23 jul. 2017

Luis Carlos Ugalde: irrelevantes, la fiscalización y las reformas electorales

 Revista Proceso # 2125, a 23 de julio de 2017
Ugalde: irrelevantes, la fiscalización y las reformas electorales/
ROSALÍA VERGARA
Ante la demanda de que se anulen las elecciones del mes pasado, sobre todo en Coahuila, el expresidente del IFE Luis Carlos Ugalde plantea que ninguna ley puramente electoral puede erradicar prácticas como el rebase multimillonario de los topes de campaña ni el uso del dinero público en la promoción o compra del voto. Por eso anticipa que si en 2018 Andrés Manuel López Obrador no gana la Presidencia, el conflicto poselectoral “está cantado”.
Con las impugnadas elecciones del 4 de junio para gobernador en Coahuila y el Estado de México quedó demostrado el fracaso de la reforma electoral de 2014, lo que vaticina un conflicto postelectoral para 2018, afirma Luis Carlos Ugalde Ramírez, quien en 2006 fue presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), ahora Instituto Nacional Electoral (INE).
En entrevista, el polémico exconsejero presidente del IFE (2003-2007) critica sin tapujos al INE, a los Organismos Públicos Electorales (Oples), a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, a los partidos políticos y las reformas que se aprueban después de una elección presidencial para subsanar las ilegalidades cometidas antes y durante una jornada electoral.


–¿Cree que el INE ha sido parcial?
–Creo que ha actuado bajo una óptica totalmente legalista de su función electoral. Me parece que las autoridades electorales requieren expandir su rol legalista a una órbita donde además de su aspecto legal, que es su fundamento, se adopte un rol de autoridad política e incluso de autoridad moral en procesos electorales. Eso es muy importante y no se está haciendo.
–¿La ciudadanía tiene una mala opinión del INE?
–La percepción en las encuestas demuestra que hay una desconfianza en las autoridades electorales.
–¿Esto puede repercutir el año que entra, en la elección más grande de la historia del país?

–Sí, esto los coloca (a los consejeros del INE) en una situación sumamente frágil y preocupante, porque no es nueva la crítica sobre las autoridades electorales. Cuando fui presidente del IFE la experimenté y la padecí. La diferencia entre 2006 y 2018 es que ahora la crítica empezó un año antes de la elección y en 2006 se inició después de la jornada electoral.

“Este es un tema muy relevante. Un año antes de la elección federal se está pidiendo la renuncia de los consejeros, las encuestas muestran una muy baja confianza y se pone en duda su papel. Es la elección más grande de la historia, con 30 comicios locales, entre ellos nueve de gobernador, la elección presidencial, la del Congreso federal y la inédita en la Ciudad de México.”

Considera que, pese a que el INE tiene mucha más autoridad en la organización de los procesos electorales, la confianza en sus consejeros es muy precaria: “Es muy preocupante porque, y esto es nuevo, vamos a ser rehenes de quién gana y por cuánto gana para saber si se acepta o no se acepta el resultado. Ese es el gran drama de la democracia electoral: que la concesión del triunfo depende de eso”.

Según su análisis, si Andrés Manuel López Obrador gana la Presidencia en 2018 “no va a haber lío, va a haber un final feliz, entrecomillado, pero feliz. Pero si no gana López Obrador va a haber lío, cuestionamiento. Y si a eso se le suma que en varias de las nueve elecciones de gobernador los perdedores van a desconocer el resultado, podemos pronosticar que el proceso poselectoral va a estar complicado”.

En su opinión no se debe “esperar que gane López Obrador para que haya un final feliz. Eso no puede ser. El final feliz debe derivar de que los jugadores con reglas ciertas acaten el resultado de un proceso democrático, pero eso no está ocurriendo en México ni va a ocurrir en 2018. Me preocupa, creo que el conflicto poselectoral será agudo”.

Reformas contradictorias

Desde los noventa, después de cada elección federal –la más agresiva es la presidencial– hay una reforma electoral para legislar a fin de que no se cometan los mismos errores, pero al parecer en lugar de erradicar las prácticas violatorias de la ley, éstas son cada vez más complejas.

Ugalde explica: “Efectivamente, lo que hemos visto es que después de 20 años seguimos discutiendo el tema del uso de recursos públicos para ganar elecciones. Esta discusión de prohibir que el gobierno se pronuncie, de que no se usen programas sociales, viene desde los años noventa y sigue porque los partidos, en plural, siguen recurriendo a los programas sociales para atraer votantes”.

Recuerda que Gustavo Madero, como presidente nacional del PAN, propuso modificar la ley para centralizar la organización de los procesos electorales e impedir que los gobernadores priistas intervinieran a favor de su candidato, como ocurrió en los comicios federales de 2012.

“Ese fue el argumento de Gustavo Madero en 2013, cuando inició esta propuesta ingenua e incluso yo diría torpe e irresponsable”, afirma Ugalde Ramírez, quien ahora es director general de Integralia Consultores.

El economista por el ITAM recuerda que la idea de Madero surgió a raíz de la difusión de un par de audios para evidenciar el uso de programas de la Sedesol para influir en la elección del 7 de junio de ese año en Veracruz, y acusar al entonces gobernador Javier Duarte.

“Años después, lo que vemos es la misma cantaleta de parte del PAN. Este año el PAN dijo que los hermanos Moreira –que gobernaron Coahuila– se robaron la elección para gobernador en esa entidad. Si la reforma era para evitar esto y esa es ahora la principal acusación del PAN, no hay muestra más clara de que el creador de esta reforma anuncia, en los hechos, que ésta fracasó.”

El problema de fondo, añade, no es que los gobernadores se entrometan en las elecciones, sino que la reforma electoral burocratiza la organización de las elecciones al centralizar las funciones junto con los Oples en estados y municipios.

En su opinión, los cambios a la ley electoral de 2014 “son disfuncionales. Han probado que crean confusión, diluyen la responsabilidad, encarecen el costo global de la organización electoral y, por tanto, producen impunidad”.

Por eso califica de ingenua la solución del INE, al aprobar nuevos lineamientos y reglamentos para prohibir que los candidatos vayan a eventos donde se distribuyen beneficios sociales y que a partir del 8 de septiembre adquieran propaganda o publicidad en cualquier medio de comunicación.­

“El problema que tenemos en México es la idea falsa de que con lineamientos, reglamentos y prohibiciones vamos a corregir un problema estructural, que es la evasión de la norma, el oportunismo, la violación selectiva de la ley por los candidatos, los jugadores y los partidos políticos. Y la autoridad electoral, de manera ingenua, sigue pensando que con más lineamientos y reglamentos va a corregir un problema estructural que es histórico en México.”

Por ejemplo, dice, el artículo que estipula que si alguien rebasa el tope de gastos de campaña se anulará la elección “es otra ingenuidad” del INE, porque la mayoría de los candidatos rebasan los topes y no por 5 millones, como dicen que fue el caso de Coahuila, sino por 50, 100 o 500 millones.

Para Ugalde lo anterior es “la punta de un iceberg”. En la superficie el INE tiene una ley con prohibiciones y regulaciones que nadie cumple y provoca litigios y pleitos legales entre partidos, pero debajo del agua hay rebases de topes por cientos de millones de pesos. “Y esto se debe, en parte, creo yo, a la idea equivocada de que con prohibiciones vas a corregir el comportamiento de los partidos políticos”.

–Respecto a las elecciones del 4 de junio, ¿quiénes son los responsables de los errores en los conteos rápidos en el desarrollo de las elecciones en Coahuila y el Estado de México?

–El problema es diluir la responsabilidad porque, como quedó claro en la última elección, todo el mundo se echa la pelotita. Entonces todo el mundo asume que el INE es el responsable último del proceso electoral, pero antes del INE están los Oples, y aun antes los propios partidos políticos. Ante la opinión pública no queda claro quién es el responsable de cada fase del proceso electoral. Aunque está en la ley, en los hechos nadie sabe exactamente quién es el que debe actuar.

Dice que en Coahuila, donde se reportó el robo de casillas y rebase de topes de gastos de campaña, hubo inconsistencias en el PREP, entre otras irregularidades. Ugalde Ramírez considera que esa responsabilidad es compartida entre el INE y el Ople.

Sin embargo, insiste, “ante la opinión pública y los no expertos, no queda claro quién es el responsable. No sólo eso: los propios partidos políticos pidieron al INE, semanas antes, que asumiera la organización de la elección, cuando los partidos saben que eso se debe solicitar antes de que se inicie el proceso electoral”.

De hecho, advierte, “en este momento, los partidos políticos que así lo deseen deberían estar solicitando al INE que asuma la organización de algunas elecciones locales en 2018. Puedo asegurar que en mayo de ese año muchos partidos van a estar demandando que el INE lo haga, de manera engañosa e irresponsable, porque saben que eso sólo se puede hacer antes del próximo 8 de septiembre”.

–¿Para evitar una catástrofe rumbo al 2018 se tendría que anular una elección impugnada?

–Si la de Coahuila se anulara con elementos probatorios suficientes y contundentes, ayudaría mucho a contener el abuso en 2018; pero si no hay elementos probatorios contundentes va a generar más incertidumbre en el sistema.

El INE, rebasado

Ugalde admite que desde 1996 la elección de los consejeros electorales siempre ha sido por cuotas de los partidos políticos. En su libro Así lo viví. Testimonio de la elección presidencial de 2006, la más competida en la historia moderna de México, cuenta cómo fue palomeado por la otrora líder magisterial Elba Esther Gordillo, con el apoyo del PRI.

“Siempre, en 1996, en 2003, en 2008 y ahora, los partidos influyen en los consejeros en mayor o menor medida –admite–. Siempre ha habido consejeros que se dejan influir por interés político individual y, en algunas ocasiones actúan como correa de transmisión de los partidos. Eso es real, lo vi cuando estuve como consejero presidente. Ocurrió cuando lo presidió José Woldenberg y está ocurriendo ahora.”

El problema, acota, es cómo contrapesar las fuerzas de algunos consejeros que tratan de cuidar a los partidos con aquellos que buscan actuar de manera independiente y con base en la ley. Y agrega que “los partidos también han usado la presión para querer cooptar a las autoridades electorales federales, estatales, tribunales e institutos electorales”.

–¿Qué opina de la actuación de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE en este proceso electoral?

–Su desempeño ha sido errático porque los propios consejeros del INE dijeron que se habían cambiado los criterios sobre la marcha. No hay una explicación clara hacia afuera de qué se revisa ni cómo se hace.

“La fiscalización del INE está rebasada, está superada, es irrelevante, yo diría que hasta podría ser ingenua, porque el INE, y antes el IFE, hace un proceso de fiscalización robusto y cumple muy bien los requisitos que establece la ley, pero la ley es irrelevante, ingenua e insuficiente para detectar lo que está ocurriendo debajo de la superficie.

“La magnitud de lo que ocurre bajo el agua es de cientos de millones de pesos en rebase de topes de campaña, que nunca se conoce por una razón simple: el dinero que fluye en efectivo ni siquiera pasa por las tesorerías de los partidos, es pagado en ocasiones por terceros, en ocasiones se triangula de forma que ni el propio partido sabe realmente cuánto se gastó en la campaña”.

Considera por eso que el INE revisa una porción mínima, sesgada y maquillada por los partidos; en consecuencia, por correcta que sea, esa fiscalización no contribuye a nada.

“Seguir insistiendo en ese modelo de fiscalización es totalmente irrelevante y no nos va a llevar a ningún lado. Con ella no hay manera de detectar los gastos que se están haciendo en las campañas.”

–¿Qué se tendría qué hacer para conseguirlo?

–Hay dos fuentes principales para fondear las campañas: una es el desvío de recursos públicos, y la otra, con donaciones ilegales de particulares. Muchos gobernadores se dedican a fondear campañas y, por tanto, un mecanismo para prevenir esto es mejorar el control hacendario de los gobiernos locales, estatales y municipales.

“Mientras un gobierno estatal pueda cambiar cientos de millones de pesos de una partida presupuestal a otra, tener padrones inflados de beneficiarios de programas sociales, endeudarse sin dar cuenta de en qué está gastando el erario y cobrar comisiones de 20 o 30% por asignar obra pública, se seguirán ganando las elecciones con dinero.

“¿Cómo evitamos que esto siga ocurriendo? No tiene nada que ver con el INE, la fiscalización o la ley electoral, sino con un control presupuestario, hacendario, más estricto, que deben hacer las auditorías, las contralorías y los congresos locales.”

En cuanto a las donaciones ilegales de particulares, sostiene: “En México se ha vuelto un negocio muy próspero el fondeo de campañas. Si eres constructor y le das 10 pesos a un candidato que se convierte en gobernador, éste no te va a dar 10, te va a dar 100 o mil. Fondear campañas es un boleto al enriquecimiento porque significa obtener contratos de obra pública, de adquisiciones, permisos especiales…

“Eso explica por qué tantos particulares son constructores, contratistas, hoteleros, desarrolladores. Están recurriendo a fondear campañas. Son agiotistas: te prestan un peso pero esperan 10 a cambio y por eso la obra pública se ha encarecido, por eso los sobornos se han elevado tanto. El famoso diezmo ha pasado del 10 al 20 o 30%. Por eso vemos cómo hay obra pública que no cumple los requisitos y se colapsa. La obra pública se ha convertido en un mecanismo para pagar campañas.”

En este caso, Ugalde Ramírez propone limitar la capacidad de los gobiernos estatales y del federal para pagar sus campañas de esa forma: “Si se corrige la asignación de obra pública y la discrecionalidad para asignarla de manera directa, vas a solucionar el problema. Pero la fiscalización del INE está contando espectaculares, está viendo si le pagaste mil 400 pesos o no a los representantes de casilla… la verdad, es irrelevante”.

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