocatoria, los miembros de la comisión promovieron directamente con múltiples instituciones y organizaciones la postulación de candidatas y candidatos de muy diversa procedencia y conocimientos.
La comisión abrió también un sitio en internet (comisionsna.mx) donde de manera constante se publicaron todos los acuerdos y decisiones adoptados, los perfiles de los candidatos, los calendarios de actividades, las reglas de operación, así como el reporte de contactos que transparentaban cualquier interacción de los miembros de la comisión con actores políticos y candidatos. De manera muy destacada, se publicó la metodología que se utilizaría en las diferentes etapas del proceso de selección; un conjunto de criterios y procedimientos para asegurar la mayor objetividad posible. Todo ello en un proceso que necesariamente implica juicios y decisiones subjetivos.
Durante el proceso se recibieron de manera física o electrónica 70 postulaciones. De ellas, 60 pasaron a la etapa de evaluación documental. Cada expediente fue evaluado de manera independiente por tres miembros de la comisión y los resultados se consolidaron y revisaron para evitar posibles distorsiones generadas en la diversidad de juicios. Cuando se presentaron conflictos de interés, se hicieron públicos, y los evaluadores se excusaron y fueron reemplazados por otros. Finalmente, se seleccionó a las 17 personas que obtuvieron los mejores puntajes.
Se inició así la etapa de entrevistas, que tenía como propósito obtener mayores elementos de decisión. No se trataba de una comparecencia de forma ni de un “examen”, sino de un diálogo respetuoso que permitiera entender mejor las visiones sobre el sistema, así como las aportaciones específicas de cada uno de ellos. Luego de las entrevistas se abrió un último espacio público para consultar a las organizaciones e instituciones.
Con todos estos elementos, la comisión encaró la etapa de decisión. Fueron momentos de diálogo intenso. Poco a poco se fueron decantando criterios y perfiles. Señalamos algunos que resultaron definitorios: en primer lugar, el imperativo de lograr equidad de género, no como un problema de cuotas, sino con la convicción de que la diversidad y la calidad de las candidatas enriquecerían el colectivo. Otro criterio crucial fue la necesidad de integrar un comité que representara la diversidad regional del país. También se tomó en consideración la necesidad de contar con conocimientos especializados, en particular en materia jurídica, de contabilidad y auditoría gubernamental, así como de sistemas de información. Finalmente se buscó asegurar la mayor interlocución posible con los diferentes sectores de la sociedad mexicana.
Tras largas deliberaciones y en una sesión pública, el Comité de Participación Ciudadana quedó integrado por Jacqueline Peschard, Marie Claire Acosta, José Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez de Acha y Alfonso Hernández.
La comisión tuvo que hacer elecciones difíciles pues el número limitado de asientos y las prioridades de conformación no permitían la configuración ideal. Algunos estupendos candidatas y candidatos se quedaron fuera, pero sus convicciones los mantendrán en la batalla.
El proceso deja lecciones importantes. Primero, que hay una sociedad viva, con muchos ciudadanos comprometidos y con valiosas trayectorias. Es un dato que inyecta esperanza.
Segundo, que es posible hacer procesos de selección transparentes, rigurosos y donde se puede dar cuenta de las razones de las decisiones. Probablemente no todos las compartan, pero su publicidad garantiza su legitimidad.
Tercero, que el papel de los ciudadanos puede ser positivo aunque encuentre muchas dificultades prácticas que necesitamos tener en consideración.
Finalmente, y conviene destacarlo, sabemos que por una vez los políticos dejaron en manos de los ciudadanos las decisiones, y el resultado ha sido alentador.
Los retos son enormes. Habrá que echar a andar el Comité de Coordinación y elaborar un plan de trabajo efectivo y eficaz, construir el secretariado técnico, constituir a los sistemas estatales anticorrupción, pero sobre todo administrar las expectativas de una sociedad que clama por acciones contundentes, cuando sabemos que el remedio sólo podrá ser de mediano y largo plazos.
Ahora debemos agruparnos alrededor de los cinco miembros del comité para apoyarlos al mismo tiempo que exigirles resultados. Esta podría ser nuestra última oportunidad.



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