5 feb. 2017

Se quebró el pacto de impunidad?

Se quebró el pacto de impunidad?/Ernesto Hernández Norzagaray
Noroeste, 05/02/2017 |
A la memoria de Ernesto Pérez Virgen

Nadie lo pone en tela de duda. La vieja tradición de que el Gobernador saliente se volvía protegido del que lo sucedía, está hecha pedazos. La experiencia de alternancia en Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo y Sonora han dado la pauta y hoy los “ex” andan a salto mata, o en el caso de Guillermo Padrés Elías, se encuentra en prisión donde sostiene insólitamente una huelga de hambre.

Los tres ex gobernadores priistas no han sido detenidos y sólo el panista rinde cuentas a la justicia. Pero la lista de “ex” no parece haber terminado.
A Mario López Valdez el Congreso del Estado le ha suspendido la cuenta pública correspondiente al primer semestre de 2016, al encontrar notorias inconsistencias que deberían ser aclaradas por quienes administraron recursos públicos.

Ya la Auditoría Superior del Estado, que estuvo a cargo de Antonio Vega, había dejado serias dudas sobre el manejo de recursos que comprometieron más de 6 mil 208 millones de pesos, de los cuales $457 millones en pasivos sin fuente de pago, $998 millones que no se pagaron al Instituto de Pensiones, y 752 millones de pesos en retenciones no enteradas.
Faltan por verse las eventuales irregularidades correspondientes al segundo semestre del llamado “Año de Hidalgo”, que seguramente vendrá a complicar más la situación frágil de Malova, eso sin considerar las cuentas desde 2011 al 2015 que debería ser también revisadas para saber la profundidad del hoyo financiero.
Claro, al margen de que puedan hacerlo habiendo pasado el tiempo suficiente para hacerlo cuando todavía se era gobierno, Malova está en un serio predicamento de honorabilidad.
Hay sospechas fundadas de que el dinero faltante fue a parar a los bolsillos de sus funcionarios, y eso trae consigo responsabilidades administrativas y penales.
Incluso, para redondear la situación, la Auditoría Superior de la Federación ha presentado ocho demandas penales ante la PGR por mal manejo de los recursos que administró el “gobierno del cambio” desde 2011.
Y ahí el faltante compromete varios cientos de millones de pesos. Dice el diputado panista Zenén Xochihua que la fracción del PRI, junto con la de Nueva Alianza, ya habían aprobado las cuentas en la Comisión de Fiscalización, donde se le absolvía de toda culpa al anterior gobierno, pero lo rechazaron.
Sin embargo, algo más debió ocurrir que la protesta de la oposición legislativa pasista, panista, perredista y morenista, pues repentinamente los priistas dieron marcha atrás a lo que el diputado José Menchaca López, presidente de la Comisión de Fiscalización, calificó penosamente de “irrelevante”.
Sé que se puede argumentar que en política siempre hay cambios, y en el marco de la soberanía del Congreso del Estado se tomó la decisión expresada en tribuna por Menchaca López, cuando afirmó antes de la votación sin mucha convicción: “Hoy hemos tomado la decisión responsable, atendiendo los temas vitales de una sociedad actuante y determinando ser garantes de transparencia y legalidad. Por esta razón no aprobamos la cuenta del Gobierno del Estado”.
Mucho se podría especular sobre el tema. Que es producto de la venganza de Jesús Vizcarra, que fue una orden que llegó desde Los Pinos, o que Quirino Ordaz para fortalecer su Gobierno dejó en desamparo a su principal apoyo para alcanzar la gubernatura, incluso, un articulista del norte afirma que fue para frenar a Gerardo Vargas Landeros, que aspira ir al Senado de la República. 
Nadie se creería aquello de que el voto de los priistas fue “atendiendo los temas vitales de una sociedad actuante y determinando ser garantes de transparencia y legalidad”, aunque, algo ha de haber influido las protestas en el recinto legislativo, pero los priistas son disciplinados y votan en línea, contra viento y marea.
Lo cierto es, por donde haya venido, la decisión está tomada y el gabinete de Malova está en capilla, sobre todo aquéllos que administraron recursos públicos, sin descartar la responsabilidad política.
Algo debió haber sospechado Malova cuando fue a la Ciudad de México en diciembre pasado, y resultó maltratado cuando gestionaba recursos de la federación. Se habían acabado las cortesías en las oficinas públicas. Se encontraba con el gesto duro y el trato áspero de los funcionarios.
“Desde que fui jornalero agrícola, nunca había recibido un trato tan humillante”, cuentan que dijo al regresar Culiacán, en reunión de gabinete.
El beneficiado de todo esto es Quirino Ordaz, a quien es inevitable no verlo detrás de la decisión que tomaron los diputados de su partido. Se inscribe perfectamente en su idea de fortalecer su liderazgo, luego de esa campaña insulsa e innecesaria de “baños de pueblo” que ya parece disminuida.
No sé si las circunstancias lo han puesto así, o si motu proprio las impulsa en una suerte silenciosa de maquiavelismo tropical, que por cierto, empata perfectamente con la decisión que ha adoptado de último momento respecto a la creación de la Fiscalía de Justicia del Estado, que como se sabe vendrá a sustituir a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Se ha comprometido en dejar la decisión en manos de los nueve miembros de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad  Pública, que preside el universitario Ambrocio Mojardín Heráldez, y que serán ellos los que propondrán cinco nombres al Ejecutivo, y de ahí saldrá la terna que presentará al Congreso del Estado, para que de esa selección salga el primer fiscal de justicia.
Malova, en tanto, tuvo qué dejar su auto exilio en San Diego, California, para volver a Sinaloa y convocar a sus antiguos funcionarios para responder a las observaciones y denuncias de la Auditoría Superior del Estado.
El Congreso del Estado bien haría en revisar los informes que dice Juan Pablo Yamuni Robles, quien en su carácter de responsable de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno malovista, interpuso ante la PGJE denuncias contra malos funcionarios públicos, y que nunca fueron atendidas.

En definitiva, si hubo o no un pacto de impunidad entre Malova y Quirino, en este momento se ha vuelto irrelevante, la maquinaria está en circulación y es mucha la evidencia de que durante ese sexenio se fue escrupuloso en todo, menos con el dinero público, y en la política no dejes huellas porque tus enemigos las seguirán, y los amigos del pasado podrían ser tus enemigos de hoy.

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