Mataron al INAI, pero mantienen estructura y sueldos/Salvador García Soto
El Universal, | 23/08/2025 |
La fobia a la transparencia y el querer ocultar la información del gobierno y evitar que la prensa y los ciudadanos revelaran escándalos de desvíos y corrupción, llevaron a Morena y a la 4T a desaparecer al INAI con argumentos falaces y manipulados como “los altos sueldos de los comisionados”, “lo mucho que le cuestan al erario” y hasta algunos casos de gastos onerosos de los que integraban al desaparecido instituto. Todo eso lo repitió hasta el cansancio primero López Obrador y luego, como una calca del discurso, lo decía también la presidenta Sheinbaum a quien le correspondió enterrar al instituto que velaba por el derecho a la información y la protección de datos de los mexicanos.
Pero ahora, como en muchas de las decisiones de la 4T, sobre todo para acabar con los órganos constitucionales autónomos, que escapaban del control del Poder Ejecutivo y eran un contrapeso a sus caprichos y arbitrariedades, empiezan a aflorar las incongruencias y mentiras, y en el caso del INAI, de entrada resulta que la nueva titular de lo que demagógicamente llamaron “Transparencia para el Pueblo”, María Tanivet Ramos, cobra más de lo que ganaban como sueldo mensual los antiguos comisionados del desaparecido instituto.
La señora Tanivet, que viene de ser comisionada de Transparencia en Oaxaca y hoy está adscrita a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (otro nombre demagógico porque ni combate la corrupción ni sanciona al mal gobierno) está ganando un sueldo neto mensual de 123 mil 689 pesos mensuales, tal y como aparece en la página de sueldos oficial de dicha secretaría, mientras que el sueldo neto de los excomisionados del INAI era de 112 mil pesos mensuales; es decir, que la supuesta “austeridad” y el ahorro que según querían hacer, nos cuesta solo en este caso 11 mil pesos más a los mexicanos.
Para colmo, la dichosa “Transparencia para el Pueblo” sigue utilizando a buena parte de la estructura de funcionarios y directivos que antes estaban en el INAI y que, en algunos casos, se vieron involucrados en escándalos de malos manejos en aquel instituto, los cuales fueron usados como argumento para desaparecerlo.
Es el caso de Francisco Raúl Álvarez Córdoba, quien es paisano oaxaqueño de Tanivet y su amigo y ahora colabora con ella, cuando él fungió como titular del Comité de Participación Ciudadana del INAI y antes, en el Instituto Nacional de Información, fue denunciado por acoso laboral y sexual. El excomisionado Adrián Alcalá lo regresó, a pesar de esas denuncias, como director de Planeación hasta el pasado 20 de marzo y era parte del grupo de Los Moches, que fueron denunciados por exigirles a empleados del instituto que entregaran entre 10 y hasta el 60% de sus sueldos a los directivos que participaban en ese esquema de extorsión que se documentó entre 2019 y 2022 bajo las presidencias de Francisco Acuña y Blanca Lilia Ibarra.
Hoy, Francisco Raúl Álvarez, señalado por esas prácticas de corrupción, es el flamante funcionario de la “Transparencia para el Pueblo”, como titular de la Dirección General de Asuntos Internacionales e información, ganando 109 mil pesos mensuales, un sueldo con mucho superior a lo que cobraba antes en el INAI.
Otro caso similar es el de Daniel Atalo, quien era el secretario privado y jefe de ponencia de Óscar Guerra Ford, el excomisionado que fue acusado de gastar recursos públicos para acudir al Table Dance “Curazao” en 2014, donde pagaba con la tarjeta American Express del Instituto y que fue clausurado por trata de personas. Daniel Atalo Navarro se encargó de reintegrar el recurso público que usaron Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey, y de tapar algunas otras irregularidades que denunció el gobierno de López Obrador, y a pesar de eso ahora también lo volvieron a incorporar como subdirector de la “Transparencia para el Pueblo”.
Y no conformes con mantener a funcionarios que ellos mismos acusaron de corrupción, el gobierno de Sheinbaum que también llegó a criticar duramente el edificio que ocupaba el INAI, en avenida de los Insurgentes Sur 3211, por su alto costo para el erario, hoy la Secretaría de Raquel Buenrostro ha ocupado el mismo edificio sin ningún pudor. Dicho inmueble se pagaba por el antiguo instituto a 20 años con opción a compra y cada mes se pagaban al banco 6 millones, unos 65 mdp al año y se quedaron en el año 12 con la opción de compra.
Como esos casos de exfuncionarios y directivos del instituto que fue señalado como “muestra de la corrupción y el despilfarro”, hoy siguen laborando en la nueva área de transparencia del gobierno de la doctora Sheinbaum, e incluso a algunos hasta los colocaron dentro de otras dependencias, como el caso de la que era la Contralora del INAI, Irma Patricia Sam Carbajal, quien tenía a su cargo resolver denuncias como las que hicieron directivos de la Femexfut sobre sobornos que les pidieron funcionarios del instituto a cambio de condonarles multas, o las mismas denuncias de “moches” y otros escándalos de corrupción que nunca resolvió ni atendió la titular del OIC, a la que ahora la misma Raquel Buenrostro la premió mandándola como titular del Organo Interno de Control de la Secretaría de las Mujeres que encabeza Citlali Hernández.
¿Dónde está entonces la congruencia y el supuesto combate a la corrupción del INAI y sus altos sueldos por los que supuestamente lo desaparecieron si buena parte de los funcionarios de aquel instituto, con todo y haber sido parte de esa corrupción ahora son los flamantes directivos de la “Transparencia para el Pueblo”?
Justo ayer viernes le preguntaron a la presidenta Sheinbaum por el contrasentido de que hayan ordenado matar al INAI por corrupción y despilfarro mientras mantienen viva su estructura de funcionarios y ahora hasta ganan mejores sueldos, y la mandataria, que casi se mordía la lengua por haber sido la principal instigadora de la muerte de aquel órgano autónomo, no supo qué responder y, con su tono de molestia como cuando no quiere responder temas incómodos, se limitó a decir que “la semana que entra viene Raquel Buenrostro a explicar todo eso”.
Veremos si la señora Buenrostro, que no es de dar muchas explicaciones y más bien se le conoce por su modo seco y un tanto prepotente, explica lo que parece inexplicable y exhibe otra más de las mentiras y demagogias de la 4T: acabaron con el instituto de transparencia no por corrupción o por que costara mucho, sino porque prefieren la opacidad y la ignorancia de los ciudadanos mientras ellos manejan el dinero público, de los contribuyentes, discrecionalmente, como si fuera de su propiedad, y sin rendirle cuentas a nadie.
NOTAS INDISCRETAS…
A propósito de la Presidenta y las preguntas que le incomodan en la mañanera, ayer también cuestionaron a la doctora sobre el desplegado que publican ayer más de 30 empresas de la Comarca Lagunera, donde se ubican importantes industrias para el país, y en la que los empresarios, que pagan impuestos y generan empleos, reiteran las graves denuncias que ya habían hecho desde el pasado 4 de agosto en una manifestación multitudinaria en Gómez Palacio, donde acusaron extorsiones del crimen organizado y de la CATEM, además de robo y huachicoleo de agua y gasolinas, cobro de derecho de piso, entre muchos otros delitos que comenten impunemente, según denuncian los empresarios laguneros, el crimen organizado en esa zona productiva del país que se ubica en la confluencia de los estados de Durango y Coahuila. Pero como ninguna autoridad ni local, ni estatal y mucho menos federal hizo caso a sus fuertes denuncias y los ignoraron, ayer volvieron a sacar su carta, con las firmas de potentes grupos empresariales de la región, para reiterar sus acusaciones y exigir a la Presidenta, directamente, y a su “súpersecretario” García Harfuch que atiendan el problema. Y sobre eso le preguntaron a la doctora, particularmente por las menciones que hacen a la CATEM de estar participando en extorsiones a las empresas laguneras junto al crimen organizado. “Ahí donde hay denuncia, se atiende”, dijo la Presidenta. Y cuando le insistieron en que los empresarios decían no sentirse escuchados por las autoridades, dijo que sí se les ha recibido y que “Omar los recibe”. ¿Ustedes sí tenían conocimiento de que operaban esta especie de cobro de piso disfrazado de cuotas sindicales?, le insistió la periodista Claudia Guerrero, en referencia a los señalamientos hacia la CATEM. “Donde hay denuncia se atiende y tiene que haber una denuncia ante la Fiscalía, si hay un asunto de extorsión que las personas tienen temor de denunciarlo, por eso se abrió la línea telefónica y se atiende”. ¿En este caso no importaría que el líder de la CATEM sea diputado federal de Morena?, insistió la periodista. “Pues primero hay que investigar que realmente lo que se dice es cierto y una vez que se investiga, se ve, si hay un delito, tiene que atenderse, aquí no protegemos a nadie. Si hay delito hay delito”, respondió secamente la mandataria…Por cierto que el líder de la CATEM y vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Pedro Haces, ya había respondido a estas denuncias de los empresarios laguneros, desde el pasado 7 de agosto, tres días después de la primera manifestación pública en La Laguna, donde señalaron al organismo sindical que dirige. “CATEM no hace chingaderas, como han venido señalando algunos medios de comunicación. En CATEM nos dedicamos a trabajar y a ver por la gente, a tenderle la mano. En cada rincón de México hoy hay una mano amiga CATEM. Con esto quiero disuadir toda esa bola de chismes que se han venido haciendo porque una mentira va creciendo y creciendo y es momento de detenerla. CATEM es el sindicalismo moderno de México”, dijo en un video Haces Barba junto al líder de su central en Durango. Veremos en qué termina este asunto y si los empresarios, que han hecho al menos dos denuncias públicas, proceden a denunciar formalmente como se los pide la Presidenta y si ésta realmente atiende sus denuncias…Al que se sigue viendo muy activo en Guerrero es al senador Félix Salgado, quien aparece detrás de varios eventos importantes que están teniendo lugar en el estado y particularmente en Acapulco. Por ejemplo el Airshow Acapulco, espectáculo aéreo que llevó al puerto cuando fue Alcalde en 2006 y que en la edición de este año contempla una ocupación hotelera superior al 74% y una derrama económica de más de 400 millones de pesos. También Salgado, quien es apasionado de las motos, realizó el famoso evento "Acamoto" de motociclismo, que generó mucha polémica por los excesos y desmanes de sus participantes, pero que a los negocios y empresas acapulqueñas les dejó una importante derrama económica que en mayo de este año fue de 987 millones de pesos. Otro evento que ya es tradicional de Acapulco es la Gala de Pirotecnia de Fin de Año, que ilumina la bahía el 31 de diciembre y congrega a miles de turistas en el puerto. En 2007 el Cabildo de Acapulco a propuesta de Salgado Macedonio aprobó la realización del Festival Internacional La Nao Acapulco, evento cultural de talla internacional para diversificar la oferta turística del puerto, como principal enlace en la relación de más de 400 años entre América y Asia, evento con el que se logró establecer intercambio cultural con países de Asia como China, Japón e Indonesia, entre otros. Así que, con todo y que su figura siempre es polémica y que a pesar de eso aparezca en primer lugar en las encuestas para la gubernatura en 2027, con todo y la Ley Antinepotismo que promovió Morena, el senador guerrerense sigue muy activo en su tierra y eso se refleja en las intenciones de voto de sus paisanos…Se lanzan los dados. Escalera Doble. Semana de altibajos.
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Un depredador al frente del nuevo Poder Judicial/Leslie Idalia Jiménez Urzua
EL UNIVERSAL
Esta semana fue la última sesión del Pleno en su actual composición. Entre la nostalgia por lo que cierra y la incertidumbre por lo que viene, una noticia sacudió el panorama: la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para designar a Néstor Vargas como parte de la nueva estructura del Poder Judicial. Ella lo describió como un hombre “recto”. Sin embargo, hay un detalle imposible de ignorar: Vargas fue denunciado por abuso sexual ante la Fiscalía capitalina —cuando aún la encabezaba Ernestina Godoy— por una mujer que trabajaba bajo su mando.
La carpeta fue enviada al archivo temporal, dejando a la víctima sin justicia. ¿El argumento? El perito de la propia Fiscalía concluyó que la denunciante “no parece una víctima de violencia sexual”. Un dictamen que, además de misógino y revictimizante, ejemplifica cómo las instituciones se convierten en cómplices del agresor, cerrando las puertas del acceso a la justicia desde el inicio.
El caso obliga a preguntarnos si de verdad vivimos el tan proclamado “tiempo de mujeres”, y hasta qué punto el discurso oficial sobre el combate a la violencia de género no es más que simulación. Porque Vargas no solo arrastra esa denuncia: alumnas suyas también lo han señalado por hostigamiento cuando fue docente.
No es la primera vez que se repite la historia. Cada sexenio, las mujeres tenemos que salir a exigir que se rompa el pacto patriarcal. Con López Obrador, las exigencias fueron frente a Pedro Salmerón —acusado de agresiones sexuales, dos de ellas de mujeres cercanas— y frente a Félix Salgado Macedonio, respaldado políticamente pese a las denuncias. En este sexenio ya vimos a legisladoras de Morena dar la espalda a las víctimas de Cuauhtémoc Blanco. Y ahora, la propia presidenta respalda institucionalmente a un agresor sistemático.
Los señalamientos sobre Vargas van más allá. Diversos testimonios lo describen como alguien que habría utilizado su posición para sostener relaciones sexuales con subordinadas, a quienes presuntamente favorecía en sus trayectorias profesionales; que colocó a parejas sentimentales en dependencias como la Secretaría de Turismo y el Senado; y que, al mismo tiempo, acumuló poder bajo el respaldo de figuras cercanas al círculo presidencial.
Más allá de la veracidad de cada acusación puntual, el patrón es claro y alarmante: en México, la impunidad sigue funcionando como credencial de mérito. Las denuncias en su contra delinean con nitidez la misma constante: el abuso de poder y de jerarquía, aprovechándose de los pactos de impunidad que sostienen a quienes saben moverse en la asimetría del poder.
Se dice que el próximo 1 de septiembre nacerá un “nuevo” Poder Judicial Federal, casi bíblico y profético. Pero ¿qué puede renovarse en un sistema que recicla pactos de impunidad y protege a agresores sexuales? Vargas estará a cargo del órgano que administrará el dinero y el personal de todo el Poder Judicial de la Federación. Tendrá poder absoluto sobre adscripciones, recursos económicos y nombramientos.
Y ojo: ya hay quienes usan este caso para su propio beneficio político contra Morena —magistrados cesados, jueces inconformes y actores opositores—. Pero posicionarse contra la violencia sexual debe trascender colores, rencores y estrategias. Primero están las víctimas.
Dejemos de distraernos con nombramientos secundarios y pongamos los ojos aquí: un depredador está por ser investido al frente del órgano de administración del Poder Judicial. La pregunta es inevitable: ¿vamos a permitir que un agresor con este historial tenga en sus manos semejante poder?
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