Aliados perfectos: platos de lentejas, chucherías, líderes “opositores”, antorchistas y hasta el IEEM

Revista Proceso # 2117, 27 de mayo de 2017

Aliados perfectos: platos de lentejas, chucherías, líderes “opositores”, antorchistas y hasta el IEEM/VENERANDA MENDOZA

Apenas arrancaron las campañas en el Estado de México, el árbitro electoral encabezado por Pedro Zamudio comenzó a ser cuestionado por su desidia. Pese a los exhortos del Instituto Nacional Electoral y de los representantes de los partidos de oposición en la entidad, el funcionario siguió con sus desatinos: consintió la intervención de los gobiernos estatal y federal, que violentaron las reglas democráticas para favorecer al candidato del PRI, Alfredo del Mazo, entre cuyos aliados de lujo están la compra del voto, líderes de “oposición”, antorchistas y hasta el árbitro electoral: el IEEM.

TOLUCA, EDOMEX.- Para quedarse con la gubernatura en la entidad –que se disputa el próximo 4 de junio–, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuenta con innumerables aliados locales de facto, entre ellos el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), una autoridad electoral omisa, y miembros de los partidos de oposición.

El viernes 26, la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, solicitó la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE) ante la omisión del IEEM. El propósito, arguyó, es garantizar equidad, imparcialidad, objetividad y certeza en los comicios.

Durante las campañas, el órgano electoral mexiquense consintió la intervención de los gobiernos estatal y federal, los cuales violentaron las reglas democráticas para favorecer a su candidato, Alfredo del Mazo Maza, mediante el reparto de despensas, tinacos, pollos, computadoras y monederos electrónicos, entre otros , expuso Vázquez Mota.

Y añadió: Los priistas “han inaugurado obras en periodo electoral y han hecho publicidad indebida del gobierno. Igualmente, han coaccionado el voto mediante la utilización partidista de los programas sociales”.

Cuando arrancaron las campañas, el representante del Partido del Trabajo ante el IEEM, José Ascensión Piña Patiño, expuso: “Ya no sabemos cómo pedir que el árbitro saque tarjetas. Estamos a tiempo, pero ni siquiera se ha pronunciado y el gobernador (Eruviel Ávila) incluso ha retado a la autoridad electoral al anunciar que no va a detener la entrega de programas”.

Desde el inicio del proceso electoral, la oposición demandó al IEEM detener la entrega de apoyos sociales, pero jamás se implementó medida alguna. El petista reprochó que quienes tienen la obligación de salvaguardar la equidad hacen oídos sordos. “El IEEM no se debe convertir en sucursal u oficina del gobierno del estado o de un partido político”, dijo.

El 5 de abril el INE intervino y prohibió la entrega de programas sociales en eventos masivos o públicos. El titular del IEEM, Pedro Zamudio, comentó que los señalamientos eran de tipo político. Si existen las pruebas del uso clientelar de los programas sociales, declaró, los inconformes deben presentarlos ante la autoridad penal.

Las omisiones electorales siguieron. A principios de mayo, tras aducir que no contaba con la tecnología requerida, el Consejo General del IEEM rechazó la realización del conteo rápido denominado “PREP Casilla” ordenado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para el día de los comicios.

Cuando el INE demandó una explicación “motivada” sobre las razones de la negativa, Zamudio dijo que el Consejo General emitió un acuerdo el pasado 30 de enero en el que dispone realizar su propio Programa de Resultados Preliminares (PREP).

Ricardo Moreno Bastida y Javier Rivera, representantes de Morena y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el IEEM, respectivamente, acusaron a los consejeros mexiquenses de falta de voluntad para implementarlo.

Moreno Bastida consideró riesgoso este ejercicio. El instituto, sostuvo, se convertirá en difusor de resultados preliminares no sustentados oficialmente, pues “hablar de rangos no es certeza”. Un conteo rápido, puntualizó, “no brinda certeza; no vamos a reconocer el resultado que derive de un conteo rápido”.

Lamentó también que no se incluyera en ese ejercicio al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al Consejo Estatal de Población y al Instituto de Estudios Avanzados de la Población de la Universidad Autónoma del Estado de México, sino sólo a especialistas externos.

Los denuestos

El IEEM tampoco frenó la guerra sucia. Sus consejeros se limitaron a solicitar a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales que investigara el tuit del expresidente Felipe Calderón contra Delfina Gómez Álvarez, la candidata de Morena, emitido el 3 de abril, en el que cuestiona: “¿Delfina es nombre propio? ¿O así le dicen por cómo la trata quien la nombró y es su jefe?”.

La semana antepasada, el representante de Morena solicitó al Consejo General del IEEM que pidiera a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informes sobre el tráfico de llamadas telefónicas a los ciudadanos mexiquenses por las madrugadas.

Demandó al IEEM que se ponga en contacto con la SCT para que informe sobre las tecnologías y métodos empleados, pues además de violar la privacidad de las personas rompe con la posibilidad legal de conocer el origen de las llamadas, lo que es ilegal.

Los representantes del PRI y del Partido Nueva Alianza respondieron que la candidata Gómez Álvarez es quien hace las llamadas madrugadoras; es ella quien se promueve, alegaron.

Moreno Bastida reviró: de cada 10 ciudadanos que reciben la llamada, ocho consideran que el PRI es el autor intelectual, por lo que convocó al tricolor a acompañar la investigación, pues a él también le convendría que se conociera el origen, sobre todo cuando sus representantes dicen que no son ellos los autores de las llamadas. Al cierre de edición los consejeros electorales mexiquenses no habían respondido a la solicitud.

Los representantes de los partidos de oposición demandaron al IEEM el retiro de los espectaculares que el gobierno de Eruviel Ávila colocó la semana antepasada, por considerar que vinculaban las gestiones del mandatario con el candidato Del Mazo y violaban la veda electoral.

Dos días después, la Secretaría Ejecutiva del instituto ordenó el retiro de los anuncios en 48 horas. Sin embargo, la denuncia se resolverá después del 4 de junio.

Moreno Bastida se quejó también porque, dijo, el IEEM incumplió con su obligación de difundir la fecha de la jornada electoral, pues su Consejo General endosó esa responsabilidad a las organizaciones civiles y las sujetó a un protocolo que las obliga a pasar por el tamiz de los consejeros, lo que les coarta su libertad.

Y aun cuando el consejero Gabriel Corona admitió que las encuestas revelan que 70% de los mexiquenses desconoce cuándo se realizará la elección, justificó la necesidad del instituto de apoyarse en las organizaciones no gubernamentales para promocionarla.

Durante la campaña, los representantes del PAN y Morena, así como la independiente Teresa Castell denunciaron hostigamiento de las policías municipales a sus brigadistas. La queja fue expuesta ante el Consejo General del IEEM durante la sesión del 26 de abril. Sin embargo, el viernes 5 el punto fue retirado del orden del día “por incompleto”, según adujeron los integrantes del instituto.

Aliados y contrincantes

Uno de los puntales del PRI mexiquense es el Grupo Atlacomulco. Durante el proceso electoral, el Movimiento Antorchista se convirtió en “el brazo “armado” de Del Mazo en los municipios donde gobierna o tiene presencia abrumadora, como Chimalhuacán, Ixtapaluca y Texcoco.

Antorcha significa para el PRI el voto de unos 300 mil agremiados que se han comprometido a apoyar a Del Mazo.

La organización comenzó a crecer durante el sexenio de Arturo Montiel, arropada por el priismo. Hoy tiene fuerza en el ramo del transporte público y cuenta con gasolineras, hoteles, tiendas de autoservicio, cooperativas, escuelas y hospitales en el Estado de México.

Cuando Peña Nieto llegó a Los Pinos, les otorgó 150 hectáreas en ejidos de Santa María Chimalhuacán, dentro de territorio texcocano, a un costado del Circuito Exterior Mexiquense.

El lunes 22, el diputado local Fernando González Mejía, del PRI, se comprometió con Del Mazo a “retacar” las urnas para hacerlo ganar. A cambio, pidió 200 millones de pesos para el municipio de Los Reyes La Paz. Telésforo García Carreón, diputado federal priista, hizo lo propio y pidió mil millones para Ixtapaluca.

Desde la oposición, la corriente perredista Alternativa Democrática Nacional (ADN), liderada por el exsenador Héctor Bautista, es una activa promotora del priismo. Muestra de ello es el acuerdo IEEM/CG/188/2015, relacionado con el cómputo, declaración de validez de la elección y asignación de diputados por el principio de representación proporcional a la LIX Legislatura del Estado de México para el periodo 2015-2018. El documento fue avalado el 14 de junio de 2015.

Gracias a ese acercamiento, Juan Zepeda Hernández –el candidato del PRD a la gubernatura– y sus compañeros de corriente José Antonio López Lozano, Bertha Padilla, Jesús Sánchez Isidoro –hermano del priista David, exalcalde de Coacalco– y Yomali Mondragón llegaron al Congreso estatal.

Como coordinador parlamentario, Zepeda Hernández y su bancada avalaron la mayoría de las iniciativas del Ejecutivo estatal, entre ellas las cuentas públicas del gobernador Eruviel Ávila correspondientes a 2014 y 2015, así como la llamada Ley Atenco.

En todo momento, ADN fue el principal opositor a la alianza del PRD con el PAN. Hoy, Zepeda es quien más se opone a declinar en favor de Delfina Gómez.

A finales de septiembre de 2016, el IEEM otorgó registro como partido político local a la agrupación Virtud Ciudadana. Su coordinador es Irak Vargas, un antiguo regidor del PRI en Tultitlán, cercano a René Arce, otro de los aliados perredistas de Ávila y Peña Nieto.

El PRD denunció irregularidades en el procedimiento de acreditación, sobre todo la duplicidad de militantes. Su impugnación no prosperó; sus señalamientos sólo derivaron en la suspensión temporal del director de Partidos Políticos del IEEM, quien habría facilitado los trámites sin acatar la normatividad.

Virtud Ciudadana no postuló a su candidato, pese a que tiene un financiamiento público de 11.3 millones de pesos para este año. A finales de abril celebró una asamblea donde dejó abierta la posibilidad de apoyar a Del Mazo o a Zepeda.

Sin embargo, el lunes 22 reculó e invitó a los mexiquenses a no participar en la elección. Su argumento fue que todos los candidatos son iguales y se olvidaron de los proyectos ciudadanos. El presidente del IEEM comentó que Virtud Ciudadana no incurrió en falta con ese llamado.

Para Bernardo Barranco, analista y consejero de la Junta Local del INE en el Estado de México, el voto duro tradicional representa alrededor de 55% del padrón. Y advierte: Ante las condiciones de violencia, guerra sucia, falta de legitimidad de la autoridad electoral y la fragmentación del sufragio, podría decidir la contienda.

Históricamente, los niveles de participación ciudadana en una elección de gobernador han promediado 45%. En 1999, por ejemplo, significó 46.9%; en 2005, con Peña, fue de 42.7%, el nivel más bajo, y en 2011 llegó a 46.1%.