Columna Itinerario Político/Ricardo Alemán
Publicado en El Universal, 25 de marzo de 2009;
¿Recompensa o soborno?
Por donde se vea, el sistema de recompensas que legalizó el gobierno federal —vía la PGR— para estimular delación y captura de los más buscados narcos no es más que una modalidad de soborno.
Es decir, ante el fracaso de sistemas de inteligencia y tecnología para investigar y perseguir delitos y castigar delincuentes, el gobierno mexicano recurrió al estímulo de la codicia entre los ciudadanos en general —a los que se les otorgan hasta 15 millones de pesos por delincuentes como El Chapo— para atrapar a “los más buscados”. ¿Qué tan legítimo es que un Estado recurra al cuestionable soborno social para capturar a los barones de la droga?
Primero debemos recordar que hablar de recompensar a ciudadanos que delatan a un criminal no es novedad, y menos México es el único país que lo emplea. También debemos reconocer que, a lo largo de la historia, el sistema de recompensas a cambio de información —como la localización e identidad de personas— ha generado complejos sistemas privados de persecución y agencias especializadas y de los llamados cazarrecompensas. ¿Por qué? Porque en la práctica el Estado declina potestades fundamentales —como perseguir y localizar delincuentes— para dejar esa actividad en manos de los ciudadanos, a los que se recompensa con jugosas sumas por los servicios de espionaje. ¿Quién ha dicho, en el caso mexicano, cómo regularán ese soborno?
Aun así, para una porción social el tema de las recompensas no amerita la menor reflexión sobre la moral y la ética públicas de instituciones del Estado que recurren a la recompensa. Más aún, no son pocos los especialistas del tema que no sólo justifican el soborno disfrazado de recompensa, sino que ante flagelos sociales como el crimen y el narco se dicen convencidos de que el mejor antídoto es “su propio veneno”. ¿De qué estamos hablando?
Todos saben que uno de los más potentes motores del crimen es la codicia: la ambición de dinero abundante, fácil y rápido, para la que el riesgo por alcanzarlo pasa a segundo plano. También todos saben —sobre todo los barones del crimen— que sus principales aliados son el anonimato y su fuerza corruptora, la capacidad de moverse por todo el territorio, meterse a todos los estratos sociales, corromper a todo aquel que se ponga enfrente… ¿Qué es lo que propone el sistema de recompensas?
Utiliza un método similar: dinero abundante, fácil y rápido, con la ventaja de que el soborno es “legal”. Pareciera que el Estado encontró “la horma del zapato” de los criminales. Falta ver el día después: ¿los criminales se quedarán como si nada? Al tiempo.
Por donde se vea, el sistema de recompensas que legalizó el gobierno federal —vía la PGR— para estimular delación y captura de los más buscados narcos no es más que una modalidad de soborno.
Es decir, ante el fracaso de sistemas de inteligencia y tecnología para investigar y perseguir delitos y castigar delincuentes, el gobierno mexicano recurrió al estímulo de la codicia entre los ciudadanos en general —a los que se les otorgan hasta 15 millones de pesos por delincuentes como El Chapo— para atrapar a “los más buscados”. ¿Qué tan legítimo es que un Estado recurra al cuestionable soborno social para capturar a los barones de la droga?
Primero debemos recordar que hablar de recompensar a ciudadanos que delatan a un criminal no es novedad, y menos México es el único país que lo emplea. También debemos reconocer que, a lo largo de la historia, el sistema de recompensas a cambio de información —como la localización e identidad de personas— ha generado complejos sistemas privados de persecución y agencias especializadas y de los llamados cazarrecompensas. ¿Por qué? Porque en la práctica el Estado declina potestades fundamentales —como perseguir y localizar delincuentes— para dejar esa actividad en manos de los ciudadanos, a los que se recompensa con jugosas sumas por los servicios de espionaje. ¿Quién ha dicho, en el caso mexicano, cómo regularán ese soborno?
Aun así, para una porción social el tema de las recompensas no amerita la menor reflexión sobre la moral y la ética públicas de instituciones del Estado que recurren a la recompensa. Más aún, no son pocos los especialistas del tema que no sólo justifican el soborno disfrazado de recompensa, sino que ante flagelos sociales como el crimen y el narco se dicen convencidos de que el mejor antídoto es “su propio veneno”. ¿De qué estamos hablando?
Todos saben que uno de los más potentes motores del crimen es la codicia: la ambición de dinero abundante, fácil y rápido, para la que el riesgo por alcanzarlo pasa a segundo plano. También todos saben —sobre todo los barones del crimen— que sus principales aliados son el anonimato y su fuerza corruptora, la capacidad de moverse por todo el territorio, meterse a todos los estratos sociales, corromper a todo aquel que se ponga enfrente… ¿Qué es lo que propone el sistema de recompensas?
Utiliza un método similar: dinero abundante, fácil y rápido, con la ventaja de que el soborno es “legal”. Pareciera que el Estado encontró “la horma del zapato” de los criminales. Falta ver el día después: ¿los criminales se quedarán como si nada? Al tiempo.
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