23 jul. 2017

Luiz Inácio Lula da Silva a nueve años y medio de prisión

 Revista Proceso # 2125, a 23 de julio de 2017
Sentencia con motivaciones políticas/ANNE VIGNA
El miércoles 12 el juez Sergio Moro condenó a Luiz Inácio Lula da Silva a nueve años y medio de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. Si el tribunal de apelaciones ratifica la sentencia, el exmandatario podría evitar ser encarcelado, pero no contendería en las elecciones presidenciales de 2018, en las que se proyecta como el candidato con mayor respaldo popular. Para sus partidarios no hay duda: la sentencia del juez tiene como objetivo evitar que la izquierda regrese al poder. Un hecho alimenta esa sospecha: la celeridad con que se aplica la ley para Lula no se percibe contra otros imputados de partidos de derecha, incluyendo al senador Aécio Neves y al presidente Michel Temer.
Río de Janeiro.– La condena a nueve años y medio de cárcel que el miércoles 12 dictó el juez Sergio Moro contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva provocó “un terremoto político” en Brasil, señaló el periodista Glenn Greenwald al programa estadunidense Democracy Now.
Y es que “Lula es la figura política más importante de Brasil y el candidato con más posibilidad de vencer en las elecciones presidenciales del año próximo. Lula es a la vez el hombre del pasado y del futuro de este país”, comentó Greenwald, quien radica en esta ciudad.

Debido a que se trata de Lula, Moro hizo una concesión: que la condena fuera ejecutada hasta que una segunda instancia resuelva sobre su caso.
“Considerando que la cárcel para un expresidente envuelve ciertos traumas, la prudencia recomienda que aguardemos la decisión de la Corte de Apelación”, escribió Moro en la sentencia.
Si este tribunal de segunda instancia confirma la sentencia, a Lula le quedan todavía recursos legales para evitar la cárcel, pero quedará impedido de ejercer cualquier cargo público durante 19 años. Como el expresidente tiene 71 años, prácticamente quedaría inhabilitado de por vida. Se estima que la Corte de Apelación tarde un año en emitir su dictamen. Si es el caso, su resolución se empalmaría con la campaña electoral y cambiaría el rumbo de los próximos comicios presidenciales.

Dado que el país ya vivió el desafuero de la presidenta Dilma Rousseff y ahora existe un proceso judicial contra el actual mandatario, Michel Temer, la condena contra Lula genera todavía más incertidumbre sobre el rumbo de Brasil.
Sin Lula –a quien las encuestas señalan como favorito– la batalla electoral será otra.
La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, dejó en claro que la condena contra Lula tiene motivaciones políticas: “Moro acaba de dar la puntilla al golpe parlamentario que empezó contra la presidente Rousseff. El objetivo es evitar el regreso de la izquierda al poder en este país”, dijo a la prensa el miércoles 12, día en que fue dictada la sentencia.
Un juez “inconveniente”
Para la izquierda, pero también para gran parte de los analistas y juristas del país, Moro y el Ministerio Público de Curitiba –donde radica la jurisdicción de dicho juez– aplican un doble rasero: “Persiguen” a Lula y al PT, pero se muestran condescendientes con políticos de partidos de centro y de derecha acusados por delitos de corrupción más graves y con base en evidencias sólidas.
Los datos les dan la razón. Hasta ahora Moro ha sancionado sólo a miembros del PT: Joao Santana, estratega de imagen; Joao Baccari, el tesorero del partido, y Antonio Palocci, exministro de Hacienda de los presidentes Lula y Rousseff, condenado el pasado 26 de junio a 12 años de cárcel.
Palocci sería “la cabeza” de la corrupción en el partido, según las “delaciones recompensadas”, como se conoce al mecanismo legal mediante el cual un imputado reduce su sanción a cambio de delatar a otros.
Los cuadro del PT son los únicos sentenciados, pese a que las delaciones recompensadas señalan que 26 partidos políticos recibieron dinero de manera ilegal, en particular para pagar a los estregas de imagen de las campañas.

“Esta fuerte sospecha de parcialidad existe realmente con Sergio Moro. Y cuando hay esta sospecha, fuerte, como aquí, es inconveniente que el juez juzgue el caso”, dice a Proceso Pedro Estevam Serrano, profesor de derecho constitucional en la Universidad Católica de Sao Paulo.

De acuerdo con juristas, varias de las actuaciones de Moro son cuestionables desde el punto de vista jurídico y político. Su cercanía con el senador Aécio Neves, quien compitió contra Rousseff en las pasadas elecciones presidenciales, y quien es investigado en varias denuncias en la misma operación judicial Lava Jato, no ayudó a dar una imagen de integridad del juez.

En marzo de 2016 Moro divulgó una conversación entre Lula y la entonces presidenta Rousseff. Ello ocurrió cuatro meses antes del desafuero de la mandataria y quedó como el principal episodio de “la guerra de Moro contra Lula”, según declaró la exmandataria en septiembre de 2016 durante una entrevista con este semanario (Proceso 2080).

Esa grabación fue ilegal debido a que se realizó cuando Lula ya no era investigado por la justicia. Pero fue utilizada por Moro para “comprobar” que Rousseff quería nombrar al expresidente secretario de Gobernación con el propósito de que obtuviera fuero. La interpretación de esta conversación por parte de Gilmer Mendez, el juez más conservador de la Corte Suprema, impidió que Lula fuera en ese momento ministro.

Este episodio marcó también a los brasileños de las clases populares. “A partir de allí, para mí y para mucha gente quedó claro que había un ataque contra Lula”, dice una vendedora ambulante en Río de Janeiro.

“El comandante máximo”

Los procuradores de la operación Lava Jato en Curitiba y autores de la demanda contra Lula fueron más lejos en sus afirmaciones contra el expresidente. Y usaron métodos mediáticos que no respetaron la presunción de inocencia. En octubre pasado, durante una conferencia de prensa, transmitida en vivo por la televisión, el procurador Deltan Dallagnol aseguró que “Lula era el comandante máximo de la corrupción y el mayor beneficiario de la red de corrupción en Petrobras”, la principal empresa petrolera del país.

Los procuradores mostraron una presentación en power point con el nombre de Lula puesto en el centro y del cual se desprendían 14 ramas con diversos casos de corrupción. El episodio conocido como “el power point de Curitiba” mereció una demanda legal por parte de los abogados de Lula, por daños a la imagen del expresidente.

Moro sentenció a Lula a purgar nueve años y medio por los delitos de “corrupción pasiva” y “lavado de dinero” por un monto estimado en 2.7 millones de reales (equivalentes a 856 mil dólares). “Poco” en comparación con el perjuicio causado a Petrobras, estimado en 21 billones de reales (unos 6 mil 700 millones de dólares).

El caso contra Lula se inició con un reportaje publicado en 2010 por el periódico O Globo y en el cual se apoyó Moro para iniciar el proceso judicial.

Según el juez, Lula hizo posible que OAS obtuviera contratos de Petrobras a cambio de que esa empresa de la construcción le remodelara un departamento en el balneario de Guarujá, en el estado de Sao Paulo. El expresidente alega que ese departamento no era suyo ni lo habitó. Aceptó que una vez lo visitó porque su mujer, Marisa, fallecida en febrero pasado, había pedido un crédito para adquirirlo, pero abandonó la idea.

“Considerar a Lula como beneficiario del departamento es muy frágil porque nunca tuvo la posesión. Eso fue probado por la defensa y descartado. Toda la acusación se resume a la palabra de un empresario. Él obtuvo una diminución de 15 años de prisión al afirmar que el departamento iba a ser destinado al expresidente”, explicó el profesor Serrano a la revista brasileña Carta Capital.

Según él, la sentencia por “lavado de dinero” y “corrupción pasiva” contra Lula por este caso debería revocarse en segunda instancia.

Para el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, “no existe nada que pruebe la implicación de Lula en relación con los contratos entre Petrobras y OAS”. Sostiene que la sentencia del juez se basa en un “conjunto probatorio” presentado como “robusto”, pero que se construyó a partir de las delaciones recompensadas sin aportar las pruebas correspondientes. Según la ley que establece el mecanismo de “delación recompensada”, nadie puede ser condenado solamente a partir de las delaciones. El Ministerio Público tiene que presentar otros elementos probatorios.

Tendencias criminales 

La condena contra Lula se da en un contexto de inéditos escándalos de corrupción. En los últimos tres meses los brasileños han sido testigos de la corrupción de sus elites, de su impunidad y también de su propensión a cometer actos criminales. El senador Neves (del PSDB, derecha), cercano al juez Moro, fue grabado pidiendo 620 mil dólares al empresario Joseley Batista, dueño de JBS, la principal compañía de cárnicos de Brasil.

El senador dio indicaciones a su primo para que recibiera el dinero y éste fue filmado cuando consumaba la operación. En la conversación con Batista, Neves agrega: “Es una persona (su primo) que podemos matar antes” si colabora con la justicia.

Neves no perdió su fuero gracias al voto de sus colegas senadores. Y ya ha demostrado tener capacidad para evitar las investigaciones judiciales. Fue designado candidato presidencial de su partido a pesar del decomiso, un año antes, de un helicóptero con 450 kilos de cocaína que había despegado de una de las haciendas de su familia. Presos un tiempo, los pilotos esperan la condena en libertad y ni Neves ni sus familiares aparecen en el expediente judicial.

Además, el pasado 26 de junio la Fuerza Aérea de Brasil (FAB) anunció la captura de un avión que presuntamente despegó con 653 kilos de cocaína de una hacienda. Al día siguiente, la FAB “aclaró” que la información era errada y la atribuyeron al piloto. De inmediato se supo que el propietario de la hacienda es el actual ministro de la Agricultura, Blairo Maggi (del PMDB, centro derecha) mejor conocido como El Rey de la Soya por ser el mayor empresario del ramo en Brasil.

Protección entre políticos

Temer, por su parte, mantiene la protección a sus ocho ministros, a quienes desde abril pasado la Corte Suprema investiga por indicios de corrupción. Son sus amigos más cercanos, los que ponen todas sus energías (y los recursos del Estado) para negociar votos en el Congreso a favor del presidente, quien está a un paso de sufrir un proceso de desafuero.

Pero a diferencia del proceso contra Lula, en el de Temer hay pruebas contundentes: grabaciones de audio con la voz del presidente y un video donde un diputado de su confianza recibe dinero a cambio de un favor político.

El caso se inició el 18 de mayo pasado, cuando O Globo publicó la grabación de audio en la que Temer aprueba el pago de sobornos a su antiguo aliado, Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara de Diputados y quien impulsó el proceso de destitución de Rousseff (Proceso 2118).

En dicha grabación Temer conversa con Joesley Batista, el propietario de la firma JBS. En la conversación, éste le informa al presidente que Cunha –quien cumple una condena de 15 años de cárcel– sigue recibiendo sobornos.

Es para “mantenerlo mudo”, le dice Batista a Temer, en referencia a que los sobornos destinados a Cunha sirven para que éste no colabore con la justicia. “Tiene que seguir así”, aprueba el presidente.

En la misma conversación, el empresario le dice a Temer varias veces que está sobornando a jueces y procuradores para mantenerlo informado de los avances de la investigación contra la corrupción. En todos los casos, el presidente aprueba la conducta delictiva en lugar de denunciarla.

Más adelante Batista le pregunta a Temer con quién podría resolver un problema que tiene su empresa. El presidente le dice que con Rodrigo Rocha Loures, diputado de su partido, el PMDB, y hombre de toda su confianza.

Se entiende que el pedido de Batista no es para un negocio legal, sino uno que implica la influencia política del diputado, respaldado por el presidente.

Varios días después Batista se encuentra con el diputado, a quien le promete 5% del contrato a cambio de su “intromisión” en el tema. El acuerdo consistía en que Rocha debía lograr que JBS comprara gas más barato a Petrobras, la empresa estatal que monopoliza el suministro de este producto.

Ese mismo 18 de mayo los brasileños pudieron ver imágenes en las que el diputado Rocha Loures recibe de un exejecutivo de JBS una maleta con 150 mil dólares en una pizzería de Sao Paulo.

El procurador general de la República, Rodrigo Janot, consideró que estas evidencias demuestran “la compra del silencio del expresidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha”.

Para los brasileños, las palabras del presidente no dejan muchas dudas sobre su necesidad de comprar a toda costa el silencio de su exaliado, hoy en la cárcel.

El procurador acusó formalmente al presidente el 27 de junio pasado por los delitos de “corrupción pasiva”, “obstrucción a la justicia” y “organización criminal”. Su caso será juzgado a partir del 2 de agosto por la Cámara de los Diputados. Hasta ahora los parlamentarios dan señales de unirse en torno al presidente para frenar la operación Lava Jato, lo que representaría el mayor fracaso para el juez.

Moro no es el responsable de esta impunidad debido a que todos estos imputados gozan de fuero federal. Tampoco es responsable de la controvertida destitución de Rousseff. Si ella no hizo nada contra la operación Lava Jato, Temer intenta detenerla con todo su poder.

Puede ser que la “gran limpieza política” prometida por Lava Jato nunca ocurra. Y la parcialidad del juez es en parte responsable de este nuevo escenario dada la desconfianza de una porción de la población hacia su actuación.

Los movimientos “ciudadanos” que dicen apoyar a la operación contra la corrupción y marcharon en favor del desafuero de Rousseff, se muestran ausentes y callan frente a los escándalos recientes. Se felicitaron de la condena contra Lula pero no exigen la renuncia de Temer o la salida del Senado de Neves. Perdieron bastante apoyo entre la población por mostrar clemencia hacia la corrupción de la derecha y del centro.

Con todos esos eventos políticos y jurídicos, la derecha está ganando terreno en el escenario político brasileño. No fue una sorpresa que la bolsa de Sao Paulo terminará al alza el día de la condena contra Lula. La operación Lava Jato sin duda dañó la imagen del expresidente. Pasó de la del “obrero” a la del “amigo de las grandes empresas”. Y una buena parte de la población no cree en su declaración de inocencia.

Pero al mismo tiempo Lula es visto como el más capaz para sacar al país de la crisis económica, según las encuestas de opinión. En la manifestación espontánea contra su condena, el miércoles 12 en Río de Janeiro, los carteles eran elocuentes. Decían: “Elección sin Lula es un fraude”.

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