Boletín N°. 3956
Avalar la Ley de Extinción de Dominio con neutralidad política y sin visiones partidistas: Diputado César Camacho
Al referirse a la Ley de Extinción de Dominio, que se discute en el Senado, el presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho Quiroz, se pronunció por construir una propuesta en un espacio de neutralidad política y exenta de visiones partidarias, a fin de lograr un instrumento jurídicamente sólido que evite alguna declaración de inconstitucionalidad o vacíos legales que compliquen su aplicación.
Durante su intervención en el Ciclo de conferencias sobre el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Policía Federal, organizado por la Comisión de Seguridad Pública, que preside el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, el diputado dijo que el argumento central por el cual el tema está detenido es que en la iniciativa del Ejecutivo hay una presunción de culpabilidad de aquella persona cuyos bienes se pretende extinguir.
“En este sentido, si alguien renta una bodega y ahí guardan mercancía robada o productos del narco, esa persona tendría que probar que no está vinculada con el narco. Nosotros queremos que sea a la inversa para hacer valer la presunción de inocencia; el Ministerio Público debe presumir el origen ilícito del dinero o de los bienes a extinguir”.
Subrayó que la carga de la prueba o responsabilidad de demostrar la ilicitud en el origen de los bienes, dinero o en el involucramiento de los delitos debe recaer en el Ministerio Público; “de lo contrario se puede dar paso a una expresión autoritaria, peligrosa o al ejercicio caprichoso de la ley, hasta la persecución”.
“Evitemos reveces al gobierno, evitemos dar la señal equivocada de que en aras de combatir al crimen organizado estamos dispuestos a correr riesgos o incluso atropellar derechos; me parece que queriendo lograr una cosa buena se podría hace una cosa mala y creo que el país y las condiciones actuales no están para eso”.
Respecto de la creación de un cuerpo policiaco único, dijo que antes de desaparecer a la AFI como se ha propuesto, se tiene que sustituir para no dejar a la Procuraduría General de la República sin su brazo ejecutor.
“No podemos dejar a la Procuraduría así, si no hay algo mejor con lo cual sustituirla, me parecería de un peligro terrible desaparecerla de un plumazo, sin dejar de admitir los enormes vicios y problemas que suele haber en las corporaciones policiacas”.
En tanto, el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Marco Tulio López Escamilla, dijo que confundir, politizar, ignorar o tergiversar la necesidad que tenemos de atacar la inseguridad pública nos puede poner en franca desventaja frente a la criminalidad.
“La tarea de prevención y de combate a los delitos es una asignatura pendiente, impostergable e insoslayable que demanda la ciudadanía. La respuesta a esa demanda ciudadana tiene que traducirse en una policía profesional científica, ética, con los mejores estándares de investigación, certificación, educación y carrera policial”.
Señaló que es deber de los servidores públicos perseguir y detener a los responsables de hechos delictivos, pero por encima de eso está la obligación de prevenirlos, de generar una cultura de legalidad que combata las causas que los generan.
“Ese es el deber del Estado, investigar y evitar que estos delitos ocurran, que estas conductas antisociales se prevengan en lugar de consumarse lastimando a la sociedad”.
Enfatizó que hay que dotar a las policías de mecanismos de inteligencia eficaz, especializados y modernos que permitan hacer frente a los grupos delincuenciales previniendo y evitando cualquier riesgo o amenaza que afecte el orden, la paz y la seguridad pública.
“Ha llegado el momento de romper el paradigma de la seguridad pública antigua que ya demostró su ineficacia; será tarea de esta gobierno, legislaturas y ciudanía consolidar el sistema nuevo para atacar los principales problemas de la policía: corrupción, imprevisión, impunidad y deterioro institucional”.
En tanto, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Rubido García, refirió que con la Ley respetiva aprobada por la Cámara de Diputados, el Centro Nacional de Información homologará las bases de datos de las entidades federativas, a fin de que en todos los órdenes de gobierno y entidades federativas sean los mismos criterios de operación.
Destacó que también se establecieron sanciones para quien maneje indebida o ilícitamente los fondos de seguridad pública y las certificaciones a las que están obligados los servidores públicos en la materia.
Además se previó que las entidades federativas tengan el compromiso de ejecutar los recursos para el rubro durante el año fiscal; “lo que no se gaste se tendrá que reintegrar a la Tesorería de la Federación y servirá como un referente para la canalización del presupuesto del año próximo”.
El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya indicó que el ciclo de conferencias ayudará a dictaminar a la Comisión de Seguridad Pública sobre temas pendientes, como el caso de la policía federal que tratamos de alguna manera de armonizar, respecto de la PGR y a la Policía Preventiva.
Avalar la Ley de Extinción de Dominio con neutralidad política y sin visiones partidistas: Diputado César Camacho
Al referirse a la Ley de Extinción de Dominio, que se discute en el Senado, el presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho Quiroz, se pronunció por construir una propuesta en un espacio de neutralidad política y exenta de visiones partidarias, a fin de lograr un instrumento jurídicamente sólido que evite alguna declaración de inconstitucionalidad o vacíos legales que compliquen su aplicación.
Durante su intervención en el Ciclo de conferencias sobre el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Policía Federal, organizado por la Comisión de Seguridad Pública, que preside el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, el diputado dijo que el argumento central por el cual el tema está detenido es que en la iniciativa del Ejecutivo hay una presunción de culpabilidad de aquella persona cuyos bienes se pretende extinguir.
“En este sentido, si alguien renta una bodega y ahí guardan mercancía robada o productos del narco, esa persona tendría que probar que no está vinculada con el narco. Nosotros queremos que sea a la inversa para hacer valer la presunción de inocencia; el Ministerio Público debe presumir el origen ilícito del dinero o de los bienes a extinguir”.
Subrayó que la carga de la prueba o responsabilidad de demostrar la ilicitud en el origen de los bienes, dinero o en el involucramiento de los delitos debe recaer en el Ministerio Público; “de lo contrario se puede dar paso a una expresión autoritaria, peligrosa o al ejercicio caprichoso de la ley, hasta la persecución”.
“Evitemos reveces al gobierno, evitemos dar la señal equivocada de que en aras de combatir al crimen organizado estamos dispuestos a correr riesgos o incluso atropellar derechos; me parece que queriendo lograr una cosa buena se podría hace una cosa mala y creo que el país y las condiciones actuales no están para eso”.
Respecto de la creación de un cuerpo policiaco único, dijo que antes de desaparecer a la AFI como se ha propuesto, se tiene que sustituir para no dejar a la Procuraduría General de la República sin su brazo ejecutor.
“No podemos dejar a la Procuraduría así, si no hay algo mejor con lo cual sustituirla, me parecería de un peligro terrible desaparecerla de un plumazo, sin dejar de admitir los enormes vicios y problemas que suele haber en las corporaciones policiacas”.
En tanto, el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Marco Tulio López Escamilla, dijo que confundir, politizar, ignorar o tergiversar la necesidad que tenemos de atacar la inseguridad pública nos puede poner en franca desventaja frente a la criminalidad.
“La tarea de prevención y de combate a los delitos es una asignatura pendiente, impostergable e insoslayable que demanda la ciudadanía. La respuesta a esa demanda ciudadana tiene que traducirse en una policía profesional científica, ética, con los mejores estándares de investigación, certificación, educación y carrera policial”.
Señaló que es deber de los servidores públicos perseguir y detener a los responsables de hechos delictivos, pero por encima de eso está la obligación de prevenirlos, de generar una cultura de legalidad que combata las causas que los generan.
“Ese es el deber del Estado, investigar y evitar que estos delitos ocurran, que estas conductas antisociales se prevengan en lugar de consumarse lastimando a la sociedad”.
Enfatizó que hay que dotar a las policías de mecanismos de inteligencia eficaz, especializados y modernos que permitan hacer frente a los grupos delincuenciales previniendo y evitando cualquier riesgo o amenaza que afecte el orden, la paz y la seguridad pública.
“Ha llegado el momento de romper el paradigma de la seguridad pública antigua que ya demostró su ineficacia; será tarea de esta gobierno, legislaturas y ciudanía consolidar el sistema nuevo para atacar los principales problemas de la policía: corrupción, imprevisión, impunidad y deterioro institucional”.
En tanto, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Rubido García, refirió que con la Ley respetiva aprobada por la Cámara de Diputados, el Centro Nacional de Información homologará las bases de datos de las entidades federativas, a fin de que en todos los órdenes de gobierno y entidades federativas sean los mismos criterios de operación.
Destacó que también se establecieron sanciones para quien maneje indebida o ilícitamente los fondos de seguridad pública y las certificaciones a las que están obligados los servidores públicos en la materia.
Además se previó que las entidades federativas tengan el compromiso de ejecutar los recursos para el rubro durante el año fiscal; “lo que no se gaste se tendrá que reintegrar a la Tesorería de la Federación y servirá como un referente para la canalización del presupuesto del año próximo”.
El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya indicó que el ciclo de conferencias ayudará a dictaminar a la Comisión de Seguridad Pública sobre temas pendientes, como el caso de la policía federal que tratamos de alguna manera de armonizar, respecto de la PGR y a la Policía Preventiva.
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