El
mundo al revés/Ernesto Villanueva
Noroeste,
10 de agosto de 2015...
Juan
S. Millán
El
martes pasado el diario Reforma dedicó su nota principal de portada a la
acusación de un "testigo cooperador" sobre eventuales sobornos del
narco a las autoridades de Sinaloa e, implícitamente, a los ex gobernadores
Juan S. Millán y Jesús Aguilar Padilla, como parte de un proceso judicial para
ampliar los cargos contra el presunto narcotraficante Alfredo Beltrán Leyva en
Estados Unidos. Es todo un caso digno de análisis. Veamos.
De
esta suerte, la responsabilidad de los avances y limitaciones de la ley me
corresponde sólo a mí. El mérito del Gobernador Millán fue apoyar un tema
inédito en el País que marcó la pauta para presionar la aprobación de la Ley
Federal y de otras entidades federativas, que le valió el reconocimiento de la
OEA y de la Unesco, que no es poca cosa.
Tercero.
La estrategia contra Juan S. Millán salió mal por tres razones: a) Del dato
inicial implícito no hubo nuevas piezas informativas que permitieran posicionar
el mensaje negativo; b) Ningún medio de Estados Unidos del mainstream; es
decir, de los principales medios que elaboran la agenda pública, recogió la
especie, de suerte que la nota se diluyó de la misma forma que inició, y c) La
postura del gobierno de Estados Unidos, alejada de esta agenda.
Desde
el punto de vista jurídico, el que afirma tiene la carga de la prueba. La
presunción de inocencia es un principio de explorado derecho. Una afirmación de
un testigo "cooperador" sólo puede ser un indicio jamás una evidencia
o prueba plena. Peor aún, esta figura de los testigos protegidos ha demostrado
cómo se vulnera el estado de derecho porque los testigos de referencia carecen
del ejercicio pleno del libre albedrío y por obtener beneficios son capaces de
poner hasta su ser más querido.
Para
no ir muy lejos aquí está el caso del "michoacanazo", armado por
testigos protegidos para encarcelar a más de 32 servidores públicos de
Michoacán por sus aparentes nexos con el narcotráfico, los cuales al año todos
y cada uno fueron liberados por falta de pruebas y existe la convicción
compartida de que fue un caso de persecución política para viabilizar la
candidatura de la hermana del ex Presidente Calderón a la Gubernatura del
Estado, que perdió.
Este
tema lo analiza con detalle el profesor Gabriel Ferreyra de la Texas A&M
University (The Michoacanazo: A Case-Study of Wrongdoing in the Mexican Federal
Judiciary. Mexican Law Review). Al final del día lo que queda es el papel
estelar que, sin cargo público, juega el ex Gobernador en la política sinaloense,
guste o no.
Twitter:
@evillanuevamx
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