Intercambio en Colombia

El presidente Alvaro Uribe aseguró este domingo 9 de diciembre que el asunto de los rehenes en poder de las FARC lo manejará solamente con la Iglesia católica colombiana, concretamente con el presidente de la Conferencia del Episcopado, monseñor Augusto Castro, y con el padre Darío Echeverri.

El mandatario colombiano también destacó la importancia de los observadores internacionales en la llamada "zona de encuentro", pues ellos garantizarían que quienes acudan lo hagan desarmados.

Reiteró sus condiciones para la zona de encuentro: "Debe ser una zona rural, en sitio no poblado, un área aproximada de 150 kilómetros cuadrados, donde no haya instalaciones ni presencia militar ni de policía que remover".

También aseveró que el área -aún por determinar- donde se lleve a cabo el acercamiento con las FARC será despejada sólo por 30 días, según solicitaron el ministro de Defensa Juan Manuel Santos y el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo.

Indicó que también solicitó la presencia de la Cruz Roja Internacional cuanto antes en los sitios donde estén los rehenes, para que "pueda intervenir y evitar que continúe el deterioro físico y síquico de los secuestrados".
Asimismo exigió a las FARC la prueba de vida de 31 de los secuestrados, que no llegó entre los discos compactos y las cartas que el ejército decomisó a unos presuntos mensajeros de esa organización hace dos semanas.
Reiteró su llamado a los guerrilleros que custodian a los secuestrados a escapar con los mismos y presentarse ante las autoridades para obtener beneficios jurídicos y económicos. El gobierno ofreció hasta 100 millones de dólares de un fondo para las cuadrillas guerrilleras que escapen con los secuestrados.

En tanto, la senadora Piedad Córdoba, ex mediadora del acuerdo humanitario dijo que "no se va retirar de la posibilidad de seguir buscando el canje".
Córdoba añadió que tampoco va a descartar su "ayuda hasta que no vea clara la posibilidad concreta para que estas personas (secuestrados) regresen a sus hogares".

Llamamiento en pro de Ingrid Betancourt/Bernard-Henri Lévy, es considerado como uno de los intelectuales más influyentes de Francia.

Publicado en EL MUNDO, 08/12/07):
Conozco El Caguán, esa zona de Colombia en la que Ingrid Betancourt fue capturada, hace ya casi seis años, y donde se encuentra secuestrada en condiciones abominables. También conozco a Iván Ríos y a Joaquín Gómez, los jefes marxisto-mafiosos de las FARC, a los que, poco antes de su captura, había ido a entrevistar a su feudo, primero para Le Monde y, después, para mi libro sobre «las guerras olvidadas».
Tras haber pasado algún tiempo con estos auténticos secuestradores y falsos revolucionarios, tras haberme molestado en escuchar el discurso a la vez demente y, como suele ser habitual, de una lógica implacable y heladora de estos comunistas estilo escuadrones de la muerte, me perece tener una idea más o menos clara de aquello en que podría consistir el intento de la última oportunidad de liberar a Ingrid Betancourt.
Porque, en el fondo, ¿qué quieren las FARC? Está claro que no quieren dinero. Son los primeros productores de coca del mundo y los proveedores de heroína de la mayoría de los camellos de Europa y de Estados Unidos. Es, pues, la guerrilla más rica del planeta. Más rica, en cierto sentido, que el propio Estado colombiano.
Tampoco quieren ese «intercambio humanitario» al que, desde hace años, no cesan de añadir nuevas condiciones. El presidente Uribe liberó, el pasado mes de junio, a cerca de 200 guerrilleros. Y lo hizo unilateralmente, con coraje, sin condiciones. Pues bien, su gesto no tuvo efecto alguno. Más aún, los propios liberados acogieron su puesta en libertad de mala gana, al menos de boquilla, y sólo tras haberse asegurado que eso era lo que querían y habían decidido sus jefes.
No creo que sea tampoco cierto que les importe tanto como se dice esa famosa zona desmilitarizada que Uribe, con toda la razón del mundo, les niega. Porque, ¿de qué se trata en realidad? ¿De los 800 kilómetros cuadrados de los municipios de Florida y de Pradera? ¿De los 180 kilómetros cuadrados de El Retiro, que es la zona que evocan otras fuentes? ¿Y para qué serviría, en cualquier caso, cuando la guerrilla controla gran parte de El Caguán, una región tan vasta como Suiza, y que ya fue desmilitarizada, hace nueve años, por Pastrana, el predecesor de Uribe?
No. Lo que realmente quieren las FARC, el leitmotiv que surge, una y otra vez, en sus comunicados, lo que me dijeron a mí, entonces, y lo que me sorprende que algunos se obstinen en no entender, es algo más extraño, más esencial y más sencillo a la vez. El auténtico fondo de su demanda, habría que decir mejor de su obsesión, es el siguiente: «Queremos ser considerados como beligerantes, auténticos beligerantes, y no sólo como bandidos (tal y como los califica, con toda razón, la prensa) o como terroristas (como los catalogan, también con justicia, las listas negras del Departamento de Estado)».
Pues bien, examinadas todas las variables, me parece que esta demanda es asumible. Creo que la Colombia que conocí y que coloqué -junto a Angola, Sudán, Burundi y Sri Lanka- en mi serie de «las guerras olvidadas» es, efectivamente, un país en guerra en el que las partes enfrentadas son pues, en sentido estricto, partes beligerantes.
Me siento, pues, tentado de decir que, si ésa es la condición para que sean liberados cientos de rehenes que se pudren con Ingrid Betancourt en la jungla, si la exigencia de los asesinos es ser reconocidos como combatientes de una guerra sin nombre, quizás haya que concedérsela.
Sé que, al hacer esto, algunos temen dotar a los verdugos de una legitimidad evidentemente indebida. Y todavía oigo al presidente Pastrana decirme, en su oficina de Bogotá bunquerizada, que «el Estado se deshonraría», concediendo ese «estatus» a asesinos de crímenes abominables.
Puede que sí. Pero, ¿qué hacer, si la única solución es ésa, una vez más? ¿Hay que sacrificar, como lo hicieron antaño los italianos en el caso de Aldo Moro, en aras del «honor del Estado» la vida de una combatiente de la libertad y de sus compañeros de cautividad? Si la solución de todo esto reside en una palabra que, además es exacta, ¿no vale la pena intentar, sólo intentar, pronunciarla?
En lo que al beneficio que sacarían los interesados se refiere, seamos honestos. ¿Sería, ahora, mucho más importante que en la época en que veía al alto comisario para la paz del Estado colombiano, Camilo Gómez, pasar la mayoría de su tiempo, en el campo de Los Pozos, hablando y negociando con los asesinos?
En definitiva, ésta es mi propuesta. Que un mediador, un auténtico mediador (por lo tanto no Hugo Chávez, por definición) vaya de inmediato a El Caguán. Que consiga que, entre Marulanda y Uribe, sea pronunciada y asumida la palabra que tanto le interesa al primero. Y que, en el espacio del diálogo así abierto, se negocie el tránsfert (intercambio) de los prisioneros, al que, en principio, ninguna de las dos partes parece oponerse.
De esta forma, cada cual se vería entre la espada y la pared. Por vez primera, cada cual se vería confrontado a su verdad. La verdad de sus cálculos y la de sus crímenes. Porque decir «guerra» es decir, también, «leyes de la guerra», o sea, la prohibición de desapariciones forzadas, del reclutamiento de niños soldados o, naturalmente, de toma de rehenes.
¿Guerra? ¿Ha dicho usted guerra? Pues sí, guerra. Y en la guerra como en la guerra. La ventaja es para el que tiene la mejor estrategia.

Todos por Íngrid
Uribe propone una zona de encuentro, y la pelota queda en el terreno de las Farc. ¿Será el despeje de Florida y Pradera el costo del intercambio humanitario?
Publicado en Semana, 1336, 08/12/2007;

El viernes pasado, en la ceremonia de ascenso de los generales de la Policía y ante el alto mando de las Fuerzas Armadas -la guardia pretoriana de la seguridad democrática-, el presidente Álvaro Uribe se jugó los restos en el doloroso tema del intercambio humanitario. Después de haber reiterado desde que era candidato presidencial en 2001 que no "despejaría ni un milímetro del territorio de la patria", Uribe aceptó la creación de una zona de encuentro para reuniones con las Farc encaminadas a buscar la liberación de los secuestrados y que había sido propuesta por la Iglesia Católica. La zona de 150 kilómetros cuadrados -aún sin definir- sería en un área rural, "preferiblemente sin población civil o con muy poca población" y tendría la presencia de observadores internacionales. Aunque el gobierno se ha cuidado mucho de no utilizar la palabra 'despeje' -por la carga política que adquirió después del desastre del Caguán-, en la práctica termina siéndolo. Queda la sensación de que el mismo Presidente es consciente del paso que acaba de dar, como quedó evidente en el discurso de ese día. Es diciente que en una alocución donde se iba a hacer semejante anuncio, el mandatario le dedicara el 98 por ciento del tiempo a enumerar las razones de por qué no se podía claudicar ante las pretensiones de las Farc. Recordó todas las barbaridades de 'Marulanda' y 'Jojoy', advirtió sobre el riesgo del apaciguamiento comparando la situación colombiana con la de Europa y Adolfo Hitler en los años 30, resaltó que "no podemos caer en la trampa de ser idiotas útiles del terrorismo" y no sólo juró no cesar en la lucha contra la guerrilla, sino que exhortó a los colombianos a seguir acompañándolo en esa cruzada. Fue tanta la efervescencia retórica, cada palabra pronunciada con una convicción profunda, que si los medios de comunicación y los asistentes al acto no hubieran sido avisados con anterioridad de la propuesta humanitaria del Presidente, de pronto habría pasado sin pena ni gloria la iniciativa.

Algunos observadores han buscado minimizar la decisión presidencial. Recuerdan que en diciembre de 2005, el gobierno ya había aceptado una propuesta similar de los países amigos -España, Suiza y Francia-, la cual fue rechazada por las Farc. Dicen que Uribe lo hizo a sabiendas de que la guerrilla otra vez dirá que no y que el intercambio regresará al punto muerto de siempre. Que más que un interés humanitario, lo que hay es una estrategia de comunicación. El pesimismo es justificado: durante cinco años han ido y venido facilitadores y se han elaborado iniciativas imaginativas de todo tipo. Pero siempre se encontraron con un muro infranqueable: la insistencia de las Farc de una zona de despeje como precondición a cualquier diálogo sobre la eventual liberación de los secuestrados y la negativa absoluta del presidente Uribe de siquiera contemplar esa posibilidad. Hasta este momento. El ofrecimiento del Presidente de establecer una zona de encuentro marca un quiebre en las gestiones por el intercambio, no tanto por los detalles del mismo, sino por la coyuntura en que se hace la propuesta. No es lo mismo plantear la idea de una zona de encuentro en 2005, que ahora cuando el interés nacional e internacional sobre los secuestrados está en ebullición. Si la fracasada, pero bien publicitada, intervención del presidente Hugo Chávez puso el tema humanitario en el mapa, la foto de Íngrid Betancourt en cautiverio convirtió la liberación de los rehenes en una causa mundial. Dejó de ser un tema local. Es más: en la última semana, el gobierno colombiano fue más observador que partícipe de unas gestiones políticas y diplomáticas sin precedentes, impulsadas por el presidente francés, Nicolas Sarkozy.

En menos de una semana, líderes tan disímiles como el primer ministro italiano. Romano Prodi; como la presidenta electa de Argentina, Cristina Kirchner, terminaron metidos en el cuento. Incluso Prodi le envió una carta a Sarkozy ofreciéndole a Francia sus buenos oficios y su solidaridad para lograr la liberación de Íngrid. Y no, como sería lo lógico, a Colombia. La Kirchner también quedó ilusionada: convocó una cumbre para hablar del tema con los franceses, los brasileños, los venezolanos y aparentemente los colombianos. Hasta los gringos han quedado entusiasmados, como quedó evidente en la llamada el lunes pasado del presidente George Bush a Uribe no para hablar del TLC o el Plan Colombia, sino para preguntar por sus tres compatriotas secuestrados. Y en un hecho inédito, el Presidente francés le envió una carta a 'Manuel Marulanda' pidiendo la liberación de Íngrid antes de Navidad. Con ese gesto, Sarkozy rompió no sólo el protocolo diplomático, sino la tradición de las democracias occidentales de no dirigirse -por lo menos públicamente- a organizaciones terroristas. El ímpetu del mandatario francés -que a este paso va a eclipsar el protagonismo de Chávez- no es gratuito. Si Íngrid era importante hace dos semanas para los franceses, imagínese el impacto después de la foto. Sarkozy sabe que gana muchos puntos en la política local con estas gestiones. Y también es cierto que el mismo gobierno colombiano fue el que le dio alas al invitarlo a acompañar el proceso y por hablar de un posible encuentro entre el presidente francés y 'Marulanda', como lo planteó imprudentemente el ministro de Interior y Justicia, Carlos Holguín, el martes pasado.

Es significativo que antes de hacer pública la propuesta de establecer una zona, Uribe la hubiera consultado con el gobierno francés. Sin embargo, todo este frenesí, que ha vuelto a generar enormes esperanzas en los familiares y en la opinión pública -tanto la colombiana como la francesa-, puede terminar en otra frustración si las Farc se niegan a la nueva propuesta. Porque, en últimas, son los únicos que tienen la llave para liberar a los secuestrados. Los que han estudiado el comportamiento de las Farc dudan que la guerrilla acoja con los brazos abiertos la iniciativa de Uribe. Los gestos unilaterales son vistos por la guerrilla como señales de debilidad y recibidos con dureza. Por eso, es previsible que las Farc, al tiempo que elogiarían las gestiones de Francia, insistirían nuevamente en el despeje de los municipios de Florida y Pradera en el Valle. Iván Márquez, miembro del Secretariado, ya reiteró esa condición hace unos días en una entrevista a Anncol. Dado todo lo que ha pasado y la precaria salud de muchos de los secuestrados, ¿sería tan grave reconsiderar el despeje del que hablan las Farc? Los que se oponen al despeje y a un acuerdo con las Farc citan generalmente cinco razones por las cuales consideran que sería muy grave ceder en ese punto: que es un corredor estratégico para el narcotráfico; que hay 800 secuestrados, pero sólo se habla de liberar 50; que hacer el canje provocaría un círculo vicioso que incita al secuestro; que el despeje le daría un protagonismo internacional a las Farc, y, más importante, la experiencia ha demostrado que son inmanejables los plazos: siempre terminan prolongándose.

El primer punto, que tuvo mucho eco en el pasado, tiene menos peso hoy. Aunque sin duda cualquier despeje genera temporales ventajas militares y podría facilitar el tráfico de drogas, el plazo propuesto de 45 días no es suficiente para que las Farc logren una superioridad estratégica. Y menos aun, después de los avances de cinco años de seguridad democrática. Y a pesar de que es entendible que la mayor oposición al despeje provenga de las comunidades de Florida y Pradera y de sus vecinos los caleños, que estarían a menos de media hora de la zona, hay maneras de minimizar el impacto.

En su discurso del viernes, el presidente Uribe lamentó que las Farc no sólo tienen los 50 llamados canjeables, sino 750 personas más en cautiverio. Reflejó una preocupación legítima y ética: ¿cómo se puede aceptar que liberen sólo los rehenes 'famosos' y no a los que fueron secuestrados por razones económicas? Es un dilema que no tiene solución, pero que de alguna manera ya fue resuelto por el mismo gobierno, que públicamente ha reconocido en el pasado que en el intercambio sólo se hablará de los militares y de los políticos. Incluir a los 750 podría resultar en la no liberación de los 50. No es la única decisión de vida o muerte que tomó el gobierno. Al aceptar la posibilidad de un canje, de entrada abrió las puertas a un posible círculo vicioso de nuevos secuestros. Algunos críticos dicen con razón que de concretarse el intercambio, éste incentivaría a las Farc a buscar nuevos canjeables. Es un riesgo real, pero que se debe sopesar frente al compromiso humanitario con los que ya sufren los vejámenes del cautiverio. De todas las preocupaciones, la que ha recibido el mayor eco en la últimas semanas es la del eventual protagonismo político que tendrían las Farc en una zona de despeje. Fue la causa principal del abrupto despido de Chávez como facilitador. Paradójicamente, es un miedo infundado. Para empezar, el protagonismo sería totalmente adverso. Estarían en la mesa no como Robin Hood, sino como secuestradores; más como Pablo Escobar, que como Che Guevara. No es claro cómo una organización que practica terrorismo y secuestro en el mundo pos-11 de septiembre logre ganar mucho en imagen positiva entregando rehenes civiles. Aunque es evidente que de concretarse el despeje sería una victoria propagandística para la dirigencia de las Farc y que motivaría a su tropa, por sí sola no es una razón suficientemente poderosa para no hacer el despeje.

De alguna manera todos esos riesgos son manejables siempre y cuando la zona de despeje -o de encuentro- no sea indefinida. Ese es el quid del asunto. Fue el talón de Aquiles del proceso de paz de Andrés Pastrana. La zona de distensión era sólo de 90 días, acabó siendo de más de tres años. Las Farc han demostrado ser muy hábiles en dilatar los tiempos de negociación y el peligro es que ya despejado un territorio, lo hagan otra vez. La única manera de evitar ese escenario, que el país no aceptaría, es definir desde el comienzo con las Farc y la comunidad internacional cuáles serían las reglas de juego de la zona, la agenda y los resultados esperados. La agenda parecería fácil para un tema del cual se ha echado tiza por años: intercambiar los rehenes por presos de las Farc. Pero este punto elemental, hoy, en diciembre de 2007, es incierto. No se conocen los nombres de los guerrilleros de las Farc ni se tiene certeza de la supervivencia de todos los secuestrados. Los Farc han dicho que la agenda hay que definirla en la zona de despeje. La historia ha demostrado, una y otra vez, que dejar para las mesas de negociaciones oficiales asuntos de procedimiento puede terminar, curiosamente, enredando los temas de fondo. Algo así ocurrió en las conversaciones de paz de Vietnam en 1968, durante las cuales los negociadores debatieron por cinco semanas si la mesa debería ser cuadrada, rectangular o redonda. Dada la desconfianza creciente entre el gobierno y las Farc, la posibilidad que se replique un rifirrafe igual de caricaturesco no es descartable. La realidad es que siempre habrá peros y razones para no hacer. En el fondo, eso es lo que ha frenado la posibilidad de un acuerdo humanitario. Mientras las partes se mantenían en su punto de honor, toda gestión era quijotesca. Eso cambió el viernes con la valerosa decisión del Presidente de aceptar una zona de encuentro desmilitarizada. En la difícil disyuntiva entre razones de Estado y razones humanitarias, optó por la segunda. Y aunque finalmente tenga que ampliar su propuesta e incluir Florida y Pradera, no sería el primer gobernante en tomar un riesgo tan alto. A Jimmy Carter le tocó tragarse el sapo de negociar con los iraníes la libertad de los rehenes que habían secuestrado en la embajada. Cada tanto, los israelíes -los antiterroristas más experimentados del mundo- intercambian centenares de presos de Hamas por cadáveres de sus soldados. Entienden que lo humanitario va separado de lo militar y lo político. El 21 de diciembre cumplen 10 años de secuestrados los policías Pablo Emilio Moncayo y José Libio Martínez. Diez años. Por comparación: el prisionero gringo que más duró en las cárceles norvietnamitas fue siete años.

E incluso hay racionalidad política detrás de acordar un despeje. Si al final de cuentas, las Farc hacen el conejo que todo el mundo teme y no devuelven todos los secuestrados, habrán quedado desenmascarados. Como el emperador y su nuevo traje, perderán el respeto de los pocos que aún le ven algo altruista a ese grupo guerrillero secuestrador

Estos son los otros 43 secuestrados que las Farc incluyen en el canje
Publicado en El Tiempo, 8/12/2007;

Algunos no solo han visto pasar sin solución el primer periodo y lo que va del segundo del presidente Álvaro Uribe, sino también el gobierno completo de Andrés Pastrana.
El coronel Luis Mendieta, por ejemplo, el de más alto rango, lleva 9 años, 1 mes y 9 días secuestrado.
El más reciente prisionero de las Farc es Guillermo Javier Solórzano, comandante de la Policía de Florida, uno de los municipios que esa guerrilla quiere despejados. Se lo llevaron hace 9 meses.
Cinco que resisten hace 9 años y 9 meses
Luis Arturo Arcia, cabo primero del Ejército.
José Miguel Arteaga, cabo primero del Ejército.
Luis Beltrán Franco, cabo primero del Ejército.
Willian Pérez Medina, cabo segundo del Ejército.
José Ricardo Marulanda, Sargento.
Diez de los secuestrados en Miraflores esperan hace 9 años y cuatro meses
Amaon Flórez Pantoja, cabo primero del Ejército.
Luis Moreno Changueza, cabo primero.
Róbinson Salcedo Guarín, cabo primero.
Arbey Delgado Argote, sargento segundo del Ejército.
Erasmo Romero Rodríguez, sargento segundo del Ejército.
Juan Carlos Bermeo, teniente del Ejército.
Raymundo Malagón, teniente del Ejército.
Julio César Buitrago Cuesta, cabo primero de la Policía.
Jhon Jairo Durán Tuay, sargento segundo de la Policía.
Willian Donato Gómez, teniente de la Policía.
Llevan encerrados 9 años y 2 meses
Édgar Yesid Duarte, capitán de la Policía.
Álvaro Moreno, intendente de la Policía
Luis Alberto Erazo, sargento segundo de la Policía.
Secuestrado hace 8 años
Armando Castellanos, intendente de la Policía.
Los secuestrados con Pinchao tienen 9 años y 1 mes de cautiverio
Enrique Murillo Sánchez, capitán de la Policía.
Javier Rodríguez Porras, intendente de la Policía.
César Lasso Monsalve, sargento de la Policía.
Luis Peña Bonilla, subintendente de la Policía.
Luis Mendieta Ovalle, coronel de la Policía.
7 años y 4 meses
Óscar Tulio Lizcano, ex representante a la Cámara.
Los atacados en Puerto Rico (Meta) llevan 8 años y 5 meses
José Libardo Forero Carrero, sargento de la Policía.
Carlos José Duarte, subintendente de la Policía.
Wilson Rojas Medina, subintendente.
Jorge Humberto Romero, subintendente.
Jorge Trujillo Solarte, subintendente.
6 años y 6 meses
Luis Eladio Pérez Bonilla, ex senador.
6 años y 5 meses
Alan Jara Urzola, ex gobernador del Meta.
6 años y 4 meses
Gloria Polanco de Lozada, dirigente de Neiva.
6 años y 3 meses
Orlando Beltrán Cuéllar, ex representante del Huila.
Consuelo González de Perdomo, ex representante del Huila.
5 años y 10 meses
Jorge Eduardo Gechem Turbay, ex congresista del Huila.
Clara Leticia Rojas, ex candidata a la Vicepresidencia.
5 años y 8 meses
Sigifredo López, ex diputado del Valle que sobrevivió.
4 años y 10 meses
Marc Gonsalves, contratista de Estados Unidos.
Thomas Howes, contratista estadounidense.
Keith Stansell, contratista estadounidense.
9 meses y 6 días
Guillermo Javier Solórzano, comandante de Policía de Florida.
No hay fecha
Elkin Hernández Rivas, teniente de la Policía.