La dupla Velasco Coello-Ugarte González Farándula y negocios/JORGE
CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso , 2 de mayo de 2015
El
gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, se afianza mediante una
estrategia mediática en la que ha sabido combinar las alianzas políticas, los
negocios y los espectáculos. Uno de sus aliados es Fernando Ugarte, el
empresario que financió su campaña y luego fue propuesto por el Partido Verde
como alcalde en Mezcalapa, donde hoy despacha. Pero el verdadero poder de
Ugarte es monopolizar los espectáculos en Chiapas, ese rubro en el que tanto
invierte el recién casado mandatario con dinero del erario. En cuanto a la
política, eso es otra cosa…
De
la mano de la actriz de Televisa, el espectáculo se ha convertido en signo de
su gobierno. En los casi dos años y medio que lleva su administración, Velasco
ha gestionado la presencia de las figuras exclusivas del monopolio y de TV
Azteca. Lo ha hecho de la mando de Producciones Ugarte, propiedad del
empresario Fernando Ugarte González y presidente municipal de Mezcalapa,
también por el Partido Verde.
Al
igual que Velasco, en su condición de primer gobernador del PVEM, Ugarte es el
primer presidente de Mezcalapa, municipio creado apenas en 2011, que vive en
gran parte de los empleos de la Comisión Federal de Electricidad y que está
ubicado a hora y media de Tuxtla Gutierrez, la capital del estado.
Ugarte
González es también propietario del equipo de futbol Mezcalapa F.C., de la
tercera división. Además del control de espectáculos en Chiapas, su empresa
tiene presencia en Puebla y Yucatán.
Su
contacto con Manuel Velasco fue Eduardo Ramírez Aguilar, hasta mediados de
abril secretario de Gobierno de Chiapas. Renunció después de conocerse que se
reunió con un presunto grupo paramilitar vinculado al crimen organizado días
antes de una matanza en Pueblo Nuevo Solistahuacán, fronterizo con Simojovel.
Ramírez
de Aguilar era alcalde de Comitán en 2010 cuando Velasco llegó a ese municipio
a dar su cuarto informe como senador. Ugarte ha declarado públicamente que
ayudó a Velasco Coello como senador y luego en su campaña para gobernador.
Su
llegada como presidente municipal fue en pago del apoyo económico que le dio a
Velasco en su campaña para gobernador, asegura Edmundo Robert Ávalos Terrazas,
propietario de Producciones Grupo Diamante, uno de los promotores del
espectáculo desplazados tras la llegada al poder del nieto del gobernador
Manuel Velasco Suárez.
Producciones
Ugarte está acaparando el mercado junto con Jorge D’Alessio, cuñado de Anahí e
hijo de la cantante Guadalupe D’Alessio. Están creando un monopolio del
espectáculo, pero con recursos del estado, dice en entrevista Ávalos Terrazas,
piloto aviador retirado desde hace 13 años de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM),
del Ejército.
Las
cancelaciones
Los
anuncios de Producciones Ugarte sobre la presencia de artistas, comediantes y
otros exponentes de la farándula televisiva en Chiapas ostentan el respaldo que
esa empresa tiene del gobierno del estado. El logotipo de la administración de
Manuel Velasco, Chiapas nos une, aparece de forma reiterada en las carteleras
de la productora.
Es
tal la comunión de intereses entre el gobierno de Chiapas y la empresa que en
su página en internet el gobierno estatal refiere como dirección electrónica
del presidente municipal de Mezcalapa el correo produccionesugarte@hotmail.com.
La
cancelación de un concierto organizado por Ávalos Terrazas puso al descubierto
la relación de Manuel Velasco, su familia política y el Partido Verde con
Producciones Ugarte.
Con
12 años como empresario del espectáculo, en junio del año pasado Ávalos
Terrazas había organizado la presentación del cantante Alfredo Ríos, El
Komander, en la plaza de toros San Roque, como parte de la feria de Chiapas, en
Tuxtla Gutiérrez. Pero la presentación fue cancelada repentinamente por el
municipio bajo el argumento de que el lugar tenía problemas estructurales que
ponían en peligro a los asistentes.
A
pesar de tener los permisos para realizar el concierto en la plaza de toros el
5 de junio del año pasado, el recinto fue clausurado por el ayuntamiento y en
consecuencia le retiró la autorización para la presentación del cantante.
Lo
sorprendente es que poco después de la supuesta clausura, el día 15, el Partido
Verde lo utilizó para la toma de posesión de su entonces nuevo presidente
estatal, Fernando Castellanos Cal y Mayor. Se trata del mismo político que el 3
julio de 2009, a dos días de las elecciones federales intermedias, fue detenido
por la Policía Federal en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez con 1 millón de
pesos en efectivo cuyo origen no pudo acreditar.
La
detención no pasó a más y el entonces senador del PVEM y ahora coordinador de
la bancada de ese partido en la Cámara de Diputados, Arturo Escobar, aseguró
que era dinero para que Castellanos comprara una casa.
Impedido
de usar la plaza de toros para el concierto, Ávalos Terrazas solicitó un amparo
y la justicia federal se lo concedió. Pero la noche previa al concierto, el
ayuntamiento impidió que ingresara el equipo de producción.
Con
15% de la taquilla vendida, el empresario contrató el palenque de Tuxtla
Gutiérrez. Notificó del cambio de sede a las autoridades y Protección Civil, la
Policía Municipal y la de Tránsito lo avalaron, en acatamiento al amparo.
Cuando
la gente ya estaba llegando al palenque, con el cantante preparando su
presentación, un representante legal del ayuntamiento llegó con la orden de
impedir, de nueva cuenta, el concierto. El argumento fue también que presentaba
fallas en su estructura.
Pese
a las protestas del empresario, que ya había vendido todo el boletaje, la
Policía Municipal impidió que los vehículos se acercaran al lugar. Además, los
uniformados desplegaron unidades antimotines.
Ávalos
Terrazas interpuso una demanda contra las autoridades municipales por violación
al amparo, pero la denuncia no ha prosperado y está congelada en los tribunales
federales en el estado. “La violación al amparo es muy clara. No se trató de
una cancelación del concierto, sino abuso de la autoridad para bloquear la presentación.
El juez otorgó la suspensión provisional (de la decisión de la autoridad de
impedir el concierto), pero de todos modos el gobierno lo bloqueó”, declara el
empresario.
El
impedimento de la presentación del Komander en Tuxtla Gutiérrez ocurrió en
momentos en que en algunas ciudades del país se había prohibido su presentación
bajo el argumento de que el cantante hace apología de la violencia al
interpretar narcocorridos.
Pero
ese no fue el caso de Tuxtla Gutiérrez, sino uno de tráfico de influencias
porque una semana después de que se le impidiera hacer el concierto, El
Komander se presentó el día 12 en el municipio de Simojovel, bajo la
organización de Producciones Ugarte, afirma Ávalos Terrazas.
“Es
claro que se trata de un pago de facturas porque Ugarte financió la campaña del
gobernador. En este sector empresarial de Chiapas es sabido que él pagó para
que se pintaran todas las bardas en el estado a favor de Manuel Velasco durante
la campaña electoral. Además, aparecía en los eventos del candidato. Como
resultado, le dieron una presidencia municipal”, asegura.
Además
de que ya había pagado la producción y al artista, Ávalos Terrazas se vio
obligado a devolver las entradas. “Tuve que vender una propiedad para poder
pagar. La pérdida fue cercana a los 2 millones de pesos”, dice.
Lo
que están haciendo, afirma, es eliminar la competencia de Ugarte, “quien ahora
se jacta de que nadie más va a organizar eventos artísticos en Tuxtla y otras
partes del estado porque el gobernador es muy su amigo. Eso lo dice a todo el
mundo”.
Producciones
Ugarte
Avalos
asegura que Producciones Ugarte tiene los derechos en exclusiva para hacer
eventos en la feria de Chiapas. Después de estudiar en Puebla, regresó a
Chiapas entre 2009 y 2010 y comenzó a organizar eventos en los que nunca
ganaba, “pero ahora tiene el control del espectáculo y sin ser político hasta
es presidente municipal” por el mismo partido al que pertenece el gobernador.
En
esos beneficios, Ávalos incluye a la familia política del gobernador. Refiere
que el cuñado de Anahí, Jorge D’Alessio, hijo de la cantante Guadalupe
D’Alessio, está trabajando junto con Ugarte en la organización de los
espectáculos, además de que es proveedor del gobierno de Manuel Velasco de
escenarios, como la renta de pantallas gigantes durante el Mundial de Futbol
que se colocaron en todos los municipios del estado. Lo más reciente fueron las
pistas de hielo que se instalaron también en la entidad.
El
subteniente de la Fuerza Aérea Mexicana retirado no ha dejado de buscar la reparación
del daño. Hizo un video en el que se dirigió al gobernador y los subió a las
redes sociales. Como opción, propuso “la adjudicación a mi persona de la
contratación de artistas para la feria Chiapas 2014, misma que Ugarte González
ha tenido a su cargo los últimos cuatro años”. Según ha declarado a la prensa
local, éste tiene el control de la organización de la feria desde 2008.
“En
cuanto Ugarte vio el video me llamó por teléfono para amenazarme”, dice el
piloto retirado de la FAM. “Lejos de amedrentarme, me dirigí a la Procuraduría
General de Justicia del estado para denunciar y pedirle que solicitara la
grabación de la amenaza a la compañía celular. Hasta ahora sigo esperando a que
me llamen para ratificar mi denuncia.”
Ávalos
Terrazas hizo públicas las denuncias, pero no pasó de la prensa escrita porque
asegura que ni Televisa ni TV Azteca la han dado a conocer a pesar de que sus
reporteros en Chiapas han seguido el caso.
El
empresario recurrió incluso a la mamá del gobernador, Leticia Coello viuda de
Velasco, conocida en el estado como “la vicegobernadora” (Proceso 1992). Ella
es la directora del DIF estatal y se supone que trabaja a favor de las
familias. “Le envié dos oficios, que tienen sello de recibido para decirle que
perdí mi patrimonio y las condiciones en que quedó mi familia”. Lo mismo
intentó con el exsecretario de Gobernación, Eduardo Ramírez Aguilar.
Ávalos
Terrazas abordó directamente al gobernador en septiembre pasado, durante un
acto público en la Universidad Autónoma de Chiapas. Se le acercó y en cuanto le
mencionó las amenazas de Ugarte, le pidió a su secretario particular, Ramón
Guzmán, que le diera una cita. “En cuanto a Guzmán le comenté de lo que se
trataba, le hizo señas al personal de seguridad y me sacaron”.
La
respuesta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos también ha sido el
silencio. El caso ya lo presentó en la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, que ha comenzado a requerir información a las autoridades municipales.
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