5 feb. 2017

Mexicali: el hartazgo/JENARO VILLAMIL

Revista Proceso # 2101, 5 de febrero de 2017.
Mexicali: el hartazgo/JENARO VILLAMIL
No fue el gasolinazo, como ocurrió en el resto del país, lo que enardeció a los mexicalenses y los sacó a las calles. Fue una serie de agravios y corruptelas del gobernador bajacaliforniano Kiko Vega lo que hizo a la ciudadanía marchar en demanda de la renuncia del panista, que acabará su mandato en el descrédito total. Los temas torales del malestar de los mexicalenses son los negocios turbios con el agua –se le permitirá a una cervecera extranjera aprovecharse del líquido, tan escaso en la península– y con un basurero de desechos tóxicos que pondrá en riesgo a millones de habitantes de esa zona fronteriza.

MEXICALI, BC.- “La gente manda”, rezaba el lema de Francisco Kiko Vega de Lamadrid durante su campaña en 2013. Ahora, y en menos de un mes, el sexto gobernador panista de Baja California –desde Ernesto Ruffo en 1989– ha visto que su frase publicitaria es usada en las redes sociales para convocar a las marchas que demandan su renuncia y está a punto de terminar su periodo como lo hizo hace tres décadas el último mandatario priista en la entidad, Xicoténcatl Leyva: en el descrédito.
El ciclo de los gobiernos panistas en Baja California se agotó en medio de acusaciones de corrupción, negocios turbios con el agua y una planta de desechos peligrosos, ineficacia e indolencia de Kiko Vega, señalado públicamente de tener víncu­los con grandes negocios inmobiliarios y dejar al estado fronterizo en bancarrota.

Ante esta situación, desde finales del año pasado se gestó un movimiento de rebelión cívica que se inició con protestas contra el reemplacamiento, contra el incremento a las tarifas de luz y contra la estatal Ley de Agua aprobada en diciembre de 2016, hasta desembocar en tres manifestaciones multitudinarias contra el gasolinazo los días 12, 15 y 22 de enero –la última, con más de 45 mil personas– que sorprendieron a los observadores locales y nacionales.
Después de la manifestación más concurrida en la Plaza Cívica, grupos de jóvenes que pertenecieron al movimiento YoSoy132, ambientalistas, maestros, activistas de derechos humanos, académicos, amas de casa y sindicalistas decidieron bloquear los accesos a las oficinas del Poder Ejecutivo, al Congreso estatal, al Palacio del Ayuntamiento y a las oficinas de recaudación de rentas, en demanda de diálogo público con Kiko Vega y la resolución de 11 puntos.
El bloqueo a los accesos de las oficinas gubernamentales culminó la madrugada del 30 de enero con un despliegue de más de 500 policías estatales y ministeriales que llegaron a la Plaza Cívica a las 2:30 de la madrugada, encabezados por el subsecretario de Gobierno, Francisco Iribe Paniagua, y por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Daniel de la Rosa Anaya.
Los integrantes del movimiento decidieron dar acceso a los burócratas y funcionarios a las oficinas públicas, pero continuaron con los plantones, actos cívicos y culturales de protesta, en demanda de diálogo público con el gobernador, con el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez, también panista, y con el Congreso local, dominado por los 13 legisladores de Acción Nacional.
Las 11 demandas del movimiento van desde el juicio político a Vega y la disminución de su sueldo a la mitad, hasta la abrogación de proyectos privados –como la concesión a la empresa cervecera Constellation Brands, que explotará el acueducto del Valle de Mexicali– y la cancelación del EcozonMx, rebautizado como Proyecto Incluyente Mexicali, que pretende construir un tiradero de 6 millones de toneladas anuales de residuos peligrosos a sólo 17 metros del canal del Río Colorado.
Este proyecto de basurero de residuos peligrosos es promovido por la empresa VIZ Resource Management, de los empresarios sinaloenses Jesús, Armando y Mario Vizcarra, dueños de la compañía SuKarne y amigos del presidente Enrique Peña Nieto, como lo señaló la reportera Jesusa Cervantes (Proceso 2076).
Tanto el proyecto del acueducto para la Constellation Brands como la autorización del EcozonMx han despertado la oposición de los ejidatarios del Valle de Mexicali, encabezados por Rigoberto Campos –líder estatal de la Confederación Nacional Campesina, que se ha rebelado a la dirigencia nacional del PRI y participa en las mesas de negociación con el gobierno–, y de biólogos, académicos y grupos ambientalistas.
El área donde pretenden construir el basurero son 14 mil 782 hectáreas de la sierra de Cucapá, zona sísmica ubicada a ocho kilómetros de la frontera con Estados Unidos.
Según resume a Proceso el investigador universitario Temoc Ávila, el proyecto pondría en riesgo a 3 millones de personas que viven en Tijuana, Rosarito, Tecate y Mexicali, y afectará también 44 sitios arqueológicos donde hay flora y fauna endémicas, como el borrego cimarrón, símbolo de la identidad mexicalense.
Los representantes del movimiento también le demandan al Congreso estatal revisar la legislación en torno a las asociaciones público privadas –incluidas en el decreto 57 del gobernador–, que endeudarán al estado en más de 46 mil 584 millones de pesos.
Argumentan que están comprometidos hasta 37 años de deuda en proyectos como la Desaladora de San Quintín y Playas de Rosarito, la planta potabilizadora de Tecate, las carreteras del Valle de Mexicali y la construcción del edificio en Tijuana de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Le exigen al Legislativo, con mayoría de 13 diputados panistas de un total 25, que exhorte al gobernador para que intervenga ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y sean revisadas todas aquellas concesiones, autorizaciones y permisos para explotar, usar y tratar aguas nacionales.
Al alcalde Gustavo Sánchez le han reclamado la disminución del impuesto de Derecho de Alumbrado Público, así como rebajas al impuesto del pago predial, que se incrementaron durante su administración.
Desde que se puso fin a los bloqueos en las oficinas públicas la semana pasada, los representantes ciudadanos sostuvieron negociaciones públicas con el alcalde de Mexicali, con representantes del Poder Legislativo y con Kiko Vega, todas ellas transmitidas por Facebook Live y con altavoces en la Plaza Cívica, el epicentro de las manifestaciones.
“Kiko” Vega, entrampado
La fuerza de la rebelión cívica tomó desprevenido al gobernador. Para sorpresa de los propios integrantes del movimiento, el 17 de enero –después de las masivas marchas del domingo 15– Kiko Vega dio marcha atrás a la Ley del Agua y la mayoría de los 25 diputados locales, que en diciembre la aprobaron, votaron dos días después del anuncio del mandatario para derogarla.
El movimiento se envalentonó. En la página de Facebook, “BC, Ya Basta”, se puso el siguiente mensaje: “#LeyDelAgua.- Acaba de anunciar Kiko Vega que va a dar marcha atrás a la Ley del Agua. Ánimo raza!, es gracias a ustedes que han salido a la calle a luchar por sus derechos! #LaGenteManda”.
León Fierro, joven que participó en el movimiento YoSoy132 y se ha convertido en uno de los voceros más populares y seguidos a través de las redes sociales, admite que hasta él mismo se sorprendió con la actitud del gobernador.
“Era un sueño tumbar la Ley del Agua de Kiko Vega y él mismo la tumbó. Pero la protesta no disminuyó con eliminar el reem­placamiento ni la Ley del Agua. Desde que convocamos a la primera marcha, la gente nos dijo que el descontento no es sólo por el agua y la gasolina. Nos decían: ‘Estamos hartos de tanto abuso del PAN y del PRI. Exigimos vida digna. Nuestro pliego petitorio ante el gobernador es por varias medidas para lograr una vida digna en el estado”, dice Fierro a Proceso.
Con la victoria de la derogación de la Ley del Agua, la negociación más esperada fue con Kiko Vega, quien originalmente rechazó dialogar con representantes del movimiento, con el argumento de que eso le correspondía al secretario de Gobierno, Francisco Rueda, y no a él.
El 28 de enero, Vega y sus ayudantes protagonizaron un bochornoso episodio cuando el gobernador entró por la fuerza a las instalaciones del Palacio de Gobierno retando a los integrantes del movimiento a dialogar en ese momento, porque el día 30 no iba a estar en Mexicali.
Vega fue rechazado y abucheado por decenas de manifestantes. Los escasos minutos de su accidentado ingreso y su atropellada huida del Palacio de Gobierno fueron grabados y difundidos en las redes sociales. El gobernador se quejó de que había sido víctima de una “turba violenta” y exigió que le pagaran el parabrisas de su camioneta, roto durante su huida.
La prensa local, alineada en su mayoría con el gobernador, publicó titulares como Insultan y agreden a Kiko manifestantes, Diputados del PAN rechazan la violencia hacia el gobernador. Cuarenta horas después, con la presencia de 500 policías estatales preventivos, los manifestantes decidieron liberar las oficinas públicas a cambio de un diálogo con el gobernador el miércoles 1.
El esperado encuentro ocurrió finalmente en el Palacio de Gobierno. En el tema del agua no llegaron a ningún acuerdo. Kiko Vega argumentó una y otra vez que eso le correspondía a la Conagua y no a él.
Sobre el pago atrasado a maestros interinos y jubilados, el gobernador indicó que “no hay recursos” y sostuvo que no era una negativa de su gobierno.
El punto más polémico fue el de su propia renuncia. Vega afirmó que eso le correspondía al Poder Legislativo, pero aceptó el punto que ordena bajar su sueldo a la mitad.
Quedó pendiente el tema de eliminar bonos, aguinaldos, haberes de retiro, disponibilidad de automóviles y combustible para funcionarios de primero y segundo niveles, al igual que gastos de funcionarios y cualquier otra prestación de servicio.
Raymundo Morales, uno de los dirigentes más aguerridos de los plantones y señalado como el autor del daño al parabrisas, se burló del gobernador en la página de Facebook “Mexicali Resiste” y convocó a una “cooperacha” para pagarle el vidrio a Vega.
Al movimiento se sumó ahora un sector de los trabajadores de la burocracia, que salió a las calles el jueves 2 para protestar contra su dirigente estatal, Victoria Bentley, diputada local por el PAN, quien también se ha convertido en un rostro repudiado por los manifestantes y por buena parte de los burócratas que están en proceso de renovar la dirigencia.
También sectores empresariales y profesionales han expresado abiertamente sus críticas al gobernador bajacaliforniano y sus actos corrupción, y se han organizado para promover juicios contra el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) del gasolinazo, impuesto que consideran inconstitucional
El mismo miércoles 1, el doctor Jesús Granados, coordinador del movimiento Por un México Mejor, anunció en Mexicali la formación de una Asociación Civil para impulsar acciones jurídicas contra el IEPS de las gasolinas. Cuauhtémoc Castilla, profesor de derecho de la universidad estatal, exhortó a decenas de universitarios presentes a sumarse a las acciones jurídicas contra el incremento en el precio de las gasolinas.
El “cártel del agua”
Observadores locales, como el periodista bajacaliforniano Sergio Haro, destacan que la principal novedad de la rebelión cívica en Mexicali es la convocatoria a través de las redes sociales, en especial las páginas de Facebook, donde se transmiten en vivo todas las marchas y las negociaciones con las autoridades.
“Este es el momento de la rebeldía. Hay muchos agravios acumulados. Hay mucha efervescencia y creo que ya la gente no se va a dejar. Me recuerda a la situación que se vivió antes de que cayera Xicoténcatl Ley­va, el último gobernador priista”, dice Haro a Proceso.
“La diferencia es el uso de las redes sociales. Todo ocurre al instante. El gobernador ya no puede ocultar nada. Por eso los jóvenes son los más prendidos. Los escuchas en las marchas, en las manifestaciones. No están dispuestos a bajar la guardia”, afirma.
La madrugada del 30 de enero, en la página Mexicali Resiste, los voceros de los plantones apelaron al apoyo de los ciudadanos para evitar un acto de represión. En menos de una hora llegaron 300 personas en plena madrugada, así como reporteros locales, para inhibir cualquier despliegue represivo.
Muchos recordaron en las mismas páginas de Facebook el episodio del desalojo en las instalaciones de Pemex en La Rosita. La imagen de la maestra Diana Gabriela Arangure entregándoles flores a los policías se viralizó en esta red social. Y ella explica a Proceso que “lo mismo que las banderas hay otros símbolos, como puede ser una flor, que han servido como estandartes en guerras entre naciones, en conflictos ideológicos o en enfrentamientos de grupos humanos con diferentes y contradictorias posiciones. Nosotros las usamos para demostrar que la violencia está de su lado, no del nuestro”.
Junto con los jóvenes urbanos y universitarios de esta ciudad fronteriza están los ejidatarios del Valle de Mexicali, principales afectados por los proyectos de privatización del agua a favor de empresas cerveceras, o por los basureros de desechos peligrosos.
Rigoberto Campos afirma que la licitación pública del 27 de septiembre de 2016, por 400 millones de pesos, para construir el acueducto privado para Constellation Brand perjudica a los ejidos Villahermosa y Choropo, a los que no se les informó oficialmente del proyecto.
“Luego vimos que encaja en el modelo APP (asociación público privada) que permite apoderarse del bien público bajo la figura elegante de la concesión. No es en sí el tubo de agua que va a bombear 70 mil metros cúbicos cada 24 horas. Es el tamaño del negocio. Si multiplicas esos 70 mil metros por 85 pesos, te da como seis millones y medio de pesos al día y dos mil millones al año”, calcula.
–¿Beneficia eso en algo a los ejidatarios?
–El secretario de Desarrollo Económico nunca vinculó esto con el sector primario. Esta agua superficial ya no regresa. Se va a ir en forma de lata de cerveza. Esto es un efecto negativo para el valle. Lo va a desertificar. Esa agua representa dejar de sembrar mil 980 hectáreas, lo que perjudicará a 15 mil familias. ¿Por qué no se van a otros estados donde sobra el agua, como Chiapas?
–¿Cuál es la relación con las autoridades federales?
–Esto va en contra del Plan Nacional Hídrico. Hay una complicidad entre las autoridades federales, las estatales y las municipales. Aquí está naciendo un nuevo “cártel del agua”. El artífice de todo esto es el señor Alejandro Cervantes Beltrán, director de la cuenca de la península Baja California; él está vinculado con Kiko Vega; Roberto Ramírez de la Parra, actual director de la Conagua; gente de David Korenfeld, y también está el señor Roberto Salmón, de la Comisión Internacional de Límites de Agua. Éstos no tienen que andar fomentando obra ni andar vendiendo agua.
“La Conagua está metida plenamente en esto. Y la vamos a llevar al Senado para denunciarla. Nos urge sacar el tema aquí”, advierte el dirigente cenecista.
Temoc Avila señala a Proceso que Constellation Brand va a usar “un cuarto del agua que consumen los 3 millones de habitantes de Baja California y sólo les costará 14.9 millones de dólares, que es el monto con el que compraron los derechos”.


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