Uno de los retos del Presidente de la SCJN don Juan Silva Meza es el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. En su discurso de toma de posesión en enero pasado don Juan apeló a la unidad, pero también adelantara que en el CJF “nuestros jueces y magistrados, que si bien habrán de ser más exigidos, también habrán de ser más arropados”.
El consejo está integrado por siete miembros: el Presidente de la SCJN quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito --César Esquinca Muñoa, Juan Carlos Cruz Razo y Óscar Vázquez Marín-, dos Consejeros designados por el Senado -Jorge Moreno Collado (nombrado por el senado); César Jáuregui Robles-, y uno por el Presidente de la República., Daniel Francisco Cabeza de Vaca. Los Consejeros no representan a quien los designa, por lo que deben ejercer su función con independencia e imparcialidad.
En un reciente discurso a propósito del Aniversario del Natalicio de don Benito Juárez García , el ministro Presidente dijo: “Hoy que algunas voces de la sociedad se sienten seria, justificadamente, a veces, insatisfechas de todo el sistema de justicia, así, de todo, sin distinguir instancias, órdenes, ni fueros, que atestiguan con suspicacia su trabajo, que desconfían del uso que se le da sus atribuciones, debemos llevar al extremo el respeto y la dignidad de las leyes y las instituciones, y cumplir, cada uno de nosotros, con nuestra responsabilidad…”
“Los juzgadores Federales creemos, con Juárez, el juzgador, que al actuar con rectitud, con honorabilidad, con independencia, con imparcialidad, con transparencia, abonamos a la confianza social y, con ello, a la unidad nacional. La crisis de confianza que atravesamos no es indiferente al Poder Judicial de la Federación. Lo reconocemos, estamos dentro de y con la sociedad. Debemos nutrir nuestro trabajo con sus reclamos y exigencias, para así abatir, entre todos, las dolencias y temores que nos son comunes.”
Dos días después de ese discurso y en un auténtico ejercicio de transparencia el CJF dio a conocer las estadísticas relativas a las sanciones emitidas en contra de servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF) en los dos últimos años.
Derivado de la revisión de 2, 592 expedientes, durante el periodo que va del 13 de marzo de 2009 al 13 de marzo de 2011, el Pleno del CJF y la Comisión de Disciplina determinaron que en 108 casos procedió emitir sanciones en contra de funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF). La información fue difundida dos días después de que el periódico La Jornada dio a conocer que existen en trámite medio centenar de quejas administrativas presentadas en los primeros tres meses del año en curso contra juzgadores acusados, principalmente, de incurrir en errores en la interpretación de las leyes secundarias
El CJF en un comunicado inusual –No. 10- informó ayer miércoles que sancionó a 108 servidores públicos en los últimos dos años; destaca el caso de 14 magistrados de circuito, 18 jueces de distrito, 13 secretarios de tribunal, 26 secretarios de juzgado 15 actuarios judiciales un analista jurídico, 18 oficiales administrativos y tres oficiales de servicios y mantenimiento que recibieron sanciones diversas derivadas de malas prácticas en su ejercicio profesional
De ellos, cinco jueces y 10 magistrados fueron suspendidos temporalmente de sus cargos, por incurrir en conductas, principalmente, vinculadas a la falta de profesionalismo, notoria ineptitud, hostigamiento laboral y falta de respeto a sus subordinados.
En total se emitieron 117 sanciones porque un mismo funcionario pudo ser acreedor a dos o más castigos, puntualizó el CJF. En 80 casos las sanciones fueron consideradas como no graves y en 37 como graves.
Según la Judicatura, el mayor número de sancionados fueron en el DF con 18 servidores públicos sancionado; estado de México, ocho; Quintana Roo, ocho; Guerrero, siete; y Jalisco con seis.
Las conductas en las que incurrieron los servidores públicos, que motivaron las sanciones fueron 72 por falta de profesionalismo; dos por dilación en el proceso; ocho por dilación en la resolución; cuatro por notoria ineptitud; tres por notorio descuido; seis por imparcialidad en el desempeño de la función judicial; cuatro por ejercicio indebido de funciones; cuatro por falta de respeto al superior o subordinado; cuatro por abandono de funciones ; dos por deshonestidad; uno por hostigamiento laboral; dos por disposición de numerario para su beneficio; dos por ejercer otro empleo prohibido por la ley; uno por hostigamiento sexual y dos por abuso de poder.
Los jueces y magistrados han adoptado además un código de ética denominado “Carta de derechos y obligaciones de los usuarios de la justicia en México” a los cuales todos están comprometidos.
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